STC4858-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4858-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yeison Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de la misma ciudad, extensiva a las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Laboral de esta Corte, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes en la actuaci\u00f3n relacionada con la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la sede judicial accionada, dentro del consecutivo de amparo que tramit\u00f3 contra Ligia Morales Amaris y Diana Margarita Ojeda Visbal, identificada con el radicado 2022-01435-01- <\/p>\n
En concreto solicita se ordene \u00abde[ar] sin efecto el fallo del 18 de octubre de 2022, toda vez que no se profiere una decisi\u00f3n de fondo sino que se indica que existe temeridad, cuando la Magistrada Elcy Jimena Valencia Castrill\u00f3n y el resto de la Sala no conoce las dem\u00e1s tutelas presentadas\u00bb y en su lugar se le ordene fallar nuevamente la tutela, ya que \u00abno se [le] permiti\u00f3 refutar la tutela en la impugnaci\u00f3n sino que con la notificaci\u00f3n del fallo se [l]e compulsan copias (\u2026) se desconoci\u00f3 la decisi\u00f3n (\u2026) STP1002-2022 radicaci\u00f3n No. 121709; [la mencionada funcionaria hizo] juicios de valor que le corresponden al juez natural (\u2026) [y con ello] ha violentado [su] derecho al buen nombre y a la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb. <\/p>\n
2. Como hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto el gestor sostiene que si bien ha promovido varias acciones de tutela referentes al proceso especial de acoso laboral identificado con el consecutivo No. 2018-0348-00 tramitado por el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, todas son diferentes, pero mediante sentencia de 18 de octubre de 2022 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo de la referencia bajo el argumento de que se trataba de un ejercicio repetido de la acci\u00f3n, y en consecuencia orden\u00f3 compulsar copias para que la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 lo investigara, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 23 de noviembre siguiente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (STL15882-2022). <\/p>\n
Sostiene que la diferencia entre las solicitudes de amparo qued\u00f3 evidenciada en la decisi\u00f3n STP1002-2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se explic\u00f3 que no hab\u00eda temeridad, prove\u00eddo desconocido por el Tribunal accionado al emitir la anotada determinaci\u00f3n constitucional, para la cual, asevera, no se tuvieron en cuenta los escritos iniciales de los otros tr\u00e1mites, situaci\u00f3n agravada porque se remitieron las copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial sin que estuviera ejecutoriada la sentencia que orden\u00f3 compulsarlas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Iv\u00e1n Mauricio Lenis de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral del esta Corte se\u00f1al\u00f3 que en el proceso de acoso laboral antes individualizado, el aqu\u00ed accionante actu\u00f3 como apoderado de la demandante Yuri Marcela Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez, pero no fue apoderado judicial de \u00e9sta en la acci\u00f3n de tutela que la misma promovi\u00f3 contra el auto de 13 de julio de 2021 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con que se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia de no decretar la p\u00e9rdida de competencia para conocer del juicio de acoso laboral, amparo negado mediante decisi\u00f3n STL14573-2021. <\/p>\n
2. El Magistrado Luis Benedicto Herrera D\u00edaz de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela de la referencia la present\u00f3 el gestor contra Ligia Morales Amar\u00eds en calidad de Procuradora Judicial II para asuntos del Trabajo y Diana Margarita Ojeda Visbal como Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, para que contestaran unos derechos de petici\u00f3n, amparo negado en primera instancia por el Tribunal convocado, tras encontrar configurada la temeridad, por lo cual se orden\u00f3 remitir copia de lo actuado a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 para que investigara si el actor pod\u00eda ser acreedor de alguna sanci\u00f3n disciplinaria, fallo que confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte en sentencia de 23 de noviembre de 2022 (STL15882-2022), donde se precisi\u00f3n en cuanto a la orden de compulsa de copias, que no implicaba per se una sanci\u00f3n, pues para ello deb\u00eda agotarse el tr\u00e1mite respectivo ante la autoridad correspondiente. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el amparo se improcedente por estar dirigido contra una actuaci\u00f3n de la misma naturaleza. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se refiri\u00f3 al proceso de acoso laboral antes esbozado, puntualmente respecto a la recusaci\u00f3n que el actor present\u00f3 contra el titular de la sede judicial, a la postre declarara no probada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que las inconformidades elevadas en el presente se dirigen contra el fallo de tutela dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de octubre de 2022, confirmado \u00edntegramente el 23 de noviembre siguiente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, con que se neg\u00f3 el amparo que el accionante promovi\u00f3 contra Ligia Morales Amar\u00edas en calidad de procuradora 26 Judicial II para Asuntos del Trabajo y Diana Margarita Ojeda Visbal como Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, en relaci\u00f3n con actuaciones del proceso de acoso laboral identificado con el radicado 11001310503720180034800 tramitado por el Juzgado Treinta y Siete Laboral de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Lo evidenciado cierra toda posibilidad de estudio de la tem\u00e1tica, al encontrar la Sala que recae sobre un mecanismo del mismo linaje constitucional del presente. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la tutela cuestionada, sin que el promotor hiciera reparo alguno ante dicha autoridad, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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