STC4842-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4842-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00698-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de abril de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Hooseman Hern\u00e1ndez Cortes instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2006-00546. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso e igualdad y dignidad humana\u00bb para que, lo deduce la Sala por no decirlo expresamente, se ordenara a la Magistratura querellada dejar sin efectos los prove\u00eddos de 21 de septiembre de 2022 y 28 de febrero de 2023, que le negaron el permiso administrativo de hasta 72 horas en el juicio de la referencia. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que los Juzgados Tercero Penal del Circuito de Tulu\u00e1 (4 ag. 2009) y Primero Penal del Circuito Especializado de Buga (15 jul. 2018) lo condenaron a 38 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; recluido en establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Popay\u00e1n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de seguridad de Popay\u00e1n, pese a que re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, neg\u00f3 el \u00abpermiso administrativo de hasta 72 horas\u00bb (21 sep. 2022), arguyendo que no se cumpli\u00f3 con el 70% del castigo impuesto; disposici\u00f3n que perdi\u00f3 vigencia en el a\u00f1o 1997 de conformidad con el canon 49 ibidem. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; empero aqu\u00e9l la mantuvo inc\u00f3lume (2 nov. 2022) y el superior la convalido el 28 de febrero de 2023. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n sostuvo que ratific\u00f3 lo resuelto por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad (28 feb. 2023). <\/p>\n
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga asever\u00f3 que el 15 de julio de 2018, realiz\u00f3 un preacuerdo con el accionante y lo conden\u00f3 a 112 meses de c\u00e1rcel como responsable a t\u00edtulo de coautor de los cr\u00edmenes de \u00abhomicidio agravado en dos oportunidades en concurso con concierto para delinquir agravado y fabricaci\u00f3n, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado\u00bb, rechazando la concesi\u00f3n de subrogados y sustitutos penales, por lo que envi\u00f3 las diligencias a los \u00abjuzgados de ejecuci\u00f3n de penas\u00bb (18 ag. 2022). <\/p>\n
El Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n inform\u00f3 que el 21 de septiembre de 2022, \u00abneg\u00f3 el permiso administrativo de hasta 72 horas\u00bb, teniendo en cuenta que Hern\u00e1ndez Cortes no hab\u00eda descontado el 70% de la sanci\u00f3n imputada; lo anterior de acuerdo a lo establecido en el \u00abnumeral 5 del canon 147 de la Ley 65 de 1993\u00bb, dado que se acumul\u00f3 la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Buga; adem\u00e1s, dijo, que declar\u00f3 impr\u00f3spero el recurso de reposici\u00f3n (2 nov. 2022). <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el resguardo al \u00abno evidenciarse la concurrencia de alguna causal de procedibililidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y concluirse que, la decisi\u00f3n adoptada por las autoridades judiciales accionadas fue razonable y devino de la valoraci\u00f3n del juez de conocimiento bajo las reglas de la sana cr\u00edtica y propia del ejercicio de los principios de independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley, que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, previstos en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor sin esgrimir argumento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que el prove\u00eddo de primer grado debe respaldarse, comoquiera que no confluye v\u00eda de hecho alguna en la actuaci\u00f3n de los despachos cuestionados. <\/p>\n
La inconformidad del gestor se enfila contra los interlocutorios de 21 de septiembre de 2022 y 28 de febrero de 2023, dictados por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, que \u00abnegaron el permiso administrativo de hasta 72 horas\u00bb suplicado por Hern\u00e1ndez Cortes. <\/p>\n
No obstante, el presente examen constitucional se realizar\u00e1 exclusivamente sobre la segunda de tales resoluciones, en virtud, a que fue la que de manera definitiva solvent\u00f3 el tema que ahora expone el accionante en esta senda excepcional. <\/p>\n
Al escrutarse la determinaci\u00f3n de la aludida Colegiatura (28 feb. 2023), se aprecia que no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y el precedente depurado sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para llegar a dicha conclusi\u00f3n, defini\u00f3, su competencia para zanjar el mecanismo vertical y la delimitaci\u00f3n de los \u00abreparos\u00bb, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abLa Sala es competente para decidir la impugnaci\u00f3n de la referencia, al tenor de indicado en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 34 de la Ley 906 de 2004. En virtud del principio de limitaci\u00f3n, la competencia de esta Corporaci\u00f3n, est\u00e1 restringida al aspecto impugnado y los que le est\u00e9n vinculados de manera inescindible\u00bb. <\/p>\n
\u00abLe corresponde a la Sala resolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el apoderado judicial del se\u00f1or HOOSEMAN HERN\u00c1NDEZ CORT\u00c9S, en contra del auto interlocutorio proferido el 21 de septiembre de 2022, por el JUZGADO CUARTO DE EJECUCI\u00d3N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de esta ciudad, seg\u00fan el cual resolvi\u00f3 NO APROBAR la propuesta de concesi\u00f3n del beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas, por cuanto el penado no ha cumplido el requisito determinado en haber descontado el 70% de la pena acumulada\u00bb. <\/p>\n
\u00abEl abogado impugnante, se muestra inconforme con aquella decisi\u00f3n, ya que en su criterio el porcentaje aludido, solo debe aplicarse a una de las penas acumuladas, es decir a la impuesta por el Juzgado Especializado y no al total de las penas unificadas\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, memor\u00f3 el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, que precept\u00faa: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 147. Permiso hasta de setenta y dos horas: La Direcci\u00f3n del Instituto Penitenciario y Carcelario podr\u00e1 conceder permisos con la regularidad que se establecer\u00e1 al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que re\u00fanan los siguientes requisitos: <\/p>\n
2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. <\/p>\n
3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial. <\/p>\n
4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecuci\u00f3n de la sentencia condenatoria. <\/p>\n
5. (modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999). Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, evoc\u00f3 la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de 18 de agosto de 2016, (Radicaci\u00f3n N\u00b0 87394), seg\u00fan la cual: <\/p>\n
\u00abPese a lo anterior, no est\u00e1 de m\u00e1s precisar que las normas que regulan la dosificaci\u00f3n de la pena en caso de concurso de conductas punibles se aplican tambi\u00e9n para la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas (Art. 470 de la Ley 600 de 2000). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en casos como el que se estudia, en el que se acumularon dos sanciones, una impuesta por la justicia especializada y otra por la justicia ordinaria, las penas se asumen como una sola y, por tanto, los requisitos adicionales para la concesi\u00f3n de beneficios en sede de ejecuci\u00f3n de penas son aplicables a ambas. <\/p>\n
En otras palabras, el hecho de que la pena impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada se haya acumulado a la emitida por el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito Especializado Adjunto de Cundinamarca, no resta valor al hecho de que una de las conductas delictivas pertenece a la justicia especializada y, por ende, VAR\u00d3N TIMOT\u00c9 debe aceptar las consecuencias punitivas que de \u00e9l se deriven\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido la de 7 de abril de 2016 (radicado N\u00b0 85039), en la que la misma Colegiatura expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abSin embargo, ello no ocurre en el caso del beneficio administrativo de permiso hasta por setenta y dos horas, ya que en el art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario se regula un solo instituto, mediante la especificaci\u00f3n de los requisitos que deben cumplirse para su otorgamiento. <\/p>\n
En consecuencia, dicha disposici\u00f3n debe interpretarse y aplicarse integralmente, es decir, como un todo, sin fraccionarla, para acoger o rechazar algunos de sus apartes. <\/p>\n
Pues bien, ante un evento como el presente, en el que se han unificado sentencias procedentes de la justicia ordinaria y de la especializada, la determinaci\u00f3n de los juzgados accionados, consistente en exigir el cumplimiento del requisito legal de descuento del 70% de la pena, no desborda las posibilidades razonables de hermen\u00e9utica que ofrece la disposici\u00f3n y, por tanto, no habilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pues el juez natural goza de autonom\u00eda para interpretar la ley, pudiendo elegir entre alguno de los diversos sentidos que se le puedan asignar\u00bb. <\/p>\n
Con base en el marco legal y jurisprudencial prenotado, de cara a la prueba recaudada y frente al \u00abpermiso solicitado\u00bb, lo neg\u00f3, coligiendo: <\/p>\n
\u00abLa Sala advierte que la censura deprecada por el recurrente, no tiene vocaci\u00f3n de prosperar, por cuanto se torna v\u00e1lido el an\u00e1lisis efectuado en el auto impugnado, seg\u00fan el cual, para la aprobaci\u00f3n de la concesi\u00f3n del beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas, se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, evidenci\u00e1ndose que en el presente caso no se cumple con la quinta exigencia contenida en dicha norma, ya que al haberse efectuado la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas al se\u00f1or HOOSEMAN HERN\u00c1NDEZ CORT\u00c9S, una de ellas expedidas por la Justicia Especializada, debe descontar el 70% del total de la pena acumulada, puesto que una vez beneficiado con la acumulaci\u00f3n aludida, la pena decretada es una sola, sin que sea posible escindir las sanciones como equivocadamente lo pretende el impugnante, para ciertos efectos, a su conveniencia. <\/p>\n
En esas condiciones y teniendo en cuenta que seg\u00fan lo expuesto en el auto de primera instancia, el interno ha descontado 19 a\u00f1os y 21.5 d\u00edas de prisi\u00f3n, cantidad inferior al 70% que debe descontar (26 a\u00f1os, 7 meses y 6 d\u00edas), ya que la pena acumulada que est\u00e1 purgando, corresponde a 38 a\u00f1os, esta Corporaci\u00f3n concuerda con la decisi\u00f3n de primera instancia, seg\u00fan la cual NO SE APROB\u00d3 la propuesta de concesi\u00f3n del beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas a favor HOOSEMAN HERN\u00c1NDEZ CORT\u00c9S, raz\u00f3n por la cual se impartir\u00e1 confirmaci\u00f3n a la misma\u00bb. <\/p>\n
2-. Independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el impulsor, quien anhela imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC1836-2023 y STC3637-2023). <\/p>\n
3.- Ergo, el veredicto opugnado ser\u00e1 refrendado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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