STC4901-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4901-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2023-00153-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 17 de abril de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Andr\u00e9s Pab\u00f3n Pab\u00f3n contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Santa Rosa del Sur y el Primero Civil del Circuito de Simit\u00ed, ambos del departamento de Bol\u00edvar. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor -mediante apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que el 5 de octubre de 2022, promovi\u00f3 demanda ejecutiva de la cual conoci\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal atacado, el cual -con prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2022- resolvi\u00f3 inadmitir la demanda. consider\u00f3 que en esta no se indic\u00f3 en poder de quien est\u00e1 el documento original, es decir, la letra de cambio objeto del litigio en concordancia con el art\u00edculo 245 del C.G.P. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que en \u00abel libelo de notificaciones se se\u00f1ala la direcci\u00f3n f\u00edsica de la parte demandada, sin embargo, no se expresa si se conoce o desconoce la direcci\u00f3n electr\u00f3nica, de la forma que lo precept\u00faa el art\u00edculo 82 No. 10 y su par\u00e1grafo primero\u00bb. <\/p>\n
2.1. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. el Juzgado -con auto del 14 de febrero de 2023- resolvi\u00f3 mantener su postura. Por tanto, el 21 de febrero siguiente, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, pretendiendo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab\u2022REVOCAR, ACLARAR, o MODIFICAR el auto de fecha veintitr\u00e9s (23) de noviembre dos mil veintid\u00f3s (2022) notificado el 15 de febrero mediante estado electr\u00f3nico No 04, mediante el cual se INADMITE LA DEMANDA EJECUTIVA DE CARLOS ANDRES PABON P. CONTRA CAROLINA SARMIENTO JIMENEZ, Y AUTO QUE RECHAZO LA DEMANDA EJECUTIVA SINGULAR por considerar que LA DEMANDA no re\u00fane los requisitos del art. 82 # 10 del CGP y por no especificar la posesi\u00f3n del t\u00edtulo. <\/p>\n
\u2022 Solicito de manera amable y comedida s\u00edrvase dar cumplimiento al art\u00edculo 90 inciso 6 CGP. <\/p>\n
\u2022 Solicito de manera amable y comedida s\u00edrvase activar los mecanismos de defensa de los derechos humanos fundamentales, ante la evidente violaci\u00f3n del derecho al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, como la tutela efectiva de los derechos adquiridos. <\/p>\n
\u2022 S\u00edrvase admitir la demanda ejecutiva singular por cumplir los requisitos del art 82 CGP. <\/p>\n
\u2022 Solicito s\u00edrvase enviar las diligencias a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como lo dispone el art 121 del CGP. <\/p>\n
\u2022 S\u00edrvase declarar el exceso de ritual manifiesto en le tramite de admisi\u00f3n de la demanda ejecutiva. <\/p>\n
\u2022 S\u00edrvase declarar la violaci\u00f3n al debido proceso al dar traslado mediante estado electr\u00f3nico del recurso de reposici\u00f3n cuando se solicita medidas cautelares previas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Alzada que no ha sido resuelta. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene la admisi\u00f3n de la demanda y se conceda lo planteado en el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa del Sur 1, luego de relatar sus actuaciones, manifest\u00f3 que no hay circunstancia alguna que haya quebrantado el debido proceso del accionante. Por el contrario, tuvo las oportunidades procesales que otorga el ordenamiento procesal para ejercer los mecanismos legales con plenas garant\u00edas. Raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 que se deniegue el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Destac\u00f3 la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n activa, pues \u201cel poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le[s] den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abel d\u00eda 11 de abril de 2023, se dio respuesta al auto admisorio de la tutela, puntualizando que, en el poder inicial, poder ejecutivo se me facult\u00f3 para interponer acciones en ocasi\u00f3n a las posibles violaciones a los derechos fundamentales con relaci\u00f3n a la demanda ejecutiva con radicado No. 13688-40-89-001- 2022-00323-00\u00bb. Por lo tanto, aport\u00f3 poder especial y pidi\u00f3 continuar con la acci\u00f3n de tutela. Reiter\u00f3 lo pretendido en el sentido de \u00abOrdenar que, se admita la demanda ejecutiva con radicado 13688-40-89-001-2022-00323-00, garantizando el derecho fundamental al acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del libelista, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 23 de noviembre de 2022, que inadmiti\u00f3 la demanda y el del 14 de febrero de 2023, que se rechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n propuesto, as\u00ed como la demanda. <\/p>\n
2. De entrada es preciso anotar que lo decidido en primer grado por el Tribunal constitucional no se advierte contrario a las demostraciones arrimadas en dicha instancia. Sin embargo, se observa que el apoderado se encuentra legitimado para representar al gestor, debido a que ados\u00f3, con el escrito impugnatorio, el poder especial que lo faculta para ejercer la defensa de las prerrogativas constitucionales del libelista. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, en raz\u00f3n a que el ruego implorado deviene prematuro. En efecto, escrutado el material probatorio, se evidencia que la inconformidad expuesta por el quejoso radica en el auto proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal encarado -el 23 de noviembre de 2022-, con el cual decidi\u00f3 inadmitir la demanda por falta de requisitos formales. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. La autoridad referida -con auto del 14 de febrero de 2023- resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposici\u00f3n formulado por el apoderado judicial del demandante en contra del prove\u00eddo de fecha veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022), por las razones anotadas. SEGUNDO: RECHAZAR la presente demanda ejecutiva por las razones antes enunciadas\u00bb. <\/p>\n
Frente a tal determinaci\u00f3n, el 21 de febrero siguiente, el actor present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual, est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
4. En ese orden, la Sala destaca la improcedencia del ruego incoado, por cuanto el Juzgado del Circuito debatido no se ha pronunciado sobre la apelaci\u00f3n planteada por el libelista. As\u00ed las cosas, no le es dable al Juez constitucional sustituir la competencia del juez natural y emitir una decisi\u00f3n anticipada, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna la acci\u00f3n tutelar. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
5. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Folio 59-63. Anexo EXPEDIENTE UNIFICADO TUTELA 2023-00153.pdf <\/p>\n
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