STC4849-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4849-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00257-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 21 de febrero de 20231, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Daniel Juliao Burgos contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2016-00291. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, m\u00ednimo vital, confianza leg\u00edtima, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral, contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP- con el fin de que se dejaran sin efecto las Resoluciones n.\u00b0 649 de 15 de mayo del 2009, n.\u00b0 1659 de 24 de noviembre del 2010 y el auto n.\u00b0 ADP 2548 de 18 de octubre del 2012 y, en su lugar, se la condenara al pago de las mesadas pensionales adeudadas desde diciembre de 2009, el incremento salarial, intereses moratorios, entre otras pretensiones. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena en sentencia de 14 de febrero de 2018 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n y absolvi\u00f3 a la demanda de todas las pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 19 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Inconforme con ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL2534-2022 de 13 de junio de 2022, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que el Tribunal Superior accionado omiti\u00f3 aplicar la ley sustancial en lo relacionado con los derechos adquiridos establecidos en los art\u00edculos 11 y 289 de la Ley 100 de 1993, el art\u00edculo 1 de la Ley 797 de 2003, el Acto Legislativo 01 de 2005, as\u00ed como en los art\u00edculos 53,58,93 y 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s que, si bien el apoyo jurisprudencial de la sentencia del Tribunal es el apropiado, no lo conect\u00f3 con la realidad f\u00e1ctica de que no se prob\u00f3 su calidad de trabajador oficial arribando a una conclusi\u00f3n equivocada gener\u00e1ndose una incongruencia en el fallo, al considerar que lo solicitado era una pensi\u00f3n convencional. Igualmente consider\u00f3 que se incurri\u00f3 en defectos sustantivo y f\u00e1ctico, as\u00ed como en desconocimiento del precedente judicial. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala accionada anular la sentencia SL2534-2022 y, en su lugar, proferir una nueva ajustada a derecho y favorable a sus intereses, en la que adem\u00e1s tenga en cuenta que el Consejo de Estado en el proceso de nulidad con radicado n\u00ba 2013-00480 suspendi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 805 de 9 de octubre de 1991 como acto administrativo general, se\u00f1alando que quedaban vigentes los actos particulares y concretos as\u00ed como la SU182-2019 en relaci\u00f3n con la revocatoria directa de actos administrativos que reconozcan pensiones. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral indic\u00f3 que la pretensi\u00f3n del reclamante si bien la dirige a que se deje sin efecto la sentencia proferida por esa Corporaci\u00f3n, sus argumentos est\u00e1n enderezados a cuestionar el fallo del Tribunal Superior, al punto que alude a tem\u00e1ticas que esa Sala ni siquiera abord\u00f3 en la providencia que resolvi\u00f3 la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y manifest\u00f3 que contrario a lo afirmado por el actor, esa Corporaci\u00f3n abord\u00f3 lo referente a los derechos adquiridos, y adem\u00e1s, destac\u00f3 que no se hizo alusi\u00f3n a que se reclamaba un derecho convencional, ni tampoco se cit\u00f3 ni acudi\u00f3 a las sentencias que el tutelante identifica con radicado \u00ab3409 del 2018 y 2592 del 2019\u00bb, mientras que a ellas s\u00ed se remiti\u00f3 el Tribunal en la apelaci\u00f3n, lo que ratifica que los fundamentos reprochados no competen a lo expuesto por esa Sala en la decisi\u00f3n CSJ SL2534-2022. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, indic\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada se encuentra en el marco de legalidad, porque no existieron irregularidades procesales en el tr\u00e1mite de segunda instancia y el pronunciamiento estuvo ajustado a lo establecido en el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, remiti\u00f3 el link de acceso al expediente del proceso laboral cuestionado a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
4. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, luego de relatar los antecedentes del asunto cuestionado, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo teniendo en cuenta que no se cumple el requisito de perjuicio irremediable o afectaci\u00f3n a la seguridad social, no existe v\u00eda de hecho en el actuar de la autoridad accionada, existe cosa juzgada y, lo pretendido por el actor es sustituir una decisi\u00f3n judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo al determinar que no evidenci\u00f3 la configuraci\u00f3n de los defectos que hicieran viable la intervenci\u00f3n constitucional, adem\u00e1s, porque la decisi\u00f3n proferida en ese de casaci\u00f3n contiene argumentos razonables. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo pretendido en la demanda de tutela es que se imponga el criterio del accionante, como si esta v\u00eda fuera una instancia adicional a las del proceso laboral en el que la hom\u00f3loga demandada emiti\u00f3 una decisi\u00f3n motivada, razonable y ajustada a derecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, manifest\u00f3 que contrario a lo afirmado por el fallador de primera instancia, existi\u00f3 un ataque jur\u00eddico para demostrar la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que igualmente desconoci\u00f3 que efectivamente est\u00e1 respaldado por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto del acto administrativo o Resoluci\u00f3n n\u00ba 0697 de 16 de marzo de 1992 y que, con motivo de la liquidaci\u00f3n de la Empresa de Puertos de Colombia le fue reconocida una pensi\u00f3n especial proporcional y vitalicia de jubilaci\u00f3n por cumplir con los requisitos establecidos en la Convenci\u00f3n Colectiva 1991-1993 suscrita entre el Gerente General de Colpuertos y el Sindicato de Trabajadores del Terminal Mar\u00edtimo y Fluvial de Cartagena al cual estuvo afiliado desde que se vincul\u00f3 hasta la fecha de su retiro. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jorge Daniel Juliao Burgos cuestiona las decisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en el proceso ordinario laboral que inici\u00f3 contra la UGPP con el fin de que se dejaran sin efecto los actos administrativos anteriormente referidos y, en su lugar, se la condenara al pago de las mesadas pensionales adeudadas desde diciembre de 2009, el incremento salarial, intereses moratorios, entre otras pretensiones. <\/p>\n
3. Inicialmente se\u00f1ala la Sala, que, si bien el actor tambi\u00e9n cuestiona la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cartagena, el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada en la sentencia SL2534-2022 de 13 de junio de 2022, por cuanto con ella se defini\u00f3 la controversia y ese es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
4. Ahora, analizados los fundamentos de la inconformidad del peticionario, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1. En efecto, la Corporaci\u00f3n accionada tras relatar los antecedentes del asunto, procedi\u00f3 al an\u00e1lisis de los tres cargos formulados por Jorge Daniel Juliao Burgos, y se\u00f1al\u00f3 que las acusaciones conten\u00edan deficiencias de orden t\u00e9cnico. <\/p>\n
Indic\u00f3 que los reproches primero y segundo se dirig\u00edan por la v\u00eda directa, en la que se tiene la carga de enfocar el discurso a derribar el an\u00e1lisis jur\u00eddico efectuado por el Tribunal Superior, sin embargo, ninguno de ellos se encamin\u00f3 a evidenciar la forma en que el fallador de segundo grado infringi\u00f3 las normas o las aplic\u00f3 indebidamente, al punto que en el segundo cargo ni siquiera mencion\u00f3 la norma de alcance nacional vulnerada, lo que impidi\u00f3 dirigir los fundamentos como correspond\u00eda. <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 que las imputaciones carec\u00edan de una fundamentaci\u00f3n que demostrara la vulneraci\u00f3n bajo ese motivo, lo que imped\u00eda efectuar el juicio de legalidad de la sentencia recurrida. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el cargo tercero suced\u00eda lo mismo que en el segundo, porque no se individualiz\u00f3 la disposici\u00f3n de alcance nacional vulnerada, debiendo hacerlo de forma obligatoria, ni refiri\u00f3 la modalidad de violaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole indicar claramente en cu\u00e1l de los sub-motivos incurri\u00f3 el ad quem como lo estipula el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. <\/p>\n
4.2 Con todo, consider\u00f3 relevante efectuar algunas claridades sobre los temas referidos en los cuestionamientos, entre ellos (i) la calidad de empleado p\u00fablico y de trabajador oficial, (ii) la posibilidad de restablecer una pensi\u00f3n concedida, cuando se carece de un t\u00edtulo leg\u00edtimo y, (iii) las facultades extra y ultra petita en segunda instancia. <\/p>\n
Respecto a la calidad de empleado p\u00fablico y de trabajador oficial, se\u00f1al\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) Conviene recordar que en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 561 de 1975 y, posteriormente, en el mismo precepto del 1174 de 1980, se dispuso que la extinta Puertos de Colombia, que fue creada por la Ley 154 de 1959, funcionar\u00eda como una empresa comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Obras P\u00fablicas y Transporte. <\/p>\n
En concreto, el canon 23 del Decreto 1174 de 1980 previ\u00f3 que \u00abLas personas que presten servicio a Puertos de Colombia son trabajadores oficiales. Sin embargo, en los estatutos de la entidad, se determinar\u00e1 qu\u00e9 cargos deben ser desempe\u00f1ados por empleados p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
Los estatutos de tal empleador fueron aprobados mediante el Decretos 972 de 1975 y 2465 de 1981, \u00faltimo que fue modificado por los siguientes Acuerdos 011 de 1987, aprobado por el Decreto 1043 del 5 de junio del mismo a\u00f1o, 021 de 1988, aprobado por el Decreto 2318 de 1988 y 0016 de 1990, aprobado por el Decreto 287 de 1991. <\/p>\n
Acorde con el canon 1\u00b0 de este \u00faltimo, vigente para la fecha de finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo, los m\u00e9dicos, como el accionante, quien fungi\u00f3 como galeno ortopedista del terminal mar\u00edtimo de Cartagena eran empleados p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo anterior, indic\u00f3 que, en raz\u00f3n a que dicha condici\u00f3n se encontraba definida por ley, al asignar la calidad de empleado p\u00fablico a quienes ejerc\u00edan el cargo de m\u00e9dico, se entend\u00eda que el demandante ostentaba la misma. Adem\u00e1s, cit\u00f3 las sentencias Sl1334-2018 y SL3612-2021. <\/p>\n
En punto a la posibilidad de restablecer una pensi\u00f3n concedida cuando se carece de un t\u00edtulo leg\u00edtimo, expuso que, seg\u00fan lo manifestado por el demandante, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que se le otorg\u00f3 por Resoluci\u00f3n n\u00ba 697 de 1992 con soporte en la n\u00ba 805 de 1991, fue revocada por la Resoluci\u00f3n 1659 de 2010, constituyendo un derecho adquirido que no pod\u00eda desconocerse. Sobre lo anterior se\u00f1al\u00f3, que solo se habla de derechos adquiridos si se obtuvieron con justo t\u00edtulo y con respeto al orden legal y constitucional, como se indic\u00f3 en la sentencia SL5560-2021. <\/p>\n
As\u00ed, refiri\u00f3 que el actor omiti\u00f3 que en el caso estudiado no se configur\u00f3 un derecho adquirido ante la ausencia de justo t\u00edtulo, porque, en el acto administrativo n\u00ba 001659 de 24 de noviembre de 2010 a trav\u00e9s del cual se revoc\u00f3 la resoluci\u00f3n por la que se concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n con soporte en los art\u00edculos 19 de CC de C835-2003, se se\u00f1al\u00f3 que el Gerente General de la Empresa de Puertos de Colombia profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n 805 de 9 de octubre de 1991 y desbordando la \u00f3rbita de su competencia decidi\u00f3 crear y establecer requisitos y condiciones para reconocer pensiones proporcionales de jubilaci\u00f3n, desconociendo abiertamente la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Enseguida, indic\u00f3 que en la sentencia del Consejo de Estado SS, SB, 9 jul. 2015, rad. 25000-23-25-000-2012-00996-01(2693-13) se hizo referencia a la aludida resoluci\u00f3n, adem\u00e1s, que la competencia para establecer el r\u00e9gimen salarial y prestacional de los empleados p\u00fablicos se encuentra de forma exclusiva en el Gobierno Nacional, como lo dispuso el literal e) del numeral 19 del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, prohibi\u00e9ndose incluso la creaci\u00f3n de cualquier prestaci\u00f3n social a favor de empleados p\u00fablicos que no tenga su fuente en el \u00f3rgano legislativo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a las facultades extra y ultra petita por parte del fallador de segunda instancia alegadas por el recurrente, record\u00f3 lo considerado en la sentencia SL4487-2021 reiterada en la SL1106-2022 referente a que las mismas se encuentran \u00abreservadas al juez de \u00fanica y primera instancia, quienes son los llamados a utilizarlas, por regla general, en tanto, el juzgador de alzada tan solo podr\u00e1 hacerlo de manera excepcional, cuando la omisi\u00f3n del a quo en su aplicaci\u00f3n conlleve el desconocimiento de derechos m\u00ednimos e irrenunciables del trabajador, siempre y cuando los hechos que originan esos derechos distintos a los pedidos hayan sido discutidos en el proceso y est\u00e9n debidamente probados\u00bb. <\/p>\n
No obstante, indic\u00f3 que tal excepci\u00f3n no se advert\u00eda en el caso estudiado, en tanto que el Tribunal Superior no actu\u00f3 en uso de tales potestades en raz\u00f3n a que el juzgado de conocimiento ya hab\u00eda abordados todas las materias que se plantearon en litigio, referentes a la calidad del accionante como trabajador oficial o empleado p\u00fablico, la autonom\u00eda del empleador en la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 805 de 1991, facultades de las juntas directivas, los derechos adquiridos y los justos t\u00edtulos. <\/p>\n
4.3 Con fundamento en esas consideraciones, concluy\u00f3 que los cargos ser\u00edan desestimados por los defectos de t\u00e9cnica expuestos y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 19 de noviembre de 2019. <\/p>\n
5. En lo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Jorge Daniel Juliao Burgos y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, resulta claro que el descuido del reclamante en la formulaci\u00f3n adecuada de los cargos comprometi\u00f3 la prosperidad del mecanismo extraordinario y llev\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a abstenerse de estudiar de fondo el asunto e impidi\u00f3 a esa Corporaci\u00f3n pronunciarse de la manera esperada por el demandante. <\/p>\n
Por tanto, el actor desaprovech\u00f3 la oportunidad que la norma laboral concede para exponer las inconformidades que presenta a trav\u00e9s de este mecanismo, sin que pueda ahora valerse del mismo para solucionar su desatenci\u00f3n, puesto que era el proceso ordinario el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas invocadas, debido al car\u00e1cter residual del amparo. <\/p>\n
En un asunto de similar, esta Sala explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone a la demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial (CSJ. STC5305-2020, STC7201-2021, STC9826-2021 y 5744-2022, entre muchas). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, en el asunto en estudio se estructura la causal de improcedencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la acci\u00f3n constitucional no fue concebida como sustituto de los mecanismos judiciales creados por el legislador. <\/p>\n
No puede olvidarse que la Sala ha destacado en otras oportunidades que, si las personas que reprochan determinaciones judiciales adoptadas en perjuicio de sus intereses \u00abdejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, [o no hacen un uso adecuado de los mismos] quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ. STC6580-2021, STC12011-2021, STC2296-2022, STC2818-2022 STC2912-2022 y STC4795-2022 entre otras). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021 y, STC3514-2022, entre otros. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00ba 4870 de 5 de mayo de 2023 y asignada con Acta de Reparto de 8 de mayo de 2023. <\/p>\n
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STC4849-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC4849-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00257-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73442","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73442"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73442\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73442"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73442"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}