STC4902-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4902-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01954-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Zoila Rosa Franco Pel\u00e1ez contra la Sala Penal Tribunal Superior de Manizales, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, las Fiscal\u00edas Tercera, Novena y Quince Seccionales, todos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional, as\u00ed como del disciplinario adelantado por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas esenciales al debido proceso, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abordenar a los funcionarios de primer y segunda instancia, se le garanticen los derechos fundamentales antes descritos y vulnerados por ellos\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. La accionante present\u00f3 denuncia penal por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de injuria y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico contra Ricardo G\u00f3mez Giraldo y Mar\u00eda del Pilar Escobar Potes, como rector y directora del departamento de salud p\u00fablica de la Universidad de Caldas. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales en auto de 29 de junio de 2021 accedi\u00f3 a la solicitud de preclusi\u00f3n elevada por la Fiscal\u00eda, decisi\u00f3n que apelada, con auto de 12 de agosto de 2022 fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que interpuso una primera acci\u00f3n de tutela en contra de la Universidad de Caldas en tanto que se hab\u00edan negado a observar reclamaciones m\u00e9dicas que le fueron formuladas, as\u00ed como el 14 de noviembre de 2012 una denuncia penal contra el rector de dicha instituci\u00f3n -Ricardo G\u00f3mez Giraldo- y la Directora del Departamento de Salud P\u00fablica -Mar\u00eda del Pilar Escobar Potes-, por los delitos de fraude procesal e injuria. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que dicha denuncia tuvo fundamento en las \u00abmanifestaciones falsas\u00bb consignadas en la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional referenciada; que dicha investigaci\u00f3n penal fue conocida por las Fiscal\u00eda Tercera, Novena y Quince Seccional de Manizales, \u00faltima que, casi ocho a\u00f1os despu\u00e9s de interpuesta, solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Adujo que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, en auto de 29 de junio de 2021, dispuso la preclusi\u00f3n penal y archivo de la actuaci\u00f3n, determinaci\u00f3n confirmada por el Tribunal acusado; que el Comit\u00e9 de Convivencia Laboral de la Universidad de Caldas remiti\u00f3 a la Procuradur\u00eda Regional las actas proferidas con ocasi\u00f3n de unos hechos de acoso laboral que denunci\u00f3; y que la Procuradur\u00eda orden\u00f3 la terminaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que llevaba 10 a\u00f1os procurando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y acudiendo a las diferentes autoridades administrativas y judiciales, no obstante, los servidores p\u00fablicos infring\u00edan la Constituci\u00f3n y las leyes, por omisi\u00f3n o por extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de sus funciones, lesionando de manera grave sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Alba Luc\u00eda Mar\u00edn Rengifo adujo que se adelant\u00f3 un proceso disciplinario en su contra; que la accionante no inform\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite, el 17 de agosto de 2021, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n confirm\u00f3 el fallo absolutorio, d\u00e1ndose por terminado el debate que plante\u00f3 la quejosa; que exist\u00eda cosa juzgada; y que su vinculaci\u00f3n a esta acci\u00f3n excepcional carec\u00eda de fundamento. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Doce Judicial Penal con Funciones Mixtas se\u00f1al\u00f3 que no se estructuraba ning\u00fan hecho constitutivo de transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales indic\u00f3 que no se conculc\u00f3 derecho fundamental alguno; que no incurri\u00f3 en actuaci\u00f3n irregular, ni se presentaban los presupuestos de procedencia del resguardo. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Territorial de Salud de Caldas sostuvo que no le constaban los supuestos f\u00e1cticos narrados; que no hab\u00eda violado garant\u00eda esencial alguna; que no ten\u00eda participaci\u00f3n en las actuaciones adelantadas por las entidades accionadas; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda Quince Seccional de Manizales realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que no se hab\u00eda transgredido ninguna prerrogativa fundamental; que las decisiones emitidas se tomaron con base en los elementos materiales probatorios allegados y sustentados, al punto que el juez lo aval\u00f3 y el Tribunal lo confirm\u00f3; y que no encontraba fundamentos para su vinculaci\u00f3n a esta tutela. <\/p>\n
6. La Sala Penal Tribunal Superior de esa ciudad indic\u00f3 que conoci\u00f3 de una tutela interpuesta por la ahora accionante, la que fue denegada por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad; que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; y que todas las actuaciones se hab\u00edan desplegado con observancia del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Posteriormente, en respuesta adicional, indic\u00f3 que resolvi\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra la decisi\u00f3n de precluir la investigaci\u00f3n penal adelantada, en la que confirm\u00f3 lo decidido en primer grado; que se pretend\u00eda reabrir un debate definido, en el que se garantiz\u00f3 el debido proceso; y que dicha providencia se fund\u00f3 en la normatividad y jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
7. La Fiscal\u00eda Novena Seccional del mismo lugar relat\u00f3 el tr\u00e1mite que se surti\u00f3 en esa dependencia. <\/p>\n
8. La Universidad de Caldas tras pronunciarse frente a los hechos de la demanda, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto que no tuvo injerencia en los hechos que supuestamente violaron los derechos fundamentales de la gestora. <\/p>\n
9. Cesar Augusto L\u00f3pez Londo\u00f1o y Mar\u00eda Yuliana Osorio Parra, quienes dicen actuar en su condici\u00f3n de apoderados de Ricardo G\u00f3mez Giraldo y Mar\u00eda del Pilar Escobar Potes, allegaron memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que los habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
10. El Comit\u00e9 de Convivencia Laboral de la Universidad de Caldas inform\u00f3 sobre las actuaciones adelantadas en punto a la queja presentada por la promotora. <\/p>\n
11. El Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad adujo que conoci\u00f3 de una tutela interpuesta por la ahora actora, en la que dict\u00f3 sentencia el 28 de septiembre de 2012. Remiti\u00f3 copia de dicho fallo. <\/p>\n
12. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 se denegara el resguardo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, en tanto que el r\u00e9gimen de responsabilidad disciplinaria dispon\u00eda de distintos mecanismos de defensa, e incluso una vez emitida la decisi\u00f3n con la que culminara el mismo, pod\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para controvertir dicho acto. <\/p>\n
13. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al considerar que las decisiones criticadas no se ofrec\u00edan caprichosas o infundadas, pues contaban con suficiente argumentaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria que lograba explicar con detalle las razones por las que fue precluida la investigaci\u00f3n de los delitos de injuria y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico; que el primero porque se le dio un alcance correcto al contenido de los art\u00edculos 83, 84 y 86 del C\u00f3digo Penal sobre los c\u00e1lculos de prescripci\u00f3n de esa conducta tipificada en el art\u00edculo 222 del C\u00f3digo Penal, as\u00ed como el segundo al analizar de forma razonable la concurrencia de las causales 4 y 6, al valorar los elementos materiales probatorios de una profusa investigaci\u00f3n, en donde adem\u00e1s de determinarse que los investigados no suscribieron el escrito tildado como espurio, las anotaciones consignadas en los mismos, obedec\u00edan a una informaci\u00f3n que obraba en la instituci\u00f3n educativa en punto a las actividades profesionales de la docente, a partir de lo que se descart\u00f3 la tipicidad del comportamiento; que no se advert\u00eda el compromiso de los derechos del accionante; que sobre lo atinente a la investigaci\u00f3n disciplinaria adelantada por el supuesto acoso laboral, advert\u00eda que si bien la accionante ning\u00fan reproche concreto enfil\u00f3, m\u00e1s all\u00e1 de aducir que hab\u00eda acudido a distintas instancias judiciales y administrativas para hacer valer sus derechos, sin especificar acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna de parte de esas autoridades al emitir las decisiones a favor de los disciplinados, lo cierto era que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, en tanto que la absoluci\u00f3n presentada en ese tr\u00e1mite se dict\u00f3 el 19 de mayo de 2019 por la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, la que fue confirmada el 17 de agosto de 2021 por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, mientras que la tutela se present\u00f3 un a\u00f1o despu\u00e9s. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que las fiscal\u00edas que asumieron las investigaciones \u00abse esforzaron por realizar el m\u00e1s m\u00ednimo esfuerz[o] para llegar a una decisi\u00f3n de fondo, solo se limitaron a solicitar una preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, y ante tant[a] insistencia, por fin se la concedieron\u00bb, transgrediendo sus derechos; que la exposici\u00f3n p\u00fablica de su hoja de vida e historia cl\u00ednica en las diferentes audiencias, sin autorizaci\u00f3n, conculcaba su dignidad, pues solo ten\u00eda como fin su desacreditaci\u00f3n, \u00abm\u00e1xime cuando el delito de injuria fue una maniobra de la Fiscal\u00eda para dilatar su actuar, ya que la denuncia se fundament\u00f3 en falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y no por injuria\u00bb; y que se deb\u00edan dejar sin validez las decisiones emitidas por los despachos judiciales accionados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 12 de agosto de 2022, tras hacer referencia a la preclusi\u00f3n en el marco de la Ley 906 de 2004, la normatividad y jurisprudencia aplicable, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En lo que ata\u00f1e al delito de injuria, argument\u00f3 la fiscal que se configura la causal primera \u201cImposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci\u00f3n penal\u201d, en el entendido que la acci\u00f3n se encuentra prescrita, para lo cual record\u00f3 que los hechos objeto de estudio, esto es, la contestaci\u00f3n suscrita por los aqu\u00ed indiciados, fue aportada al tr\u00e1mite constitucional el 20 de septiembre de 2012. <\/p>\n
Pues bien, es menester resaltar que se trata de un aspecto objetivo que no requiere mayores disquisiciones, en tanto que es un t\u00f3pico que ha descrito el Legislador como una causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, conforme a las limitaciones que tienen los operadores de justicia para tramitar un proceso judicial. <\/p>\n
Se tiene que el punible de injuria contempla como pena previamente aumentada mediante la Ley 890 de 2004, la de prisi\u00f3n de diecis\u00e9is (16) a cincuenta y cuatro (54) meses; en el caso particular han transcurrido cerca de diez a\u00f1os desde la ocurrencia de los hechos -20 de septiembre de 2012-, situaci\u00f3n que indica que se ha superado con creces el l\u00edmite m\u00e1ximo que ten\u00eda el Estado para juzgar penalmente a los aqu\u00ed indiciados por la citada conducta de injuria. <\/p>\n
Ciertamente, el marco f\u00e1ctico del particular asunto se delimita en la fecha anunciada, aspecto que evidencia la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n a todas luces, por cuanto el extremo final de la pena referida comprende cuatro (04) a\u00f1os y seis (06) meses privativos de la libertad, los cuales ubican con exactitud el t\u00e9rmino prescriptivo el 20 de septiembre de 2017, al tenor del art. 83 del C\u00f3digo Penal que en todo caso no ser\u00e1 inferior a cinco a\u00f1os el t\u00e9rmino prescriptivo. <\/p>\n
En ese sentido, no cabe otra apreciaci\u00f3n al respecto, m\u00e1s que confirmar la configuraci\u00f3n de la causal invocada por la fiscal\u00eda \u201cImposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci\u00f3n penal\u201d, de conformidad a lo previsto en los art\u00edculos 83 de la norma sustantiva penal y 77 del C. de P.P., que predican la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por haberse configurado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, en punto de la inconformidad planteada por el recurrente frente al an\u00e1lisis de las causas que llevaron a superar el t\u00e9rmino prescriptivo del delito de Injuria, que endilg\u00f3 directamente a los actos dilatorios de la fiscal\u00eda, es menester recordar que el t\u00f3pico atacado concierne a un estudio eminentemente objetivo en el que no es posible hacer un reproche extensivo frente al actuar de los sujetos procesales, m\u00e1xime si no se dio inicio siquiera a un proceso penal, en tanto que el asunto de marras lleg\u00f3 \u00fanicamente hasta la etapa de indagaci\u00f3n; luego, si lo que pretende el representante de v\u00edctimas es la apertura de una investigaci\u00f3n disciplinaria en contra de los presuntamente responsables de la prescripci\u00f3n, bien puede solicitarla presentando la queja ante la jurisdicci\u00f3n competente, si as\u00ed lo considera procedente toda vez que no es requisito que deba hacerse por compulsa de copias, tal como lo solicit\u00f3. <\/p>\n
Por otra parte, la fiscal\u00eda invoc\u00f3 las causales cuarta \u201cAtipicidad del hecho investigado\u201d y sexta \u201cImposibilidad de desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia\u201d frente al injusto penal de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, con fundamento en la insuficiencia de los elementos materiales probatorios recaudados para demostrar la materialidad de la conducta y desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia de los indiciados, aunado a que no contempl\u00f3 como falsas las afirmaciones consignadas en la contestaci\u00f3n a la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tampoco estim\u00f3 que el asunto fuera de inter\u00e9s para el derecho penal. <\/p>\n
Con el fin de resolver los interrogantes planteados por el recurrente en punto de la configuraci\u00f3n de la conducta punible y la inoperancia de la investigaci\u00f3n frente a la \u201cfalsedad\u201d o \u201cerror\u201d en el contenido del documento cuestionado, es necesario hacer referencia al aspecto subjetivo de la conducta punible, en tanto que el n\u00facleo de la discusi\u00f3n particular recae en la intenci\u00f3n y el conocimiento de los indiciados para consignar una falsedad en el escrito por ellos firmado. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el aspecto objetivo que comprende la calidad de servidor p\u00fablico del sujeto activo \u2013rector y directora del departamento de salud p\u00fablica- y la expedici\u00f3n de un documento p\u00fablico, no fueron objeto de discusi\u00f3n en esta instancia, siendo necesario anotar que \u00fanicamente se har\u00e1 referencia al contenido de la contestaci\u00f3n de la tutela, no as\u00ed frente al documento anexo tambi\u00e9n cuestionado, puesto que este \u00faltimo no fue suscrito por los aqu\u00ed indiciados. <\/p>\n
Bien, el componente subjetivo obedece al an\u00e1lisis de los aspectos cognitivo y volitivo del autor de la conducta punible, esto es, el elemento del dolo que resulta indispensable para que se configure el tipo penal aqu\u00ed investigado. <\/p>\n
Para el injusto de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico la Corte Suprema ha indicado \u201cse requiere dolo, \u00fanica modalidad prevista para la mencionada conducta (CSJ SP, 31 oct. 2018, rad. 48.907)-. Por tanto, debe coexistir en el sujeto activo conocimiento de la ilegalidad de la conducta y decidida voluntad de generar un documento demostrativo de la realidad, que falta a la verdad o la omite.\u201d <\/p>\n
M\u00edrese que en el presente asunto se precis\u00f3 que la falsedad aparentemente consignada por los se\u00f1ores Ricardo y Mar\u00eda del Pilar en la controvertida contestaci\u00f3n de la tutela se concret\u00f3 al indicarse que: \u201cComo se puede observar de lo anterior, no solo es su salud la que le preocupa, sino tambi\u00e9n que el d\u00eda viernes y s\u00e1bado no pueda atender su compromiso en el posgrado (horas de m\u00e1s, que son pagadas por fuera de la labor acad\u00e9mica), lo que nos lleva a plantearnos lo siguiente: ser\u00e1 que la labor docente que desarrolla en los posgrados, no le afecta su estado de salud?…\u201d., lo cual fue producto de una informaci\u00f3n que reposaba en los sistemas inform\u00e1ticos de la Universidad de Caldas; toda vez que as\u00ed fue ampliamente acreditado de los elementos materiales probatorios recolectados por el ente acusador. <\/p>\n
A trav\u00e9s de las entrevistas rendidas por\u2026 y los informes de actos investigativos\u2026, se dio a conocer que la informaci\u00f3n referida a la forma de pago de las asignaturas de \u00c9tica y Bio\u00e9tica dictadas por la docente Zoila Rosa, fue enviada desde la Vicerrector\u00eda Acad\u00e9mica y que, adem\u00e1s, conten\u00eda un error de digitaci\u00f3n que, posteriormente, fue replicado para dar respuesta a la acci\u00f3n de tutela; asimismo, mediante los referidos actos se realiz\u00f3 trazabilidad a los medios inform\u00e1ticos de la entidad, logr\u00e1ndose una explicaci\u00f3n acerca de las formas de pago denominadas como \u201cIncentivo\u201d y \u201cOrden de servicio\u201d que, en algunos casos, obedec\u00edan a la distribuci\u00f3n y responsabilidad del presupuesto entre los diferentes departamentos de la instituci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, se pudo establecer que los indiciados no fueron quienes redactaron el documento en cita, en tanto que dicha funci\u00f3n fue delegada a otros funcionarios que, a su vez, requirieron del soporte de la informaci\u00f3n obrante en el sistema electr\u00f3nico o bases de datos de la Universidad para brindar las declaraciones o razones dirigidas al juez de tutela. <\/p>\n
Se advierte entonces que tanto el se\u00f1or Ricardo como la se\u00f1ora Mar\u00eda del Pilar obraron conforme a su ejercicio como servidores p\u00fablicos, en el entendido que suscribieron un documento sin conocer el origen errado de la informaci\u00f3n en atenci\u00f3n a que la misma se encontraba consignada en las bases de datos de la Instituci\u00f3n educativa para la que laboraban. <\/p>\n
Lo anterior se traduce en que no actuaron con dolo al consignar afirmaciones inexactas que respond\u00edan al hecho sexto del escrito tutelar, pues de ning\u00fan elemento analizado se alcanza a extraer la intenci\u00f3n de aquellos de lesionar el bien jur\u00eddico tutelado de la fe p\u00fablica. <\/p>\n
Frente a tal proceder no es posible reprochar la acci\u00f3n de suscribir un documento donde se certific\u00f3 una informaci\u00f3n que se encontraba incorporada previamente en las bases de datos de la universidad, lo cual no constituye un delito, siendo pertinente recordar que el derecho penal es la ultima ratio para sancionar las conductas que ameriten el reproche penal dada la deliberalidad para afectar el bien jur\u00eddicamente tutelado, m\u00e1xime cuando, como se acaba de decir, el fundamento de lo consignado en el cuestionado aparte, reposaba en los sistemas inform\u00e1ticos de la universidad. <\/p>\n
Puntualizando que: <\/p>\n
\u2026para la Sala, los indiciados actuaron acorde a las atribuciones propias de sus cargos y con base en informaci\u00f3n previamente obtenida, sin que en momento alguno hayan tenido el objetivo de incluir en su escrito una falsedad que, adem\u00e1s de agraviar a la entonces accionante, llevara al juez de tutela a tomar una decisi\u00f3n contraria a la realidad con base en el aparte que se le pretende enrostrar la falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico. <\/p>\n
En ese sentido, tal como lo consider\u00f3 la juez de instancia, no se habla en el presente asunto de que no hayan existido los hechos, sino que los mismos no se adec\u00faan en un tipo penal, puntualmente porque no se avizora la tipicidad que se exige para predicar la configuraci\u00f3n de la conducta punible descrita en el art\u00edculo 286 del c\u00f3digo penal, en lo que ata\u00f1e al dolo, esto es, desde el aspecto volitivo y cognitivo para ejecutar los hechos constitutivos de la infracci\u00f3n y querer su realizaci\u00f3n, para poder endilgarse al sujeto activo de la acci\u00f3n, responsabilidad penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con la anterior causal, esto es, la atipicidad del hecho investigado, ser\u00eda suficiente para confirmar la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por el ante-citado punible. Sin embargo, para no dejar en el tintero la otra causal, es decir, la imposibilidad de desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia, que se refiere en la sexta invocada, es menester hacer \u00e9nfasis en los actos investigativos desplegados por la fiscal\u00eda, en tanto que para la acreditaci\u00f3n de tal t\u00f3pico se requiri\u00f3 el estudio de los elementos materiales probatorios e informaci\u00f3n legalmente obtenidos, con el fin de establecer si, en efecto, aquellos no alcanzan la suficiencia necesaria para superar el umbral de probabilidad de verdad exigido para formular imputaci\u00f3n. <\/p>\n
Es as\u00ed como despu\u00e9s de revisado el dossier la Sala encontr\u00f3 que a pesar de los m\u00faltiples traslados del asunto entre diferentes delegados fiscales desde la radicaci\u00f3n de la denuncia hasta el a\u00f1o 2018, existi\u00f3 un constante ejercicio del ente acusador para poner en movimiento sus facultades investigativas, puesto que obran en el cartulario diversas \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial con su respectivo informe de gesti\u00f3n (27 de febrero de 2013, 17 de marzo de 2014, 5 de junio de 2015, 19 de agosto de 2016, 29 de mayo de 2018), a trav\u00e9s de las cuales se obtuvo un amplio caudal probatorio como entrevistas, seguimiento de sistemas inform\u00e1ticos y recaudo de documentos; as\u00ed como tambi\u00e9n fueron encontrados informes ejecutivos y actas de reuni\u00f3n que hac\u00edan constar el estado del proceso y las actividades pendientes por realizar (6 de mayo de 2015, 6 de febrero de 2017). <\/p>\n
Con tales rudimentos se pretend\u00eda identificar el origen y los motivos de las afirmaciones contenidas en el escrito de contestaci\u00f3n de la tutela y, asimismo, extraer informaci\u00f3n que permitiera conocer la intenci\u00f3n de los indiciados. Pero del contenido de los elementos analizados, se tiene que tal como se mencion\u00f3 en diversos momentos de la indagaci\u00f3n, las afirmaciones cuestionadas tuvieron su fundamento en informaci\u00f3n ya recaudada en el sistema de la instituci\u00f3n educativa, sin que en momento alguno se logre evidenciar un actuar doloso y menos que haya existido conocimiento previo de parte de los indiciados que lo que reportaban en la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, en parte, no correspond\u00eda a la realidad. <\/p>\n
Las piezas contentivas de la informaci\u00f3n recolectada, a pesar de su gran volumen, no logran desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia que se predica en cabeza de los se\u00f1ores Ricardo G\u00f3mez y Mar\u00eda del Pilar Escobar. Es decir, que de ninguno de sus apartes se puede extraer con probabilidad de verdad que los indiciados con conocimiento de causa quisieron trasgredir la norma penal, por lo que debe recordarse que la fiscal\u00eda debe contar con suficiente evidencia f\u00edsica e informaci\u00f3n legalmente obtenida para sustentar una formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, su consecuente acusaci\u00f3n y juicio; lo cual en el caso particular brilla por su ausencia y por ende no se dan a cabalidad los elementos estructurales de la conducta punible como es que sea t\u00edpica, precisamente, por ausencia de dolo como se indic\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
Igualmente, el representante de v\u00edctimas reclam\u00f3 una investigaci\u00f3n integral en pro de la v\u00edctima; sobre lo cual, la Sala resalta, que dicha investigaci\u00f3n se observ\u00f3 permanente y suficiente durante toda la indagaci\u00f3n, pues obran en el expediente pluralidad de oficios y aporte de pesquisas que contribuyeron al impulso del proceso y el conocimiento de situaciones que ten\u00edan relaci\u00f3n directa con la investigaci\u00f3n. De manera que no se avizora desconocimiento de que la v\u00edctima pod\u00eda tener un papel activo durante el proceso concatenado con el actuar de la fiscal\u00eda, tal como ocurri\u00f3 en el asunto de marras, en tanto que no se observa negaci\u00f3n por parte del ente acusador frente a la colaboraci\u00f3n de la v\u00edctima. Pero tal situaci\u00f3n investigativa no puede ser camisa de fuerza para que la acci\u00f3n penal deba adelantarse a toda costa hasta llegar a formular imputaci\u00f3n, acusaci\u00f3n y juicio; aun cuando no se tenga asidero jur\u00eddico para ello. De ah\u00ed, que en el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Sala, no se comparten los argumentos del apelante para revocar la decisi\u00f3n de instancia y, por el contrario, se considera que razonablemente lo que debe imperar, igualmente, es la causal invocada de imposibilidad de desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia dada la ausencia de prueba que actualice en su integridad los elementos constitutivos de la conducta punible, investigada. <\/p>\n
Y se\u00f1alando que: <\/p>\n
Como acotaci\u00f3n final, cabe resaltar que los t\u00f3picos aducidos por el apelante en relaci\u00f3n con un acoso laboral y al uso indebido de la historia cl\u00ednica de la denunciante, no tienen incidencia alguna en la decisi\u00f3n aqu\u00ed revisada, puesto que lo \u00fanico que se ha discutido en esta instancia es la configuraci\u00f3n de las causales de preclusi\u00f3n invocadas por la fiscal\u00eda que requer\u00edan el an\u00e1lisis de aspectos objetivos y subjetivos de los tipos penales precitados. Adem\u00e1s, tal como lo ense\u00f1a la jurisprudencia antes citada, la v\u00edctima estaba facultada para presentar pruebas o informaci\u00f3n para oponerse a la preclusi\u00f3n, lo cual no aconteci\u00f3 como tampoco en su argumentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n hace referencia a razones concretas que indiquen la real ocurrencia de los hechos bajo la perspectiva de conducta punible, hasta el punto de considerar que debi\u00f3 profundizarse en el sentido de endilgar la supuesta falsedad, incluso, en modalidad culposa. Sobre lo cual la Sala resalta que esta figura no fue prevista por el legislador para el punible de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en las providencias censuradas; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4902-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4902-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01954-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73485","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73485","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73485"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73485\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73485"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73485"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73485"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}