STC4871-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4871-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00309-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 14 de abril de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carolina Ni\u00f1o Pantoja contra el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2021-00824. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por el despacho convocado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que seg\u00fan \u00abreparto del 30 de noviembre de 2021\u00bb, Fredy Navarro Gonz\u00e1lez instaur\u00f3 en su contra \u00abdemanda de cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia\u00bb, siendo admitida por el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 el \u00ab17 de marzo de 2022\u00bb, y que al tenor de los art\u00edculos 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abel juzgado perdi\u00f3 competencia para seguir conociendo del proceso desde el 2 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Que no obstante lo anterior, \u00abpor auto de 2 de diciembre de 2022, se\u00f1al\u00f3 como fecha para practicar la audiencia concentrada y de instrucci\u00f3n y juzgamiento, el 14 de marzo de 2023 a las 11:30 a.m.\u00bb; que \u00aben el transcurso de [dicha diligencia] solicit\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia del Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1\u00bb, empero, este \u00abtom\u00f3 la decisi\u00f3n de no declarar[la]\u00bb, soport\u00e1ndose en \u00abuna interpretaci\u00f3n contraevidente [de la sentencia C-443 de 2019], al abrogarse una competencia que ya no le era posible mantener dado que la parte interesada ya hab\u00eda alegado la nulidad; desconoci\u00f3 los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 90 y 121, [y] confundi\u00f3 el t\u00e9rmino para interponer un recurso (reposici\u00f3n) con el de la interposici\u00f3n de la nulidad\u00bb. <\/p>\n
Que frente al \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb que interpuso, el accionado emiti\u00f3 respuesta desfavorable, incluyendo en ella \u00abuna interpretaci\u00f3n contra legem al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso [seg\u00fan la cual], la parte demandada no ten\u00eda ning\u00fan inter\u00e9s para solicitar la p\u00e9rdida de competencia\u00bb, y enseguida profiri\u00f3 fallo. <\/p>\n
3. Pretende se ordene \u00abdeja[r] sin ning\u00fan valor ni efecto la sentencia de \u00fanica instancia del 14 de marzo de 2023, citada en el proceso de cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia [rad. 2021-00824-00], y ordene al Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 que disponga resolver lo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, se opuso a lo pretendido arguyendo que el pleito criticado \u00abha seguido la cuerda de la totalidad de sus pares y por la enorme congesti\u00f3n debido a la cantidad de procesos, ha generado altas cargas laborales que vienen colapsando el sistema virtual, dilatando los procedimientos en la totalidad de los procesos, no obstante se le ha dado en lo humanamente posible, el tr\u00e1mite dentro del turno que le corresponde, sin que se avizore un actuar arbitrario por parte de este Despacho que vulnere el derecho presuntamente conculcado o desconozca los derechos fundamentales de la accionante, y, por ello, no se observa raz\u00f3n f\u00e1ctica ni jur\u00eddica que estructure causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 36 Judicial II de Familia de Bogot\u00e1 conceptu\u00f3 que la interesada plante\u00f3 la nulidad \u00abcasi 4 meses despu\u00e9s [esto es, hasta] la audiencia del 14 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Edgar S\u00e1nchez Tirado, quien dijo actuar como mandatario de Fredy Navarro Gonz\u00e1lez, pidi\u00f3 negar la acci\u00f3n afirmando que la tutelante \u00abactu\u00f3 [en el proceso] sin proponer la nulidad, motivo por el cual se considera saneada\u00bb. <\/p>\n
4. La Juez Treinta y Dos Civil Municipal de esta capital, solicit\u00f3 se declare a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, en tanto \u00abno ha vulnerado derechos de la quejosa\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al sostener que si bien el fallo \u00abfue extempor\u00e1neo, [tal] deficiencia puede ser saneada (\u2026) en virtud del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 136 del C.G. del P., m\u00e1xime si se tiene en cuenta que (\u2026), no puede desatenderse el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (\u2026)\u00bb, y que \u00abla eventual demora [para] la emisi\u00f3n de la sentencia no ocurri\u00f3 como consecuencia de la desidia o falta de impulso del funcionario judicial convocado, [sino] por una raz\u00f3n imputable exclusivamente a la parte demandada y su apoderado, [ya que] la posposici\u00f3n [de la audiencia] fue peticionada por dicho extremo procesal [ac\u00e1 tutelante]\u00bb, y porque el asunto en cuesti\u00f3n \u00abqued\u00f3 solventado con la sentencia proferida el 14 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para reiterar los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al negar la solicitud de p\u00e9rdida de competencia y nulidad de lo actuado que propuso con soporte en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, dentro del pleito n\u00b0 2021-00824. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la constante y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la salvaguarda no procede contra actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las prerrogativas superiores de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, comoquiera que la determinaci\u00f3n objeto de censura se muestra jur\u00eddicamente razonable y, por tanto, lejos est\u00e1 de constituir yerro espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
En efecto, la razonabilidad de lo resuelto por el juzgado en audiencia del 14 de marzo de 2023 dentro del juicio n\u00b0 2021-00824, radica en su saneamiento, pues al respecto, su pronunciamiento consisti\u00f3 en \u00abrechazar la nulidad presentada por el apoderado de la parte demandada\u00bb, porque \u00abal no haberse alegado en tiempo la p\u00e9rdida de competencia y consecuencial nulidad prevista en el art\u00edculo 90 que emite al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso [en tanto] la parte demandada actu\u00f3 con posterioridad a su ocurrencia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el expediente da cuenta de que instaurada la demanda el 30 de noviembre de 2021, tras su admisi\u00f3n el 17 de marzo de 2022, la hoy reclamante fue debidamente notificada y se mantuvo silente hasta el mismo d\u00eda en que deb\u00eda realizarse la audiencia (30 de noviembre de 2022), para solicitar \u2013a trav\u00e9s de apoderado judicial- su \u00absuspensi\u00f3n\u00bb, pues fue s\u00f3lo en la reanudaci\u00f3n de la misma el 14 de marzo de 2023, que pidi\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia y la declaraci\u00f3n nulidad de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, concordante con el canon 90 ibidem. <\/p>\n
Bajo tales premisas, se observa que el pen\u00faltimo inciso del citado precepto 90, consagra que \u00ab[e]n todo caso, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, deber\u00e1 notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, seg\u00fan fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho t\u00e9rmino no ha sido notificado el auto respectivo, el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 para efectos de la p\u00e9rdida de competencia se computar\u00e1 desde el d\u00eda siguiente a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, de donde emerge que, en el caso revisado, el plazo para proferir sentencia feneci\u00f3 el 31 de noviembre de 2022, sin que con antelaci\u00f3n a ello se hubiera deprecado la nulidad ahora reprochada. <\/p>\n
En este orden, la resoluci\u00f3n criticada est\u00e1 a tono con lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-443 de 2019, mediante la cual -entre otras disposiciones- declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb contenida en el inciso 6\u00b0 del precitado precepto 121 adjetivo. En dicho fallo de constitucionalidad precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(i) Seg\u00fan el art\u00edculo 132 del CGP, el juez debe corregir y sanear los vicios que configuren nulidades al agotarse cada etapa del proceso, vicios que no pueden alegarse en las fases siguientes, salvo que se trate de hechos nuevos. Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 135, esta no puede ser alegada por quien despu\u00e9s de ocurrida la irregularidad, act\u00faa en el proceso sin proponerla. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, debe entenderse que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los t\u00e9rminos legales contemplados en el art\u00edculo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la pr\u00e1ctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas. <\/p>\n
(ii) Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 136 del CGP, la nulidad se entiende saneada cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla, cuando quien pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 expresamente, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no viol\u00f3 el derecho de defensa. (\u2026). <\/p>\n
De esta manera, la Sala deber\u00e1 integrar conformar la unidad normativa con resto del inciso 6 que regulan la figura de la nulidad de las actuaciones extempor\u00e1neas de los jueces, aclarando, primero, que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha p\u00e9rdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia, y segundo, que la nulidad es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 136 del CGP. <\/p>\n
Conformada la unidad normativa en funci\u00f3n de la identidad de contenidos y con el prop\u00f3sito de evitar la inocuidad del fallo judicial, se declarar\u00e1 la exequibilidad condicionada del inciso 2 del art\u00edculo 121 del CGP, para aclarar que este es constitucional, en tanto se entienda que la p\u00e9rdida de la competencia s\u00f3lo se configura cuando, una vez expirado el plazo legal sin que se haya proferido la providencia que pone fin a la instancia procesal, una de las partes alegue su configuraci\u00f3n, sin perjuicio del deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho t\u00e9rmino sin haberse proferido el auto o sentencia exigida en la ley\u00bb. Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Acorde con la anterior postura, la jurisprudencia de esta Sala ha enfatizado sobre el saneamiento de la nulidad en comento que la misma tiene a\u00fan m\u00e1s relevancia cuando, como en el caso sub j\u00fadice, en el juicio ya se profiri\u00f3 el fallo que se echaba de menos, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Seg\u00fan el principio de convalidaci\u00f3n que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: \u00absi el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia t\u00e1cita o expresa de la parte que sufre lesi\u00f3n por la nulidad. (\u2026) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha\u2026\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) Como insaneables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla \u00abproceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Luego, al no estar la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General de Proceso taxativamente prevista como insaneable y al no ser una \u00abnulidad especial\u00bb, no es posible afirmar que es una anomal\u00eda procesal de tan grande magnitud que no es susceptible de convalidaci\u00f3n o saneamiento. <\/p>\n
De esta manera, si se actu\u00f3 sin proponerla, o la convalid\u00f3 en forma expresa, la nulidad quedar\u00e1 saneada, pero si la parte la formula en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 134, siempre que se cumplan los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 135, y una vez verificado el supuesto de hecho indicado en el art\u00edculo 121 \u2013que como se explic\u00f3, no es objetivo y admite el descuento de demoras que no se deben a la desidia del funcionario\u2013, el juez deber\u00e1 declarar la consecuencia jur\u00eddica expresada en esa disposici\u00f3n. <\/p>\n
(…) Bajo los anteriores presupuestos conceptuales y frente a la conducta examinada, surge como evidente que el Tribunal encausado err\u00f3 al decretar la nulidad de lo actuado (\u2026), toda vez que no tom\u00f3 en consideraci\u00f3n que la nulidad de que trata el tan citado art\u00edculo 121, es de car\u00e1cter saneable (\u2026). <\/p>\n
Al respecto cabe destacar que los funcionarios judiciales, deben en sus actuaciones dar prevalencia al derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y replicado en el canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u201cel objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u201d. <\/p>\n
(\u2026) De manera que, es evidente la arbitrariedad en la que incurri\u00f3 el Tribunal convocado, pues proferida una sentencia por fuera del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, no es en principio razonable retrotraer lo actuado (\u2026)\u00bb (CSJ STC15542-2019, 14 nov., rad. 03608-00, citada en STC5517-2022, 4 mar., rad. 01013-00, entre otras). Se destaca. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la protecci\u00f3n deprecada no es viable porque la decisi\u00f3n confutada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues n\u00f3tese que la sola divergencia conceptual no es fuente del auxilio. Entonces, el hecho de que el resultado de la actuaci\u00f3n criticada no se avenga a los intereses de una de las partes, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada, escapa al \u00e1mbito del fallador constitucional. <\/p>\n
En esas circunstancias, se reitera que el juez del amparo \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451); igualmente, que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, se denegar\u00e1 el resguardo, comoquiera que la desestimaci\u00f3n de la solicitud de nulidad impetrada, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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