STC4837-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4837-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-30-000-2023-00567-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Libia Amparo Gil Gil contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administraci\u00f3n Carrera Judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso administrativo y \u00abacceder al desempe\u00f1o de funciones y cargos p\u00fablicos\u00bb presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, se inscribi\u00f3 en el concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, aspirando al cargo de Juez Penal del Circuito. <\/p>\n
Narr\u00f3 que obtuvo su t\u00edtulo de abogada el 26 de mayo de 2011 en la Universidad de Medell\u00edn, el 1\u00ba de septiembre del mismo a\u00f1o se vincul\u00f3 a la Fiscal\u00eda General del Naci\u00f3n en el cargo de asistente de fiscal II, y, para el 7 de septiembre de 2018, ocupaba el cargo de Fiscal delegado ante Jueces del Circuito Especializados, y se\u00f1al\u00f3 que los requisitos de ese cargo son equivalentes a los del que aspira en el aludido concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial mediante Resoluci\u00f3n No. CJR22-0351 de 1\u00ba de septiembre de 2022, public\u00f3 los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos, en las que fue calificada como aprobada, con un puntaje global de 821,91. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n No. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial decidi\u00f3 sobre la admisi\u00f3n de los aspirantes al mencionado concurso de m\u00e9ritos y, encontr\u00f3 que estaba en la lista de rechazados, bajo la causal 3.4, esto es, \u00abno acreditaci\u00f3n del requisito m\u00ednimo de experiencia\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior y, ante la imposibilidad de presentar recursos contra la aludida decisi\u00f3n, conforme lo indicado en el art\u00edculo 4 de la mencionada Resoluci\u00f3n, el 9 de febrero de 2023, present\u00f3 solicitud de verificaci\u00f3n de los documentos aportados con la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial mediante oficio CJO23 de 17 de febrero de 2023, relacion\u00f3 los documentos aportados en la inscripci\u00f3n en el aplicativo Kactus, en los cuales, no se encontraba el certificado de experiencia laboral, y agreg\u00f3 que el documento remitido por parte de esa entidad conten\u00eda im\u00e1genes poco legibles. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que mediante oficio No. CJO23-1117, obtuvo respuesta de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial en la que sus pretensiones fueron negadas, manteniendo su rechazo, toda vez que, la solicitud de inscripci\u00f3n no estuvo acompa\u00f1ada del certificado de experiencia laboral. <\/p>\n
Discrep\u00f3 con lo decidido por la accionada, en tanto, si bien no aport\u00f3 el certificado laboral requerido, el documento que adjunt\u00f3, daba cuenta del cargo que ocupaba para esa \u00e9poca -Fiscal delegado ante jueces del circuito especializado- y que este era suficiente para acreditar la experiencia requerida para el cargo de Juez Penal del Circuito. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que aun cuando se confirm\u00f3 su exclusi\u00f3n del concurso, la entidad accionada no dio respuesta a todos los puntos de su solicitud. <\/p>\n
2. Con fundamento en los anteriores hechos, solicit\u00f3 ordenar al Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, la inaplicaci\u00f3n por inconstitucionales de los numerales 2.4.3., 2.5.1 y 2.5.2., del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, y revocar su rechazo y en su lugar, admitirla al concurso de m\u00e9ritos aludido. <\/p>\n
Adicionalmente, solicit\u00f3 responder los puntos pasados por alto en la solicitud de verificaci\u00f3n de documentos presentada el 9 de febrero de 2023. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial se opuso a la prosperidad del amparo y manifest\u00f3 que dentro de las facultades constitucionales que le fueron conferidas se encuentra la de administrar y reglamentar la carrera judicial. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los requisitos exigidos en la convocatoria contenida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, son de obligatorio cumplimiento para todos los participantes y su incumplimiento da lugar al rechazo, por lo que no puede pretender la accionante que se pasen por alto los requisitos de acreditaci\u00f3n de la experiencia profesional1, m\u00e1xime si no logr\u00f3 acreditar el m\u00ednimo requerido para el cargo aspirado, Juez Penal del Circuito, equivalente a 1440 d\u00edas, como le fue informado a la interesada en el Oficio CJO23-1117 del 10 de marzo de 2023. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que esa Unidad dio respuesta a las solicitudes echadas de menos por la actora, a trav\u00e9s del Oficio CJO23-3127 de 19 de mayo de 2023; y que, en esa medida \u00abla actuaci\u00f3n de la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial responde a la naturaleza del concurso y preserva la garant\u00eda de transparencia e imparcialidad del mismo, sin que ello pueda considerarse violatoria de los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para la administraci\u00f3n como para los concursantes y el mismo se\u00f1al\u00f3 de manera integral todos los requisitos generales y espec\u00edficos para participar en el concurso, requisitos cuyo incumplimiento da lugar al rechazo del proceso de selecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, adem\u00e1s, que los actos proferidos por autoridades p\u00fablicas est\u00e1n revestidos de legalidad, por lo que se deber\u00e1 acreditar que los mismos se apartan de lo regulado por el ordenamiento jur\u00eddico, y que, en ese orden, si la accionante se encuentra inconforme con la Resoluci\u00f3n CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, deber\u00e1 acudir a los mecanismos judiciales dispuestos para controvertir los actos administrativos que considere no se ajustan a derecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado acuda oportunamente y no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cuando de actos administrativos se trata, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que la excepcionalidad del amparo se vuelve especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo id\u00f3neo para atacarlos, ya que, por su propia naturaleza, aquellos se encuentran amparados por la presunci\u00f3n de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administraci\u00f3n, al momento de manifestarse a trav\u00e9s de sus distintos canales, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. <\/p>\n
De all\u00ed que la legitimidad del mismo se presuma, obligando a demostrar, a quien pretende controvertirlo, que aquel se apart\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, del ordenamiento jur\u00eddico, debate que, en principio, se debe adelantar ante la Jurisdicci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisadas las solicitudes radicadas por se\u00f1ora Libia Amparo Gil Gil ante la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y las respuestas que le fueron remitidas, se advierte que mediante Resoluci\u00f3n CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue incluida en el listado de aspirantes rechazados al concurso de m\u00e9ritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 y en oficio CJO23-1175 de 10 de marzo de 2023, la Unidad de Carrera Judicial le respondi\u00f3 la petici\u00f3n de verificaci\u00f3n de documentos y le indic\u00f3 que, conforme a los par\u00e1metros definidos por la convocatoria, no alleg\u00f3 ninguna certificaci\u00f3n laboral y en consecuencia, no cumpli\u00f3 con el m\u00ednimo de experiencia exigido para el cargo al que aspir\u00f3. <\/p>\n
4. Ante tal situaci\u00f3n, si la accionante no se encuentra conforme con las respuestas recibidas, tiene a su disposici\u00f3n otros medios de defensa ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, escenario propicio para debatir, por ejemplo, los requisitos exigidos en la convocatoria del 16 de agosto de 2018. <\/p>\n
\u00ablos actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que (\u2026) discuta [los] derechos que reclama\u00bb. (CSJ. STC 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado en STC10209-2020, STC14671-2021, STC15988-2021 y STC1989-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la ausencia del requisito de la subsidiariedad, situaci\u00f3n que configura la causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Resta indicar que el amparo tampoco podr\u00eda prosperar como mecanismo transitorio, pues en el procedimiento antes referido la actora puede reclamar las medidas pertinentes para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que, en todo caso, no fue alegado ni probado en estas diligencias. <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Libia Amparo Gil Gil contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administraci\u00f3n Carrera Judicial. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 3\u00ba numeral 1.2., del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018. <\/p>\n
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