STC4892-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4892-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 15 de marzo de 2023 dictado por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela promovida por e Libardo Andr\u00e9s Linares Hern\u00e1ndez contra el Juzgado 10\u00b0 de esa misma especialidad y ciudad, extensiva a los intervinientes en el declarativo de alimentos con radicado n\u00b0 110013110010-2003-00273-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se ordene al despacho accionado resolver de fondo, y favorablemente, la solicitud que elev\u00f3 con el fin de que se elimine \u00abtodo registro del proceso identificado bajo el n\u00famero de radicado 111001311001020030027300\u00bb, de la p\u00e1gina web de consulta de procesos de la Rama Judicial (05 dic. 2022). <\/p>\n
Relat\u00f3 que el juzgado respondi\u00f3 su misiva el 19 de diciembre de 2022 e inform\u00f3 que el expediente se encontraba archivado, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda adelantar el desarchivo del mismo, previa tramitaci\u00f3n de cualquier tipo de solicitud relacionada con la disputa. <\/p>\n
De ese pronunciamiento deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales, pues consider\u00f3 que su petici\u00f3n no fue atendida de fondo en la medida que no persigui\u00f3 el desarchivo del dosier, sino la eliminaci\u00f3n de datos de las bases de datos en comento. <\/p>\n
2. El juzgado accionado manifest\u00f3 haber atendido el requerimiento del censor. Destac\u00f3 que en la respuesta brindada se le inform\u00f3 el procedimiento que deb\u00eda agotar para obtener el desarchivo del paginario y la posterior tramitaci\u00f3n de sus aspiraciones relativas al litigio. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo porque la autoridad convocada s\u00ed atendi\u00f3 el reclamo del actor. Reliev\u00f3 que ninguna prueba se aport\u00f3 en relaci\u00f3n con el agotamiento de lo dispuesto por el fallador convocado. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. Agreg\u00f3, como hecho novedoso, que s\u00ed adelant\u00f3 el desarchivo, sin embargo, no cuenta con pruebas de ellos <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La denegaci\u00f3n del amparo ser\u00e1 confirmada porque no se percibe lesi\u00f3n derivada del pronunciamiento emitido por el despacho accionado frente a la solicitud elevada por el censor. <\/p>\n
2.- En efecto, es preciso memorar que esta Corte en varias ocasiones ha determinado que la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n es improcedente respecto de \u00abactuaciones judiciales\u00bb, pues estas se rigen de acuerdo con las formas propias de cada juicio y deben ser sorteadas acorde con esos puntuales par\u00e1metros, dentro de las oportunidades procesales previstas, a menos que se trate de situaciones administrativas1. <\/p>\n
Con esa precisi\u00f3n, se impone determinar si la petici\u00f3n elevada por el censor y el pronunciamiento judicial anhelado, corresponden a situaciones propias de la actividad jurisdiccional, o no. <\/p>\n
2.1.- Establece el inciso tercero del art\u00edculo 64 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia -Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 1285 de 2009-, la obligaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n y divulgaci\u00f3n de las providencias en firme emitidas por las autoridades jurisdiccionales, as\u00ed <\/p>\n
\u00abLas decisiones en firme podr\u00e1n ser consultadas en las oficinas abiertas al p\u00fablico que existan en cada corporaci\u00f3n para tal efecto o en las secretar\u00edas de los dem\u00e1s despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducci\u00f3n exacta por cualquier medio t\u00e9cnico adecuado, las cuales deber\u00e1n expedirse, a costa del interesado (\u2026).\u00bb <\/p>\n
De dicha norma fue retirada la frase y bases de datos, al declararse su inexequibilidad por la Corte Constitucional (C037 de 1996), argumentando que <\/p>\n
\u00abEl inciso tercero plantea la viabilidad de que el p\u00fablico pueda, de acuerdo con los art\u00edculos 74 y 228 de la Carta Pol\u00edtica, consultar los archivos y bases de datos que contengan las providencias judiciales, as\u00ed como obtener copia de esos documentos. Esta Corporaci\u00f3n encuentra que dicha posibilidad, en lo que se relaciona con las bases de datos de juzgados y corporaciones judiciales, se erige en una prerrogativa desproporcionada que atenta contra la protecci\u00f3n de la reserva a la informaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 74, y por ende tambi\u00e9n contra los principios m\u00ednimos de la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Adicionalmente, dicha facultad implicar\u00eda desconocer la atribuci\u00f3n de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -en lo que se refiere a los dem\u00e1s despachos judiciales-, de contemplar en sus respectivos reglamentos internos lo concerniente a los requisitos y procedimientos necesarios para que el p\u00fablico pueda acceder en forma ordenada y confiable a la correspondiente informaci\u00f3n judicial. De ah\u00ed que, en la parte resolutiva de esta providencia, habr\u00e1 de se\u00f1alarse que el respectivo reglamento interno se ocupar\u00e1 de definir lo concerniente a la obtenci\u00f3n y suministro de copias de las providencias y dem\u00e1s documentos judiciales\u00bb. (Negrita propia) <\/p>\n
Ahora, el art\u00edculo 3\u00ba literal b) de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, se\u00f1ala que las bases de datos son \u00abel conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento\u00bb, y el c), que el dato personal es \u00abcualquier informaci\u00f3n vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables\u00bb. <\/p>\n
Tales preceptivas fueron objeto de revisi\u00f3n por el \u00f3rgano limite constitucional y en su disertaci\u00f3n puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa jurisprudencia constitucional ha precisado que las caracter\u00edsticas de los datos personales -en oposici\u00f3n a los impersonales (T-729-2002)- son las siguientes: i) estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, ii) permitir identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visi\u00f3n de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situaci\u00f3n que no se altera por su obtenci\u00f3n por parte de un tercero de manera l\u00edcita o il\u00edcita, y iv) su tratamiento est\u00e1 sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captaci\u00f3n, administraci\u00f3n y divulgaci\u00f3n (T-414 de 1992).\u00bb (C748-2011) <\/p>\n
Tambi\u00e9n, la Ley Estatutaria 1712 de 2014 \u00ab[p]or medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica Nacional y se dictan otras disposiciones\u00bb, cuyo objeto, es \u00abregular el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, los procedimientos para el ejercicio y garant\u00eda del derecho, y las excepciones a la publicidad de la informaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba), prev\u00e9 que su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija, entre otras, a \u00ab[t]oda entidad p\u00fablica, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder p\u00fablico, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los \u00f3rdenes nacional, departamental, municipal y distrital\u00bb (art\u00edculo 5\u00ba); y, define como informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada cuyo acceso puede ser restringido, a aquella que \u00abestando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al \u00e1mbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jur\u00eddica, por lo que su acceso podr\u00e1 ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias leg\u00edtimas y necesarias, y los derechos particulares o privados consagrados en el art\u00edculo 18 de esta ley\u00bb (art\u00edculo 6, literal c). <\/p>\n
Por su parte, el mencionado art\u00edculo 18 ib\u00eddem, establece <\/p>\n
\u00abInformaci\u00f3n exceptuada por da\u00f1o de derechos a personas naturales o jur\u00eddicas. Es toda aquella informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada, cuyo acceso podr\u00e1 ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un da\u00f1o a los siguientes derechos: <\/p>\n
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, en concordancia con lo estipulado (\u2026); <\/p>\n
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad; <\/p>\n
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, as\u00ed como los estipulados en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 77 de la Ley 1474 de 2011. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Estas excepciones tienen una duraci\u00f3n ilimitada y no deber\u00e1n aplicarse cuando la persona natural o jur\u00eddica ha consentido en la revelaci\u00f3n de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la informaci\u00f3n fue entregada como parte de aquella informaci\u00f3n que debe estar bajo el r\u00e9gimen de publicidad aplicable\u00bb <\/p>\n
Respecto del \u00faltimo canon aludido se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en su estudio de exequibilidad que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace una distinci\u00f3n entre el derecho a la intimidad de quienes sean funcionarios p\u00fablicos y el de las dem\u00e1s personas. Esta excepci\u00f3n resulta pertinente, como quiera que cuando se trata de funcionarios p\u00fablicos, el escrutinio de ciertos datos personales est\u00e1 permitido, de conformidad con los par\u00e1metros de constitucionalidad se\u00f1alados, por lo cual no encuentra la Corte que sea incompatible con el art\u00edculo 74 de la Carta ni con otras disposiciones constitucionales\u00bb (C-274 de 2013) <\/p>\n
Y acerca del par\u00e1grafo de la misma norma, en el que se establec\u00eda una duraci\u00f3n ilimitada de las excepciones a la publicidad all\u00ed erigidas, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abFinalmente, en relaci\u00f3n con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 18, se establece que ninguna de las reservas tendr\u00e1 aplicaci\u00f3n cuando la persona natural o jur\u00eddica haya consentido en su revelaci\u00f3n. Ello resulta conforme a los par\u00e1metros constitucionales que garantizan tanto el derecho de acceso a la informaci\u00f3n, como los derechos a la intimidad, el secreto profesional, y las libertades econ\u00f3micas. Se\u00f1ala tambi\u00e9n el par\u00e1grafo, en relaci\u00f3n con todas las excepciones consagradas en el art\u00edculo, que su duraci\u00f3n es ilimitada (\u2026) <\/p>\n
Por lo anterior, y en relaci\u00f3n con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 18, se declarar\u00e1 la exequibilidad condicionada de la expresi\u00f3n \u2018duraci\u00f3n ilimitada\u2019, en el entendido de que tal posibilidad se sujetar\u00e1 al t\u00e9rmino de protecci\u00f3n legal consagrado para la protecci\u00f3n de los secretos profesionales, comerciales o industriales\u00bb (C-274 de 2013) <\/p>\n
2.2.- Tan amplio marco jur\u00eddico para significar que el pronunciamiento judicial que el promotor persigue dentro del proceso judicial objeto de revisi\u00f3n implica un verdadero an\u00e1lisis por parte del juzgador natural de su causa. <\/p>\n
Basta con dirigirse a la petici\u00f3n del accionante para dejar al descubierto que la misma pretende un pronunciamiento judicial relacionado con la disputa, en concreto, que se elimine \u00abtodo registro digital\u00bb del litigio. De all\u00ed que se trate de una solicitud propia de la actividad jurisdiccional y, por tanto, no resulten aplicables los preceptos relativos al derecho de petici\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.- Precisado lo anterior, pudo constatarse del paginario la respuesta que el juzgado brind\u00f3 al accionante, en la cual le inform\u00f3 que \u00abprevio a tramitarse cualquier solicitud respecto del proceso, la parte interesada deber\u00e1 realizar el tr\u00e1mite de desarchivo del proceso, ante la Oficina de Archivo Central de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 D.C., para lo cual deber\u00e1 tener en cuenta la siguiente informaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
F\u00edjese entonces que lejos de observarse la ausencia de un pronunciamiento de fondo \u2013como lo denunci\u00f3 el censor-, lo que se percibe es que la agencia judicial advirti\u00f3 al memorialista que para poder desatar de fondo su solicitud, era necesario tener a disposici\u00f3n el expediente cuestionado con el fin de verificar la procedencia, o no, del anhelo respectivo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dicha conducta mal podr\u00eda calificarse de irracional dados los contornos f\u00e1cticos y normativos que se dejaron expuestos en precedencia, pues no queda duda que la misiva s\u00ed fue tramitada por el juzgado convocado, aunque no de la forma en la que el promotor esperaba, lo cual no conlleva, por s\u00ed, una lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4.- Ahora, en lo que ata\u00f1e a los reproches que apenas fueron expuestos en el escrito de impugnaci\u00f3n, basta precisar que los mismos no pueden ser acogidos en esta sede, por cuanto, se trata de hechos nuevos respecto de los cuales el accionado y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate, para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no podr\u00edan ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, as\u00ed, se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[si bien] es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC4035-2021, reiterado en STC9364-2022, entre otras) <\/p>\n
5.- En definitiva, como quiera que la petici\u00f3n del actor se relaciona con la actividad jurisdiccional del despacho accionado y, en la medida que la misma fue tramitada, aunque no de la forma esperada por el tutelante, sin que pueda advertirse irracionalidad o arbitrariedad por parte del convocado, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (STC7405-2020, STC9770-2021, STC6485-2021, CSJ STC5621-2020, CSJ STC9365-2020, CSJ STC4621-2021) <\/p>\n
<\/p>\n
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