STC4826-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4826-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01613-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Inversiones Reinoso & Compa\u00f1\u00eda Ltda. le formul\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esa ciudad y a los intervinientes en el proceso declarativo de responsabilidad civil contractual que le promovi\u00f3 a BBVA Seguros Colombia S.A. (rad. n\u00b0 11001-31-03-035-2021-00394-00). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n por medio de la cual el Tribunal confirm\u00f3, en segunda instancia, el interlocutorio que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, que formul\u00f3 su convocada (16 mar. 2023). <\/p>\n
Adujo, en lo medular, que demand\u00f3 a BBVA Seguros Colombia S.A. con el fin de que hiciera efectiva la \u00abP\u00f3liza de da\u00f1os Pyme Individual 0331010001545\u00bb, a ra\u00edz de los perjuicios sufridos con ocasi\u00f3n del incendio sobre varios de los bienes amparados por el contrato. Expuso que dicha compa\u00f1\u00eda, enterada del libelo, se opuso al llamado a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, la cual, finalmente, fue estimada por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (5 dic. 2022). Por ello, interpuso apelaci\u00f3n, sin embargo, no obtuvo \u00e9xito, puesto que el Tribunal ratific\u00f3 la viabilidad de la defensa (16 mar. 2023). <\/p>\n
En ese orden, relat\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 soportada en que ella acept\u00f3 la cl\u00e1usula compromisoria \u00abcon el pago de la prima de seguro y por no haberse ejercido el retracto despu\u00e9s de que se verific\u00f3 la inclusi\u00f3n del pacto arbitral en la p\u00f3liza\u00bb, sumado a que el hecho de que la estipulaci\u00f3n estuviera en las condiciones generales de la p\u00f3liza no era raz\u00f3n para desconocerla, comoquiera que, de acuerdo con los art\u00edculos 1046, 1047 y 1048 del C\u00f3digo de Comercio, se entend\u00eda incorporada al contrato de seguros objeto de litigio. <\/p>\n
Sostuvo que esa hermen\u00e9utica desconoce sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, teniendo en cuenta, por una parte, que \u00abla situaci\u00f3n de acudir a la justicia arbitral resulta una desventaja procesal objetiva para el asegurado y con mayor onerosidad (\u2026)\u00bb, y, por otra, deja de lado, incurriendo en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, que el pacto carece de eficacia jur\u00eddica, \u00abal no cumplir con todos los requisitos formales y sustanciales consagrados en los art\u00edculos 3, 4 y 6 de la Ley 1563 de 2012\u00bb, \u00abpor desconocer la regla de prevalencia de las condiciones particulares sobre las generales del seguro\u00bb, y \u00abpor atentar contra las garant\u00edas del consumidor financiero, en el marco de las Ley 1328 de 2009 y 1480 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, puntualiz\u00f3 que si en gracia de discusi\u00f3n la cl\u00e1usula fuera eficaz, el conflicto propuesto a la jurisdicci\u00f3n ordinaria estar\u00eda excluido, y, adem\u00e1s, su contradictora renunci\u00f3 t\u00e1citamente al acuerdo de arbitraje. Lo primero, porque al tenor del convenio se someter\u00edan a aqu\u00e9l \u00ablas diferencias que surjan entre las partes con motivo del desarrollo, cumplimiento o interpretaci\u00f3n de este contrato\u00bb, mientras que la demanda incoada es de responsabilidad contractual, que es distinto al cumplimiento. Lo segundo, toda vez que la Aseguradora no aleg\u00f3 la cl\u00e1usula compromisoria en el ejecutivo que, inicialmente, le promovi\u00f3 para obtener el pago de la p\u00f3liza individual. <\/p>\n
2.- El Tribunal y el juzgado vinculados defendieron la legalidad de la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Ricardo V\u00e9lez Ochoa, en nombre de BBVA Seguros Colombia S.A., de quien es apoderado en el asunto objeto de queja constitucional, pidi\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela se desestime porque \u00abla parte demandante tiene la v\u00eda para acceder a la administraci\u00f3n de justicia y de hecho ya ejerci\u00f3 dicha v\u00eda, y en este momento se encuentra en curso el tr\u00e1mite de un proceso arbitral\u00bb. Igualmente, dijo que la decisi\u00f3n acusada estaba fundada en argumentos serios, que imped\u00edan tildarla de arbitraria. <\/p>\n
La Asesor\u00eda Jur\u00eddica y Defensa Judicial de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, por conducto de su Director, en respuesta al requerimiento realizado por la Sala, respecto a que \u00abinforme cu\u00e1les ser\u00edan las tarifas y costos que tendr\u00edan que asumir las partes en el conflicto suscitado entre INR Inversiones Reinoso & C\u00eda. Ltda. y BBVA Seguros Colombia S.A., para que un Tribunal de Arbitramento de esa entidad lo decida\u00bb, precis\u00f3 que \u00abpara el caso espec\u00edfico, la demanda arbitral con c\u00f3digo interno 142117 presentada el 10 de abril de 2023 ante el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la CCB determin\u00f3 su cuant\u00eda en $2.794.333.960 y, conforme a la cl\u00e1usula compromisoria contenida en la POLIZA PYME INDIVIDUAL NO. 033101001545, suscrita el 25 de septiembre de 2017, ser\u00e1 atendida por tres (3) \u00e1rbitros\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que como en \u00abesta cl\u00e1usula compromisoria se acord\u00f3 que \u2018(\u2026) La organizaci\u00f3n interna del tribunal se sujetar\u00e1 a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1\u2019\u00bb, el Tribunal podr\u00e1 determinar si la controversia se rige por la Ley 1563 de 2012 o por el Reglamento del Centro, de lo que depender\u00e1 el valor del arbitraje. Apunt\u00f3 que, si se opta por aplicar la \u00abLey 1563 de 2012 y la reglamentaci\u00f3n tarifaria del Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1885 de 2021, el costo total ser\u00eda equivalente a $199.515.444.74, sin perjuicio de que la parte interesada pida amparo de pobreza en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 13 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
La Superintendencia Financiera de Colombia, por su parte, tambi\u00e9n, en respuesta a los requerimientos realizados por la Sala, indic\u00f3 que la \u00abP\u00d3LIZA DE SEGURO TODO RIESGO DA\u00d1OS MATERIALES \u2013 PYME, VERSI\u00d3N 01\/08\/2008-1341-P-0-BBVA TODO RIESGO\u00bb, donde est\u00e1 incluida la cl\u00e1usula compromisoria debatida, fue depositada ante esa entidad el 12 de septiembre de 2008, para los efectos consagrados en el art\u00edculo 1047 del C\u00f3digo de Comercio. Al tiempo rese\u00f1\u00f3 que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales \u00abse ha pronunciado en 37 decisiones acerca de las excepciones propuestas por las Entidades Vigiladas en donde han argumentado la existencia de una cl\u00e1usula compromisoria como mecanismo de defensa para excluir la competencia de esta Superintendencia\u00bb, desestim\u00e1ndolas, por considerar que se trata de una cl\u00e1usula abusiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Preliminarmente, la Sala precisa que abordar\u00e1 el problema jur\u00eddico planteado al margen de la discusi\u00f3n que pueda suscitarse en torno a si es apelable o no la decisi\u00f3n que declara probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria. Esto, porque no es el punto objeto de la tutela, ni transforma el foco de la discusi\u00f3n, consistente en determinar si la judicatura, pod\u00eda, como lo hizo, avalar dicha defensa con un fundamento en un pacto arbitral inserto en las condiciones generales de una p\u00f3liza de seguro. <\/p>\n
En segunda medida, se precisa que la salvaguarda cumple con los requisitos de inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional. <\/p>\n
Los dos primeros presupuestos, por cuanto la controversia fue definida el 16 de marzo de 2023, luego de que el Tribunal zanjara el recurso emprendido por la promotora para combatir la resoluci\u00f3n de la que se duele. <\/p>\n
El \u00faltimo, comoquiera que est\u00e1 comprometido el derecho fundamental de la sociedad accionante a acceder a la justicia ordinaria, y por esa v\u00eda, a que su conflicto sea decidido por el juez competente y bajo las reglas del procedimiento aplicable para dirimirlo. Ahora, el hecho de que el 10 de abril de 2023 la promotora haya acudido a la justicia arbitral no descarta la relevancia constitucional del asunto, pues, como lo explic\u00f3 la compa\u00f1\u00eda actora al replicar el escrito del gestor judicial de BBVA Seguros Colombia S.A., as\u00ed procedi\u00f3 no por voluntad, ni porque estuviera de acuerdo con la resoluci\u00f3n reprochada, sino porque el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 95 del C\u00f3digo General del Proceso se lo impon\u00eda1, con miras a conservar los efectos de la presentaci\u00f3n de la demanda, frente a la prescripci\u00f3n y caducidad. <\/p>\n
En suma, se cumplen con los presupuestos para que la Corte determine si el Tribunal lesion\u00f3 los derechos de la promotora al concluir que el pacto arbitral invocado por BBVA Seguros Colombia S.A. ten\u00eda la virtualidad de sustraer de la administraci\u00f3n de justicia ordinaria el conflicto suscitado con la compa\u00f1\u00eda accionante. <\/p>\n
2.1. Del deber de los jueces ordinarios de analizar la legalidad del pacto arbitral, a efectos de resolver la excepci\u00f3n previa de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, sin perjuicio de la facultad que tienen el Tribunal de Arbitramento para reexaminar el punto, al resolver sobre su propia competencia. <\/p>\n
El juez ordinario, a efectos de determinar si la excepci\u00f3n previa de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria se estructura en un caso en concreto, debe establecer, inicialmente, si est\u00e1 frente a un verdadero pacto arbitral y si el mismo est\u00e1 llamado a producir efectos, comoquiera de ese an\u00e1lisis depende de que la defensa salga avante o no. <\/p>\n
En efecto, cuando el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00absi prospera la [excepci\u00f3n previa] de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n del proceso y se devolver\u00e1 al demandante la demanda con sus anexos\u00bb, reclama que el servidor judicial realice un estudio del pacto arbitral, y con ocasi\u00f3n de \u00e9l, esclarezca si en realidad puede desprenderse de la disputa sometida a su composici\u00f3n, para que la justicia arbitral la dirima. <\/p>\n
As\u00ed, si el pacto arbitral alegado en realidad no puede ser reputado como tal, o versa sobre derechos no susceptibles de arbitraje, o no cumple con los requisitos que la Ley 1563 de 2022 ha establecido para su validez y eficacia, mal podr\u00eda el juez otorgarle efectos, y, por esa v\u00eda, abstenerse de tramitar el conflicto. <\/p>\n
En suma, la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria depende de la legalidad del pacto arbitral, y de su comprobaci\u00f3n por el juez ordinario. <\/p>\n
Ahora, el \u00abprincipio kompetenz-kompetenz\u00bb, contemplado en el art\u00edculo 79 de la Ley 1563 de 2012, seg\u00fan el cual los \u00e1rbitros son los \u00fanicos competentes para resolver sobre su propia competencia, inclusive, sobre \u00abla inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del acuerdo de arbitraje\u00bb, desde ninguna \u00f3ptica releva a los funcionarios judiciales de escrutar el acuerdo de arbitraje, pues, como lo dijo la Sala en STC1669-2019, al amparar los derechos de una parte en la que un Tribunal declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria sin verificar los alcances del convenio, <\/p>\n
(\u2026) el que los \u00ab\u00e1rbitros\u00bb deban \u00abresolver\u00bb acerca de su propia \u00abcompetencia\u00bb en el evento en que se les asigna el conocimiento de una pugna, no implica que cuando en un \u00abproceso\u00bb se alegue la \u00abexcepci\u00f3n previa de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u00bb sean aquellos, con exclusi\u00f3n de los \u00abjueces\u00bb, los que establezcan si est\u00e1n facultados o no para avocar el asunto, si en cuenta se tiene que la consecuencia natural de la formulaci\u00f3n de ese mecanismo de \u00abdefensa\u00bb es que el fallador defina si \u00abexiste un acuerdo\u00bb entre las \u00abpartes\u00bb dirigido a que la composici\u00f3n del litigio se surta ante un \u00abTribunal de arbitramento\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
Por supuesto, ese estudio inicial no impide que el \u00ab\u00e1rbitro\u00bb vuelva \u00absobre\u00bb el punto, pues es l\u00f3gico que al recibir la lid examine si hay un \u00abcompromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u00bb que lo habilite a rituarla, tarea que se insiste no excluye la de las autoridades \u00abjurisdiccionale\u00bb, quienes en un primer momento al conocer la consabida \u00abexcepci\u00f3n\u00bb, son los llamados a establecer si se configura un concierto de esa naturaleza. <\/p>\n
De no ser as\u00ed, el legislador no habr\u00eda instituido ese supuesto como causal de \u00abexcepci\u00f3n previa\u00bb, sino que bajo el entendido que son los terceros investidos transitoriamente de la funci\u00f3n de \u00abadministrar justicia\u00bb los \u00abfacultados\u00bb para zanjar el t\u00f3pico, bastar\u00eda con que el \u00abdemandado\u00bb propusiera la \u00abexistencia del pacto arbitral\u00bb para que el funcionario se desprendiera de la querella. En lugar de ello, dise\u00f1\u00f3 un procedimiento para que con intervenci\u00f3n de ambos contendientes y previa pr\u00e1ctica de las pruebas necesarias, se \u00abdeterminara\u00bb su ocurrencia. <\/p>\n
Criterio que, desde entonces, la Sala no ha variado, pues, aunque, en STC2685-2023, se indic\u00f3 que, de acuerdo con el precedente de la Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes han pactado someter las controversias derivadas de un espec\u00edfico negocio jur\u00eddico a consideraci\u00f3n de un tribunal de arbitramento, en principio, \u2018ser\u00e1 este \u00f3rgano (de naturaleza transitoria) el llamado a resolver los litigios originados en ese v\u00ednculo contractual, incluso, lo atinente a la eficacia y vigencia de la cl\u00e1usula compromisoria por cuya virtud el juez accidental fue facultado para administrar justicia\u2019 (\u2026)\u00bb, lo cierto es que dicha cita corresponde a las transcripci\u00f3n de una providencia de un Tribunal del pa\u00eds, y no a la postura un\u00e1nime de esta Corporaci\u00f3n, como puede constatarse en las providencias citadas en aquella sentencia (CSJ STC7425- 2020, STC2685-2019; STC9526-2020, STC11746-2020). <\/p>\n
2.2.- De los requisitos de una cl\u00e1usula compromisoria, y de la posibilidad de que las partes del negocio jur\u00eddico la acepten expresa o t\u00e1citamente. <\/p>\n
Como se desprende del art\u00edculo 116 de la Carta de Derechos, uno de los elementos esenciales del arbitramento es el consentimiento, conforme al cual el pacto arbitral debe ser el resultado de un acuerdo libre y voluntario de las partes que lo convienen2. <\/p>\n
De este modo, los art\u00edculos 3\u00b0 y 4\u00b0 de la Ley 1563 de 2012 -Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional- establece que para que una cl\u00e1usula compromisoria surta efectos es necesario que exista acuerdo entre las partes para someter a arbitramento las controversias que surjan entre ellas, el cual puede formar parte de un contrato o en documento separado, caso en el cual deber\u00e1 estar inequ\u00edvocamente referido al negocio, y \u00abdeber\u00e1 expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa al contrato al que se refiere\u00bb. <\/p>\n
Ahora, el acuerdo arbitral que recaiga sobre asuntos de derecho privado puede materializarse a trav\u00e9s de su aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita, esta \u00faltima derivada de actos inequ\u00edvocos de los que se desprenda la aquiescencia de las partes para someterse a la justicia arbitral. <\/p>\n
Sobre el particular, la Ley Modelo de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) sobre Arbitraje Comercial e Internacional se\u00f1ala en el Cap\u00edtulo II, art\u00edculo 7, lo siguiente: <\/p>\n
1) El \u201cacuerdo de arbitraje\u201d es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podr\u00e1 adoptar la forma de una cl\u00e1usula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. <\/p>\n
2) El acuerdo de arbitraje deber\u00e1 constar por escrito. <\/p>\n
3) Se entender\u00e1 que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecuci\u00f3n de ciertos actos o por cualquier otro medio. (\u2026) <\/p>\n
5) Adem\u00e1s, se entender\u00e1 que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando est\u00e9 consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestaci\u00f3n en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. <\/p>\n
6) La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cl\u00e1usula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cl\u00e1usula forma parte del contrato (se enfatiza). <\/p>\n
Asimismo, entre otros instrumentos, en la Convenci\u00f3n Interamericana Sobre Arbitraje Internacional, suscrito en Panam\u00e1 en 1985, a la cual se adhiri\u00f3 Colombia, en su art\u00edculo 1\u00b0 se\u00f1ala que \u00abel acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisi\u00f3n arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relaci\u00f3n a un negocio de car\u00e1cter mercantil. El acuerdo respectivo constar\u00e1 en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas por t\u00e9lex\u00bb. <\/p>\n
La Ley 1563 de 2012, por su parte, en armon\u00eda con lo anterior, admiti\u00f3 la existencia y eficacia de pactos arbitrales aceptados t\u00e1citamente, si en cuenta se tiene que en varias de sus reglas previ\u00f3 que un convenio de esa naturaleza surtir\u00eda efectos, en algunas ocasiones, sin necesidad de la manifestaci\u00f3n expresa de determinada parte, sino en virtud de los actos de esta, como su silencio o el hacer valer sus derechos ante el Tribunal de Arbitramento. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1563 luego de establecer que \u00ab[e]l pacto arbitral es un negocio jur\u00eddico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas\u00bb, contempla en su par\u00e1grafo que \u00ab[s]i en el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, o de su contestaci\u00f3n, o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no la niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende v\u00e1lidamente probada la existencia de pacto arbitral\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 37 establece, en lo pertinente: <\/p>\n
La intervenci\u00f3n en el proceso arbitral del llamado en garant\u00eda, del denunciado en el pleito, del interviniente excluyente y dem\u00e1s partes, se someter\u00e1 a lo previsto en las normas que regulan la materia en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Los \u00e1rbitros fijar\u00e1n la cantidad adicional a su cargo por concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante providencia susceptible de recurso de reposici\u00f3n. La suma correspondiente deber\u00e1 ser consignada dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de interviniente excluyente que no haya suscrito el pacto arbitral, su demanda implica la adhesi\u00f3n al pacto suscrito entre las partes iniciales. En caso de que el interviniente excluyente que haya suscrito pacto arbitral o que haya adherido a \u00e9l, no consigne oportunamente, el proceso continuar\u00e1 y se decidir\u00e1 sin su intervenci\u00f3n, salvo que la consignaci\u00f3n la efect\u00fae alguna otra parte interesada, aplicando en lo pertinente el art\u00edculo 27. <\/p>\n
Cuando el llamado en garant\u00eda o denunciado en el pleito, que ha suscrito el pacto arbitral o ha adherido a \u00e9l, no consigna oportunamente, el proceso continuar\u00e1 y se decidir\u00e1 sin su intervenci\u00f3n, salvo que la consignaci\u00f3n la efect\u00fae alguna otra parte interesada, aplicando en lo pertinente el art\u00edculo 27. <\/p>\n
En los casos de llamamiento en garant\u00eda y de denuncia del pleito, la existencia del pacto arbitral tambi\u00e9n podr\u00e1 probarse conforme a lo previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 3o. <\/p>\n
Si se trata de coadyuvante o llamado de oficio, su intervenci\u00f3n se someter\u00e1 a lo previsto en las normas que regulan la materia en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil para esta clase de terceros. En este caso, el tribunal le dar\u00e1 aplicaci\u00f3n al inciso primero de esta norma y el no pago har\u00e1 improcedente su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1o. Cuando se llame en garant\u00eda a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene pacto arbitral, aquella quedar\u00e1 vinculada a los efectos del mismo. <\/p>\n
Asimismo, importa destacar que la Corte Constitucional al declarar exequible dicho par\u00e1grafo mediante sentencia C-170 de 2014, se refiri\u00f3 a la posibilidad de aceptar t\u00e1citamente acuerdos de arbitraje al obligarse a trav\u00e9s de los contratos que los incorporaba, as\u00ed: <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, la proposici\u00f3n jur\u00eddica demandada se refiere al tercero garante que ha suscrito un contrato de garant\u00eda que contiene una cl\u00e1usula compromisoria o pacto arbitral, por lo cual se entiende que al suscribir el mencionado contrato de garant\u00eda acept\u00f3 t\u00e1citamente que su obligaci\u00f3n de garante podr\u00eda exigirse en un proceso ante \u00e1rbitros. En efecto, la consecuencia que la acusaci\u00f3n considera contraria al principio de voluntariedad de la jurisdicci\u00f3n arbitral, se materializa con la presunta vinculaci\u00f3n \u201cautom\u00e1tica\u201d del tercero garante al pacto arbitral. Esta apreciaci\u00f3n de la demandante desconoce que la norma acusada tambi\u00e9n dispone que el tercero llamado en garant\u00eda debe cumplir con la condici\u00f3n de obligarse a garantizar un contrato con pacto arbitral. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior supone, sin que ello sea un requisito que se desprenda del art\u00edculo 116 constitucional, que este tercero conoce la cl\u00e1usula compromisoria y acepta t\u00e1citamente, al garantizar el contrato que la contiene, la jurisdicci\u00f3n arbitral, si la voluntad de quienes suscribieron el contrato garantizado as\u00ed lo decide. <\/p>\n
<\/p>\n
No quiere decir esto que la Corte entienda que del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n o de la jurisprudencia constitucional, se desprenda la obligaci\u00f3n de que el tercero garante deba adherir al pacto arbitral. Pero la previsi\u00f3n de la norma, al establecer que la vinculaci\u00f3n de este tercero es bajo la condici\u00f3n de que \u00e9ste haya garantizado un contrato con cl\u00e1usula compromisoria, supone al menos que el tercero llamado en garant\u00eda puede participar adecuadamente en el proceso arbitral, en garant\u00eda de su derecho al debido proceso, en tanto conoce la posibilidad de la jurisdicci\u00f3n arbitral (se enfatiza). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, por su parte, en SC5288-2021 al resolver un recurso de anulaci\u00f3n contra un laudo arbitral internacional puntualiz\u00f3: <\/p>\n
De otro lado, en lo referente a la ausencia de manifestaci\u00f3n expresa de la contratante para someterse a la jurisdicci\u00f3n arbitral, que dice la recurrente debe constar por escrito, cabe recordar que el juez arbitral tuvo por acreditado este requisito con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 69 de la rese\u00f1ada ley de arbitramento que suaviz\u00f3 la prueba de esta formalidad, \u2018al otorgar efectos jur\u00eddicos a cualquier acto inequ\u00edvoco de sometimiento a este mecanismo de soluci\u00f3n de controversias, al margen de su forma de expresi\u00f3n, que para el caso concreto fueron las actuaciones efectuadas por la convocada durante la etapa precontractual y la ejecuci\u00f3n del contrato de APT. En ese sentido, queda claro que la aceptaci\u00f3n de un acuerdo de arbitraje puede ser expresa o t\u00e1cita, sin importar si es nacional o internacional, m\u00e1xime cuando, como bien lo anot\u00f3 el panel criticado, el legislador autoriz\u00f3 una especie de pacto arbitral impl\u00edcito o consentido en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1563 de 2012 (SC5288-2021). <\/p>\n
Total, lo cierto es que no hay razones para descartar la posibilidad de que un pacto arbitral sea aceptado t\u00e1citamente a trav\u00e9s de actos inequ\u00edvocos de las partes, pues, como negocio jur\u00eddico que es, se encuentra sometido a las directrices que lo gobiernan, entre ellos, los principios de buena fe y confianza leg\u00edtima, y a aqu\u00e9l, conforme al cual, a nadie le es l\u00edcito venirse contra los actos propios (venire contra factum proprium), que exige, como lo ha dicho la Corte, <\/p>\n
(\u2026) el deber de comportarse en forma coherente, de tal manera que una persona no puede contradecir injustificadamente sus conductas anteriores relevantes y eficaces, particularmente cuando con ellas se haya generado una confianza razonable en los otros en el sentido de que dicho comportamiento se mantendr\u00e1 -expectativa leg\u00edtima-, deber cuyo incumplimiento o desatenci\u00f3n puede dar origen a consecuencias de diversa naturaleza, tales como la inadmisibilidad o rechazo de la pretensi\u00f3n o excepci\u00f3n que tenga como fundamento el comportamiento contradictorio, o, en su caso, la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados por la infracci\u00f3n del deber jur\u00eddico en esos t\u00e9rminos asumido y por la vulneraci\u00f3n de los intereses leg\u00edtimos de aquel cuya confianza se vio defraudada (SC10326-2014). <\/p>\n
Lo anterior significa que el requisito de la voluntariedad en materia de arbitraje no solo se satisface cuando las partes expresamente, y a trav\u00e9s de un documento signado por ellas, plasman su deseo de someter sus conflictos a la justicia arbitral, sino tambi\u00e9n cuando la misma se materializa a trav\u00e9s de otros medios, como la ejecuci\u00f3n de actos inequ\u00edvocos, reveladores de aquel designio. <\/p>\n
2.3.- De la posibilidad de estipular cl\u00e1usula compromisoria en los contratos de adhesi\u00f3n, como los celebrados por consumidores financieros, y de la revisi\u00f3n de su eficacia en los casos concretos. <\/p>\n
2.3.1.- Como uno de los requisitos esenciales del arbitraje es la voluntariedad, se ha cuestionado la eficacia de las cl\u00e1usulas compromisorias en contratos adhesi\u00f3n, y m\u00e1s, concretamente, en los negocios jur\u00eddicos en los que participan consumidores, por cuanto en ellos, la voluntad y libertad de estos para establecer, modificar, aceptar o rechazar las condiciones contractuales es reducida o nula, al ser impuestas por la entidad que ofrece el producto o presta el servicio. <\/p>\n
En Colombia, y al menos desde la expedici\u00f3n del Estatuto de Arbitraje, en 2012, ese dilema se resolvi\u00f3 a favor de dicho mecanismo de resoluci\u00f3n de conflicto, pues, desde entonces, es viable pactar cl\u00e1usula compromisoria en dichos contratos, solo que, a diferencia de otras legislaciones for\u00e1neas, como Espa\u00f1a, Chile, y Argentina3, en este momento, no hay regulaci\u00f3n sobre la materia. <\/p>\n
Respecto de la ausencia de regulaci\u00f3n de la materia por el legislador, n\u00f3tese que el pacto arbitral en contratos de adhesi\u00f3n fue reglamentado por el Gobierno Nacional en el Decreto 1829 de 2013 (Cap\u00edtulo XI, art\u00edculos 805 y 81), incorporados en los art\u00edculos 2.2.4.2.10.1 y 2.2.4.3.10.2 del Decreto 1069 de 2015, en el sentido de precisar, entre otros aspectos, que pod\u00eda estipularse como cl\u00e1usula opci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 51 de 1918, y que \u00ab[l]a aceptaci\u00f3n ser\u00e1 expresa, libre, espont\u00e1nea y en ning\u00fan caso impuesta ni se presume por la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico\u00bb. Por otro lado, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n B, del Consejo de Estado, mediante sentencia de 10 de junio de 2022 declar\u00f3 nula dicha normatividad, al considerar que el Gobierno carec\u00eda de competencia para reglamentar el arbitraje, al tener reserva legal6. <\/p>\n
2.3.2.- Ahora, frente a la conclusi\u00f3n, seg\u00fan la cual, es factible estipular cl\u00e1usula compromisoria para resolver conflictos derivados de relaciones de consumo, podr\u00eda argumentarse que no es as\u00ed porque el Consejo de Estado en la referida sentencia sugiri\u00f3 que para que pudiera operar dicho pacto el legislador deb\u00eda regular la materia, debido a que la libre voluntad del consumidor est\u00e1 limitada o afectada7. Sin embargo, a juicio de la Sala esa postura no tiene la virtualidad para derruir la conclusi\u00f3n mencionada. <\/p>\n
En primera medida, porque no constituye la ratio decidendi de la resoluci\u00f3n citada; lo es, la falta de competencia del Gobierno Nacional para reglamentar el asunto. <\/p>\n
En segundo lugar, el dilema entre la falta de regulaci\u00f3n y la necesidad de proteger a los consumidores debe solucionarse aplicando los principios y pautas generales llamados a regir los t\u00f3picos involucrados, como el arbitraje -Ley 1563 de 2012-, la teor\u00eda del negocio jur\u00eddico y el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n establecido a favor de aquellos. No se olvide que a voces del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 153 de 1887, \u00abcuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar\u00e1n las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho\u00bb. Adem\u00e1s, mal podr\u00eda echarse por la borda uno de los principios del Estado Social de Derecho, seg\u00fan el cual \u00abtodo aquello que no est\u00e9 prohibido est\u00e1 permitido\u00bb, el que, por supuesto, debe armonizarse con el deber constitucional de proteger a los consumidores. <\/p>\n
Prueba de que es perfectamente viable pactar cl\u00e1usula compromisoria en contratos que versen sobre relaciones de consumo, basta ver c\u00f3mo es constitucional someter a arbitraje asuntos de \u00edndole laboral, que es un t\u00edpico contrato de adhesi\u00f3n y en el que, adem\u00e1s, los trabajadores gozan de derechos irrenunciables, solo que, por tales razones, su eficacia depende de especiales circunstancias que permitan garantizar que \u00abla puesta en funcionamiento de la justicia arbitral no sea el fruto del deseo caprichoso de los sujetos en contenci\u00f3n (\u2026)\u00bb; que \u00ab[l]os efectos econ\u00f3micos que se deriven del arbitramento (\u2026) deben producirse teniendo en cuenta la capacidad econ\u00f3mica de las partes enfrentadas\u00bb; y que \u00ab[l]a aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que regulan la justicia arbitral (\u2026) no puede hacerse el precio de desconocer los derechos fundamentales de las partes que se enfrentan a un litigio\u00bb (sentencia C.C., C-330 de 20008). <\/p>\n
Igualmente, aunque, el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n a favor de los consumidores, en virtud del principio proconsumidor, parte de la base de que aquellos son la parte d\u00e9bil de la relaci\u00f3n, que su poder de elecci\u00f3n es limitado o nulo, y que por eso deben ser protegidos frente a los efectos de cl\u00e1usulas predispuestas por la empresa que vende o presta el servicio, nada impide que esa presunci\u00f3n se desvirt\u00fae, si se advierte que, en todo caso, el adherente tuvo libertad para contratar, como para escoger el esquema de negocio m\u00e1s ajustado a sus intereses. Por eso, el art\u00edculo 42 de la Ley 1480 de 2011, tras establecer que son abusivas las cl\u00e1usulas que \u00abproducen un desequilibrio en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos\u00bb, se\u00f1ala que ello debe establecerse tomando en consideraci\u00f3n \u00abtodas las condiciones particulares de la transacci\u00f3n particular que se analiza\u00bb (se enfatiza). <\/p>\n
Es que, no todos los consumidores son iguales, en especial si se trata de los financieros, pues al pertenecer a esa categor\u00eda todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera9, pueden tener esa calidad las personas naturales que, simplemente, buscan satisfacer sus necesidades ordinarias e, igualmente, las empresas, profesionales en determinado ramo del mercado, que anhelan gestionar sus intereses econ\u00f3micos. De all\u00ed que su capacidad real para decidir el bien o servicio que requieren, as\u00ed como las condiciones para adquirirlo, var\u00ede de uno a otro consumidor, ello, atendiendo a su calidad, sus experiencias y la informaci\u00f3n con la que cuenta para el efecto. Y, en esa medida, corresponde analizar, en cada caso en particular, el alcance y la intensidad de la protecci\u00f3n que merece el consumidor financiero frente al organismo con quien contrata; cuanto m\u00e1s, si, seg\u00fan se analiz\u00f3, la conducta de los contratantes es relevante a la hora de establecer si consintieron o no determinado acto jur\u00eddico. <\/p>\n
No en vano, la Corte Constitucional al declarar inexequibles los art\u00edculos 35, 36 y 37 de la Ley 546 de 1999, que permit\u00edan que \u00ablas entidades financieras que otorguen cr\u00e9ditos para la construcci\u00f3n y adquisici\u00f3n de vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, pacten con los deudores de dichos cr\u00e9ditos cl\u00e1usula compromisoria o compromiso, con el objeto de deferir a un tribunal de arbitramento lo relacionado con el cumplimiento y la ejecuci\u00f3n forzada de las obligaciones derivadas de dichos cr\u00e9ditos\u00bb, advirti\u00f3: <\/p>\n
Debe advertir la Corte que lo dicho no implica la condena de los pactos arbitrales per se, pues tales cl\u00e1usulas y los tribunales de arbitramento, como mecanismos alternativos de soluci\u00f3n de conflictos, constituyen valioso instrumento para alcanzar el orden y la paz sociales, siempre y cuando se cumpla con la indispensable condici\u00f3n de efectividad consistente en que las partes en controversia tengan plena libertad para decidir acerca de si acuden o no a ese medio, y nunca porque as\u00ed lo imponga la parte m\u00e1s fuerte, porque entonces dicha figura pierde su raz\u00f3n de ser, resulta distorsionada su finalidad, y a la postre se convierte en motivo adicional de querella social, pues es muy probable que la parte que se ha visto obligada a acudir a la justicia arbirtral -por fuerza de las aludidas circunstancias de debilidad- desconozca su legitimidad (sentencia C-1140 de 200). <\/p>\n
Como puede verse, el hecho de que el legislador no haya regulado el pacto arbitral en contratos de adhesi\u00f3n, y la necesidad de proteger a los consumidores en ese contexto, no son razones para sostener que es inviable la estipulaci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria para solucionar conflictos derivados de dichas relaciones. Los vac\u00edos han de llenarse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios y reglas que rigen dichos asuntos. <\/p>\n
2.3.3.- De otra parte, no faltar\u00e1 quienes afirmen que, pese a lo anterior, dicho convenio sigue estando prohibido porque as\u00ed lo establece la Superintendencia Financiera10, al decir en su Circular Externa 018 de 2016 (numeral 6.1.1.4), que \u00absalvo que medie autorizaci\u00f3n legal expresa para incorporar este tipo de cl\u00e1usulas en los contratos que celebren las entidades vigiladas, son abusivas de acuerdo con lo previsto en la Ley 1328 de 2009\u00bb, las cl\u00e1usulas que \u00abrestrinjan el derecho de los consumidores financieros a acudir al defensor del consumidor financiero o a la SFC para la resoluci\u00f3n de las controversias, cuando se ha pactado un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos para resolverlas\u00bb. <\/p>\n
Empero, tampoco es as\u00ed, al menos cuando se trata de la resoluci\u00f3n de conflictos jurisdiccionales, pues de admitirse que esa restricci\u00f3n se aplica frente a aquellas controversias, los criterios de interpretaci\u00f3n consagrados en el art\u00edculo 3 de la Ley 153 de 188711 permiten concluir que la norma que prevalece entre las Leyes 1328 y 1563, es esta \u00faltima, por ser posterior y especial frente a la materia arbitraje y relaciones de consumo. F\u00edjese que primero fue expedida la Ley 1328 de 2009 -R\u00e9gimen de Protecci\u00f3n al Consumidor Financiero-, en donde se dispuso, como regla general, que estar\u00edan prohibidas las cl\u00e1usulas que implicaran limitaci\u00f3n o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores. Luego, fue expedida la Ley 1438 de 2011 \u2013 Estatuto del Consumidor-, que defini\u00f3 las cl\u00e1usulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, entre ellos, las que promov\u00edan la justicia arbitral. Despu\u00e9s, el legislador promulg\u00f3 la Ley 1563 de 2012- Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional- y derog\u00f3 la anterior disposici\u00f3n, advirtiendo sobre la posibilidad de que los consumidores y proveedores solucionaran sus controversias a trav\u00e9s de dicho mecanismo de resoluci\u00f3n de conflictos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, n\u00f3tese que si el legislador dej\u00f3 de sancionar con ineficacia ese tipo de cl\u00e1usula en dichos escenarios, no es posible que la Superintendencia Financiera v\u00eda Circular reviva esa consecuencia jur\u00eddica para los consumidores financieros, m\u00e1xime cuando no hay razones para sostener que la excepci\u00f3n se justifica porque aquellos merecen m\u00e1s protecci\u00f3n que los consumidores generales o una protecci\u00f3n especial, ya que el supuesto es el mismo en cualquiera de los casos: la posibilidad de convenir una cl\u00e1usula compromisoria en un contrato de adhesi\u00f3n, en el que una de las partes tiene la calidad de consumidor. <\/p>\n
Adicionalmente, tampoco hay motivos para afirmar, de manera general y abstracta, que la estipulaci\u00f3n de una cl\u00e1usula compromisoria en un contrato suscrito por un consumidor financiero es limitativa del ejercicio de sus derechos o abusiva, por las siguientes razones. <\/p>\n
Acudir a la justicia arbitral en manera alguna se traduce en la afectaci\u00f3n del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia del adherente-consumidor. As\u00ed lo ha entendido la Corte Constitucional, al decir que <\/p>\n
\u201c[e]l desarrollo legal de la instituci\u00f3n arbitral tiene un claro fundamento constitucional -ya referido-, que permite la atribuci\u00f3n de funciones judiciales a los particulares (Art\u00edculo 116 C.P.). Dicha autorizaci\u00f3n no puede concebirse como una forma de limitar el derecho fundamental de acceso a la justicia que el propio ordenamiento superior reconoce a todos los ciudadanos -Art\u00edculo 229 C.P.-; en primer lugar hay que recordar que cualquier regulaci\u00f3n en materia de arbitraje debe fundarse en el respeto estricto de derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad entre todas las personas; por otro lado, en raz\u00f3n de que los \u00e1rbitros -como los jueces ordinarios- deben (i) cumplir con t\u00e9rminos perentorios y (ii) que sus pronunciamientos est\u00e1n sometidos a la revisi\u00f3n eventual por parte de otras autoridades adem\u00e1s de contar con el poder vinculante de cualquier sentencia, y, por tanto, no puede decirse que la utilizaci\u00f3n del arbitramento constituye un atentado al principio que asegura pronta y cumplida justicia para todos los ciudadanos (Sentencia C-330 de 2000, se enfatiza). <\/p>\n
Por otro lado, bien puede el consumidor financiero obtener de manera m\u00e1s efectiva y eficaz la satisfacci\u00f3n de sus garant\u00edas ante la justicia arbitral, teniendo en cuenta que podr\u00eda reclamarlos i). de una manera m\u00e1s c\u00e9lere, dada la perentoriedad de los t\u00e9rminos para dirimir el conflicto; ii). ante un juez especializado, instituido \u00fanicamente para resolver su controversia, e iii). incluso de manera gratuita, y sin necesidad de presentar la demanda por intermedio de abogado, si la cuant\u00eda de sus pretensiones no supera los 40 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes12. En este \u00faltimo sentido, el art\u00edculo 117 de la Ley 1563 de 2012 establece el arbitraje social13: <\/p>\n
Los centros de arbitraje deber\u00e1n promover jornadas de arbitraje social para la prestaci\u00f3n gratuita de servicios en resoluci\u00f3n de controversias de hasta cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv), sin perjuicio de que cada centro pueda prestar el servicio por cuant\u00edas superiores. Este arbitraje podr\u00e1 prestarse a trav\u00e9s de procedimientos especiales, autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, breves y sumarios. <\/p>\n
En estos procesos las partes no requieren de apoderado, se llevar\u00e1n por un solo \u00e1rbitro y el centro de arbitraje cumplir\u00e1 las funciones secretariales. Los centros tendr\u00e1n lista de \u00e1rbitros voluntarios y ser\u00e1 escogido por las partes de dicha lista. Cuando el arbitraje no pueda adelantarse por los \u00e1rbitros de la referida lista, el centro sortear\u00e1 de la lista general de \u00e1rbitros del centro. El \u00e1rbitro sorteado que se abstenga de aceptar el nombramiento, sin justa causa, ser\u00e1 excluido de la lista de \u00e1rbitros del respectivo centro (se enfatiza). <\/p>\n
Al mismo tiempo, t\u00e9ngase en cuenta que para los arbitrajes que no sean gratuitos, es factible que el interesado solicite amparo de pobreza, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 13 de la Ley 156314. <\/p>\n
Asimismo, aunque, los asuntos sometidos a arbitramento carecen del recurso de apelaci\u00f3n, no por eso puede sostenerse que es limitativo de los derechos de los consumidores, pues, la segunda instancia es una garant\u00eda que puede o no conferir el legislador frente a determinadas controversias. As\u00ed, f\u00edjese que no todos los procesos de competencia de la administraci\u00f3n de justicia ordinaria gozan de segunda instancia, y no por eso se afirma que los derechos de quienes en ellos participan se encuentran restringidos. Adem\u00e1s, los contendientes en un proceso arbitral tendr\u00e1n a su alcance el recurso de anulaci\u00f3n para remediar espec\u00edficos yerros en que hubiese incurrido el Tribunal de Arbitramento, y si hubo lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales, podr\u00e1n pedir su protecci\u00f3n a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Por \u00faltimo, como arriba se indic\u00f3, el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula estipulada por la parte predisponente del contrato, depende de que produzca un desequilibrio en perjuicio del consumidor, atendiendo a las condiciones particulares de la transacci\u00f3n. As\u00ed que, si por mandato del legislador la inclusi\u00f3n de pacto arbitral en relaciones de consumo no es abusiva, solo puede sancionarse con esa consecuencia aquella que en el caso particular tenga esa connotaci\u00f3n. <\/p>\n
Total, no hay motivos para predicar, de manera general y abstracta, que dicho pacto atenta contra los derechos de los consumidores. <\/p>\n
2.3.4.- As\u00ed las cosas, comoquiera que la estipulaci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria en contratos celebrados por consumidores, entre ellos, los financieros, est\u00e1 permitida en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano a partir de la Ley 1563 de 2012, y, adem\u00e1s, no hay motivos para considerar que el pacto por s\u00ed mismo es abusivo o limita los derechos de aquellos, nada obsta para que la misma se estipule, solo que su eficacia deber\u00e1 analizarse a la luz de las particularidades de cada caso, atendiendo las calidades de los consumidores, el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n previsto su favor, y las pautas que gobiernan el arbitraje y la teor\u00eda del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
2.4.- De la eficacia de la cl\u00e1usula compromisoria estipulada en un contrato celebrado por un consumidor financiero: \u00bfrequiere aceptaci\u00f3n expresa o tambi\u00e9n es viable la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita? <\/p>\n
Cuando se estipula cl\u00e1usula compromisoria en los contratos celebrados con consumidores financieros es deber de las entidades vigiladas que informen a aquellos sobre su existencia, as\u00ed como sobre sus consecuencias jur\u00eddicas y econ\u00f3micas. Lo anterior, a fin de que los mismos tengan la posibilidad de contratar o no bajo esas condiciones, o aceptar el pacto arbitral. As\u00ed se desprende del deber de transparencia e informaci\u00f3n cierta, suficiente y oportuna que recae sobre dichos organismos, conforme al cual, \u00ablas entidades vigiladas deber\u00e1n suministrar a los consumidores financieros informaci\u00f3n cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas\u00bb (literal c), art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1328 de 2009). <\/p>\n
En ese contexto, la eficacia de la cl\u00e1usula compromisoria depender\u00e1, en principio, de que el consumidor la haya aceptado expresamente, sin perjuicio de que, de acuerdo con las particularidades del caso, atendiendo a la calidad del consumidor financiero, a su capacidad real para elegir y negociar las condiciones generales del contrato, y a sus \u00abconductas anteriores relevantes y eficaces\u00bb, la hubiese conocido y aceptado t\u00e1citamente. <\/p>\n
Por supuesto, no ser\u00e1 lo mismo una persona natural que adquiere un producto financiero para satisfacer sus necesidades, y por ello, la \u00fanica opci\u00f3n que tiene es celebrar el contrato o no hacerlo qued\u00e1ndose sin el servicio o producto que requiere, a una empresa que, por su profesi\u00f3n y experticia en el ramo en el que desempe\u00f1a, tiene el poder de elegir la entidad financiera con la que quiere contratar, las condiciones en la que habr\u00e1 de alcanzar sus fines econ\u00f3micos, y asimismo goza de las posibilidades econ\u00f3micas para acudir a la justicia arbitral. <\/p>\n
Y es que si un consumidor financiero, con condiciones de hacerlo, consinti\u00f3 t\u00e1citamente la cl\u00e1usula compromisoria, no puede ser que, luego de acaecido el conflicto pretenda desligarse de su comportamiento anterior, y alegar que no conoc\u00eda el pacto arbitral, en perjuicio del otro contratante, quien tambi\u00e9n tiene derecho a reclamar el cumplimiento de lo acordado. <\/p>\n
Finalmente, se advierte que la conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual la eficacia de la cl\u00e1usula compromisoria estipulada en los contratos celebrados por consumidores financieros debe analizarse en cada caso, a la luz de sus particularidades, no <\/p>\n
cambia en virtud de la vigencia temporal del Decreto 1829 de 2013 (2013 a 2022), que dispuso que \u00ab[l]a aceptaci\u00f3n ser\u00e1 expresa, libre, espont\u00e1nea y en ning\u00fan caso impuesta ni se presume por la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico\u00bb. Esto, porque all\u00ed no se previ\u00f3 ninguna sanci\u00f3n para el acuerdo de arbitraje en la hip\u00f3tesis de que la aceptaci\u00f3n no fuera expresa, y, adem\u00e1s, cuando se afirma que la aceptaci\u00f3n puede ser t\u00e1cita no equivale a decir que se presume con la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico. Una cosa es decir que la cl\u00e1usula se acept\u00f3 porque simplemente se suscribi\u00f3 el contrato, y otra, muy distinta, es que ello ocurri\u00f3 porque en virtud de las calidades del consumidor y las particularidades de la transacci\u00f3n, tuvo poder de elegir las condiciones en las que adquirir\u00eda el servicio o producto, e igualmente la existencia de actos inequ\u00edvocos, que releven que consinti\u00f3 acudir a la justicia arbitral. <\/p>\n
2.4. Conclusiones. <\/p>\n
Bajo los anteriores derroteros, la Sala concluye que los jueces ordinarios al resolver la excepci\u00f3n previa fundada en la existencia de un pacto arbitral, deben determinar, si a la luz de sus requisitos y condiciones, tiene la virtualidad de sustraer de su conocimiento el conflicto sometido a su composici\u00f3n, sin perjuicio de la facultad que tienen el Tribunal de Arbitramento para reexaminar el punto, al resolver sobre su propia competencia. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de contratos de adhesi\u00f3n, como los que suelen celebrar consumidores financieros, es posible estipular cl\u00e1usula compromisoria, pues, as\u00ed lo permiti\u00f3 la Ley 1563 de 2012 al derogar la regla que tildaba de abusivos los acuerdos de arbitraje en relaciones de consumo. Ahora, la ausencia de regulaci\u00f3n sobre la materia, el deber de protecci\u00f3n de los consumidores frente a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, y que esta entidad a\u00fan califique de abusivo un convenio de ese linaje, no descartan la viabilidad de los acuerdos de arbitraje en esos escenarios; le corresponde al juez, en cada caso concreto, evaluar su eficacia, tomando en consideraci\u00f3n la calidad del consumidor financiero, el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n previsto su favor, y las pautas que gobiernan el arbitraje y la teor\u00eda del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
2.5. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a los anteriores derroteros, se infiere que la decisi\u00f3n de avalar, en el caso, la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria no es arbitraria, comoquiera que, de un lado, como lo exige el art\u00edculo 4 de la Ley 1563 de 2012, el pacto arbitral incorporado en la \u00abP\u00d3LIZA DE SEGURO TODO RIESGO DA\u00d1OS MATERIALES \u2013 PYME, VERSI\u00d3N 01\/08\/2008-1341-P-0-BBVA TODO RIESGO\u00bb, est\u00e1 referido inequ\u00edvocamente a la \u00abP\u00f3liza de da\u00f1os Pyme Individual 0331010001545\u00bb, objeto de litigio. Por otra parte, aunque la accionante no acept\u00f3 expresamente el pacto arbitral, en el entendido que no hay una se\u00f1a o prueba que as\u00ed lo indique, s\u00ed lo hizo t\u00e1citamente, lo que le impide, ahora, restarle efectos al convenio. <\/p>\n
En cuanto a lo primero, f\u00edjese, como lo advirti\u00f3 el Tribunal, que en la p\u00f3liza individual materia de litigio, suscrita en 2017 y renovada en 2018, expresamente se indic\u00f3 que de ella hac\u00eda parte integral las condiciones plasmadas en la \u00abP\u00d3LIZA DE SEGURO TODO RIESGO DA\u00d1OS MATERIALES \u2013 PYME, VERSI\u00d3N 01\/08\/2008-1341-P-0-BBVA TODO RIESGO\u00bb, donde se encuentra la cl\u00e1usula compromisoria del siguiente tenor: <\/p>\n
Entre las partes, a saber: La Compa\u00f1\u00eda y el Asegurado se ha pactado la presente cl\u00e1usula compromisoria que forma parte integrante del presente contrato de seguro que dispone lo siguiente: <\/p>\n
Las diferencias que surjan entre las partes con motivo del desarrollo, cumplimiento o interpretaci\u00f3n de este contrato, se resolver\u00e1n por un Tribunal de Arbitramento cuya integraci\u00f3n se har\u00e1 de acuerdo con la ley colombiana vigente. Los \u00e1rbitros ser\u00e1n designados por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 y su domicilio ser\u00e1 la misma ciudad de Bogot\u00e1, sus fallos ser\u00e1n proferidos en derecho, en aquellos casos en los cuales las diferencias presentadas sean de car\u00e1cter t\u00e9cnico, se deben nombrar \u00e1rbitros con capacidad para atender este tipo de situaciones. Para la aplicaci\u00f3n de esta cl\u00e1usula se tendr\u00e1n en cuenta las siguientes reglas: <\/p>\n
El tribunal estar\u00e1 integrado por tres (3) \u00e1rbitros, No obstante si los asuntos materia del conflicto fueren de cuant\u00eda inferior a mil (1.000) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes al momento del siniestro, el asunto se someter\u00e1 a la decisi\u00f3n de un solo arbitro. La organizaci\u00f3n interna del tribunal se sujetar\u00e1 a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Adicionalmente, reposa en el \u00abAnexo de Condiciones para los Amparos y Cl\u00e1usulas Adicionales\u00bb, en el ac\u00e1pite \u00abCl\u00e1usulas Libres\u00bb, \u00abCl\u00e1usulas y Condiciones Generales para las Anteriores Coberturas\u00bb: \u00abArbitramento de acuerdo con la legislaci\u00f3n colombiana\u00bb (anexos demanda). <\/p>\n
En cuanto a que acept\u00f3 t\u00e1citamente el pacto arbitral, n\u00f3tese que a ra\u00edz de sus calidades tuvo la posibilidad de elegir el contrato y las condiciones en las que quer\u00eda adquirir un seguro para proteger los bienes de su propiedad. F\u00edjese, como se desprende de su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, que se trata de una empresa, dedicada desde 1988, al servicio de \u00abfabricaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de partes y piezas en caucho y metal, para automotores e industria en general\u00bb, nacional y extranjera. A su vez, con miras a satisfacer sus necesidades, eminentemente econ\u00f3micas, relativas a proteger los bienes de su propiedad contra los riesgos de p\u00e9rdida o da\u00f1o, ten\u00eda diversas opciones en el mercado, no solo la que le ofrec\u00eda BBVA Seguros Colombia S.A., y de las que deb\u00eda tener conocimiento o debi\u00f3 informarse, por ejemplo, en la p\u00e1gina Web de la Superintendencia Financiera, donde se encuentran depositados las p\u00f3lizas de seguro estandarizadas15. De suerte que si opt\u00f3 por el negocio que le ofreci\u00f3 dicha compa\u00f1\u00eda, conforme al cual las controversias suscitadas \u00abcon motivo del desarrollo, cumplimiento o interpretaci\u00f3n de este contrato\u00bb ser\u00edan sometidas a arbitraje, es porque era lo que le conven\u00eda a sus intereses. <\/p>\n
De otra parte, luego de que suscribi\u00f3 la p\u00f3liza, supo que en ellas estaba prevista la cl\u00e1usula compromisoria, no solo porque reposaba en las condiciones generales, sino tambi\u00e9n en los anexos de la p\u00f3liza individual. Y, con posterioridad, en julio de 2018, pidi\u00f3 su renovaci\u00f3n, aceptando las condiciones inicialmente estipuladas, sin que se evidencie que en alg\u00fan momento haya reparado en la existencia del acuerdo de arbitraje. Sobre el particular, reposan las comunicaciones aportadas por la actora con la demanda de responsabilidad civil contractual, y en las que se lee lo siguiente: <\/p>\n
Entonces, comoquiera que i). el contrato de seguros materia de litigio se estipul\u00f3 una cl\u00e1usula compromisoria, seg\u00fan la cual las partes someter\u00edan sus diferencias a un Tribunal de Arbitramento; ii). que la inclusi\u00f3n del pacto y sus condiciones fue informada a la accionante o, a lo sumo, debido a su calidad, debi\u00f3 conocerlo, al igual que sus alcances, teniendo en cuenta, por un parte, que en la p\u00f3liza individual se indic\u00f3 expresamente que sus condiciones se extend\u00edan a las generales plasmadas la \u00abP\u00d3LIZA DE SEGURO TODO RIESGO DA\u00d1OS MATERIALES \u2013 PYME, VERSI\u00d3N 01\/08\/2008-1341-P-0-BBVA TODO RIESGO\u00bb, y por la otra, que en los Anexos de la P\u00f3liza Individual se dej\u00f3 constancia de la existencia del acuerdo arbitral; y iii). que el seguro fue renovado desde 2018 hasta 2019, incluso, a petici\u00f3n de la promotora, sin protestar por dicha cl\u00e1usula, no hay duda que la acept\u00f3 y, por eso, mal puede ahora, esquivar sus efectos. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, no es descabellado que el Tribunal avalar\u00e1 la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria alegada por BBVA Seguros Colombia S.A., fundado en que, aunque no firm\u00f3 dicho pacto, su aceptaci\u00f3n derivaba del hecho de que suscribi\u00f3 el contrato de seguros, cuyo clausulado, de acuerdo con los preceptos 1046, 1047 y 1048 del estatuto mercantil, estaba conformado por las referidas condiciones generales y, adem\u00e1s, sufrag\u00f3 \u00abla prima del seguro\u00bb y no ejerci\u00f3 \u00abel retracto despu\u00e9s de que se verific\u00f3 la inclusi\u00f3n del pacto arbitral\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso concreto, no se advierte que acudir a la justicia arbitral represente para la quejosa la limitaci\u00f3n o la renuncia al derecho que tiene a que se determine si su contradictora debe sufragarle las sumas reclamadas, considerando que se trata de una sociedad comercial, que a tales efectos deber\u00e1 sufragar la mitad correspondiente a la suma $199.515.444.74, en proporci\u00f3n a los m\u00e1s de dos mil millones de pesos que aspira que se le reconozcan. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se precisa que el argumento relativo a que la cl\u00e1usula compromisoria, de todos modos, no est\u00e1 llamada a operar porque la responsabilidad contractual pretendida es ajena al tema de arbitraje, tampoco habilita la injerencia constitucional. Si bien de eso nada dijo el juez plural, lo cierto es que si a voces del convenio se someter\u00edan a dicho mecanismo \u00ablas diferencias que surjan entre las partes con motivo del desarrollo, cumplimiento o interpretaci\u00f3n de este contrato\u00bb, es razonable que se ventile a trav\u00e9s de \u00e9l los anhelos de la peticionaria, mediante los cuales busca que la Aseguradora haga efectiva la totalidad de la p\u00f3liza materia de litigio, m\u00e1s los perjuicios correspondientes. Lo anterior, despu\u00e9s de haber obtenido, por v\u00eda ejecutiva, una parte del valor a la que afirma tiene derecho, con ocasi\u00f3n del incendio acaecido en dos inmuebles de su propiedad el 5 de junio de 2019. <\/p>\n
La misma suerte corre la defensa relativa a que la Aseguradora renunci\u00f3 a la cl\u00e1usula compromisoria porque no la aleg\u00f3 en el coercitivo mencionado. Adem\u00e1s de que el punto no fue objeto de la apelaci\u00f3n del auto que aval\u00f3 el pacto arbitral, no era posible que la compa\u00f1\u00eda la hiciera valer en ese escenario, ya que los \u00e1rbitros no tienen poder de ejecuci\u00f3n, reservado exclusivamente para el poder judicial del Estado. Adicionalmente, aunque, a trav\u00e9s del proceso ejecutivo y este asunto, la accionante pretenda el pago de la p\u00f3liza mencionada, mem\u00f3rese que el primer litigio recay\u00f3 sobre una suma respecto de la cual no hab\u00eda discusi\u00f3n; mientras que este juicio versa sobre un monto que la compa\u00f1\u00eda demandada desconoce deber. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, y toda vez que la cl\u00e1usula compromisoria estipulada en el contrato objeto de litigio es eficaz, la decisi\u00f3n del Tribunal de respaldar la excepci\u00f3n previa correspondiente no merece reproche constitucional alguno a trav\u00e9s de este sendero. Por ende, la salvaguarda deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Inversiones Reinoso & Compa\u00f1\u00eda Ltda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tenor de dicho precepto, \u00abno se considerar\u00e1 interrumpida la prescripci\u00f3n y operar\u00e1 la caducidad (\u2026), cuando el proceso termine por haber prosperado la excepci\u00f3n de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria del auto que d\u00e9 por terminado el proceso\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 C. constitucional, sentencias C-1140 de 2000, C- 330 de 2000, C-129 de 2018, C- 170 de 2014, C-098 de 2001, C-060 de 2001, C- 330 de 2000, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Las legislaciones de dichos pa\u00edses sobre la materia se caracterizan por tener un Sistema Arbitral exclusivo para consumidores, el cual, por regla general, est\u00e1 al servicio del consumidor final, y no de empresas. Puede ser el fruto de un acuerdo expreso o mediante la aceptaci\u00f3n de una oferta p\u00fablica de adhesi\u00f3n, la cual puede hacer valer \u00fanicamente el consumidor al presentar la respectiva demanda. V\u00e9anse, al respecto, en el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, el Real Decreto 231\/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo; en Argentina, rev\u00edsese el Decreto 276 de 1998, y en Chile, la Ley 19496 de 7 de febrero de 1997, refundida por Decreto con Fuerza de Ley 3 de 3 de mayo de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Congreso de la Rep\u00fablica, Gaceta 321 de 2012. <\/p>\n
5\u0002 Pacto arbitral en contratos de adhesi\u00f3n <\/p>\n
Art\u00edculo 80. Opci\u00f3n de pacto arbitral. En todo contrato, y en particular, en el de adhesi\u00f3n o contenido predispuesto, se podr\u00e1 incluir el pacto arbitral como cl\u00e1usula de opci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Ley 51 de 1918. La estipulaci\u00f3n debe ser clara, precisa e informarse expl\u00edcitamente al celebrarse el contrato. La parte a cuyo favor se concede la opci\u00f3n de pacto arbitral, podr\u00e1 aceptarla o rechazarla, y hacerla efectiva con la presentaci\u00f3n de la solicitud ante el Centro de Arbitraje para resolver las controversias que se deriven de dicho contrato. La aceptaci\u00f3n ser\u00e1 expresa, libre, espont\u00e1nea y en ning\u00fan caso impuesta ni se presume por la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico. La falta de aceptaci\u00f3n al instante de celebrar el contrato, deja sin valor ni efecto la oferta de pacto arbitral. <\/p>\n
6\u0002 Exp. 11001-03-26-000-2015-00071-00. <\/p>\n
7\u0002 En los siguientes t\u00e9rminos lo expuso: \u201c[l]a derogatoria de la prohibici\u00f3n de incluir la cl\u00e1usula arbitral en el contrato de adhesi\u00f3n no significa su regulaci\u00f3n legal: es claro que a partir de tal derogatoria el legislador puede regular tal estipulaci\u00f3n sin contradecir otra disposici\u00f3n legal. (\u2026). Puede considerarse que, al estar regido nuestro ordenamiento por el principio de autonom\u00eda de la voluntad las partes tienen la potestad de estipular en sus contratos todas las cl\u00e1usulas que no hayan sido prohibidas por la ley. Dicho principio, sin embargo, no tiene plena aplicaci\u00f3n en los contratos de adhesi\u00f3n, en los cuales el consumidor tiene limitada su libertad contractual\u201d. <\/p>\n
8\u0002 A trav\u00e9s de dicha sentencia, la Corte Constitucional declar\u00f3, condicionalmente, exequible, los art\u00edculos 130 a 142 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral, que regulan el arbitraje en materia laboral, bajo el entendido de que debe pactarse en las condiciones anteriormente se\u00f1aladas. <\/p>\n
9\u0002 As\u00ed se despende del literal d) del art\u00edculo 2 de la Ley 1328 de 2009. <\/p>\n
10\u0002 De conformidad con el literal e) del art\u00edculo 11 de la Ley 1328 de 2009 \u201cse proh\u00edbe las cl\u00e1usulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en contratos de adhesi\u00f3n que (\u2026) establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia\u201d. <\/p>\n
11\u0002 \u201cEst\u00edmase insubsistente una disposici\u00f3n legal por declaraci\u00f3n expresa del legislador, \u00f3 por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, \u00f3 por existir una ley nueva que regula \u00edntegramente la materia a que la anterior disposici\u00f3n se refer\u00eda\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Equivalentes a 2023 a $52.024.240, suma que corresponde a los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 25 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
13\u0002 En la actualidad, dicho arbitraje solo funciona v\u00eda compromiso, acordado despu\u00e9s de acaecido el conflicto, debido a que en la pr\u00e1ctica, no se reconocen efectos a las cl\u00e1usulas compromisorias estipuladas en contratos en los que intervienen consumidores. <\/p>\n
14\u0002 \u201cEl amparo de pobreza se conceder\u00e1, total o parcialmente, en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Si hubiere lugar a la designaci\u00f3n del apoderado, esta se har\u00e1 a la suerte entre los abogados incluidos en la lista de \u00e1rbitros del respectivo centro de arbitraje, salvo que el interesado lo designe. Sin perjuicio de lo que resuelva el laudo sobre costas, el amparado quedar\u00e1 exonerado de los honorarios y gastos del tribunal arbitral, sin que le corresponda a su contraparte sufragar lo que el amparado le hubiese correspondido pagar. <\/p>\n
15\u0002 Frente al particular, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1047 del C\u00f3digo de Comercio modificado por el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 389 de 1997 establece que \u00aben los casos en que no aparezca expresamente acordadas, se tendr\u00e1n como condiciones del contrato aqu\u00e9llas de la p\u00f3liza o anexo que el asegurador hay depositado en la Superintendencia Financiera para el mismo ramo, amparo, modalidad de contrato y tipo de riesgo\u00bb. <\/p>\n
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STC4826-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4826-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01613-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Inversiones Reinoso & Compa\u00f1\u00eda Ltda. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}