STC4869-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4869-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00143-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de abril de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Esperanza Escobar Rivero, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a los Juzgados Primero Civil Municipal de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n
En concreto solicita que \u00abse ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja (Santander), levantar la medida cautelar que recae sobre el inmueble con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-20249, que fue decretado dentro del proceso ejecutivo hipotecaria 2015-00210-00 (2015-00075-00) de Cavipetrol contra Esperanza Escobar Rivero\u00bb y adem\u00e1s \u00abse abstenga de decretar embargo de remanentes provenientes de otros despachos judiciales en que se vea involucrado el inmueble con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00famero 303-20249\u00bb y en consecuencia \u00ablibrar el oficio de levantamiento del embargo que recae sobre el inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.2. Expone que el 1\u00ba de noviembre de 2022 el estrado cognoscente accedi\u00f3 a su solicitud de levantamiento del embargo de remanentes y tras alguna tardanza y la insistencia de su apoderado, elabor\u00f3 el oficio 432 de 8 de marzo de 2023, el cual se radic\u00f3 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectiva el 14 de marzo siguiente, pero dicha dependencia respondi\u00f3 que mediante otro oficio el juzgado hab\u00eda \u00abanulado\u00bb la orden de levantamiento de la cautela, por lo cual revis\u00f3 el proceso y encontr\u00f3 que contra la decisi\u00f3n de desembargo la ejecutante dentro del proceso que cautel\u00f3 los remanentes hab\u00eda interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n y la secretar\u00eda elabor\u00f3 y comunic\u00f3 dicho oficio anulatorio, afirma, sin providencia que lo ordenara. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja corrobor\u00f3 que all\u00ed cursa la ejecuci\u00f3n de la referencia, cuya terminaci\u00f3n se orden\u00f3 en auto de 20 de febrero de 2020 por pago total de la obligaci\u00f3n, dejando las medidas cautelares a disposici\u00f3n del proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad, radicado 2016-00771. <\/p>\n
El 7 de marzo de 2023 se accedi\u00f3 a la solicitud de la aqu\u00ed accionante de elaborar los oficios para desembargar los bienes, pero en t\u00e9rmino de ejecutoria Ana Joaquina Villavona, ejecutante en el proceso que se sigue ante el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma localidad, interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, por lo cual, al ya haberse remitido los oficios de desembargo el 14 de marzo siguiente, mediante auto de c\u00famplase, se orden\u00f3 a la secretar\u00eda librar nuevos oficios dejando sin efecto los anteriores; el 27 de marzo postrero se concedi\u00f3 la alzada en el efecto suspensivo y se remiti\u00f3 el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga para surtir el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
2. Mitzy Garc\u00eda Armesto, quien dijo ser apoderada de Ana Joaquina Villavona Uribe se opuso a la solicitud de protecci\u00f3n porque est\u00e1 pendiente de decisi\u00f3n del aludido recurso de apelaci\u00f3n, que como interesada en la suerte de las medidas cautelares, interpuso dentro del proceso cuestionado. <\/p>\n
3. Cavipetrol pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente actuaci\u00f3n por no tener injerencia en lo pedido en la misma. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, tras estimar improcedente analizar los reparos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, porque frente a los mismos cursaba ante esa misma Sala el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, sin que se advirtiera la posible causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora del resguardo, con \u00e9nfasis en que la medida cautelar sobre su inmueble es improcedente debido a la afectaci\u00f3n de vivienda familiar que tiene, lo que en su criterio le genera un perjuicio irremediable, pues ha habido demoras en el tr\u00e1mite de las solicitudes que ha elevado al respecto y se han presentado pronunciamientos y actuaciones contradictorias. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, porque seg\u00fan se extrae del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso de apelaci\u00f3n que Ana Joaquina Villavona Uribe, demandante dentro de la ejecuci\u00f3n beneficiada con los remanentes del proceso cuestionado, interpuso contra el auto de 7 de marzo de 2023, con que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja orden\u00f3 materializar el levantamiento de dicha cautela. <\/p>\n
Se encuentra entonces en debate dentro del proceso cuestionado, la posibilidad del levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas sobre el bien que la gestora dice que no es pasible de tales medidas por tener afectaci\u00f3n de vivienda familiar, lo que impide al juzgador constitucional anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Aunado a lo expuesto, de la situaci\u00f3n encontrada no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que, no est\u00e1 probado que mientras se define la anotada alzada, se cause un perjuicio irremediable a la gestora, lo que impide la intervenci\u00f3n impostergable del juez de tutela; mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo aqu\u00ed dicho, est\u00e1n ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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