STC4889-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4889-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00127-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 4 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sixta Tulia Ram\u00edrez de Ibarra contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de alimentos n\u00b0 2003-00451. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, vida digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el litigio impetrado en el a\u00f1o 2003 contra su c\u00f3nyuge Gustavo Rafael Ibarra Mendoza, se fij\u00f3 cuota alimentaria \u00abpara m\u00ed y para mis hijos Viviana y Gustavo\u00bb, quienes hoy tienen 40 y 37 a\u00f1os de edad. <\/p>\n
Que \u00abdesde noviembre de 2022 vengo solicitando el pago y entrega de los t\u00edtulos de mi cuota alimentaria\u00bb, pero \u00abhasta la fecha no se ha realizado\u00bb, pues el 9 de diciembre de 2022, el despacho se\u00f1al\u00f3 que esas solicitudes \u00abdeben hacerse a trav\u00e9s de apoderado judicial o directamente por los beneficiarios de los alimentos [y] que mis hijos deben acreditar si contin\u00faan o no con la necesidad alimentaria\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abcon fecha del 23 y 25 de enero de 2023 [sus hijos] presentaron solicitud (\u2026) donde se\u00f1ala que ya son mayores de 25 a\u00f1os y trabajan, por lo que renuncian a la cuota alimentaria\u00bb, pedimentos que el juzgado neg\u00f3 mediante auto del 23 de enero de 2023, y \u00aben estos momentos me encuentro sin recibir las cuotas alimentarias a que tengo derecho, [pese a que] no tengo m\u00e1s (\u2026) para mi sustento y [para] tener una vida digna\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse ordene al juzgado la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial necesarios para el cobro de la cuota alimentaria a la que tengo derecho dentro del proceso [2003-00451]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto de Familia de Cartagena, manifest\u00f3 que sobre el punto ha proferido \u00absendas providencias decidiendo lo concerniente a dep\u00f3sitos judiciales, adiadas 9 de diciembre de 2022, 24 de enero de 2023 y 31 de enero de 2023, [se\u00f1alando que] al ser los beneficiarios de la cuota alimentaria mayores de edad (\u2026), existe falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, y que contra esas decisiones \u00abnunca se ha promovido recurso alguno\u00bb. Se opuso a lo pretendido aduciendo que \u00abel art. 13 del Acuerdo PCSJA21-11731 establece que se paguen al beneficiario o a su apoderado, y hasta la presente, no lo han hecho en debida forma, e incluso, resulta contradictorio [porque] los beneficiarios de la cuota lo que solicitan es su levantamiento\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora 10 Judicial II de Familia de Cartagena, conceptu\u00f3 que \u00abno es procedente el cambio de destinatario de la obligaci\u00f3n alimentaria como lo pretende la tutelante, pues esta recib\u00eda una cuota alimentaria a favor de sus hijos quienes actualmente son mayores de 25 a\u00f1os y no dependen econ\u00f3micamente del demandado tal como lo establecieron en el documento suscrito ante la Notar\u00eda, por lo tanto la quejosa podr\u00eda iniciar un proceso de alimentos de mayores ante la jurisdicci\u00f3n de familia en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o inclusive establecer una cuota alimentaria de com\u00fan acuerdo\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia manifest\u00f3 que para el proceso en menci\u00f3n, \u00abse evidencian dep\u00f3sitos judiciales (\u2026), los cuales se encuentran en estado pagados y pendiente de pago\u00bb. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n aduciendo que esa entidad, \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales invocados [y] no puede ni debe ser llamado como contradictor en esta acci\u00f3n constitucional, toda vez que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta de que su actuaci\u00f3n se limita a la funci\u00f3n de ente pagador, asunto totalmente independiente al supuesto inconveniente planteado por la accionante\u00bb. <\/p>\n
4. Viviana Patricia Ibarra Ram\u00edrez y Gustavo Rafael Ibarra Ram\u00edrez, en escrito separado expresaron que: \u00abapoyo a mi madre Sixta Tulia Ram\u00edrez de Ibarra en las peticiones [presentadas] dentro de la presente acci\u00f3n (\u2026), teniendo en cuenta que actualmente no est\u00e1 recibiendo el dinero de su embargo que es necesario para su subsistencia, y pese a que solicit\u00e9 la exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria a la que ten\u00eda derecho, [por cuanto] soy mayor de edad y cuento con los medios para mi subsistencia y con la finalidad de que se le entregara la cuota alimentaria a mi madre\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio al aducir que, pese a que no recurri\u00f3 el auto que no accedi\u00f3 a lo pedido, el accionado \u00abincurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n de [dicha] providencia\u00bb, pues \u00aben virtud de un acuerdo conciliatorio aprobado por ese despacho a trav\u00e9s de providencia de 15 de octubre de 2003\u00bb, a cargo del demandado se fij\u00f3 cuota tanto para sus dos hijos -en ese entonces uno de ellos menor de edad- como a favor de su c\u00f3nyuge (accionante], \u00abcorrespondi\u00e9ndole a cada uno el 12.5%\u00bb, y por tanto estaba legitimada para deprecar el pago a su favor. Orden\u00f3 al accionado resolver sobre la entrega de dep\u00f3sitos \u00absin desconocer su condici\u00f3n de alimentaria\u00bb que tiene la quejosa. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que independientemente del efecto que conlleve los pedimentos de \u00abdesistimiento\u00bb que plantearon los hijos de la actora, estos pod\u00edan actuar \u00absin necesidad de abogado\u00bb, posibilit\u00e1ndose \u00abrenunciar a la cuota de alimentos que les fue reconocida cuando eran menores de edad, siempre y cuando hayan variado o cesado las circunstancias que estructuran la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. Por ello, exhort\u00f3 al juzgado \u00aba que, en aras de garantizar el debido proceso, vuelva a analizar los memoriales presentados por Viviana Patricia y Gustavo Rafael Ibarra Ram\u00edrez\u00bb al interior del proceso con radicaci\u00f3n n\u00b0 2003-00451. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el funcionario judicial encartado para cuestionar que en el fallo, \u00abnada se dijo sobre los dep\u00f3sitos judiciales que ya le fueron autorizados a la actora, los cuales fueron informados a la Secretar\u00eda de este Tribunal oportunamente y sobre el punto de reexaminar las providencias de enero, nada se dijo ni sobre que las mismas no fueron objeto de recurso alguno, por lo que el mecanismo constitucional no puede abrirse paso para revivir una instancia que ni siquiera fue empleada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al suspender el pago de las cuotas alimentarias constituidas en dep\u00f3sito judicial, aduciendo \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb, no contar con autorizaci\u00f3n de los alimentarios y no actuar a trav\u00e9s de mandatario judicial. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, por regla general, que el auxilio no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable, cuando con tales decisiones se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Entonces, aunque los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, los jueces de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n de esta, toda vez que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC7763-2022, 22 jun., rad. 00440-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con sustento en las anteriores premisas, del examen realizado a los argumentos de la querella y con observancia en las piezas procesales pertinentes, la Sala ratificar\u00e1 la sentencia de primera instancia que concedi\u00f3 la protecci\u00f3n implorada, toda vez que el estrado acusado lesion\u00f3 las prerrogativas superiores de la reclamante, al haber omitido el oportuno y adecuado diligenciamiento del pago de los alimentos causados a su favor por concepto de alimentos. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se precisa que, sin perjuicio de que la parte reclamante no hubiera atacado los autos que denegaron sus peticiones, se prescindir\u00e1 de la exigencia de la subsidiariedad, habida cuenta que, ante la transgresi\u00f3n de prerrogativas superiores, tales actuaciones constituyen relevantes situaciones que justifican una postura m\u00e1s flexible para abordar la procedencia del amparo. <\/p>\n
Ello, porque en casos como este, la Corte ha sostenido que: \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01); tambi\u00e9n, que \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada en STC13340-2022, 5 oct., rad. 00253-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Dilucidado lo anterior, encuentra la Corte que el estrado convocado vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados, en particular al debido proceso y al m\u00ednimo vital, porque, ciertamente, a la se\u00f1ora Ram\u00edrez de Ibarra le asiste raz\u00f3n para reclamar del accionado su pronta y efectiva gesti\u00f3n para lograr el pago de su mesada alimentaria, pues no se avizora fundamento f\u00e1ctico ni jur\u00eddico para suspenderlo, y menos cuando la beneficiaria de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, es una mujer de la tercera edad y por tanto una persona de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ello, porque como acertadamente lo observ\u00f3 el tribunal a-quo, hasta noviembre de 2022 la demandante ven\u00eda recibiendo sin obst\u00e1culos el pago de los alimentos, en raz\u00f3n a la vigencia de la tasaci\u00f3n judicial realizada desde el 15 de octubre de 2003, donde se precis\u00f3 que tanto para ella, en su calidad de c\u00f3nyuge del demandado, como para sus hijos Viviana Patricia y Gustavo Rafael Ibarra Ram\u00edrez -hoy ambos mayores de edad-, cada uno recibir\u00eda como cuota la suma equivalente al 12.5% del salario percibido por el obligado. <\/p>\n
De lo anterior emerge di\u00e1fano que, contrario a lo aseverado por el funcionario cognoscente en providencias del 9 de diciembre, 24 y 31 de enero de 2023, la actora s\u00ed estaba legitimada en la causa para concurrir al proceso y para obtener los dep\u00f3sitos judiciales que cubrieran los alimentos se\u00f1alados a su favor, y al no accederse a ello, el juzgado desconoci\u00f3 su calidad de beneficiaria de la prestaci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
Tampoco se avizora razonable que para poner de presente que la abrupta suspensi\u00f3n de la mesada generaba urgente atenci\u00f3n en sus necesidades b\u00e1sicas, a la interesada se le exigiera agotar formalidades como acreditar el \u00abderecho de postulaci\u00f3n\u00bb, porque esto, adem\u00e1s de mostrarse innecesario, agravaba su situaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Del mismo modo, no era dable que el accionado, pese a la inexistente oposici\u00f3n de sus hijos y del mismo demandado, optara por dejar de autorizar el pago de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial que se encontraban a su disposici\u00f3n por cuenta de dicho juicio alimentario, pues sabido es que mientras no medie la voluntad de los interesados o imposici\u00f3n judicial eximiendo al alimentante, la obligaci\u00f3n se mantiene vigente. <\/p>\n
N\u00f3tese que el hecho de que los dos hijos hubiesen manifestado que exoneraban a su progenitor de los alimentos fijados a su favor, el tr\u00e1mite que debi\u00f3 darse a tal pretensi\u00f3n no afectaba la continuidad del pago de las mesadas, pues, se itera, mientras la orden judicial de descuento se halle inc\u00f3lume, es deber del juez de la causa hacer efectivo su pago, y con mayor raz\u00f3n respecto de quien en momento alguno est\u00e1 liberando al demandado de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte no avizora motivo v\u00e1lido y menos justo para que se hubiera adoptado la determinaci\u00f3n refutada, en tanto que los argumentos esbozados para ello, quedaron desvirtuados conforme a lo antedicho. Aunado a ello, el querellado tambi\u00e9n desatendi\u00f3 que cuando en un juicio se involucran derechos superiores de personas de especial protecci\u00f3n constitucional, esta Sala ha venido sosteniendo que el juez de conocimiento debe ser m\u00e1s acucioso y proactivo al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Efectivamente, era menester que al asunto en cuesti\u00f3n se le diera un tratamiento diferencial, pero \u00e9ste no se lo otorg\u00f3 por el encartado, apart\u00e1ndose de esa manera de la decantada jurisprudencia seg\u00fan la cual son personas de especial protecci\u00f3n constitucional quienes \u00abdebido a su condici\u00f3n f\u00edsica, psicol\u00f3gica o social particular merecen una acci\u00f3n positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva\u00bb (CC T-167\/11), como lo son \u00ablos ni\u00f1os, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos f\u00edsicos, s\u00edquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza\u00bb (T-719\/03, T-789\/03, T-456\/04, T-700\/06, T-1088\/07, T-953\/08, T-707\/09, T-708\/09). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que para una tutela judicial efectiva, los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia esperan que el derecho declarado sea cierto, y para el caso de los alimentos, \u00e9ste se materializa priorizando los tr\u00e1mites administrativos y jurisdiccionales encaminados al pago oportuno de las cuotas, de manera que por aspectos puramente formales no se afecte el derecho sustancial y prevalente de los alimentarios, en tanto la autoridad judicial al verificar el cumplimento de las \u00f3rdenes por ella misma impartidas, no puede trasladar la incertidumbre y menos las consecuencias desfavorables de la demora en su ejecuci\u00f3n, como carga al beneficiario de la prestaci\u00f3n que la requiere para solventar sus necesidades. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza en relaci\u00f3n con la exhortaci\u00f3n impartida al despacho acusado, a fin de que proceda a definir las solicitudes elevadas por los hijos mayores del demandado, encaminadas a que se disponga la \u00abexoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb que a ellos concierne, para advertir sobre el procedimiento breve y sumario indicado por esta Corporaci\u00f3n para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
La postura anteriormente descrita est\u00e1 comprendida en sendas providencias (CSJ STC5710-2017, 27 abr., rad. 00122-01, reiterada y citada en STC19138-2017; STC10326-2018; STC11756-2018; STC13655-2021; STC5487-2022, y STC11795-2022, entre otras), las cuales constituyen precedente jurisprudencial, que, por ser vertical y especializado, est\u00e1 llamado a ser obligatorio en trat\u00e1ndose de casos que guarden connotaciones similares. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se ratificar\u00e1 la protecci\u00f3n otorgada a la reclamante y con ello la orden impartida al accionado, para que oportuna y adecuadamente resuelva sobre el pago de las cuotas alimentarias. Igualmente, con observancia en lo precisado, se avalar\u00e1 la exhortaci\u00f3n dirigida al accionado para que defina las peticiones elevadas por los dem\u00e1s demandantes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con la precisi\u00f3n realizada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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