STC4873-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4873-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01855-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Fernando Quintero Mesa contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Promiscuo de Familia de Salamina (Caldas), Segundo Promiscuo Municipal de esa misma localidad, Segundo Promiscuo Municipal de Aguadas y Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, as\u00ed como los intervinientes en el amparo rad. n.\u00ba 2023- 00003-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales a la igualdad, libre desarrollo, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Lo anterior -seg\u00fan logra desprenderse del escrito inaugural- debido a que el tribunal cuestionado, a trav\u00e9s del magistrado sustanciador que conoci\u00f3 en segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela rad. n.\u00b0 2023-00003, ha incurrido en mora judicial, desconociendo su \u00abDEBER DE ACATAR PROVIDENCIAS JUDICIALES Y PODERES DEL JUEZ PARA HACERLAS CUMPLIR (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, tras citar las consideraciones plasmadas en los prove\u00eddos emitidos por la corporaci\u00f3n convocada, pidi\u00f3 expresamente que \u00absea llevado a la c\u00e1rcel porque el desacato super\u00f3 los 10 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El tribunal convocado, a trav\u00e9s del magistrado sustanciador del asunto, hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el asunto objeto de la presente queja constitucional y remiti\u00f3 el link del expediente digital. <\/p>\n
3. Por su parte, la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abninguna entidad del Distrito Capital se encuentra vinculada\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 48 Seccional de Administraci\u00f3n P\u00fablica remiti\u00f3 copia de la comunicaci\u00f3n n.\u00b0 20380-01-02-11-0668 de 15 de mayo de 2023, emitida con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela rad. n.\u00b0 17001-31-03-002-2023-00139-00. <\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo pidi\u00f3 que se declare la improcedencia del amparo, por inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales del actor. <\/p>\n
6. A trav\u00e9s de su representante, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santiago de Cali pidi\u00f3 que se declare la improcedencia de la acci\u00f3n tutela debido a que \u00abno existe violaci\u00f3n a derecho fundamental alguno del cual sea titular el se\u00f1or OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA, y que [les] sea imputable (\u2026). A su vez [solicit\u00f3] conminar[lo] para que haga un uso responsable de este mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
7. La Corporaci\u00f3n Universitaria Minuto de Dios precis\u00f3 que \u00abha dado respuesta a todas y cada una de las acciones de tutela interpuestas por el se\u00f1or Quintero en diferentes Despachos Judiciales desde el a\u00f1o 2019, tal es as\u00ed, que en contestaciones pasadas se ha indicado que mi representada no ha interpuesto ninguna denuncia en contra del se\u00f1or Quintero por lo que no se ha vulnerado su derecho al HABEAS DATA ni ha vulnerado ning\u00fan derecho del accionante dado que lo existente entre las partes obedeci\u00f3 a un contrato de prestaci\u00f3n de servicios que finaliz\u00f3 hace m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
8. Tambi\u00e9n trajo respuesta la Universidad del Tolima, quien empez\u00f3 por resaltar que el promotor \u00abha venido interponiendo acciones de tutela desde el a\u00f1o 2019 (\u2026), sustancialmente bajo los mismos argumentos: despido injustificado, persecuci\u00f3n laboral, da\u00f1o a la salud y a la vida, vulneraci\u00f3n al trabajo y a la seguridad social, a la dignidad, debido proceso, entre otros. Estas acciones de tutela no han prosperado, a pesar de ello, el se\u00f1or Quintero sigue insistiendo en el uso desmedido, injustificado y temerario del mecanismo constitucional de tutela\u00bb; bajo ese entendido, deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n pues \u00abno se ha presentado actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n [alguna, y) no tenemos competencia judicial o penal para adelantar las pretensiones del [actor]\u00bb. <\/p>\n
9. Finalmente, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Bogot\u00e1, los Ministerios de Educaci\u00f3n Nacional y del Trabajo, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Salamina y la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, tras hacer un recuento de los hechos narrados en el libelo introductor, precisar las competencias que les asisten, alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales vulner\u00f3 la prerrogativa reclamada por el censor, toda vez que, supuestamente, ha incurrido en mora judicial al interior de la tutela rad. n.\u00ba 2023-00003. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por el memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que lo pretendido con este mecanismo es que se conmine a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a que cumpla su \u00abDEBER DE ACATAR PROVIDENCIAS JUDICIALES Y PODERES DEL JUEZ PARA HACERLAS CUMPLIR\u00bb, pidiendo adem\u00e1s que \u00abpor mora judicial, sea llevado a la c\u00e1rcel porque el desacato super\u00f3 los 10 d\u00edas\u00bb; lo anterior en el marco de la acci\u00f3n de tutela rad. n.\u00b0 2023-00003. <\/p>\n
No obstante, una vez verificado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, as\u00ed como la foliatura remitida, se pudo constatar que dentro del tr\u00e1mite objeto de queja, se profiri\u00f3 fallo de segunda instancia que defini\u00f3 el asunto, decidiendo \u00abCONFIRMAR la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n\u00bb, esto es, aquella que neg\u00f3 el amparo deprecado por improcedente, y que dicho tr\u00e1mite se agot\u00f3 en sede del control directo que realiza la Corte Constitucional, dado que ese tribunal lo excluy\u00f3 de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n con auto de 28 de abril de 2023 (T-9.346.133), actuaci\u00f3n notificada a trav\u00e9s de estado del pasado 15 de mayo. <\/p>\n
As\u00ed, adem\u00e1s de que emerge evidente la inmutabilidad de la cosa juzgada constitucional, no se observa orden alguna que requiera hacer cumplir o deba acatar la corporaci\u00f3n convocada, aunado a que ninguna actuaci\u00f3n adicional obra en el expediente, pendiente por resolver. <\/p>\n
Significa lo anterior que la colegiatura fustigada no ha incurrido en una actitud dilatoria en el asunto bajo su conocimiento y, por ende, se colige que el tribunal ha realizado las gestiones pertinentes en procura de zanjar la instancia a su cargo. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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