STC4827-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4827-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00799-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de abril de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que FACOLAMPR S.A.S. en Reorganizaci\u00f3n instaur\u00f3 contra el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esta capital, la Inspecci\u00f3n Sexta de Polic\u00eda Urbana de Ch\u00eda – Cundinamarca, Arco Grupo Bancoldex S.A.S. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento, antes Leasing Bancoldex S.A., extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001-31-03-022-2018-00193-00. <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara al juzgado convocado revocar \u00abel auto de fecha 2 de febrero de 2022, notificado por estado el pasado 3 de febrero de 2023, y en su lugar ordene la suspensi\u00f3n del proceso en los t\u00e9rminos del numeral 2 del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 560 de 2020 [en] concordancia con el art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006\u00bb y, a la autoridad policiva, anular \u00abel acta de fecha 12 de abril de 2022 por medio de la cual realiz\u00f3 la diligencia de Restituci\u00f3n de tenencia de los bienes muebles entregados a la sociedad FACOLAMPR S.A.S. por parte de ARCO GRUPO BANCOLDEX\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que Arco Grupo Bancoldex S.A. adelant\u00f3 juicio para obtener la restituci\u00f3n de la tenencia de una \u00abl\u00ednea de pintura UV compuesta por programable con PLC, dimensiones: L5550xA: 2600xA p: 2055, sistema el\u00e9ctrico: 220v o ultravioleta, con dos l\u00e1mparas UV de 10.000 vatios de potencia, reflectores con sistema de rotaci\u00f3n dimensiones: (LXAXP) 3590x2350x1000mm, sistema el\u00e9ctrico 220V o 380V\/50hz o 60HZ y peso 1350 KG\u00bb, bienes objeto del contrato de arrendamiento financiero suscrito el 9 de diciembre de 2016, respecto de cuyos c\u00e1nones incurri\u00f3 en mora. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el despacho accionado accedi\u00f3 a las pretensiones de su contendora (8 feb. 2021) y libr\u00f3 despacho comisorio para llevar a cabo la entrega (24 feb. 2021), diligencia programada para el 27 de mayo siguiente por la Inspecci\u00f3n Sexta de Polic\u00eda urbana de Ch\u00eda, sin \u00e9xito, como quiera que \u00abpara el retiro de la m\u00e1quina es necesario tener un montacargas, demoler 30 metros de pared, un t\u00e9cnico especialista en la m\u00e1quina que debe ser tra\u00eddo desde Brasil\u00bb y posteriormente, el acto fue pospuesto a solicitud de ambas partes en aras de lograr un acuerdo. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el 17 de noviembre de 2022, la Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 la \u00abnegociaci\u00f3n de emergencia de un acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb requerido por esa empresa, decisi\u00f3n que comunic\u00f3 al delegado, requiriendo la suspensi\u00f3n de la \u00abrestituci\u00f3n de tenencia\u00bb (1 dic.); el exhorto fue devuelto al iudex cognoscente para resolver (7 dic.) y, en prove\u00eddo de 2 de febrero de \u00ab2022\u00bb, notificado por estado del 3 de febrero de 2023, desat\u00f3 adversamente su postulaci\u00f3n, porque \u00abeste proceso termin\u00f3 con sentencia ejecutoriada que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n restitutoria en febrero 8 de 2021, esto es antes de la apertura del tr\u00e1mite en menci\u00f3n, por lo cual, los efectos atr\u00e1s relacionados no le son aplicables\u00bb. <\/p>\n
Con vista en lo anterior, el 12 de abril de 2023, culmin\u00f3 el acto procesal pendiente. <\/p>\n
Dijo no compartir la inaplicabilidad de los efectos jur\u00eddicos de la actuaci\u00f3n concursal al decurso censurado, por contradecir el r\u00e9gimen de insolvencia y desconocer que \u00ablos procesos judiciales no terminan con la sentencia, sino con su ejecuci\u00f3n efectiva\u00bb, al punto que \u00abcuando el art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006 dispuso que no pod\u00eda[n] continuarse los procesos de restituci\u00f3n, no hizo alusi\u00f3n exclusiva a aquellos que no tuvieren fallo, sino cualquier proceso de tal estirpe y en el estado en que se encuentre\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que lo rebatido \u00abes la consecuencia natural del fallo de instancia, proferido antes de que la entidad respectiva fuera aceptada en reorganizaci\u00f3n, de manera que, aunque la Ley 1116 de 2006 prevea la suspensi\u00f3n de este tipo de juicios, al haberse resuelto ya el litigio e ins\u00edstase, ejecutarse una orden derivada de la respectiva providencia, (\u2026) no se est\u00e1 desacatando esa disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego por incumplir el presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb, ya que FACOLAMPR S.A.S. \u00abguard\u00f3 silencio absoluto\u00bb frente a la determinaci\u00f3n desfavorable confutada (2 feb. 2023), circunstancia que le impide elevar los respectivos reparos por esta v\u00eda excepcional, m\u00e1xime, cuando se encuentra consumado el hecho que se acusa de vulnerador. <\/p>\n
2.- La impulsora se mostr\u00f3 insatisfecha, cuestionando que el a-quo constitucional no reparara en que el litigio promovido en su contra tuvo como origen la \u00abfalta de pago de la renta mensual\u00bb, luego, aun de haber refutado el auto del que se duele, no habr\u00eda sido o\u00edda; agreg\u00f3 que, un examen detenido al expediente, le habr\u00eda permitido evidenciar que \u00abtambi\u00e9n se agraviaron [sus] derechos fundamentales (\u2026) en cuanto a las notificaciones personales realizadas a los demandados [pues,] no se encuentran acordes a lo consagrado por el art\u00edculo 290 y ss., del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 8 de la Ley 2213 de 2022\u00bb, por cuanto las misivas fueron enviadas a una direcci\u00f3n equivocada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia obrante en el plenario, pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, que lo resuelto en primera instancia debe ser refrendado, porque FACOLAMPR S.A.S. no obr\u00f3 con la diligencia debida en el \u00abproceso de restituci\u00f3n de tenencia\u00bb criticado y trajo a esta instancia planteamientos in\u00e9ditos. <\/p>\n
2.- Inicialmente, se precisa que el auto fechado como \u00abfebrero dos (2) de dos mil veintid\u00f3s (2022)\u00bb (Archivo digital: 28AutoAgregaOrenaOficiar201800193(oficios).pdf), en realidad data del 2 de febrero de 2023, si en cuenta se tiene que la constancia secretarial que le precede (Archivo digital: 27 INFORME ENTRADA AL DESPACHO.pdf), tiene fecha del 12 de enero de 2023, luego, es claro que el a\u00f1o de expedici\u00f3n que se consign\u00f3, obedeci\u00f3 a un lapsus calami, en todo caso, incapaz de minar las garant\u00edas de la precursora. <\/p>\n
Ahora bien, a trav\u00e9s de esa providencia, el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 insisti\u00f3 en la materializaci\u00f3n de los mandatos de la sentencia dictada el 8 de febrero de 2021, porque la mismo qued\u00f3 ejecutoriada \u00abantes de la apertura del tr\u00e1mite [de reorganizaci\u00f3n], por lo cual, los efectos atr\u00e1s relacionados no le son aplicables\u00bb, lo as\u00ed resuelto, era pasible del remedio horizontal, a voces de lo previsto en el art\u00edculo 318 del Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
En ese orden, correspond\u00eda a la organizaci\u00f3n inconforme rebatir las motivaciones del iudex natural en ese escenario, para lo cual estaba facultada, teniendo en cuenta que, contrario a lo aseverado en su escrito de impugnaci\u00f3n, la sanci\u00f3n prevista en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 ejusdem, no opera en pleitos como el sub examine. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, tiene dicho que: <\/p>\n
(\u2026) la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contemplado en el art\u00edculo 424 del C.P.C., no plantea ninguna discusi\u00f3n y por lo mismo resulta viable en tanto es la v\u00eda judicial que el legislador ha dise\u00f1ado para resolver este tipo de reclamaciones judiciales. Sin embargo, lo que no resulta aceptable, es que por v\u00eda de este mecanismo de integraci\u00f3n normativa se restrinja de manera dr\u00e1stica el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso y de defensa, cuando quiera que dicha limitaci\u00f3n no fue establecida expresamente por el legislador para ser aplicada ante presuntos incumplimientos de contratos financieros como el leasing. De aceptarse dicha circunstancia, ello supondr\u00eda el desconocimiento del principio pro homine (\u2026). C.C. T-734-2013. <\/p>\n
Tesis que fue acogida por esta Sala, entre otros, en STC 2 de agosto de 2017, exp. 2017- 00194-01; STC 1\u00ba de diciembre de 2016, exp. 2016-00424-01; STC 15 de abril de 2016, exp. 2016-4733; STC 22 de mayo de 2015 exp. 2015-6302 y STC 31 de julio de 2019 exp. 2019-1066 citada en STC5878-2020, donde se precis\u00f3: <\/p>\n
Aun cuando el litigio de \u201crestituci\u00f3n de leasing\u201d se rige por la mayor\u00eda de las pautas que orientan el de \u201crestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u201d, esa circunstancia per se no autoriza extenderle el correctivo cuestionado, dise\u00f1ado, \u00fanicamente, para este \u00faltimo, entre otros motivos, porque como es sabido en esa materia opera el principio de nulla poena sine lege, esto es, \u201dno hay pena [sanci\u00f3n] sin ley\u201d; de modo que cualquier castigo, sustancial o procesal, exige mandato expreso del legislador y, por consiguiente, en tales t\u00f3picos est\u00e1n proscritas las interpretaciones por analog\u00eda. <\/p>\n
Y, de manera m\u00e1s reciente, esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 que \u00abpese a que para la restituci\u00f3n de bienes entregados en leasing se hac[e] una remisi\u00f3n normativa a las disposiciones que regulan los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la misma no se hac[e] extensiva a la referida sanci\u00f3n\u00bb (CSJ STC6735-2022, STC 22 may. 2015, rad. 2015-00796-01 y STC4523-2016). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la quejosa tuvo la posibilidad de controvertir en la Lid recriminada las inconformidades que ahora revela en este sendero especial\u00edsimo, y no lo hizo, ya que dej\u00f3 de refutar la providencia comentada. De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n por haber desaprovechado la herramienta que estaba a su disposici\u00f3n para lograr ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Sobre el punto, mem\u00f3rese que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026). STC6663-2018, memorada en STC6916-2020, STC3496-2022 y STC1437-2023. <\/p>\n
Ello, en atenci\u00f3n a que, <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, reproducida en STC6916-2020, STC3496-2022 y STC1769-2023, entre otras). <\/p>\n
Al respecto, esta Colegiatura ha sostenido que, \u00abante un hecho consumado, el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide \u201cuna eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues, no puede predicarse la reversibilidad de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008)\u201d\u00bb (STC11339-2021, citada en STC16001-2022 y STC1295-2023). <\/p>\n
La Corte Constitucional tambi\u00e9n se ha pronunciado en relaci\u00f3n con ese tema, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) 3.4. El fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto como causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, seg\u00fan el Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, se presenta en tres hip\u00f3tesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) se presenta da\u00f1o consumado o (iii) se est\u00e1 ante una circunstancia sobreviniente (\u2026). <\/p>\n
3.6. En cuanto al segundo evento, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que se est\u00e1 ante un da\u00f1o consumado cuando existe un perjuicio irreversible, que no puede ser remediado de manera alguna por el juez de tutela (\u2026). T-052 de 2022. <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, la cr\u00edtica de la recurrente, relativa a su indebida vinculaci\u00f3n al contradictorio, por cuanto el director del rito acept\u00f3 que las notificaciones no fueron exitosas y orden\u00f3 su emplazamiento, sin revisar \u00abcon detenimiento las direcciones utilizadas por la demandante conforme al certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad accionada\u00bb, constituye un hecho nuevo no exteriorizado en el libelo genitor, por lo que, de \u00e9l no se enter\u00f3 y habl\u00f3 el examinador primario ni los vinculados a esta acci\u00f3n y por ende, no puede ser inspeccionado en esta fase, ya que afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quienes no pudieron discreparlo concretamente. <\/p>\n
Esta Magistratura ha predicado sobre dicho t\u00f3pico, que: <\/p>\n
[E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra pettita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u00bb CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, Exp. 00416-01, reiterada en STC175-2017, STC8838-2021 y STC5027-2022. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, surge irrebatible la convalidaci\u00f3n del fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, pero por los razonamientos expuestos. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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