STC4853-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4853-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01886-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Zonia Yaneth Mantilla Mantilla interpuso contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso declarativo de pertenencia con radicado n\u00b068001-31-03-005-2016-00237-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia que reconoci\u00f3 el pago de las mejoras a su contraparte y aquella que la confirm\u00f3 (31 mar. 2023). <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandante en proceso reivindicatorio en el que obtuvo fallo favorable; sin embargo, aleg\u00f3 que en este se reconoci\u00f3 el pago de mejoras a favor de Edith S\u00e1nchez Montaguth, quien fue reconocida como poseedora de buena fe. Decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal accionado (31 mar. 2023). <\/p>\n
De las determinaciones en comento deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos constitucionales pues, a su juicio, se desconoci\u00f3 que, en sentencia penal del 14 de diciembre de 2014, se conden\u00f3 a Oliva Castro por los delitos de \u00abfalsedad en documento publico agravada por el uso\u00bb, \u00abobtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb y \u00abfraude procesal\u00bb, tras suplantarla para vender el bien a Miguel \u00c1ngel Mart\u00ednez, tradente de Sanchez Montaguth. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la usucapiente ten\u00eda conocimiento de que el tr\u00e1mite penal estaba en curso y de todas formas decidi\u00f3 hacer mejoras al inmueble; situaci\u00f3n en la que fundamenta la ausencia de buena fe y el desconocimiento de la primac\u00eda de la cosa juzgada penal. <\/p>\n
2. Edith S\u00e1nchez Montaguth solicit\u00f3 la improcedencia del amparo. El juzgador accionado hizo un recuento de los hechos y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no se encuentra configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 la alzada no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
1. Esta Sala ha predicado de anta\u00f1o que \u00aben materia de prestaciones mutuas, el juez debe proceder de oficio, porque al ser decisiones consecuenciales, se entienden incluidas por la misma ley en la pretensi\u00f3n principal de que se trate\u00bb (CSJ SC 1\u00b0 de junio de 2009, exp. No 2004-00179-01). En ese sentido, cabe precisar que las restituciones mutuas se encuentran estipuladas en los art\u00edculos 961 y siguientes del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan los cuales el poseedor de buena fe que es vencido en juicio de reivindicaci\u00f3n tiene derecho a que se le abonen \u00ablas expensas necesarias invertidas en la conservaci\u00f3n de la cosa\u00bb y \u00ablas mejoras \u00fatiles, hechas antes de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
1.1. Ahora, la \u00abbuena fe\u00bb en materia de posesi\u00f3n hace referencia a \u00abla conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraude y de todo otro vicio\u00bb (art\u00edculo 768 Ibidem); por lo que se entiende que se posee de buena fe cuando se tiene la \u00edntima convicci\u00f3n de estar adquiriendo la cosa de manera leg\u00edtima. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
Esa manifestaci\u00f3n presente en la conciencia de un individuo y revelada como percepci\u00f3n de un derecho es lo que constituye la buena fe subjetiva que, en palabras de la Corte, \u201cpropende por el respeto -o tutela- de una determinada apariencia que ha sido forjada con antelaci\u00f3n, o por una creencia o confianza espec\u00edficas que se ha originado en un sujeto, en el sentido de estar actuando con arreglo a derecho, sin perjuicio de que se funden, en realidad, en un equ\u00edvoco, todas con evidentes repercusiones legales, no obstante su claro y caracter\u00edstico tinte subjetivo (\u2018actitud de conciencia\u2019 o \u2018estado psicol\u00f3gico\u2019), connatural a la situaci\u00f3n en que se encuentra en el marco de una relaci\u00f3n jur\u00eddica, por v\u00eda de ejemplo la posesoria\u201d (CSJ SC 2 de agosto de 2001, Exp.No.6146). <\/p>\n
1.2. Del mismo modo, no puede perderse de vista que \u00abla buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunci\u00f3n contraria. En todos los otros, la mala fe deber\u00e1 probarse\u00bb (art\u00edculo 769 ejusdem), de all\u00ed que la carga de la prueba de desvirtuarla, esto es, de demostrar la mala fe del poseedor, recae sobre el reivindicante.1 <\/p>\n
<\/p>\n
2. En la providencia atacada, para resolver las quejas atenientes al reconocimiento de mejoras, el ad quem inici\u00f3 por precisar: <\/p>\n
En ese sentido, por la l\u00ednea que se trae, estima la Corporaci\u00f3n que la condena al pago de frutos y mejoras es viable e imperativa, a\u00fan por decisi\u00f3n oficiosa, en esta clase de juicios, debi\u00e9ndose en consecuencia que centrar el estudio de la Sala en la mala o buena fe de los poseedores demandados en el juicio reivindicatorio, a fin de establecer si les asiste o no derecho al reconocimiento de las mejoras. (\u2026) <\/p>\n
Siendo entonces que, en todos los actos de los particulares la buena fe se presume, entendiendo \u00e9sta como aquel fuero interno del sujeto o, lo que es igual, al obrar con la firme convicci\u00f3n de no estar contradiciendo el ordenamiento jur\u00eddico (art\u00edculo 768 del C\u00f3digo Civil), de cara a las reglas jurisprudenciales, corresponde a quien pretenda aprovecharse de las secuelas derivadas de la mala fe, en asuntos litigiosos como el que aqu\u00ed convoca la atenci\u00f3n, desvirtuar esa presunci\u00f3n constitucional y legal, probando de manera inequ\u00edvoca un actuar opuesto a los postulados de la buena fe, como el haber ingresado de manera clandestina o violenta al predio a reivindicar <\/p>\n
2.1. Luego, destac\u00f3 que la conducta antijur\u00eddica objeto de condena en materia penal no fue atribuida a la demandada y destac\u00f3 que al momento de adquirir el inmueble S\u00e1nchez Montaguth ten\u00eda la plena convicci\u00f3n de haberlo adquirido de manera leg\u00edtima, de lo que deriv\u00f3 que esta era una poseedora de buena fe: <\/p>\n
As\u00ed, de acuerdo a los elementos probatorios obrantes al expediente, evidencia el Tribunal que en el caso de marras la se\u00f1ora EDITH S\u00c1NCHEZ MONTAGUTH se hizo al bien objeto de reivindicaci\u00f3n mediante contrato de compraventa celebrado con el se\u00f1or MIGUEL \u00c1NGEL MART\u00cdNEZ, elevado a escritura p\u00fablica el pasado 22 de julio de 2011, quien a su vez lo obtuvo por venta que le hiciere la se\u00f1ora ZONIA YANETH MANTILLA MANTILLA, negocios jur\u00eddicos que si bien fueron anulados mediante sentencia judicial proferida el 19 de diciembre de 2014 por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO EN DESCONGESTI\u00d3N5, al encontrar que la \u00faltima de las contratantes hab\u00eda sido suplantada, lo cierto fue que tal conducta antijur\u00eddica no fue atribuida a los restantes contratantes que sucedieron dicho acto, sin que existan elementos de prueba que permitan pregonar la mala fe de los aqu\u00ed demandados, pues se insiste, al menos para la fecha en la que suscribieron los diferentes contratos de compra venta, \u00e9stos ten\u00edan la plena convicci\u00f3n de haber adquirido la propiedad por medios leg\u00edtimos, lo que conllev\u00f3 a que posteriormente edificaran dentro del predio que asum\u00edan les pertenec\u00eda, asisti\u00e9ndoles derecho a que se les abonen las mejoras necesarias y \u00fatiles invertidas en el bien, cuando menos hasta la fecha en que se emiti\u00f3 la aludida sentencia condenatoria dentro de la causa penal antes mencionada, pues, fue a partir de ese acto procesal, que se tuvo la certeza sobre la titularidad del derecho de dominio de la se\u00f1ora ZONIA YANETH MANTILLA MANTILLA, sobre el bien inmueble objeto de litigio. <\/p>\n
2.2. A continuaci\u00f3n, frente al reconocimiento de mejoras apuntal\u00f3: <\/p>\n
En consecuencia, una vez acreditada la buena fe de los poseedores, al menos hasta la fecha de sentencia penal de fecha 19 de diciembre de 2014, a \u00e9stos les asiste derecho frente a las mejoras planteadas en el predio a reivindicar; dest\u00e1quese, que en el decurso del litigio entre los actos posesorios que adujeron los se\u00f1ores EDITH S\u00c1NCHEZ MONTAGUTH y WILMAR ARENAS VERGEL, estuvo la realizaci\u00f3n de obras de mejoramiento del predio, instalaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, levantamiento de varias edificaciones, cerramientos y portones, las cuales, fueron construidas mucho antes de que se definiera la investigaci\u00f3n penal, inclusive antes de que se registrara la medida cautelar por parte de la autoridad penal de la suspensi\u00f3n del poder dispositivo, luego son consideradas mejoras hechas leg\u00edtimamente y de buena fe hasta ese momento, las cuales fueron estimadas, seg\u00fan dictamen pericial visto a folios 206 y siguientes del cuaderno de primera instancia, en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTID\u00d3S MIL VEINTISIETE PESOS ($ 436.822.027) por tal concepto, atribuible a las tres casas construidas -casa principal, casa auxiliar y casa de viviente-, \u00e1rboles frutales, una cisterna de 15 metros de profundidad, jaguey o lago, BBQ o quiosco, cuya acreditaci\u00f3n se dio a partir de las pruebas documentales obrantes al expediente, constat\u00e1ndose adem\u00e1s la existencia de las mismas a trav\u00e9s de la inspecci\u00f3n judicial practicada en el predio objeto de litigio por el Juez de primera instancia, en diligencia llevada a cabo el 05 de septiembre de 2019, lo que permite tener por cierta su realizaci\u00f3n y por ende su reconocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cavilaciones que, independientemente de ser compartidas por la Sala, no representan yerro superlativo alguno que amerite la intervenci\u00f3n constitucional, pues a juicio del juzgador, la buena fe de la poseedora no fue desvirtuada, dado que esta demostr\u00f3 que contaba con la plena convicci\u00f3n de haber obtenido el bien de manera leg\u00edtima; de manera que, a la luz de la legislaci\u00f3n previamente citada, al ser considerada poseedora de buena fe ten\u00eda derecho a que se le reconocieran las mejoras necesarias y \u00fatiles que invirti\u00f3 en el bien, lo cual, de ninguna manera lesiona las prerrogativas de la gestora, ni desconoce lo dispuesto en materia penal, en especial, si se tiene en cuenta que en aquella providencia2 nada se dispuso respecto a la posesi\u00f3n ejercida por la demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Bajo estos derroteros, se extrae que las citadas conclusiones son producto de motivaciones que no pueden calificarse de irrazonables, al hallarse fundadas en la leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normatividad que rige la acci\u00f3n de reivindicaci\u00f3n y las restituciones mutuas; por lo que resulta evidente que el pronunciamiento que se reprocha por esta v\u00eda se argument\u00f3 adecuadamente, y en \u00e9l se hizo una acertada interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al caso, que pese a ser contraria a los intereses de la inconforme, no se muestra desfasada y, por ende, no se encuentra el quebrantamiento aqu\u00ed alegado. <\/p>\n
Ahora, si las quejas de la censora se encaminan a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria que llev\u00f3 al accionado a concluir la existencia de una posesi\u00f3n de buena fe, no debe perderse de vista que, \u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica\u00bb3, por lo que no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
5. Entonces, se advierte que lo pretendido por la promotora es anteponer su propio criterio al de la sede judicial acusada y atacar, por esta v\u00eda, la providencia de la que disiente, finalidad que resulta ajena a la del ruego, herramienta que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s en los litigios. <\/p>\n
En consecuencia, al quedar establecido que el cuerpo Colegiado accionado no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna, se negar\u00e1 el resguardo invocado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC 19 de diciembre de 2011, Exp. No. 2002 00329 01 <\/p>\n
2\u0002 Ver expediente 68001-31-03-005-2016-00237-00 Carpeta C02Reivindicatorio, PDF \u00ab001.ParteF\u00edsica(Fl.1a46)\u00bb; fol. 38 al 54 <\/p>\n
3\u0002 STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, STC5418-2021, STC6009-2021 entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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