STC4884-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4884-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2023-00075-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 27 de abril de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Daza Navarro contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1, tr\u00e1mite al cual fue vinculada Luz Nelia Barrantes Mej\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, igualdad, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el accionado al no dar tramitar su \u00abdemanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso que dentro del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos con radicaci\u00f3n 2021-00237, impetrado por su ex c\u00f3nyuge Luz Nelia Barrantes Mej\u00eda, el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 tas\u00f3 cuota a su cargo, disponiendo que la misma fuera descontada mensualmente por el pagador de la empresa donde labora, en la suma equivalente al \u00ab40% (\u2026) sobre todo lo devengado\u00bb. <\/p>\n
Que el accionado \u00abno acepta demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb, pese que ha agotado los recursos y presentado las pruebas en el sentido de que \u00abhace ya tres (3) a\u00f1os [que] existe separaci\u00f3n de cuerpos\u00bb, y de que la demandada es \u00abapta para desempe\u00f1arse en su arte y oficio como modista profesional, estudios que costee, no sufre perturbaciones mentales ni s\u00edquicas, discapacidad o inhabilidad corporal alguna\u00bb. <\/p>\n
Que, con la determinaci\u00f3n adoptada por el juzgado, se han gravado conceptos \u00abque no son salarios\u00bb, por lo que se \u00abdesconoce total la convenci\u00f3n laboral entre la empresa Masa \u2013Stork y la Uni\u00f3n Sindical Obrera de la Industria del Petr\u00f3leo\u00bb, y tambi\u00e9n \u00abmi insolvencia socio-econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene a la autoridad judicial convocada, \u00ablevantar la medida cautelar y restablecer [sus derechos]\u00bb, disponiendo \u00abrevisar [lo resuelto en el pleito 2021-00237]\u00bb, y \u00abpronunciarse\u00bb sobre los recursos interpuestos en el \u00abproceso [de exoneraci\u00f3n de alimentos n\u00b0 2022-00285]\u00bb. As\u00ed mismo, que, en raz\u00f3n a su proceder, se disponga \u00abacto disciplinario contra el [Juez] Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Boyac\u00e1\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1, inform\u00f3 que, en relaci\u00f3n con los alimentos fijados a cargo del hoy reclamante, este ha presentado \u00abdemanda de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria (\u2026) en dos ocasiones: la primera en julio de 2022 correspondi\u00e9ndole el radicado No. 2022-00176, y la [segunda] en octubre de 2022 (\u2026) radicado No. 2022-00285, ambas rechazadas en su oportunidad procesal\u00bb, y que \u00ablo peticionado en la acci\u00f3n de tutela no es resorte de la misma ya que el actor cuenta con otros mecanismos ordinarios que se encuentran previstos en el ordenamiento legal\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales y por el contrario se han adelantado las actuaciones procesales correspondientes (\u2026), y que, por desidia del accionante, se reitera, no fueron atendidas dentro de los t\u00e9rminos correspondientes\u00bb. <\/p>\n
2. Luz Nelia Barrantes Mej\u00eda, dijo que el juzgado \u00abdetermin\u00f3 en justicia la cuota alimentaria que actualmente se le descuenta [del] salario al [ahora accionante]\u00bb, y que en dicho litigio [2021-00237], \u00abse cumpli\u00f3 con el debido proceso, habi\u00e9ndosele notificado durante las diferentes etapas del mismo hasta su fallo, por lo que no existen motivos para expresar la vulneraci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al considerar que el actor desatendi\u00f3 el requisito de subsidiariedad, pues tras la inadmisi\u00f3n de la \u00faltima demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos, \u00abinterpuso recurso de reposici\u00f3n [pero] de forma extempor\u00e1nea, sin embargo, ante la confusi\u00f3n del escrito, el juzgado realiz\u00f3 requerimiento [pero el se\u00f1or Daza] no alleg\u00f3 respuesta alguna\u00bb, por tanto, antes de incoar la tutela no agot\u00f3 \u00abel recurso de reposici\u00f3n frente al rechazo de la demanda\u00bb. Y acot\u00f3 que la censura contra lo resuelto en el proceso primigenio, incumple el principio de la inmediatez, pues se fall\u00f3 \u00abel 12 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para insistir en los argumentos de su querella. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia del actor, al rechazar la solicitud de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, aduciendo incumplimiento de los requisitos de una demanda. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corte, la acci\u00f3n constitucional dirigida contra esta clase de decisiones, solamente procede cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo. Ello, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez de tutela no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por tanto, aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento legal, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo y, por tanto, se hace indispensable restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC7763-2022, 22 jun., rad. 00440-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder\u00e1 a la tutela, comoquiera que se evidencia la incursi\u00f3n del estrado accionado en defectos espec\u00edficos de procedibilidad que ameritan la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
3.1. De la flexibilizaci\u00f3n de la subsidiariedad. <\/p>\n
Preliminarmente se precisa que sin perjuicio de los cuestionamientos que realiz\u00f3 el accionante a la tasaci\u00f3n inicial de alimentos, del escrito genitor se colige que el prop\u00f3sito de esta salvaguarda es obtener el tr\u00e1mite de la reiterada \u00abdemanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb, pues a trav\u00e9s de tal pretensi\u00f3n pretende resarcir la afectaci\u00f3n ac\u00e1 alegada. <\/p>\n
Se\u00f1alado lo anterior, se advierte que, si bien el accionante no interpuso oportunamente recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 12 de diciembre de 2022, mediante el cual el accionado rechaz\u00f3 la m\u00e1s reciente demanda (rad. 2022-00285), pese a que s\u00ed lo hizo respecto del prove\u00eddo inadmisorio adiado el 15 de noviembre de 2022, la Corte obviar\u00e1 el presupuesto de la subsidiariedad del ruego tuitivo, porque, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, no proced\u00edan las exigencias formales de una demanda. <\/p>\n
Por tanto, se est\u00e1 ante una de las relevantes situaciones que justifican una postura m\u00e1s flexible para abordar la procedencia del auxilio implorado, frente a las cuales esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00ab(\u2026) la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01), y en el mismo sentido se ha reiterado que: <\/p>\n
\u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00). <\/p>\n
3.2. De los yerros de procedibilidad. <\/p>\n
Al haber dispuesto mediante prove\u00eddo del 15 de noviembre de 2022, que el peticionario deb\u00eda acreditar el derecho de postulaci\u00f3n para formular la exoneraci\u00f3n de alimentos, adem\u00e1s de requerir, entre otras exigencias formales, que se precisaran los hechos y pretensiones de la \u00abdemanda\u00bb, y al no hacerlo haberla rechazado seg\u00fan da cuenta el auto del 12 de diciembre de la misma anualidad, el juzgado incurri\u00f3 en defecto de \u00edndole procedimental -tanto absoluto como por exceso de rigorismo formal-, as\u00ed como en el de desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la medida en que para tal proceder, no tuvo en cuenta la interpretaci\u00f3n dada por esta Sala de cara a la aplicaci\u00f3n de los preceptos que rigen la tem\u00e1tica en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, tras recordar que el fuero de atracci\u00f3n o conexidad aplica en relaci\u00f3n con los asuntos previstos en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, e igualmente en el numeral 6\u00b0 del canon 397 ibidem, esta \u00faltima regla en trat\u00e1ndose de mayores de edad, la Corte, al resolver asuntos de similares contornos al que ahora se revisa, ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para este tipo de asuntos, no puede desconocerse lo previsto en el art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, que enlista las cuestiones que deben ser tramitadas bajo el procedimiento verbal sumario. <\/p>\n
As\u00ed, el numeral segundo de la mentada disposici\u00f3n contempla los de \u201cfijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n, exoneraci\u00f3n de alimentos y restituci\u00f3n de pensiones alimenticias\u201d, siempre y cuando, -res\u00e1ltese- \u201cno hubieren sido se\u00f1alados judicialmente\u201d. <\/p>\n
De, lo anterior, den\u00f3tese que el caso, como el que es ahora objeto de revisi\u00f3n, qued\u00f3 excluido de la regla general descrita, comoquiera que la solicitud elevada ante el despacho acusado, se present\u00f3 luego de que, contra \u00e9l, se fijara una cuota alimentaria en sentencia de 29 de septiembre de 2015. <\/p>\n
En otras palabras, al tener, al tener a su cargo una obligaci\u00f3n alimentaria, declarada por v\u00eda judicial, lo que le correspond\u00eda entonces al alimentante, era sencillamente solicitar al mismo juez que fij\u00f3 aquella prestaci\u00f3n, exonerarlo de la cuota, para que, a esta petici\u00f3n, se le diera el tr\u00e1mite descrito en el numeral sexto del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). <\/p>\n
En suma, la citada prerrogativa, no enuncia ning\u00fan otro requisito que deba contemplase para efectos de solicitar la exoneraci\u00f3n de alimentos, basta \u2013rep\u00edtase-, con solicitarlo al juez de la causa, para que \u00e9ste, a continuaci\u00f3n del proceso de alimentos, proceda a resolverla en audiencia, con la comparecencia y participaci\u00f3n, claro est\u00e1, de la parte contraria, como se dej\u00f3 visto\u00bb (CSJ STC5710-2017, 27 abr., rad. 00122-01, reiterada en STC19138-2017, 17 nov., rad. 00704-01). <\/p>\n
Luego, siguiendo ese mismo derrotero, en un caso semejante, expuso que \u00abresult\u00f3 desatinado el actuar del juzgado (\u2026) cuestionado toda vez que, err\u00f3 al rechazar la demanda de incremento de cuota alimentaria y dio un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, en esa medida, equivoc\u00f3 la direcci\u00f3n del asunto de marras, ello a la luz del a normatividad aplicable y la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado\u00bb (STC10326-2018, 10 ago. 2018, rad. 00318-01, reiterada en STC11756-2018, 12 sep. 2018, rad. 00379-01). <\/p>\n
Esta postura ha sido ratificada recientemente, al precisarse que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la cuota de alimentos ya se encuentra determinada por la autoridad judicial competente, los asuntos atinentes al aumento, reducci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de dicha obligaci\u00f3n, corresponde conocerlos y dirimirlos el mismo juez que la fij\u00f3, precisando que para ello no se requiere agotar conciliaci\u00f3n prejudicial ni las dem\u00e1s exigencias formales de una nueva demanda, sino que solo es menester la petici\u00f3n elevada por la parte interesada. <\/p>\n
Lo anterior en momento alguno impide que la contraparte haga uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues de acuerdo al precepto 397 del estatuto adjetivo general, el asunto se tramita y decide \u00aben audiencia previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb; tampoco implica que la decisi\u00f3n se adopte sin un adecuado sustento probatorio, porque adem\u00e1s de la oportunidad para que las partes aporten y soliciten los pertinentes medios de convicci\u00f3n, la normativa en comento establece que \u00abel juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante (\u2026)\u00bb (CSJ STC13655-2021, 13 oct., rad. 00105-01, citada en STC5487-2022, 5 may., rad. 00129-01 y STC11795-2022, 7 sep., rad. 00170-01). Se subraya. <\/p>\n
Entonces, por cuanto el caso examinado se ajusta a las circunstancias que acaban de describirse, toda vez que a la solicitud de exoneraci\u00f3n de alimentos, en lugar de tramitarse como tal en el mismo expediente (rad. 2021-00237), le exigi\u00f3 al solicitante cumplir cargas propias de una demanda independiente, el funcionario cognoscente afect\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, conllevando la necesidad de que el sentenciador excepcional intervenga, pues n\u00f3tese que, sumado a esas falencias, al ser ese el segundo pedimento elevado en el mismo sentido, se avizora tardanza en el diligenciamiento de un asunto breve y sumario. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el defecto procedimental, en primer lugar se tipifica en la modalidad de absoluto, porque so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, el accionado desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular del demandante, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en los art\u00edculos 390 y 397 de la codificaci\u00f3n adjetiva en comento; en segundo lugar, dicho yerro se configur\u00f3 por exceso ritual manifiesto, al exigir rigurosamente formalidades de una demanda, cuando, como se observ\u00f3 en precedencia, es contrario a los postulados de una pronta y eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre tal desafuero, se ha sostenido que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable al caso sub j\u00fadice, ya que se incurre en \u00e9l cuando el juez procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
N\u00f3tese que para incursionar en el defecto en cuesti\u00f3n, el acusado tambi\u00e9n soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que previene: \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia del desconocimiento de los t\u00e9rminos para impulsar los asuntos o resolver sus peticiones, la jurisprudencia sentenci\u00f3 que: \u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia. (\u2026) La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
Ahora, sobre el defecto de \u00abdesconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb, se ha precisado que el que obliga es el especializado y vertical, frente a lo cual esta Sala ha sostenido que: \u00ablos jueces \u00abest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u00bb (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01 citada en STC8847-2018, 11 jul., rad. 00144-01, entre otras), por lo que, cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, el juez est\u00e1 llamado a atenderlo para no lesionar las prerrogativas superiores que se protegen en sede constitucional. <\/p>\n
Dicha figura ha sido definida como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb. Se ha indicado tambi\u00e9n que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb.(CC T-1029\/12). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n enfilada a que se disponga \u00abacto disciplinario contra el [Juez] Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Boyac\u00e1\u00bb, para exponer que deviene improcedente, pues sobre el punto la Corte ha recalcado que quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep., rad. 00321-01, citada, entre otras, en STC15806-2022, 24 nov., rad. 00819-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se revocar\u00e1 lo resuelto en primera instancia y en su lugar se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada; en consecuencia, se invalidar\u00e1 tanto el auto que inadmiti\u00f3 como el que rechaz\u00f3 la exoneraci\u00f3n de alimentos deprecada por el ac\u00e1 quejoso, y se ordenar\u00e1 al despacho convocado que, atendiendo lo ac\u00e1 considerado, se pronuncie de nuevo frente a dicho pedimento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por el querellante. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin efecto los autos proferidos por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 el 15 de noviembre y 12 de diciembre de 2022, dentro del asunto con radicaci\u00f3n n\u00b0 2022-00285, mediante los cuales, en su orden, inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la \u00abdemanda de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb elevada por el ac\u00e1 reclamante. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR al titular del estrado accionado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, al interior del proceso de alimentos (rad. 2021-00237), resuelva nuevamente la petici\u00f3n de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, con observancia en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4884-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4884-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2023-00075-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73471","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73471\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}