STC4899-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4899-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2023-00078-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 29 de marzo de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Francisco, \u00c1lvaro Duv\u00e1n y Erika Johanna C\u00e9spedes Amorocho contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Espinal y la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos del mismo municipio. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n de radicado 2002-00371-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores -a trav\u00e9s de apoderado- reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y propiedad, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Narraron que en el proceso de sucesi\u00f3n del causante \u00c1lvaro C\u00e9spedes, el Juzgado atacado profiri\u00f3 sentencia el 5 de junio de 2014, en la que orden\u00f3 inscribir el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, as\u00ed como el mencionado fallo en la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de El Espinal. Tal solicitud de Registro de la sentencia en los bienes inmuebles adjudicados, la realizaron el a\u00f1o pasado. <\/p>\n
2.1. Mencionaron que, una vez realizado el pago de impuestos y derechos de registro, la oficina accionada con nota devolutiva del 18 de mayo de 2022- inadmiti\u00f3 dicho pedimento en raz\u00f3n a incongruencias entre el \u00e1rea, linderos y antecedente registrales de los inmuebles sometidos a registro. Inconformes, solicitaron al Juzgado convocado la aclaraci\u00f3n de las causales de devoluci\u00f3n a fin de que corrija las falencias que se pudieron presentar en la sentencia del 5 de junio de 2014. Por lo tanto, la autoridad Judicial -con prove\u00eddo del 30 de agosto de la misma calenda- expres\u00f3 la imposibilidad del juez de revocar o reformar su propia sentencia. Sin embargo, con auto del 13 de septiembre siguiente, requiri\u00f3 a la Oficina de Registro para que realizara la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. No obstante lo anterior, la mencionada entidad -el 28 de octubre de 2022- emiti\u00f3 nota devolutiva por las mismas causales. Frente a ello, imploraron al Juzgado accionado requerir al partidor a fin de que realice las correcciones a que haya lugar, lo cual fue negado en prove\u00eddo del 15 de diciembre de 2022, al reiterar lo dispuesto en el auto dictado el 30 de agosto pasado. <\/p>\n
3. Demandaron el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicitaron que se ordene a la ORIP registrar la sentencia proferida el 5 de junio de 2014, aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n efectuado en la sucesi\u00f3n en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 357- 25946, 357-10155, 357-22478 y 357-6570. O, en su defecto, ordenar al Juzgado debatido corregir los yerros en que haya podido incurrir en la definici\u00f3n de linderos y antecedente registrales de los predios cuya adjudicaci\u00f3n se efectu\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Espinal, luego de hacer un recuento de sus actuaciones, destac\u00f3 que el trabajo de partici\u00f3n aprobado corresponde en su integridad a los bienes descritos en el trabajo de inventarios y aval\u00faos. Por lo tanto, no encontr\u00f3 procedente aclarar el trabajo de partici\u00f3n y modificar la sentencia aprobatoria. <\/p>\n
2. La Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de El Espinal resalt\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes, que contaron con todas las garant\u00edas, que solamente debatieron un punto de la nota devolutiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Destac\u00f3 la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, pues \u00abteniendo en cuenta que tal como se anunci\u00f3 en el informe rendido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Espinal (Tol.), la segunda instancia al interior de la actuaci\u00f3n administrativa no ha sido definida; escenario en el cual el superior deber\u00e1 examinar de forma integral si las notas devolutivas censuradas, ri\u00f1en o no con las disposiciones legales existentes frente a la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los promotores. No comparten lo resuelto en primera instancia, pues \u00absolo se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra\u00bb la causal de impuestos \u00aby no contra las dem\u00e1s causales de inadmisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del gestor, ante la negativa del registro de la sentencia proferida el 5 de junio de 2014 que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n ante la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos accionada. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Escrutado el material probatorio, se observa que una vez proferida la sentencia del 5 de junio de 2014, el 12 de mayo de 2022 ingres\u00f3 a la entidad enjuiciada, la cual, el 18 de mayo de la misma anualidad, emiti\u00f3 nota devolutiva en la que se resolvi\u00f3: \u00abse inadmite y por tanto se devuelve sin registrar el presente documento por las siguientes razones\u00bb, pago de impuesto, incongruencia entre el \u00e1rea y\/o linderos entre el inmueble descrito en la sentencia y el inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y falta de cita de los t\u00edtulos antecedentes. Decisi\u00f3n que no fue recurrida por los promotores. <\/p>\n
Posteriormente, tras solicitud formulada por los accionantes, el Juzgado censurado -con prove\u00eddo del 13 de septiembre siguiente- dispuso: <\/p>\n
1\u00b0.- OFICIAR a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de El Espinal, informando la RATIFICACION en la orden de inscripci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n dictada en sentencia del 5 de junio de 2014, sobre la sucesi\u00f3n del causante ALVARO CESPEDES, en especial sobre los bienes inmuebles con matr\u00edcula inmobiliaria 357-13727, 357-22478 y 357-25946. L\u00edbrese el oficio respectivo y entr\u00e9guese al apoderado solicitante para que realice el tramite respectivo. <\/p>\n
A pesar de tal requerimiento, la ORIP, el 28 de octubre del mismo a\u00f1o nuevamente profiere nota devolutiva reiterando la inadmisi\u00f3n anterior y resaltando que: <\/p>\n
PARA EL CASO QUE NOS OCUPA NO ES PROCEDENTE DARLE APLICACI\u00d3N AL ART\u00cdCULO 18 DE LA LEY 1579 DE 2012, EN VIRTUD A QUE LOS ERRORES COMETIDOS POR EL PARTIDOR NO SON SUBSANABLES PIDI\u00c9NDOLE AL DESPACHO JUDICIAL QUE SE LE ORDENE A LA ORIP LA APLICACI\u00d3N DE ESTA NORMATIVA. LAS INCONSISTENCIAS Y ERRORES EN LA PARTICI\u00d3N DEBEN ENMENDARSE A TRAV\u00c9S DE LOS MECANISMOS LEGALES Y CONSIDERO QUE NO ES LEGAL QUE SE PRETENDA CON ESTA FIGURA HACER INCURRIR EN EL ERROR AL FUNCIONARIO P\u00daBLICO, PARA QUE A SABIENDAS DE QUE EXISTEN ERRORES EN LA PARTICI\u00d3N, PROCEDA A REALIZAR ASIENTOS REGISTRALES EN VIOLACI\u00d3N A NORMAS REGULATIVAS COMO LAS ENUNCIADAS EN LA NOTA DEVOLUTIVA. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue recurrida y resuelta a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No 71, con la cual se mantuvo la postura y se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n planteado sobre la causal 1\u00aa tocante con los impuestos, la cual se encuentra pendiente por resolver. <\/p>\n
4. De lo narrado esta Sala concluye la improcedencia del amparo, pues los quejosos contaron con la oportunidad de exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. En efecto, es ineludible que los gestores desperdiciaron los medios legales que ten\u00edan a su alcance, concretamente el recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 60 del Estatuto de Registro contra la decisi\u00f3n proferida el 18 de mayo de 2022, notificada el 20 de la misma data. Igualmente, sobre la determinaci\u00f3n del 28 de octubre de la misma anualidad. Dejando pasar con ello los mecanismos viables con los que contaban para ejercer la defensa de sus derechos. <\/p>\n
Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. Por tanto, no tiene prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
5. A lo expuesto se suma lo que viene. Si bien los actores presentaron recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n del 28 de octubre de 2022, lo cierto es que \u00fanicamente cuestionaron la causal 1\u00aa tocante con el impuesto. Frente a ello, es claro que el recurso a\u00fan no ha sido resuelto, lo que evidencia que el amparo impetrado al respecto deviene prematuro. Y, por tanto, no le es dable al Juez constitucional sustituir la competencia del juez natural y emitir una decisi\u00f3n anticipada, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna la acci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
6. Finalmente, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
7. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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