STC4882-2023 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4882-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00734-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Yennis Esther Urquijo Anchique frente a la sentencia de 20 de abril de 2023, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, ambos de Santa Marta, la empresa Puertos de Colombia – Terminal Mar\u00edtimo de Santa Marta, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 U.G.P.P. -, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Magdalena, autoridades, partes e intervinientes en el proceso laboral n\u00b0. 47001-31-05-002-2013-00529-01. (Rad. Interno 74122). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3, en suma, que se deje sin efectos las sentencias de instancia y de casaci\u00f3n CSJ SL4968-2020 (7 dic.) y, en consecuencia, se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, reajuste y pague su mesada pensional con efectos retroactivos desde el 10 de noviembre de 1982, la devoluci\u00f3n de los valores a reintegrar, la indexaci\u00f3n y los intereses moratorios y se ajuste su mesada que actualmente es de $7\u2019007.240,42. <\/p>\n
Del escrito inaugural y los medios de prueba aportados se extrae que la convocante prest\u00f3 sus servicios a la empresa Puertos de Colombia \u2013 Terminal Mar\u00edtimo de Santa Marta desde el 16 de julio de 1968 hasta el 15 de noviembre de 1991 y mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 141546 DE 1992 le fue reconocida la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en cuant\u00eda del 80% del promedio mensual del salario del \u00faltimo a\u00f1o de vinculaci\u00f3n. Como por medicina laboral se estableci\u00f3 que la extrabajadora ten\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 80% (2 dic. 1993) acudi\u00f3 a la justicia ordinaria laboral y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta conden\u00f3 a la empresa Puertos de Colombia a reconocerle la pensi\u00f3n de invalidez que correspond\u00eda al 100% de lo devengado seg\u00fan el art\u00edculo 117 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo (22 abr. 1994), lo cual fue acatado mediante resoluci\u00f3n n\u00b0 237 de febrero de 1995 con efectos al 16 de noviembre de 1991. En obedecimiento a las directrices CC SU-962 de 1999 se surti\u00f3 el grado de consulta y la Sala Laboral del Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto (31 may. 2001), raz\u00f3n por la que el Coordinador General del Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social de Puertos de Colombia, en cumplimiento de lo anterior, revoc\u00f3 la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 237 de febrero de 1995, que hab\u00eda ajustado el monto de la pensi\u00f3n de invalidez, orden\u00f3 el reintegro a la Naci\u00f3n de la suma de $162.396.035,25 y dej\u00f3 vigente la prestaci\u00f3n de origen convencional que en la actualidad asciende a $7\u2019007.240,42. <\/p>\n
Ante una nueva valoraci\u00f3n por parte de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez (23 may. 2013), determin\u00f3 que la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la actora era del 69,99%, con fecha de estructuraci\u00f3n a 10 de noviembre de 1982. Por ello acudi\u00f3 nuevamente a la jurisdicci\u00f3n en busca del restablecimiento de la pensi\u00f3n por invalidez y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta declar\u00f3 la cosa juzgada (31 mar. 2014), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (22 abr. 2015), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segundo grado (CSJ SL4968-2020, 7 dic.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los servidores de instancia y de cierre incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria porque no tuvieron en cuenta que en el primer proceso busc\u00f3 la asignaci\u00f3n de una pensi\u00f3n de invalidez y en el segundo la recuperaci\u00f3n de \u00e9sta, adem\u00e1s, que el nuevo dictamen de medicina laboral expedido en el a\u00f1o 2013 constitu\u00eda un hecho nuevo y no simplemente una nueva prueba como lo entendieron los funcionarios acusados. <\/p>\n
2. La sala de casaci\u00f3n acusada defendi\u00f3 su prove\u00eddo y alert\u00f3 sobre el incumplimiento del presupuesto tempestivo. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que se incumpli\u00f3 la temporalidad sin justificaci\u00f3n y porque al flexibilizar tal postulado \u00ablo decidido por el Tribunal de Casaci\u00f3n accionado se bas\u00f3 en la ley y la jurisprudencia aplicable al caso puesto a su conocimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La precursora impugn\u00f3 y pretendi\u00f3 excusar la tardanza en las circunstancias especiales de su caso porque la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental es permanente e insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado debe respaldarse, pero porque la providencia atacada resulta ser razonable, ya que como lo tiene decantado esta Sala, en prestaciones de tracto sucesivo (pensiones) no es viable exigir el obedecimiento del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, analizada la providencia de casaci\u00f3n reprochada, sobre la que se circunscribir\u00e1 el estudio, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
En efecto, para declarar la improsperidad de los dos cargos que en esa sede elev\u00f3 Yennis Esther Urquijo Anchique la magistratura resalt\u00f3 que la censura resalt\u00f3 que los mismos fueron cimentados en \u00ab(i) no haber dado por probada la condici\u00f3n de invalidez de la actora\u00bb y en \u00ab(ii) dar por acreditado sin estarlo que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed al adentrarse en el estudio de los ataques y luego de establecer como marco normativo las previsiones que se\u00f1alaba el art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil hoy 303 del C\u00f3digo General del Proceso resalt\u00f3 que, <\/p>\n
Sostiene la censura que no existi\u00f3 cosa juzgada entre este proceso y el que se tramit\u00f3 anteriormente en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, que culmin\u00f3 con la sentencia del 22 de abril de 1994, en la que se conden\u00f3 a la Empresa Puertos de Colombia a reconocerle a la accionante, la pensi\u00f3n de invalidez al 100%, decisi\u00f3n que posteriormente fue revocada con la sentencia del 31 de mayo de 2001, expediente 4160, expedida por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 DC, al surtirse el grado de consulta. <\/p>\n
Aduce la existencia de hechos nuevos diferentes a los narrados en la primera demanda laboral, que no se encuentran cobijados por la cosa juzgada, representados en el dictamen m\u00e9dico de la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Magdalena que determin\u00f3 en la actora el 69.90% de PCL, con fecha de estructuraci\u00f3n del 10 de mayo de 1982; la certificaci\u00f3n expedida por el neur\u00f3logo que se\u00f1al\u00f3 que la actora sigue convulsionando; la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 0766 del 1\u00b0 de junio del 2009, que extingui\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez; la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 RDP 042175 del 11 de septiembre de 2013, que resolvi\u00f3 los recursos interpuestos y que neg\u00f3 restablecer la pensi\u00f3n de invalidez extinguida. <\/p>\n
Expresa que esos hechos nuevos, constituyen el motivo que justifica la segunda demanda laboral contra la pasiva encaminada a que esta le otorgue la pensi\u00f3n de invalidez convencional que le fue revocada, con fundamento en el nuevo dictamen m\u00e9dico expedido por la Junta de Invalidez del Magdalena, en el cual a diferencia del dictamen que se aport\u00f3 en el primer proceso, individualiza cada una de las patolog\u00edas que padece la pensionada y establece un criterio diferente al vertido en el dictamen m\u00e9dico n.\u00b0 12793 del 2 de diciembre de 1993, expedido por Medicina Laboral de ese entonces y se determina la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento al estudiar la sentencia del Tribunal objeto de escrutinio resalt\u00f3 que, <\/p>\n
El juez plural frente a argumentos similares vertidos en el recurso de apelaci\u00f3n, dijo en la sentencia enjuiciada que en los dos procesos se pretende el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez por el cumplimiento por parte de la actora de los requisitos fijados en el art\u00edculo 117 de la CCT, lo que confrontado con el argumento de la recurrente, no surge nada diferente a lo que dio por demostrado el tribunal, por lo menos en lo que tiene que ver con las partes y el objeto de ambos procesos, pues se trata de la misma demandante convocando a juicio a la misma demandada (identidad de partes); pretendiendo la misma pensi\u00f3n de invalidez (identidad de objeto), o sea, que ambas demandas versan sobre el mismo derecho, por lo tanto, frente a estos dos fundamentos de la cosa juzgada, no existe controversia. <\/p>\n
En cuanto a tercer elemento que tiene que ver con la identidad de causa, a\u00f1adi\u00f3 el juez de alzada, que el sustento f\u00e1ctico de las pretensiones en aquella oportunidad fue que a partir de agosto de 1978 la demandante comenz\u00f3 a padecer de crisis convulsiva de dif\u00edcil manejo, que desde entonces la empresa le hab\u00eda suministrado los servicios m\u00e9dicos y las medicinas sin que haya logrado mejor\u00eda dado el estado de salud de la demandante, lo que corroborado con la pieza procesal apreciada por el fallador que lo fue la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta en el proceso primigenio (f.\u00b0 59), corresponde exactamente a lo plasmado en el cap\u00edtulo denominado S\u00cdNTESIS DE LOS HECHOS, que es lo mismo que se narra en la presente demanda, como bien lo hace ver el fallador. <\/p>\n
En ese escenario hall\u00f3 acreditado que, <\/p>\n
(\u2026) estar\u00edan acreditados de manera concurrente, el tr\u00edpode de identidades exigidos por el legislador para que opere la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, centr\u00e1ndose el n\u00facleo del debate en determinar si los hechos que pone de presente la censura, realmente logran desvirtuar la identidad de causa que dio por probada el juez plural, pues frente a ellos dijo el operador judicial que no se trataban de hechos nuevos, que lo aducido por la activa en el recurso de apelaci\u00f3n es el que esta acci\u00f3n ordinaria se funda en la existencia de una nueva prueba cual es el dictamen n.\u00b0 282213 de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Magdalena, del 23 de mayo 2013, que corrobora el estado de invalidez y establece la PCL de la demandante, luego se trata es de una prueba que pudo aportar en el primer proceso y plantear su importancia en el para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) no se equivoc\u00f3 el ad quem en el sub judice, conforme la lectura de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, del 31 de mayo del 2001, donde esa colegiatura despu\u00e9s de valorar la historia cl\u00ednica de la demandante, varias constancias m\u00e9dicas y un dictamen emanado del Ministerio del Trabajo, concluy\u00f3 que como la pensi\u00f3n rogada era de naturaleza convencional, soportado en el art\u00edculo 117 de la CCT, indic\u00f3 que no se probaban con esas documentales, los supuestos f\u00e1cticos del precepto extralegal, y es precisamente esa falencia probatoria la que se pretende enmendar en este proceso, por ello no incurre en dislate alguno el ad quem cuando sostiene que no es dable que mediante una nueva demanda ordinaria le sean reconocidas a la accionante unas pretensiones que dej\u00f3 fenecer, y revivir un asunto jur\u00eddico que ya fue decidido, tray\u00e9ndose a esta causa un elemento probatorio nuevo que bien pudo ser adquirido y aportado en el anterior proceso, m\u00e1xime cuando la invalidez de la demandante se estructur\u00f3 con fecha 10 de noviembre de 1982, antes de iniciar la primera demanda que culmin\u00f3 en primera instancia en el a\u00f1o 1994. <\/p>\n
El ataque pierde de vista que el aporte de nuevas pruebas, no hace que var\u00ede la causa petendi, por lo que no es posible con ese actuar desvirtuar la cosa juzgada, as\u00ed lo tiene adoctrinado la Sala en la sentencia CSJ SL10819, 18 ago. 1998, reiterada en la CSJ SL30002, 19 nov. 2007 (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el prove\u00eddo cuestionado en esta queja reposa en un discernimiento razonable sumado a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de la normatividad y los precedentes de la hom\u00f3loga en lo laboral que rige la materia, queda en evidencia que el anhelo de la impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el juicio en que fue vencida, donde, adem\u00e1s, hall\u00f3 acreditado que el actora ya hab\u00eda iniciado un proceso ordinario laboral resuelto por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta y la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (31 may. 2001) en el que se defini\u00f3 el alcance del art\u00edculo 117 de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo y en ese escenario estaban dados los elementos esenciales de la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, lo que llev\u00f3 al desenlace aqu\u00ed reprochado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay defecto org\u00e1nico, ni procedimental que enmendar por esta v\u00eda residual y subsidiaria. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4882-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4882-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00734-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Yennis Esther Urquijo Anchique frente a la sentencia de 20 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73470","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73470","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73470"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73470\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}