STC4852-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4852-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01912-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Daneli Eugenia Hern\u00e1ndez P\u00e9rez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad m\u00e9dica No. 005-2018-00053-02. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que apel\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo el 11 de febrero de 2021, recurso que admiti\u00f3 el Tribunal Superior de Sincelejo el 13 de mayo de 2021, y vencido el t\u00e9rmino de 6 meses para proferir sentencia prorrog\u00f3 su competencia, plazo que venci\u00f3 el \u00ab9 de mayo de 2022\u00bb y a partir de esa fecha han transcurrido 11 meses sin que emita pronunciamiento alguno, pese a que su apoderado ha radicado memoriales de impulso procesal. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, esa tardanza para proferir la decisi\u00f3n vulnera sus garant\u00edas fundamentales, pues faltan dos (2) d\u00edas para cumplirse veinticuatro (24) meses para fallar, esto es, el doble del tiempo establecido en el art\u00edculo 121 C\u00f3digo General del Proceso para agotar la instancia. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal Superior de Sincelejo, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles decida el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se dispuso el traslado a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso que motiv\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Magistrada Ponente del Tribunal Superior de Sincelejo, respondi\u00f3 que no ha sido posible proferir la sentencia que reclama la accionante, porque cuenta con m\u00e1s de 500 procesos, repartidos en las \u00e1reas civil, familia, laboral, penal de adolescentes, sin contar con las acciones constitucionales de primera y segunda instancia, y los recursos extraordinarios, adem\u00e1s tiene la tarea de revisar los proyectos de los dem\u00e1s Magistrados que integran la sala. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el proceso 2018-00053-02 reviste complejidad, pues se trata de un juicio de responsabilidad m\u00e9dica, en el que tiene que valorar las pruebas testimoniales, as\u00ed como los dict\u00e1menes periciales, y que en ese caso no se presenta mora injustificada, pues el retraso para proferir la decisi\u00f3n se debe a la congesti\u00f3n que actualmente afronta el despacho. <\/p>\n
En escrito complementario de 19 de mayo de 2023, inform\u00f3 que el proceso, \u00abtiene asignado el turno de decisi\u00f3n No. 5, para dictar la correspondiente sentencia que desate la instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La apoderada judicial de Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda SAS, y Fiduprevisora SA, en calidad de demandada, as\u00ed como del llamado en garant\u00eda, afirmaron que igualmente interpusieron recursos de apelaci\u00f3n contra la sentencia, y est\u00e1n a la espera que se resuelva la instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Igualmente, el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 121 ibidem establece que, para resolver la segunda instancia, no se podr\u00e1 superar el plazo de seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretaria del Juzgado o Tribunal, tambi\u00e9n instituye que excepcionalmente ese tiempo se puede prorrogar hasta por seis (6) meses m\u00e1s, mediante auto \u00abcon explicaci\u00f3n de la necesidad de hacerlo\u00bb (inciso 5\u00ba ib). <\/p>\n
2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la mora judicial, la Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) El legislador ha previsto plazos para que las autoridades judiciales tramiten los asuntos a cargo. Ello, no solo para materializar el derecho de las personas a que sus prerrogativas y deberes sean reconocidos en un plazo razonable, sino para garantizar la efectividad de estos. <\/p>\n
Quien acude a la jurisdicci\u00f3n con el fin de que se le resuelva alg\u00fan conflicto que lo afecta, pone nada m\u00e1s y nada menos que, su vida, familia y patrimonio en manos de servidores judiciales. As\u00ed que, a tono con esa gran responsabilidad, se reclama de ellos diligencia en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo. Principio y deber, que de acuerdo con el \u00abComentario sobre los Principios de Bangalore sobre conducta judicial\u00bb, requiere que \u00abla magistratura \u2018desempe\u00f1e todos los deberes judiciales […] de manera eficiente, justa y con una prontitud razonable\u2019\u00bb. De nada vale el reconocimiento de un derecho, si luego, ante el tiempo que ha tomado su definici\u00f3n, aquel carecer\u00e1 de toda eficacia. <\/p>\n
En los tiempos que corren, en los que los que la conflictividad social se ha incrementado, y con ello, el n\u00famero de causas que debe resolver la administraci\u00f3n de justicia, la mora judicial se ha normalizado. Se ha vuelto tan ordinario no atender oportunamente las causas, que acatar los tiempos o no da lo mismo, cuando no es ni deber\u00eda ser as\u00ed. <\/p>\n
No hay duda de que los anotados factores afectan el cumplimiento de los plazos consagrados por el legislador. Por eso, es comprensible que cuando ellos concurren, todas las controversias o algunas de ellas no se impulsen en tiempo. Pero ello no significa que el retardo est\u00e9 bien, o que este pueda asumirse como \u00abnatural\u00bb, ni mucho menos que el deber de los servidores de sustanciar oportunamente los asuntos se extinga. No. Como se vio, lo que est\u00e1 en juego es la efectividad de los derechos de los asociados. Por tanto, la diligencia que se reclama de las autoridades jurisdiccionales impone, tambi\u00e9n, adoptar medidas razonables y concretas para superar la congesti\u00f3n. Todo, a fin de solucionar las contiendas oportunamente o en un plazo razonable. Mem\u00f3rese que \u00ab[l]a judicatura es una instituci\u00f3n de servicio a la comunidad\u00bb, de ah\u00ed que quienes laboran en ella est\u00e1n llamados a implementar las iniciativas que se estimen \u00fatiles para el mejoramiento del servicio. <\/p>\n
Es que, pese a que la congesti\u00f3n judicial es un problema que afecta a la mayor\u00eda de los juzgados, propiciado, seg\u00fan se vio por m\u00faltiples factores, eso no releva al fallador y a sus colaboradores de enfilar esfuerzos para conjurar el problema, ya que pueden hacerlo a trav\u00e9s de los recursos de los que disponen, o gestionando aquellos que no tienen\u00bb (STC13287-2022, reiterada en STC3945-2023). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha indicado que, para la prosperidad del amparo frente a la mora judicial, se requiere, <\/p>\n
(\u2026) en principio, (i) advertirse la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos en las normas, (ii) la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento y (iii) la trascendencia de la vulneraci\u00f3n. En sentencia reciente, la Sala explic\u00f3 cada uno de los anteriores puntos, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cDesde esta perspectiva, la viabilidad de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial depende de que, en principio, se advierta la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos para tramitar la actuaci\u00f3n y la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento. <\/p>\n
3.1.- Para establecer lo primero, deber\u00e1 definirse cu\u00e1l es la norma que fija los plazos para atender la solicitud, y verificar que, en efecto, hayan sido superados al momento de la presentaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
3.2.- Para lo segundo, importa indagar por las circunstancias que originaron la mora y c\u00f3mo ellas la provocaron. Con ese fin, deber\u00e1 confrontarse el expediente y analizarse las razones esgrimidas por el servidor judicial en aras de exculpar la desatenci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Ahora, no cualquier motivo tiene la virtualidad de escudar la mora judicial, solo aquella que la justifique, esto es, que pruebe, con \u00abrazones convincentes\u00bb, que la omisi\u00f3n no es atribuible a la dependencia judicial. As\u00ed se infiere al acudir al Diccionario de la lengua espa\u00f1ola que define el verbo \u00abjustificar\u00bb como la acci\u00f3n de \u00abprobar algo con razones convincentes, testigos o documentos\u00bb, \u00abprobar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que cuando se trata de justificar la tardanza en resolver alg\u00fan asunto, las agencias judiciales deber\u00e1n demostrar, con \u00abrazones convincentes\u00bb, que la mora en que han podido incurrir es extra\u00f1a al cumplimiento del deber de diligencia que se reclama de ellas. <\/p>\n
Una de esas razones convincentes que pueden justificar la mora es la congesti\u00f3n judicial. Pero, como hacerlo equivale a probar que la inobservancia de los plazos es ajena al aludido deber de diligencia, cuando dicha circunstancia se alegue, no ser\u00e1 suficiente que el servidor la invoque. Deber\u00e1, adem\u00e1s, traer a este escenario prueba i) de su congesti\u00f3n, de suerte que el juez constitucional pueda constatar la carga laboral invocada; ii) de c\u00f3mo ella impacta en la atenci\u00f3n oportuna del caso concreto; iii) al igual que de las medidas razonables y concretas que ha enfilado para superar el represamiento. <\/p>\n
Es que, si bien, como se advirti\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, la congesti\u00f3n judicial tiene la capacidad de perturbar el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia y se predica de la mayor\u00eda de las agencias judiciales, no por eso puede acudirse a ella, gen\u00e9ricamente, para respaldar la mora. <\/p>\n
Lo anterior, porque dada la diversidad de controversias que la jurisdicci\u00f3n atiende, su naturaleza y complejidad, la demanda de justicia, as\u00ed como la distribuci\u00f3n de los jueces a lo largo del territorio nacional, la admisibilidad de las exculpaciones debe analizarse en cada caso en concreto, a la luz de sus particularidades. As\u00ed, un a\u00f1o de mora o m\u00e1s podr\u00e1 estar justificado en un asunto, mientras que, en otro, puede no estarlo ante los rasgos que lo caracterizan. <\/p>\n
Entonces, cuando en el marco de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial los funcionarios y empleados disculpen la tardanza en la congesti\u00f3n del despacho, deber\u00e1n justificarla a trav\u00e9s de la prueba de su existencia, de su incidencia en la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos, as\u00ed como de la debida diligencia empleada para remediarla. <\/p>\n
3.3.- Al lado de los anteriores criterios, a fin de determinar si es viable o no este sendero para que cese la mora judicial, se encuentra el de trascendencia la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Al igual que en otro tipo de auxilios, importa indagar, a efectos de determinar si la intervenci\u00f3n constitucional es o no necesaria, por el grado en que la acci\u00f3n o la vulneraci\u00f3n de la autoridad denunciada hiere las garant\u00edas fundamentales de quien la implora. <\/p>\n
Ahora, la citada trascendencia en ayudas como esta, en las que se denuncia la mora de las autoridades judiciales, se traduce en determinar la afectaci\u00f3n que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante (STC13287-2022, reiterada en STC3945-2023). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de la accionante Daneli Eugenia Hern\u00e1ndez P\u00e9rez frente al Tribunal Superior de Sincelejo, radica en que no ha resuelto el recurso de apelaci\u00f3n instaurado contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, pese a que cumpli\u00f3 veinticuatro (24) meses de haberlo admitido. <\/p>\n
4. Examinado al link que contiene el proceso de responsabilidad m\u00e9dica No. 005-2018-00053-02 promovido por Daneli Eugenia Hern\u00e1ndez P\u00e9rez y otros contra Cl\u00ednica Santa Mar\u00eda SAS y otros, se encuentran relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
4.1 La Sala III Civil Familia Laboral del Tribunal de Sincelejo el 13 de mayo de 2021, admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, orden\u00f3 correr traslado para la sustentaci\u00f3n al apelante y al no recurrente como lo dispone el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
4.2 El expediente ingres\u00f3 al despacho de la Magistrada sustanciadora el 11 de junio de 2021 con los escritos de las partes. <\/p>\n
4.3 El 9 de noviembre de 2021 prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para resolver la instancia por seis (6) meses de conformidad con el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.4 El apoderado judicial de la demandante radic\u00f3 en el correo institucional scretribsupsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co el 6 de junio, 27 de septiembre y 10 de octubre de 2022, memoriales en los que solicit\u00f3 impulso procesal para que se profiriera la respectiva sentencia, seg\u00fan se observa en los derivados Nos. 33Memorial.pdf, 36 Memorial.pdf, y 39 Memorial.pdf del cuaderno SegundaInstancia del expediente digital. <\/p>\n
4.5 El expediente se encuentra al despacho para resolver lo pertinente, y, seg\u00fan inform\u00f3 la Magistrada sustanciadora el 19 de mayo de 2023, \u00abtiene asignado el turno de decisi\u00f3n No. 5, para dictar la correspondiente sentencia que desate la instancia\u00bb. <\/p>\n
5. Efectuado ese recuento, se advierte que el plazo de los cuarenta d\u00edas, o el m\u00e1ximo de un a\u00f1o, que corresponde a los seis (6) meses que tiene el Tribunal para desatar la instancia, y seis (6) meses m\u00e1s de pr\u00f3rroga, est\u00e1n ampliamente vencidos, porque el expediente fue recibido en la secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n el 10 de mayo de 2021, y aun teniendo en cuenta la pr\u00f3rroga para proferir la decisi\u00f3n de segundo grado de 9 de noviembre de esa anualidad, han transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
Ahora bien, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia el accionado para justificar esa tardanza debe por lo menos presentar pruebas, \u00abi) de su congesti\u00f3n, de suerte que el juez constitucional pueda constatar la carga laboral invocada; ii) de c\u00f3mo ella impacta en la atenci\u00f3n oportuna del caso concreto; iii) al igual que de las medidas razonables y concretas que ha enfilado para superar el represamiento\u201d. <\/p>\n
La Magistrada sustanciadora para justificar el incumplimiento de esos t\u00e9rminos, entre otros, manifest\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) hasta la expedici\u00f3n del Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, la oficina s\u00f3lo contaba con 2 funcionarios encargados de sustanciar todos los proyectos de decisi\u00f3n, contando el despacho, en promedio, con m\u00e1s de 500 procesos, repartidos en diversas \u00e1reas, tales como civil, familia, laboral y penal de adolescentes, sin contar con las acciones constitucionales de primea y segunda instancia, y los recursos extraordinarios, repito, todo para dos funcionarios judiciales, esto es, magistrado y auxiliar judicial. <\/p>\n
Ahora, en el presente caso debe tenerse en consideraci\u00f3n que la alzada del proceso radicado bajo el No. 700013103005-2018-00053-02, es un asunto que reviste complejidad, dado que se trata de una responsabilidad civil m\u00e9dica en la que se realizaron once (11) sesiones de audiencias, y dentro de las pruebas que deben valorarse est\u00e1n los dict\u00e1menes periciales, as\u00ed como los testimonios e interrogatorios vertidos en el plenario. <\/p>\n
Escrito en el que no expuso, si ha adoptado alguna medida para poder enfrentar y superar la situaci\u00f3n que afronta, y no evidencia la Sala, que el Tribunal Superior accionado cumpliera con el deber de justificar la demora para proferir la sentencia, pues no acredit\u00f3 c\u00f3mo la congesti\u00f3n judicial del despacho \u00abimpact\u00f3\u00bb en la resoluci\u00f3n del proceso de responsabilidad m\u00e9dica, y, lo que se puede concluir de la respuesta, es que por la \u00abcomplejidad\u00bb del caso, pues al parecer cuenta con \u00ab(11) sesiones de audiencias, y dentro de las pruebas que deben valorarse est\u00e1n los dict\u00e1menes periciales, as\u00ed como los testimonios e interrogatorios vertidos en el plenario\u00bb, no ha comenzado con su estudio. <\/p>\n
Y, como lo ha se\u00f1alado la Sala \u00absituaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (CSJ. STC 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Se destaca). <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la trascendencia de la demora, resulta claro que la accionante acudi\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia para obtener la soluci\u00f3n a su conflicto planteado a partir del 31 de mayo de 2018 cuando present\u00f3 la demanda, y luego de veinticuatro (24) meses que la secretar\u00eda del Tribunal Superior recibiera el expediente para desatar el recurso interpuesto, a m\u00e1s de la pr\u00f3rroga decretada en providencia de 9 de noviembre de 2021, no lo ha resuelto. <\/p>\n
V\u00e9ase adem\u00e1s que, pese de las m\u00faltiples solicitudes de impulso procesal propuestas por el apoderado judicial de la demandante aqu\u00ed accionante, no ha proferido ning\u00fan pronunciamiento que d\u00e9 cuenta del tr\u00e1mite que se va a imprimir al referido asunto, para tener al menos la esperanza que la definici\u00f3n de la instancia se encuentra cercana, lo que traduce en un incumplimiento de los deberes del funcionario judicial, as\u00ed como \u00abla conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda supralegal al debido proceso y la consagrada en el art\u00edculo 229 de la Carta Pol\u00edtica, en la medida que el derecho de acceso a la justicia no solo comprende la posibilidad de los administrados de acudir ante los organismos jurisdiccionales para ventilar sus conflictos, sino tambi\u00e9n que sean efectivamente resueltos (CSJ STC12819-2021, reiterado en CSJ STC5479-2022). <\/p>\n
6. En consecuencia, se conceder\u00e1 el amparo al derecho fundamental al debido proceso, al observar la Sala una tardanza injustificada por parte del Tribunal Superior de Sincelejo para resolver el recurso de apelaci\u00f3n en el asunto que motiva la queja constitucional, m\u00e1xime cuando la pr\u00f3rroga para fallar feneci\u00f3 desde el pasado 10 de mayo de 2022, y ninguna situaci\u00f3n expuso en este tr\u00e1mite para justificar la an\u00f3mala circunstancia que se presenta. <\/p>\n
Por tanto, se ordenar\u00e1 a la Magistrada Ponente de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, adopte la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, en el proceso identificado con el radicado 70001-31-03-005-2018-00053-02. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE. <\/p>\n
Primero: Conceder la acci\u00f3n de tutela promovida por Daneli Eugenia Hern\u00e1ndez P\u00e9rez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo. <\/p>\n
Segundo: Ordenar a la Magistrada Marirraquel Rodelo Navarro de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo que, en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, adopte la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, en el proceso identificado con el radicado 70001-31-03-005-2018-00053-02, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Cuarto: Comunicar a los interesados por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4852-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4852-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01912-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Daneli Eugenia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73445","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73445\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}