STC4847-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4847-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 54001-22-13-000-2023-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 21 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Gustavo Velasco Espinosa contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Ministerio P\u00fablico y la Defensora de Familia y citada Yusnara Eslendi Contreras Celis en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad y dem\u00e1s intervinientes en el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria de radicado 2017-00164. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Manifest\u00f3 que fue demandado por la madre de su hijo, para fijarle una cuota de alimentos y en la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada en el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, lleg\u00f3 a un acuerdo con la demandante que fue aprobado el 31 de julio de 2017. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, conforme a lo anterior, radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n \u00abdebido que se encuentra vigente el auto que orden\u00f3 la medida provisional de embargo de las cesant\u00edas como una garant\u00eda en el caso\u00bb, solicitud que fue negada en auto del 16 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el 19 de diciembre siguiente, mediante correo electr\u00f3nico radic\u00f3 otra petici\u00f3n a fin de dejar sin efectos \u00abel auto interlocutorio N\u00b0 474 de 2017, del caso con radicado 54 001 31 60 003 2017 00164 00. A su vez, el auto N\u00b0 1731 de fecha septiembre 16 de 2022\u00bb, que igualmente se neg\u00f3, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 sin \u00e9xito. <\/p>\n
Finalmente refiri\u00f3 que la medida cautelar que contin\u00faa vigente no es pertinente, \u00fatil, razonable y proporcional pues el proceso fue declarado terminado porque se firm\u00f3 un acta de conciliaci\u00f3n, que est\u00e1 cumpliendo con lo que garantiza los derechos fundamentales de su hijo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efectos el auto N\u00b0 474 de 2017, por medio del cual el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, orden\u00f3 la medida provisional de embargo de las cesant\u00edas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, tras un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso de alimentos objeto de estudio, inform\u00f3 que en todos los autos proferidos con ocasi\u00f3n de las solicitudes del accionante, le ha informado que debe prestar cauci\u00f3n para el levantamiento del embargo que recae sobre sus cesant\u00edas tal como lo indica el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia, teniendo en cuenta que si bien, el proceso de alimentos fue terminado no as\u00ed la obligaci\u00f3n para con su menor hijo, que a la fecha cuenta con 6 a\u00f1os de edad, y en cuyo inter\u00e9s superior se han resuelto las solicitudes sin que esto signifique de ninguna manera vulneraci\u00f3n de sus derechos, pues tiene por obligaci\u00f3n hacer cumplir las leyes. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia adscrita al Juzgado de conocimiento solicit\u00f3 no acceder a las pretensiones del amparo, como quiera que el accionante debe dar estricto cumplimiento de la Ley 1098 de 2006, sin que deba el Juzgado levantar la medida cautelar sobre las cesant\u00edas del demandado, quien, si bien ha demostrado su inter\u00e9s en cumplir con el acuerdo llegado en la audiencia de conciliaci\u00f3n que dio por terminado y archivado el proceso, esa es la garant\u00eda que soporta el cumplimiento de la misma. <\/p>\n
3. La Procuradora 11 Judicial II para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, la Familia y las mujeres de C\u00facuta, refiri\u00f3 que las decisiones proferidas por el funcionario accionado no son arbitrarias, habida cuenta que es el art\u00edculo 129 de la ley 1098 de 2006, la norma que exige la constituci\u00f3n de cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes, para proceder a levantar la medida. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de C\u00facuta, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, por no encontrar cumplido el requisito de la subsidiariedad, en tanto que, <\/p>\n
(\u2026) en primera medida, una vez fue notificado del auto proferido el 16 de septiembre de 2022, contentivo del rechazo, por primera vez, de la solicitud de desembargo de las cesant\u00edas (decretadas en el ordinal 7\u00ba del auto # 474 del 24 de abril de 2017), lo decidido no fue controvertido a trav\u00e9s del mecanismo procedente dispuesto para ese fin por el legislador al considerar que los argumentos all\u00ed expuestos no gozaban de legalidad (no tener que cumplir las exigencias que establece el inciso 4 del art\u00edculo 129 del C.I.A., esto es, aportar al proceso: el acuerdo entre las partes para el levantamiento de las cesant\u00edas y prestar una cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondiente a los 2 a\u00f1os siguientes), puesto que contra dicha decisi\u00f3n procede el recurso de reposici\u00f3n, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculo 318 del Estatuto Procesal Civil vigente. De esta manera, desaprovech\u00f3 la oportunidad de controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio, la se\u00f1alada providencia\u00bb <\/p>\n
Adem\u00e1s, explic\u00f3 que el accionante no ha cumplido con la carga establecida en el inciso 4 del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia, en lo referente a prestar una cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondiente a los 2 a\u00f1os siguientes, para que proceda el levantamiento de la medida cautelar que recae sobre las cesant\u00edas, raz\u00f3n por la cual, las providencias censuradas se encuentran debidamente motivadas y amparadas por la norma que regula el caso concreto. <\/p>\n
LA IMPUGNACION <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 el fallo de primer grado, reiterando argumentos expuestos en el escrito inicial, referentes a que no es l\u00f3gico ni razonable que el embargo de las cesant\u00edas contin\u00fae vigente en un proceso que ya se encuentra terminado y archivado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que ya agot\u00f3 los mecanismos que ten\u00eda a su alcance, m\u00e1xime cuando el juicio de \u00fanica instancia ya finaliz\u00f3, y formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 17 de enero de 2023, manteni\u00e9ndose inc\u00f3lume la decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es factible inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado, se tienen aquellos eventos en los que el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, los que luego de un ponderado estudio har\u00edan imperiosa la concurrencia de la protecci\u00f3n pedida para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Frente a lo anterior se ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo (\u2026) se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269,16 abr. 2015 y STC16567 de 2022). <\/p>\n
2. En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural dilata alguna etapa importante del proceso, se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de acaecer un defecto sustantivo, entre otros, se estructura la denominada v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sobre el defecto procedimental, esta Corte ha reiterado: <\/p>\n
(\u2026) En la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculos 29 y 228, se encuentran los fundamentos del defecto procedimental ya que en estos se consagran los derechos al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha concluido que dicho defecto se concretiza en dos escenarios:i) el absoluto, que se presenta cuando el operador judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido, y ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales. <\/p>\n
4.2. El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el operador judicial\u201c(i) sigue un tr\u00e1mite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de una de las partes o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestaci\u00f3n, con la consecuente negaci\u00f3n de sus pretensiones en la decisi\u00f3n de fondo y la violaci\u00f3n a los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4.3. De igual manera, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que para acreditar la configuraci\u00f3n de este defecto se deben verificar ciertas condiciones as\u00ed: \u201ci)Q]ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra v\u00eda, de acuerdo con el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso espec\u00edfico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u00bb (CC T-008\/19; citada en CSJ. STC4307, 8 jul. 2020, rad. 00161-01 y, STC16567-2022, entre muchas). <\/p>\n
3. De la revisi\u00f3n del expediente de cara al escrito de tutela, advierte la Sala la revocatoria del fallo impugnado y la consecuente concesi\u00f3n del amparo, habida cuenta que el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta incurri\u00f3 en un defecto de car\u00e1cter procedimental al proferir la decisi\u00f3n del 17 de enero de 2023 en el proceso objeto de queja, lo que amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, tal como pasa a explicarse, <\/p>\n
3.1 En el proceso de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos formulado por Yusnara Eslendi Contreras Celis en representaci\u00f3n de su hijo contra Andr\u00e9s Gustavo Velasco Espinosa, adelantado por el Juzgado Tercero de Familia de e C\u00facuta, mediante auto de 24 de abril de 2017 admiti\u00f3 la demanda y decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n del 50% de las cesant\u00edas como fondo de garant\u00eda del cumplimiento de la obligaci\u00f3n en beneficio del menor de edad, decisi\u00f3n que una vez notificada al demandado, no fue atacada por ning\u00fan medio. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Proceso Fijaci\u00f3n cuota alimentaria. Digitalizaci\u00f3n. 2018_05_29_12_22_45_210.pdf. P\u00e1gs. 19 a 20] <\/p>\n
3.2 Adelantada el 31 de julio de 2017 la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, las partes llegaron a un acuerdo frente a la cuota alimentaria del ni\u00f1o, y el Juzgado declar\u00f3 terminado el proceso y consecuencialmente, su archivo. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Proceso Fijaci\u00f3n cuota alimentaria. Digitalizaci\u00f3n. 2018_05_29_12_22_45_210.pdf. P\u00e1gs. 59 a 60] <\/p>\n
3.3 El 27 de mayo de 2022 el aqu\u00ed accionante radic\u00f3 petici\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual solicit\u00f3 dejar sin efectos el auto N\u00b0 474 de 31 de julo de 2017, que reiter\u00f3 en escritos de 9, 23 y 24 de junio de 2022, requerimientos que fueron resueltos sin vocaci\u00f3n de prosperidad, en providencia del 16 de septiembre de 2022, sin que contra tal decisi\u00f3n hubiera formulado recurso alguno. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Proceso Fijaci\u00f3n cuota alimentaria. Archivo 38. Auto Niega Levantamiento de Cesant\u00edas] <\/p>\n
3.4 Pese a lo anterior, el se\u00f1or Andr\u00e9s Gustavo Velasco Espinosa continu\u00f3 presentando memoriales con el fin de obtener dejar sin efectos los autos de 24 abril de 2017 y 16 de septiembre de 2022, y se decretara el levantamiento de la medida cautelar de embargo que recae sobre sus cesant\u00edas, tras aducir que \u00ab(\u2026) no es pertinente que siga vigente el embargo a las cesant\u00edas sobre el presente caso, pues en la parte quinta resolutiva del acta mencionada anteriormente que aprob\u00f3 su despacho, declaro terminado el proceso y archivar el mismo. As\u00ed mismo, no cumple con alguna finalidad teniendo en cuenta lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia C-379\/04 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por su parte, la se\u00f1ora Yusnara Eslendi Contreras Celis, demandante en el proceso de alimentos mediante correo electr\u00f3nico de 21 de septiembre de 2022, manifest\u00f3 al Juzgado, <\/p>\n
\u00abBuenas tarde me dirijo amablemente a este despacho solicitando muy respetuosamente se le sea entregado (sic) el dinero embargado de las cesant\u00edas al sr Andr\u00e9s Gustavo Velasco Espinosa identificado (\u2026) con el cual ya hemos llegado a un mutuo acuerdo y conf\u00edo que en un futuro no se presente ning\u00fan inconveniente de que no cumpla con la cuota alimentaria del menor (\u2026) (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
3.5 Peticiones a las que no accedi\u00f3, el Juzgado accionado en providencia de 17 de enero de 2023 en la que se\u00f1alo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Considerando lo anterior es necesario aclarar al peticionario que, si bien con el correo recibido en este despacho por parte de la demandante en donde manifiesta estar de acuerdo con el desembargo de las cesant\u00edas declarado en el Auto N\u00b0 474 de 2017 se cumple con el requisito de allegar acuerdo entre las partes para el levantamiento de las cesant\u00edas, no ha dado cumplimiento a la obligaci\u00f3n de prestar cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los 2 a\u00f1os siguientes, obligaci\u00f3n que no se surte como capricho de la autoridad judicial sino que se establece como una medida para salvaguardar los intereses del menor de edad y que se encuentra debidamente fundamentada en el inciso 4 del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia; cabe adem\u00e1s destacar que en ninguna de las solicitudes elevadas por el demandado a indicado las razones por las que solicita dicho desembargo. As\u00ed mismo es importante precisar al Sr. Andr\u00e9s Gustavo Velasco Espinosa que la obligaci\u00f3n alimentaria, de la que trata el proceso en cuesti\u00f3n, es de tracto sucesivo y continuo, por lo cual, y como ya se refiri\u00f3 se hace necesario mantener la medida a fin de salvaguardar los intereses del menor de edad beneficiario de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Proceso Fijaci\u00f3n cuota alimentaria. Archivo 45. Auto responde Derecho Petici\u00f3n.pdf] <\/p>\n
3.6 Contra la anterior determinaci\u00f3n, el peticionario interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue declarado improcedente en auto de 31 de enero de 2023, por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia, en el que se reiter\u00f3 al accionante \u00ab(\u2026) la obligaci\u00f3n de alimentos de la que es sujeto es de tracto sucesivo y continuo, que la obligaci\u00f3n de presentar la cauci\u00f3n est\u00e1 establecida en una norma aclarando, adem\u00e1s, que la misma cobija a los ciudadanos colombianos en general y no al peticionario en particular; as\u00ed mismo que el deber de este operador judicial es darle cumplimiento a la misma sin haber tenido injerencia en su creaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Proceso Fijaci\u00f3n cuota alimentaria. Archivo 51. Auto Responde.pdf] <\/p>\n
4. El anterior recuento, permite confirmar a la Corte, la incursi\u00f3n del Juzgado accionado en una v\u00eda de hecho, como quiera que, en el auto de 17 de enero de 2023 no se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de entrega de dinero en favor del aqu\u00ed accionante presentada por la demandante, pues mantuvo su posici\u00f3n de negativa del levantamiento de la medida de embargo de cesant\u00edas por no acreditarse el cumplimiento de la cauci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 129 inciso 4 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, teniendo en cuenta que petici\u00f3n efectuada por la demandante en el proceso de alimentos, se circunscribi\u00f3 a la entrega de los dineros embargados en favor del demandado, y no como lo se\u00f1al\u00f3 el juez en el aludido auto \u00abestar de acuerdo con el desembargo de las cesant\u00edas\u00bb, se advierte la necesidad de que el funcionario de conocimiento, antes de proferir una decisi\u00f3n adopte las medidas tendientes para dilucidar la situaci\u00f3n, como quiera que no existe claridad acerca de lo pretendido por la se\u00f1ora Yusnara Eslendi Contreras Celis, esto es, si su manifestaci\u00f3n solo se limita a pedir la entrega de dineros que eventualmente se hallen consignados en favor del juzgado con ocasi\u00f3n a la aludida cautela, manteni\u00e9ndose vigente la medida cautelar en aras de garantizar los derechos del menor con las cesant\u00edas futuras, o lo que solicita, es el levantamiento de la medida de embargo de las cesant\u00edas del demandado. <\/p>\n
Escenario que una vez esclarecido, permitir\u00e1 adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda. <\/p>\n
Lo anterior, atendiendo el deber de administrar justicia que cobija a los funcionarios judiciales, instituido en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuyo fin es la adecuada y eficiente prestaci\u00f3n del servicio a los usuarios; as\u00ed mismo, en los numerales 1 y 5 del canon 42 del C\u00f3digo General del Proceso que establecen como \u00abdeberes del juez, dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n (\u2026)adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u00bb y \u00abdecidir el fondo del asunto\u00bb. <\/p>\n
5. Todo lo anterior, sin perder de vista que cualquier decisi\u00f3n que se profiera, debe garantizar el inter\u00e9s superior del menor, pues esta Sala ha venido sosteniendo que, cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, m\u00e1xime cuando se trata del derecho fundamental a recibir alimentos, dada su connotaci\u00f3n jur\u00eddica de una obligaci\u00f3n de tracto sucesivo y continuo. <\/p>\n
6. Ante ese panorama, se revocar\u00e1 el fallo de primer grado para conceder el amparo invocado por Andr\u00e9s Gustavo Velasco Espinosa, y para tal fin, se le ordenar\u00e1 al Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos el auto de 17 de enero de 2023 y proceda nuevamente a resolver las solicitudes elevadas por las partes en el proceso de alimentos que all\u00ed cursa bajo radicado 2017-00164, con base en lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la acci\u00f3n de tutela en favor de Andr\u00e9s Gustavo Velasco Espinosa. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos el auto de 17 de enero de 2023 y proceda nuevamente a resolver las solicitudes elevadas por las partes en el proceso de alimentos que all\u00ed cursa bajo radicado 2017-00164, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
CUARTO: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4847-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC4847-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 54001-22-13-000-2023-00044-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73440","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73440"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73440\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}