STC4887-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC4887-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01925-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Sandra Ivonne Reyes contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el hipotecario n\u00b0. 2000-00171. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, quien act\u00faa en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la igualdad, a la informaci\u00f3n, al debido proceso y defensa, h\u00e1beas data\u2026 principios de la buena fe, del acto propio, la confianza leg\u00edtima, todos conexos con la vivienda digna [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. Los medios de convicci\u00f3n recopilados dan cuenta que el Banco Caja Social promovi\u00f3 el compulsivo antes indicado contra Graciela Reyes Rubiano, buscando el recaudo de las obligaciones contenidas en unos pagar\u00e9s. <\/p>\n
El mandamiento de pago data del 6 de septiembre de 2000, en tanto que la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n fue proferida el 10 de noviembre de 2008. <\/p>\n
El 12 de agosto de 2019 Sandra Ivonne Reyes, sucesora procesal de la demandada, impetr\u00f3 la nulidad de todo lo actuado con fundamento en la causal 2\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y el tercer inciso del canon 134 del mismo compendio normativo. <\/p>\n
El 25 de noviembre de 2021 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal rechaz\u00f3 de plano la solicitud invalidatoria, decisi\u00f3n ratificada por el Tribunal Superior de Yopal el pasado 8 de febrero al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la ac\u00e1 accionante. <\/p>\n
3. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, la gestora acude a este instrumento aduciendo una serie de irregularidades sucedidas al interior del tr\u00e1mite previo a la emisi\u00f3n de la sentencia, las que pueden sintetizar as\u00ed: <\/p>\n
– A su juicio, la demanda fue presentada luego de haberse configurado \u00abla prescripci\u00f3n de los pagar\u00e9s\u00bb fen\u00f3meno que, seg\u00fan dice, acaeci\u00f3 \u00abdesde el 1 de marzo de 1.999\u00bb. <\/p>\n
– El Banco demandante \u00able ocult\u00f3 al despacho judicial, al presentar la demanda\u2026 las cuotas canceladas al 31 de enero de 1999, las cuales suman el valor de $45.950.805\u00bb. <\/p>\n
– Como se trat\u00f3 de un \u00abcr\u00e9dito de vivienda\u00bb los deudores \u00abtienen derecho a que el cr\u00e9dito se reestructure de acuerdo a los art\u00edculos 41 y 42 de la Ley marco de vivienda\u2026 y de las sentencias que condicionaron su exequibilidad\u00bb. <\/p>\n
– \u00abEl Banco no extingui\u00f3 la deuda\u00bb por efecto del fallecimiento de los deudores. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada querellada se opuso a la prosperidad del resguardo pues, de un lado, en la providencia de segundo grado sobre la que gravit\u00f3 la queja se expusieron las razones que llevaron a no acceder a la petici\u00f3n invalidatoria y, de otro, lo pretendido por la gestora es \u00abemplear el instrumento constitucional como si fuera una instancia adicional, tratando de revivir t\u00e9rminos legalmente precluidos con la finalidad de reabrir un debate probatorio que fue zanjado conforme el ordenamiento jur\u00eddico aplicable [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil del Circuito de Yopal, tambi\u00e9n solicit\u00f3 no acceder a las s\u00faplicas de la gestora por cuanto \u00abno se configura ninguna causa, acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u2026 que vulnere o ponga en peligro los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se solicita\u00bb. <\/p>\n
3. Por conducto de su apoderado general, el Banco Caja Social S. A. pidi\u00f3 desestimar el ruego habida cuenta que \u00abel proceso judicial se ha realizado de manera normal, a la parte demandada se le han dado todas las garant\u00edas procesales que la ley dispone para la defensa de sus derechos\u00bb, de all\u00ed que \u00abno exist[a] ning\u00fan argumento v\u00e1lido para determinar que se haya actuado en contra de la normatividad vigente o exista violaci\u00f3n por parte de la autoridad judicial acusada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales de Sandra Ivonne Reyes al interior del compulsivo 2000-00171, promovido por el Banco Caja Social, en el que es sucesora procesal de la demandada. <\/p>\n
Adicionalmente, se examinar\u00e1 si con la expedici\u00f3n del auto del pasado 8 de febrero, el Tribunal Superior de Yopal incurri\u00f3 en alg\u00fan defecto que viabilice la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2. El requisito de la inmediatez <\/p>\n
2.1. Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente a este tema, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed, se desconoce el mentado presupuesto, visto como la urgencia de la protecci\u00f3n, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio. En torno a este t\u00f3pico, el precedente tiene dicho que: <\/p>\n
\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n
2.2. Como en el presente caso se cuestionan supuestas irregularidades acaecidas al interior del proceso ejecutivo en el que Sandra Ivonne Reyes es sucesora procesal, debe entenderse que las mismas se consumaron con la emisi\u00f3n de la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, de all\u00ed que sea a partir de la data en que se profiri\u00f3 la misma desde donde deba comenzar a contabilizarse el plazo referido en la cita jurisprudencial arriba transcrita. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que la accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, habida consideraci\u00f3n que la aludida providencia data de 10 de noviembre de 2008, mientras que el resguardo fue incoado el pasado 12 de mayo, es decir, superado ampliamente el t\u00e9rmino considerado prudencial. <\/p>\n
2.3. Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
En efecto, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones expuestas como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable superarlo o no; sin embargo, en este caso, la actora nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda torna improcedente el resguardo. <\/p>\n
3. De la razonabilidad del auto del pasado 8 de febrero <\/p>\n
3.1. Auscultada la providencia por medio de la cual el Tribunal Superior de Yopal ratific\u00f3 el rechazo de la petici\u00f3n invalidatoria formulada por la quejosa, advierte la Sala que la misma no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, en dicha determinaci\u00f3n, adem\u00e1s de indicarle a la solicitante por qu\u00e9 no se configur\u00f3 la causal de nulidad en la que fundament\u00f3 su alegato, se le explicaron suficientemente las razones por las cuales las sentencias CC SU-846 y C-955 de 2000 no pod\u00edan ser aplicadas al caso particular. En punto de lo anterior, la colegiatura indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) bien claro ha quedado en el devenir del proceso, que a \u00e9ste tr\u00e1mite ejecutivo no es posible aplicar la regulaci\u00f3n legal ni el entendimiento constitucional fijado por la Honorable Corte Constitucional para los cr\u00e9dito de vivienda, puesto que el cr\u00e9dito otorgado a Graciela Reyes Rubiano y Henry Jean Louis Clement no fue desembolsado para adquirir una vivienda, sino como un cr\u00e9dito comercial o de libre inversi\u00f3n. En esa medida no es jur\u00eddica ni constitucionalmente viable pretender el reconocimiento de los beneficios y alivios que en su momento otorg\u00f3 el gobierno nacional con la expedici\u00f3n de la ley 546 de 1999 ante el colapso del sistema UPAC que atentaba contra el derecho constitucional de adquirir una vivienda digna. <\/p>\n
Se trata de unos hechos que fueron materia de estudio en el proceso, que se hallan definidos de manera suficiente al interior del proceso en decisi\u00f3n confirmada por esta Corporaci\u00f3n desde hace muchos a\u00f1os \u2013 providencia del 14 de julio de 2004 con ponencia de la Dra. Noguera de Viteri. Nulidad que intent\u00f3 ser invocada bajo el amparo de la causal 3 del art. 140 del CPC, causal que es la misma que ahora se invoca, que desde aquel entonces en auto del 24 de agosto de 2005 se dispuso estar a lo ya resuelto y definido. <\/p>\n
Incluso por v\u00eda constitucional se ha intentado que al cr\u00e9dito que se persigue en \u00e9ste tr\u00e1mite ejecutivo se le otorgue la condici\u00f3n de cr\u00e9dito de vivienda para que sea reliquidado y goce de los beneficios de orden legal que a los mismos les fueron otorgados; amparo que fue negado por esta Corporaci\u00f3n. Posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia, por v\u00eda de tutela se pretendi\u00f3 el amparo del debido proceso, por falta de aplicaci\u00f3n de las referidas decisiones de la Corte Constitucional, pero fue denegado en decisi\u00f3n del 6 de agosto de 2014 con ponencia del doctor Fernando Giraldo Gutierrez. <\/p>\n
Ha de resaltarse en todo caso, que los demandados hicieron uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n cuando fueron vinculados al proceso, habiendo planteado diversas excepciones de m\u00e9rito como la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad de la obligaci\u00f3n incoada, la de cobro de no debido, la de abuso del derecho y de la posici\u00f3n dominante, y la del cambio de las circunstancias, todos con fundamento en las decisiones de la m\u00e1xima autoridad constitucional relativos a la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos otorgados en UPAC. Sin embargo, estos mecanismos fueron denegados en la sentencia del 10 de noviembre de 2008, decisi\u00f3n contra la cual no se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, siendo que resultaba procedente. Este era el escenario natural para discutir la naturaleza de la obligaci\u00f3n ejecutada, si es que en realidad se trat\u00f3 de un cr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de vivienda de los demandados, o que posteriormente fue novado o reestructurado con esa finalidad; el silencio que guardaron los demandados en su momento aval\u00f3 con fuerza de cosa juzgado, la condici\u00f3n de ser una obligaci\u00f3n no cobijada por las normas y las decisiones de constitucionalidad relativas a los cr\u00e9ditos de vivienda. <\/p>\n
(\u2026) ha sido suficientemente clarificada la improcedencia de los alivios ordenados en aplicaci\u00f3n de las decisiones de la Corte Constitucional para obligaciones correspondientes a cr\u00e9ditos otorgados para adquisici\u00f3n de vivienda; la obligaci\u00f3n cobrada en este proceso y garantizada con hipoteca, no es un cr\u00e9dito otorgado para adquirir vivienda, sino que fue concedido como una l\u00ednea comercial para libre inversi\u00f3n; que los deudores hayan destinado el dinero para construir o mejorar una vivienda es una asunto que no cambia la l\u00ednea o modalidad en que el cr\u00e9dito fue otorgado. En todo caso, ese no puede ser un motivo para invocar nuevamente la nulidad planteada, puesto que se trata de un asunto definido en el proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.2. La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, descart\u00e1ndose as\u00ed la incursi\u00f3n en defecto f\u00e1ctico, sustantivo o de otra \u00edndole, habida consideraci\u00f3n que el tribunal advirti\u00f3 los motivos por los cuales, de un lado, no prosperaba la nulidad invocada y, de otro, resultaba inviable extender los efectos de las decisiones proferidas en sede constitucional al caso concreto. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
4.1. La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
4.2. La providencia por medio de la cual se ratific\u00f3 el rechazo de plano de la nulidad deprecada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese a las partes lo aqu\u00ed resuelto y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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