STC4878-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4878-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00513-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 29 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hilario Pe\u00f1a Su\u00e1rez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Socorro y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2020-00081. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, Lucy Pico Porras fue condenada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Socorro, a la pena de 36 meses de prisi\u00f3n y multa de 400 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el delito de \u00abcalumnia\u00bb, del cual fue denunciante y v\u00edctima, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la defensa de la procesada. <\/p>\n
Sin embargo, refiri\u00f3 que, en providencia del 10 de febrero de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil anul\u00f3 la actuaci\u00f3n \u2013 nulidad deprecada por la recurrente \u2013 al advertir que \u00abno se cumpli\u00f3 con el requisito de procedibilidad conforme al art\u00edculo 522 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal [\u2026] debiendo cumplirse con la conciliaci\u00f3n de manera obligatoria por ser un delito querellable, es condici\u00f3n para el ejercicio de la acci\u00f3n penal (\u2026)\u00bb, ordenando retornar el tr\u00e1mite al juzgado de origen para rehacerlo desde la etapa de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 esta \u00faltima determinaci\u00f3n por cuanto, seg\u00fan adujo, el tribunal accionado \u00abdio por sentado [\u2026] sin verificar\u00bb que no se hab\u00eda surtido la audiencia de conciliaci\u00f3n cuando en realidad aqu\u00e9lla s\u00ed se agot\u00f3, y por lo tanto, le correspond\u00eda a esa colegiatura, en uso de \u00absus facultades oficiosas (sic) haber oficiado a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para efectos de que se acreditara si se llev\u00f3 a cabo o no la audiencia de conciliaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 tambi\u00e9n el proceder de la defensa de la procesada Pico Porras, pues era de su pleno conocimiento que la conciliaci\u00f3n s\u00ed se surti\u00f3 \u00ab(\u2026) y se suscribi\u00f3 acta de no conciliaci\u00f3n, llevando a inducir en error al funcionario judicial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se deje sin efecto \u00abel prove\u00eddo de 10 de febrero de 2023, emanado del Tribunal Superior de San Gil, mediante el cual decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de conciliaci\u00f3n inclusive, invalidando el proceso [\u2026] por incurrir en error f\u00e1ctico, error sustancial y procedimental y violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n (\u2026) ordenar al [tribunal] continuar con el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y proferir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n recriminada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, expuso que ninguna irregularidad o arbitrariedad pod\u00eda extraerse de la decisi\u00f3n judicial discutida, pues en el expediente, \u00abno exist\u00eda evidencia de que se hubiere realizado la audiencia de conciliaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se estim\u00f3 que no se cumpli\u00f3 el requisito de procedibilidad, en trat\u00e1ndose de delito querellable\u00bb. En sustento de ello, anex\u00f3, en su respuesta, constancia de la existencia de los documentos que conformaban el cuaderno digital, dentro de los cuales no obraba la audiencia de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a\u00f1adi\u00f3 que la falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad por la inexistencia de conciliaci\u00f3n fue, precisamente, el cargo m\u00e1s importante en el que la abogada de Lucy Pico Porras centr\u00f3 su apelaci\u00f3n, y que, en todo caso, en el traslado concedido a los no recurrentes, \u00abni la v\u00edctima Hilario Pe\u00f1a Su\u00e1rez o las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso no se refirieron a tal omisi\u00f3n o hicieron alusi\u00f3n alguna a la existencia de una diligencia del 23 de julio de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Promiscuo Municipal del Socorro, si bien reconoci\u00f3 que no se verific\u00f3 el cumplimiento de la audiencia previa de conciliaci\u00f3n \u00ablo cierto fue que ninguna de las partes aleg\u00f3 dicho incumplimiento, motivo por el cual no se abord\u00f3 tal an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 4\u00aa Local del Socorro detall\u00f3 que s\u00ed se llev\u00f3 a cabo la conciliaci\u00f3n entre la v\u00edctima y la investigada en el proceso penal; empero, admiti\u00f3 que \u00abdicho documento no fue incorporado al proceso penal, al estimar que no se trataba de un elemento material probatorio y por ende no era necesario llevarlo a juicio\u00bb. A pesar de lo anterior, consider\u00f3 desleal de la acusada y su apoderada que, \u00abaun conociendo que s\u00ed se llev\u00f3 a cabo la audiencia de conciliaci\u00f3n, indicaran a la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil que no se hab\u00eda agotado dicho requisito de procedibilidad, actuaci\u00f3n que, a su juicio, estructura el delito de fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
4. La defensora de la procesada Lucy Pico Porras manifest\u00f3 que \u00abresultaba evidente que no se aport\u00f3 al proceso el acta de conciliaci\u00f3n con la cual se agot\u00f3 el requisito de procedibilidad\u00bb y afirm\u00f3 que, el acta que se alleg\u00f3 con la presente acci\u00f3n de tutela, correspond\u00eda a una causa judicial distinta por el delito de \u00ablesiones personales\u00bb. <\/p>\n
5. El apoderado del aqu\u00ed accionante arguy\u00f3 que, contrario a lo aseverado por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, \u00abs\u00ed fue debidamente agotada la audiencia de conciliaci\u00f3n ante la Delegada de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no encuentra fundada la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n que se declar\u00f3 respecto del proceso penal\u00bb. <\/p>\n
6. El Procurador Judicial I Penal 296 Delegado ante los juzgados penales del Socorro coadyuv\u00f3 lo alegado por el tutelante, en el sentido que, la procesada Pico Porras hizo incurrir al tribunal en error al asegurar que no se hab\u00eda llevado a cabo la conciliaci\u00f3n \u00abcuando no era cierto [\u2026] ya que la investigada acudi\u00f3 personalmente a dicha diligencia [\u2026] la abogada se aprovech\u00f3 de un error formal [\u2026] lo cual conllev\u00f3 que, la Sala accionada no tuviera otra opci\u00f3n que anular el proceso penal, ante el error al que fue inducido\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad por cuanto, la actuaci\u00f3n procesal \u00ab(\u2026) se encuentra en curso, y [\u2026] al retrotraerse la actuaci\u00f3n penal se han rehabilitado varios institutos procesales, as\u00ed como recursos ordinarios y extraordinarios, que le permitir\u00e1n al demandante en tutela asegurar la observancia de un debido proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. El promotor reiter\u00f3 las alegaciones del escrito introductor en torno a la decisi\u00f3n que cuestiona del tribunal accionado y el proceder \u00abdesleal\u00bb de la procesada Pico Porras. En cuanto al criterio de la Sala a quo para denegar el amparo sostuvo que, no era aplicable el requisito de la subsidiariedad pues, frente a la providencia recriminada no proced\u00eda ning\u00fan recurso y \u00abel proceso no se encontraba en curso, ya estaba terminado [\u2026] estaba para confirmar o revocar la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Socorro, Santander\u00bb. <\/p>\n
2. El delegado del Ministerio P\u00fablico replic\u00f3 los argumentos de su intervenci\u00f3n al contestar la tutela, y sobre lo resuelto por la Hom\u00f3loga penal en primer grado, manifest\u00f3 que, contrario a lo por aqu\u00e9lla indicado, el actor no cuenta con mecanismos ordinarios para censurar la determinaci\u00f3n del tribunal tutelado, sumado a que, de mantenerse la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite, se correr\u00eda el riesgo que la acci\u00f3n penal prescriba, fen\u00f3meno que acaecer\u00eda el \u00ab10 de diciembre de 2023\u00bb, situaci\u00f3n relevante considerando que el proceso inicial hasta el proferimiento del auto de nulidad dur\u00f3 aproximadamente 22 meses. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el quejoso con el auto del 10 de febrero de 2023 que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el proceso penal rad. 2020-00081, que se adelant\u00f3 contra Lucy Pico Porras por el delito de \u00abcalumnia\u00bb por falta de acreditaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n prejudicial, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho al no efectuar las verificaciones necesarias a fin de establecer si se hab\u00eda cumplido o no con dicho requisito de procedibilidad. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado en la medida en que, no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde el promotor del amparo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
Y es que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las decisiones que se adopten al interior del juicio penal, pues, al declararse la nulidad, la actuaci\u00f3n se reanuda desde la instancia en que se dispuso en la determinaci\u00f3n reprochada y, de esta manera, subsisten y se reactivan las posibilidades jur\u00eddicas para que el precursor del amparo defienda sus intereses de acuerdo a su calidad de v\u00edctima en el proceso, a partir de las herramientas que el estatuto adjetivo penal prev\u00e9 seg\u00fan la etapa procesal en que se reinicie. <\/p>\n
De procederse de forma contraria, y asumirse esta acci\u00f3n como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se corre el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala que, no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la salvaguarda de las garant\u00edas superiores. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se advierte improcedente el auxilio si el proceso penal criticado se encuentra en tr\u00e1mite y, mientras ello sea as\u00ed, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste le corresponde dirimirlas al juez ordinario en la instancia correspondiente, lo que impide la intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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