STC4840-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4840-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01898-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Humberto Padilla P\u00e9rez, Jos\u00e9 Gregorio Dur\u00e1n y Yadira Esther Jim\u00e9nez Zambrano contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta y citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras, con radicado n\u00b0 470013121002 2015 00100 01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderada judicial de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba la restituci\u00f3n de tierras\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifestaron que son familias campesinas v\u00edctimas del conflicto armado, provenientes de la vereda Macaraquilla, jurisdicci\u00f3n del municipio de Aracataca, departamento del Magdalena, quienes se vieron obligados a realizar ventas forzadas de sus predios rurales en el per\u00edodo comprendido entre los a\u00f1os 2001 y 2004, y, en consecuencia, debieron desplazarse forzadamente de ese territorio. <\/p>\n
Afirmaron que, por lo anterior el 13 de noviembre de 2015 presentaron ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, solicitud de restituci\u00f3n de tierras que fue finalmente resuelta por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena mediante sentencia de \u00ab11 de noviembre de 2022\u00bb. (sic) <\/p>\n
Explicaron que, en la citada providencia les neg\u00f3 el reconocimiento del derecho reclamado, pese a que en el tr\u00e1mite judicial acreditaron su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto, el contexto generalizado de violencia que gener\u00f3 un desplazamiento masivo de la vereda Macaraquilla y las circunstancias particulares respecto de las ventas forzadas de los predios rurales directamente ligadas a las amenazas, temor y zozobra en raz\u00f3n y por causa directa del conflicto armado interno. <\/p>\n
Luego de referir los antecedentes de los hechos generalizados que los victimizaron, refirieron cada una de las pruebas y argumentos que sirvieron como fundamento para que el Tribunal Superior accionado les negara el derecho a la restituci\u00f3n de sus tierras, y afirmaron que con esa determinaci\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo \u00aben tanto el Tribunal inobserv\u00f3 los par\u00e1metros normativos especial\u00edsimos establecidos en la Ley 1448 de 2011, frente a la garant\u00eda del derecho a la restituci\u00f3n de tierras de las v\u00edctimas de despojo y desplazamiento forzado (\u2026) tales como la presunci\u00f3n de despojo establecida en el numeral 2, literal a del art\u00edculo 77 de citada normativa, m\u00e1xime cuando se protegi\u00f3 el derecho a la restituci\u00f3n de tierras m\u00e1s de quince familias campesinas en la misma sentencia\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron que, Francisco Jim\u00e9nez Santiago no rindi\u00f3 declaraci\u00f3n en la etapa de pruebas, porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta en auto de 5 de diciembre de 2018, decidi\u00f3 prescindir de la misma por su fallecimiento ocurrido el 15 de julio de 2017, no obstante que, debi\u00f3 llamar en su lugar, a los dem\u00e1s integrantes del n\u00facleo familiar. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicitaron dejar sin efectos los numerales 5.5, 5.9 y 5.12 de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso radicado 2015 00100 01, y otorgarle un t\u00e9rmino razonable para que la vuelva a proferir. <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y dispuso el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente de la sentencia censurada, inform\u00f3 que para adoptar la decisi\u00f3n se realiz\u00f3 un extenso y detallado estudio de las alegaciones y el recaudo probatorio, del que se concluy\u00f3, en los casos de los accionantes, que no demostraron con suficiencia en el proceso, que el despojo o abandono de los predios se diera por el conflicto armado y que el desplazamiento forzado que alegaron fuera consecuencia de los negocios jur\u00eddicos que realizaron sobre esos inmuebles. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, tras referir las actuaciones adelantadas en el proceso de restituci\u00f3n de tierras colectivo sobre los bienes ubicados en el corregimiento de Macaraquilla, municipio de Aracataca, departamento del Magdalena, expediente al que acumul\u00f3 diversas solicitudes de restituci\u00f3n de tierras adelantadas por campesinos de esa zona, identificado con el radicado 2015.00100.00, manifest\u00f3 que el amparo no cumple el requisito de la subsidiariedad, en tanto que, frente a la no concesi\u00f3n de las pretensiones de restituci\u00f3n en favor de los solicitantes, se cuenta con la posibilidad de impetrar el recurso de revisi\u00f3n conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD, la Alcald\u00eda de Aracataca y la Agencia Nacional de Miner\u00eda, alegaron la improcedencia de la acci\u00f3n y solicitaron su desvinculaci\u00f3n ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El Procurador 13 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, inform\u00f3 que frente al proceso objeto de queja, el ministerio p\u00fablico a trav\u00e9s de diversos agentes intervino oportunamente en defensa de los intereses de la sociedad inmersos y del ordenamiento jur\u00eddico positivo, de acuerdo con su competencia constitucional y legal asignada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la sentencia atacada, se profiri\u00f3 con la observancia plena de las formas jur\u00eddico-procesales, salvaguardando el debido proceso y las garant\u00edas de las partes. <\/p>\n
5. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. El presente asunto se centra en establecer si la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, vulner\u00f3 los derechos fundamentales que reclaman los accionantes, al negarles el reconocimiento a la restituci\u00f3n de los predios objeto de litigio en la sentencia proferida el 22 de agosto de 2022, notificada el 11 de noviembre de 2022. <\/p>\n
3. Revisado el expediente allegado a este tr\u00e1mite, advierte la Sala que la censura formulada por Humberto Padilla P\u00e9rez, Jos\u00e9 Gregorio Dur\u00e1n y Yadira Esther Jim\u00e9nez Zambrano quien act\u00faa en representaci\u00f3n del causante Francisco Jim\u00e9nez Santiago, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque no se encuentra ilegalidad en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el 22 de agosto de 2022, que habilite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
4. Se afirma lo precedente, porque la providencia atacada se fundament\u00f3 en lo reglamentado en la Ley 1448 de 2011 y la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas allegadas, sin desconocer las manifestaciones de los intervinientes. <\/p>\n
Debe tenerse presente que la mencionada ley, consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno, dentro de las cuales se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento. <\/p>\n
La restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras como herramienta de restauraci\u00f3n, est\u00e1 disciplinada por un conjunto de principios y normas que orientan la labor del juzgador, a fin de proteger las garant\u00edas constitucionales de las partes y lograr la materializaci\u00f3n del derecho sustancial, los cuales no pueden ser desatendidos ni siquiera bajo el pretexto de brindar protecci\u00f3n al presunto despojado, pues de lo contrario, el mecanismo que el legislador contempl\u00f3 para la restauraci\u00f3n de la justicia y la consecuci\u00f3n de la paz, podr\u00eda prestarse para generar nuevas iniquidades y trasladar el conflicto a nuevos actores. <\/p>\n
La citada norma igualmente prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n por ser la parte m\u00e1s d\u00e9bil, tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5\u00ba), las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77), y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78). <\/p>\n
La existencia de presunciones en favor de las v\u00edctimas y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en contra del titular de derechos reales debe entenderse, entonces, en el marco de garant\u00edas constitucionales y legales para todas las partes, de manera que se respete siempre el debido proceso, se aprecien las pruebas individualmente y en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y se exponga razonadamente el m\u00e9rito que el sentenciador asigna a cada prueba. <\/p>\n
4.1 As\u00ed, para los casos objeto de controversia, la Corporaci\u00f3n accionada, tras relacionar los antecedentes del asunto y el procedimiento adelantado, refiri\u00f3 que lo pretendido por los solicitantes en el proceso 2015-00100, era que se proteja el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras a sus n\u00facleos familiares, como v\u00edctimas del conflicto armado interno, y consecuencialmente se ordenara la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 3 y 74 de ley 1448 de 2011 y formalizar la relaci\u00f3n jur\u00eddica con los predios, <\/p>\n
<\/p>\n
NOMBRE DEL SOLICITANTE <\/p>\n
PREDIO <\/p>\n
FMI <\/p>\n
RELACI\u00d3N CON EL PREDIO <\/p>\n
Francisco Jim\u00e9nez Santiago (q.e.p.d) <\/p>\n
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Bella Felicia <\/p>\n
<\/p>\n
225-6850 <\/p>\n
<\/p>\n
Jos\u00e9 Gregorio Dur\u00e1n Rangel <\/p>\n
<\/p>\n
Bella Leanis <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
225-6827 <\/p>\n
<\/p>\n
Propietario <\/p>\n
Humberto Padilla P\u00e9rez <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
La Milagrosa <\/p>\n
<\/p>\n
225-6833 <\/p>\n
<\/p>\n
Propietario <\/p>\n
4.2 A continuaci\u00f3n, se refiri\u00f3 de manera individual a las solicitudes de los accionantes y a las pruebas acopiadas que llevaron a concluir la improsperidad de las pretensiones, tal como se explica a continuaci\u00f3n, <\/p>\n
4.2.1 Solicitud de Francisco Jim\u00e9nez Santiago, sobre el Predio \u00abBella Felicia\u00bb. <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar, que la presente acci\u00f3n constitucional, es formulada por Yadira Esther Jim\u00e9nez Zambrano quien act\u00faa en representaci\u00f3n del se\u00f1or Francisco Jim\u00e9nez Santiago, en calidad de hija del fallecido, encontr\u00e1ndose acreditada tal situaci\u00f3n en el expediente objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual, no existe duda sobre su legitimaci\u00f3n para actuar. <\/p>\n
Resuelto lo anterior, se encuentra que en la decisi\u00f3n cuestionada, en cuanto a la solicitud del se\u00f1or Jim\u00e9nez Santiago, el Tribunal Superior de Cartagena indic\u00f3 que \u00e9ste afirm\u00f3 que, \u00abdurante la permanencia del se\u00f1or Jim\u00e9nez Santiago y su familia en el predio Bella Felicia fueron v\u00edctimas de diferentes ataques de las guerrillas del EPL y de las FARC, quienes ingresaban al inmueble a hacerle preguntas al solicitante; indicando que no obstante dichas situaciones, resistieron en procura de proteger su inmueble de d\u00f3nde proven\u00eda la seguridad alimentaria de la familia\u00bb, y, as\u00ed mismo asever\u00f3, que en el a\u00f1o 2001 circularon por su predio otros grupos armados, que ingresaron a su vivienda por lo que se vio obligado a vender esa parcela a Lilia Azucena Quintero Forelo. <\/p>\n
De los documentos que reposan en el expediente, el Tribunal Superior tuvo en cuenta, (i) la copia del escrito de fecha 14 de noviembre de 2013 suscrito por el se\u00f1or Francisco Jim\u00e9nez Santiago en el que comunica a la Oficina Asesora Jur\u00eddica del INCODER que \u00e9l vendi\u00f3 el predio de buena fe y que desiste de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras, (ii) el Formulario de Solicitud de Inscripci\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en el que se consign\u00f3 la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 el solicitante en la instancia administrativa, (iii) la copia del contrato de promesa de compraventa de 24 de marzo de 1995 suscrito entre Francisco Jim\u00e9nez Santiago en calidad de promitente vendedor y Lilia Azucena Quintero Forero, (iv) la copia del contrato de promesa de compraventa realizado entre Francisco Jim\u00e9nez Santiago y Tulia Zambrano Madero en calidad de promitentes vendedores y Lilia Azucena Quintero Forero como promitente compradora de 3 de enero de 1996 y, (v) el escrito de 27 de agosto de 2007, con apostillado de recibo del documento impuesto por INCODER el 3 de marzo de 2007, mediante el cual Francisco Jim\u00e9nez Santiago le manifiesta a esta entidad el desistimiento de los derechos adquiridos sobre la parcela Bella Felicia se\u00f1alando en esa oportunidad que la se\u00f1ora Edilsa Miranda (quien act\u00faa como opositora) es quien en ese momento se encontraba ejerciendo ocupaci\u00f3n sobre el inmueble solicitado en restituci\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, hizo \u00e9nfasis en la declaraci\u00f3n rendida por Francisco Jim\u00e9nez Santiago, de la que resalt\u00f3, que indic\u00f3 que vendi\u00f3 el predio cuya restituci\u00f3n pretende por $3.000.000, y que despu\u00e9s de la transacci\u00f3n permaneci\u00f3 por un lapso de 5 a\u00f1os en el inmueble con autorizaci\u00f3n de quien le compr\u00f3, sin que estuviera como trabajador, pero que se le permit\u00eda realizar cultivos, e inform\u00f3 que posteriormente se fue a vivir a la vereda de Bocatoma como labriego sin regresar m\u00e1s al predio objeto de solicitud. <\/p>\n
Las pruebas indicadas llevaron al Tribunal Superior a concluir, que en el a\u00f1o 2001, fecha en la que el se\u00f1or Jim\u00e9nez afirma haber salido del predio por amenazas de los grupos insurgentes, ya hab\u00edan transcurrido 6 a\u00f1os de haber vendido el inmueble a la se\u00f1ora Lilia Azucena Quintero Forero tal como se advierte en la copia de la promesa de compraventa de 24 de marzo de 1995, lo que permit\u00eda deducir, que la intenci\u00f3n y la acci\u00f3n de transferirlo se dio mucho antes de los actos que narr\u00f3 c\u00f3mo asociados al conflicto armado, y los hechos victimizantes referidos por el demandante tuvieron lugar con posterioridad a la venta del predio, por lo que sostuvo, <\/p>\n
\u00abY es que la fecha de la venta del predio por parte del solicitante (a\u00f1o 1995) a la calenda en que se\u00f1al\u00f3 sali\u00f3 del predio El Coraje (a\u00f1o 2001) concuerda con los 5 a\u00f1os que aproximadamente indica dur\u00f3 en el fundo despu\u00e9s de su negociaci\u00f3n, lo que permite inferir que dicha transacci\u00f3n con la se\u00f1ora Lilia Azucena Quintero Forero en el a\u00f1o 1995 no estuvo asociada al conflicto armado y muchos menos al temor o miedo por el contexto de violencia que para esa \u00e9poca afectaba la regi\u00f3n de Macaraquilla, Magdalena; con lo cual no puede establecerse existencia de un nexo causal entre la venta del predio y el conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, neg\u00f3 la restituci\u00f3n del predio \u00abBella Felicia\u00bb, no obstante, atendiendo la calidad de v\u00edctima de conflicto armado del se\u00f1or Francisco Jim\u00e9nez Santiago, orden\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la atenci\u00f3n al n\u00facleo familiar del solicitante incluyendo el reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa si ten\u00eda derecho a la misma, as\u00ed como su inclusi\u00f3n en programas de emprendimiento. <\/p>\n
4.2.2 Solicitud de Jos\u00e9 Gregorio Dur\u00e1n Rangel sobre el Predio \u00abBella Leanis\u00bb. <\/p>\n
El se\u00f1or Dur\u00e1n Rangel al momento de presentar su solicitud, manifest\u00f3 que se vincul\u00f3 formalmente con el inmueble a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n No. 837 de 6 de junio de 1990, y con ocasi\u00f3n de la llegada de grupos paramilitares a la zona, fue v\u00edctima de dos desplazamientos, el primero de ellos en el a\u00f1o 1993 en el que se traslad\u00f3 a la ciudad de Cartagena en donde vivi\u00f3 durante 3 a\u00f1os, y luego de regresar nuevamente al predio en el 2000, se vio obligado a salir por segunda vez en el a\u00f1o 2006 \u00abdebido a que un grupo guerrillero inici\u00f3 un proceso de reclutamiento en el cual ten\u00edan como objetivo a dos de sus hijos\u00bb, situaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a vender el predio por la suma de $26.000.000 al se\u00f1or Fernando Padilla. <\/p>\n
De los documentos que reposan en el expediente, el Tribunal Superior tuvo en cuenta, (i) la declaraci\u00f3n rendida por el solicitante en la etapa de instrucci\u00f3n judicial, (ii) el testimonio de Dalila Rosa Bola\u00f1os de la Cruz y, (iii) la declaraci\u00f3n del opositor Fernando Padilla, y de su an\u00e1lisis refiri\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) se extrae de la narraci\u00f3n del se\u00f1or Dur\u00e1n Rangel que despu\u00e9s de la venta del fundo en el a\u00f1o 2008, permaneci\u00f3 en la zona laborando en un predio vecino de propiedad del se\u00f1or Jhony Ib\u00e1\u00f1ez, trabajo que indica alternaba con la labor de l\u00edder religioso de la congregaci\u00f3n que se encuentra dentro del predio Bella Leanis. Agreg\u00f3 adem\u00e1s la parte solicitante que finalmente sale de la zona el 11 de octubre del a\u00f1o 2011 por problemas, en esta oportunidad, con miembros del grupo ELN; con lo cual, sin mayor escrutinio se puede inferir que esto ocurre de un predio diferente al pedido en restituci\u00f3n, siendo que el se\u00f1or Jhony Ib\u00e1\u00f1ez, d\u00f3nde explic\u00f3 el solicitante Duran sigui\u00f3 trabajando, funge como opositor del predio San Jos\u00e9, inmueble igualmente objeto de restituci\u00f3n y que se encuentra dentro de la misma parcelaci\u00f3n del predio Bella Leanis\u00bb <\/p>\n
En lo referente a la testigo Bola\u00f1os de la Cruz, indic\u00f3 que, a la pregunta \u00ab\u00bfSabe usted si el se\u00f1or Jos\u00e9 Gregorio Duran se desplaz\u00f3 alguna vez de la vereda Macaraquilla estando usted viviendo all\u00ed? RESPONDE: No, la \u00fanica yo lo conoc\u00ed en esa parcela en esa parcela que le vendi\u00f3 a los Padilla. PREGUNTA: Luego de que el se\u00f1or vende la parcela el se\u00f1or Jos\u00e9 Gregorio \u00bfa qu\u00e9 se continu\u00f3 dedicando el se\u00f1or Jos\u00e9 Gregorio Duran? RESPONDE: Bueno \u00e9l se paraba en la iglesia porque \u00e9l era pastor de la iglesia \u00e9l iba all\u00e1 en la casa a la misma parcela que vendi\u00f3 all\u00e1 iba donde nosotros…\u201d\u00bb <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 as\u00ed mismo, que en el relato del opositor Fernando Padilla, indic\u00f3 que aconsej\u00f3 al solicitante como invertir el dinero de la compraventa del predio y afirm\u00f3 que el se\u00f1or Dur\u00e1n Rangel utiliz\u00f3 una parte en la compra de reses que llev\u00f3 al inmueble del se\u00f1or Ib\u00e1\u00f1ez. <\/p>\n
Medios probatorios que fueron indispensables para negar la restituci\u00f3n del predio \u00abBella Leanis\u00bb, pues si bien, <\/p>\n
\u00abno se desconoce la calidad de v\u00edctima del se\u00f1or Jos\u00e9 Gregorio Dur\u00e1n Rangel que en varias ocasiones tuvo de desplazarse del predio objeto de restituci\u00f3n en virtud de las amenazas y presiones que en su contra ejercieron los grupos armados al margen de la ley, no obstante, no son suficientes las probanzas para colegir que la venta del fundo Bella Leanis estuvo asociada al conflicto armado y es que por el contrario luego de la venta del mismo, el actor continu\u00f3 visitado el predio y la zona por un periodo de 3 a\u00f1os, quedando en evidencia que el temor que pudo sentir por el contexto violento de la zona no tuvo la entidad suficiente para consolidar su partida definitiva del sector, y es que se observa adem\u00e1s que la venta del bien tambi\u00e9n estuvo acompa\u00f1ada de un inter\u00e9s de generar dinero para implementar otro tipo de proyectos\u00bb. <\/p>\n
4.2.3. Solicitud de Humberto Padilla P\u00e9rez sobre el Predio \u00abLa Milagrosa\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a este solicitante, en su declaraci\u00f3n explic\u00f3 que ingres\u00f3 al predio en el a\u00f1o 1988 junto con su padre y su hermano Jos\u00e9 Isa\u00edas Padilla y que luego le fue adjudicada la parcela \u00abLa Milagrosa\u00bb por resoluci\u00f3n No. 828 del 5 de junio de 1990, y debido al asesinato de su hermano, toda la familia se desplaz\u00f3 y abandon\u00f3 el predio en el a\u00f1o 1997. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, debido al abandono del inmueble y al estado de necesidad que le gener\u00f3 el desplazamiento, lo vendi\u00f3 en el a\u00f1o 2009 al se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco (sic) por valor de $20.000.000 \u00abpor la necesidad y porque le hab\u00eda recibido un dinero al se\u00f1or Alfonso Pereira, de igual manera porque estaba embargado por el Banco Agrario refiriendo: \u201c\u2026Ya hab\u00edamos recibido una plata y por eso se la vendimos porque los papeles dec\u00edan Jos\u00e9 Luis Orozco (en ese momento el se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco ten\u00eda dos o tres parcelas para desarrollo de ganader\u00eda)\u00bb. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n accionada, para adoptar la decisi\u00f3n tuvo en cuenta las siguientes pruebas, (i) la declaraci\u00f3n rendida por el solicitante en la etapa de instrucci\u00f3n judicial y, (ii) la copia de la consulta Vivanto en la cual consta la inclusi\u00f3n en el RUV del se\u00f1or Humberto Padilla P\u00e9rez por el hecho victimizante del desplazamiento forzado. <\/p>\n
De la declaraci\u00f3n extrajo que, por el asesinato del se\u00f1or Jos\u00e9 Isa\u00edas Padilla P\u00e9rez en el a\u00f1o de 1997, de quien afirma era su hermano, se desplaz\u00f3 del predio \u00abLa Milagrosa\u00bb, sin embargo, aproximadamente a\u00f1o y medio despu\u00e9s, retorn\u00f3 a la parcela a la que iba y ven\u00eda cada 3 d\u00edas y en el cual ten\u00eda unos animales de su propiedad, y estando en la explotaci\u00f3n del fundo empez\u00f3 a tener problemas con su nuevo vecino, el se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Orozco Bola\u00f1os -quien act\u00faa en calidad de opositor- en virtud del cruce de los animales por el predio objeto de solicitud de propiedad de Padilla P\u00e9rez hacia el inmueble del se\u00f1or Orozco Bola\u00f1os denominado \u00abPica Pica\u00bb, e inform\u00f3 incluso la existencia de una denuncia a efectos de conciliar los problemas con su vecino, pero que al no encontrar soluci\u00f3n a ese conflicto decidi\u00f3 vender el inmueble al se\u00f1or Alfonso Pereira en el a\u00f1o 2007. <\/p>\n
De lo anterior, el Tribunal Superior accionado concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, con relaci\u00f3n al caso particular del solicitante Humberto Padilla P\u00e9rez, observa la Sala que tuvo un desplazamiento temporal del predio La Milagrosa en el a\u00f1o 1997 en virtud muerte del se\u00f1or Jos\u00e9 Isa\u00edas Padilla P\u00e9rez (Q.E.P.D.), sosteniendo el actor que al alrededor de un a\u00f1o despu\u00e9s del referido suceso retorn\u00f3 al predio La Milagrosa en el que continu\u00f3 con la explotaci\u00f3n del mismo con algunos animales hasta el a\u00f1o 2007 cuando decide venderlo al se\u00f1or Alfonso Pereira por la suma de $20.000.000. <\/p>\n
Y es que se observa que luego de su retorno al predio materia de reclamo, el se\u00f1or Padilla P\u00e9rez ejerci\u00f3 posesi\u00f3n sobre el inmueble por aproximadamente 9 a\u00f1os, afirmando que negoci\u00f3 la parcela en virtud de las rencillas o problemas que tuvo el opositor Jos\u00e9 Luis Orozco Bola\u00f1os de quien se\u00f1ala ten\u00eda 5 a\u00f1os de ser su vecino, resaltando que no se aport\u00f3 prueba al plenario, ni siquiera fue sugerido por el actor, que el se\u00f1or Orozco Bola\u00f1os perteneciera a grupos alzados en armas o que realizara amenazas sobre el se\u00f1or Padilla para que vendiera el predio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se desconoce la calidad de v\u00edctima de desplazamiento forzado del se\u00f1or Humberto Padilla P\u00e9rez del predio La Milagrosa en el a\u00f1o 1997, no obstante, en virtud de su retorno y explotaci\u00f3n posterior del bien por varios a\u00f1os, no encuentra esta Colegiatura acreditado el nexo entre la venta del predio en el a\u00f1o 2007 y el conflicto armado y en especial con el desplazamiento temporal que sufri\u00f3 en el a\u00f1o 1997, por lo que se denegar\u00e1 el amparo del derecho a la restituci\u00f3n de tierras del se\u00f1or Humberto Padilla P\u00e9rez sobre el fundo denominado La Milagrosa. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a la calidad de v\u00edctima del conflicto armado que ostenta el se\u00f1or Humberto Padilla P\u00e9rez se ordenar\u00e1 a la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la atenci\u00f3n al n\u00facleo familiar del solicitante incluyendo el reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa si a la misma tiene derecho, as\u00ed como su inclusi\u00f3n en programas de emprendimientos\u00bb <\/p>\n
5. Del anterior recuento, la Corte no constata irregularidad en las conclusiones del Tribunal Superior de Cartagena, puesto que resolvi\u00f3 el asunto bajo su conocimiento con apego a las normas y jurisprudencia aplicable y bajo una ponderaci\u00f3n razonable del material probatorio. <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto al an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n de violencia sufrida por los reclamantes, apreci\u00f3 en conjunto las pruebas y determin\u00f3 que, no se desconoci\u00f3 su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado, sin embargo, lo que no se acredit\u00f3 para los casos concretos, fue que el despojo o el abandono del predio pretendido en restituci\u00f3n, se diera en virtud del conflicto armado y que los negocios jur\u00eddicos se dieran como consecuencia del alegado desplazamiento forzado. <\/p>\n
Raz\u00f3n suficiente para que no opere la presunci\u00f3n contenida en el literal a) numeral 2 del art\u00edculo 77 de la ley 1448 de 2011, pues si bien, se accedi\u00f3 a un sin n\u00famero de solicitudes que tuvieron como fundamento el conflicto armado en la vereda Macaraquilla, jurisdicci\u00f3n del municipio de Aracataca, departamento del Magdalena, entre los a\u00f1os 2001 y 2004, cada caso se analiz\u00f3 de manera particular conforme a las pruebas allegadas, siendo as\u00ed que para los demandantes y aqu\u00ed accionantes, se valoraron los documentos y las declaraciones rendidas, que dan cuenta de las fechas y las causas de las ventas adelantadas en sus predios, y que pese a tales negocios, varios de ellos continuaron frecuentando los inmuebles que les pertenec\u00edan, situaciones que permitieron concluir al Tribunal Superior que, los hechos del conflicto no fueron el m\u00f3vil para la venta de los predios. <\/p>\n
Vale resaltar que el art\u00edculo 74 de la Ley 1448 de 2011, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Se entiende por despojo la acci\u00f3n por medio de la cual, aprovech\u00e1ndose de la situaci\u00f3n de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n, ya sea de hecho, mediante negocio jur\u00eddico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisi\u00f3n de delitos asociados a la situaci\u00f3n de violencia (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) Se entiende por abandono forzado de tierras la situaci\u00f3n temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, raz\u00f3n por la cual se ve impedida para ejercer la administraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y contacto directo con los predios que debi\u00f3 desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el art\u00edculo 75 (\u2026)\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Por su parte, el canon regla 75 ejusdem delimit\u00f3 que los titulares del derecho a la restituci\u00f3n son, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de bald\u00edos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicaci\u00f3n, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el art\u00edculo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el t\u00e9rmino de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los t\u00e9rminos establecidos en este cap\u00edtulo (\u2026)\u00bb (destacado fuera del texto original). <\/p>\n
De las disposiciones transcritas, surge que s\u00f3lo podr\u00e1 hablarse de actos de despojo, cuando el afectado, fue apartado del dominio o la posesi\u00f3n de un bien, por actos vinculados al conflicto armado, situaci\u00f3n que no fue demostrada en el proceso en estudio, pues, se reitera, nada demuestra que los grupos ilegales hayan participado o propiciado las referidas ventas. <\/p>\n
6. En cuanto a la presunta vulneraci\u00f3n del debido proceso por parte del Juzgado Segundo Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, al haber prescindido de la declaraci\u00f3n de los herederos de Francisco Jim\u00e9nez Santiago, se destaca, que en la oportunidad procesal, los interesados no solicitaron a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios que ten\u00edan a su alcance, lo expuesto en el presente tr\u00e1mite, esto es, que se ordenaran las declaraciones de los integrantes de su grupo familiar, raz\u00f3n por la cual tales argumentos resultan improcedentes. <\/p>\n
7. Finalmente, para la Corte es claro, que los accionantes pretenden es imponer una versi\u00f3n de los hechos ajena a los medios de prueba, lo que descarta la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas en el proceso cuestionado, puesto que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, (\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (CSJ. STC4937-2016, STC6631-2018, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC6720-2022 y STC1734-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
8. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Humberto Padilla P\u00e9rez, Jos\u00e9 Gregorio Dur\u00e1n y Yadira Esther Jim\u00e9nez Zambrano contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4840-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4840-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01898-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Humberto Padilla P\u00e9rez, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73434","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73434","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73434"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73434\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73434"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73434"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73434"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}