STC4910-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC4910-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01897-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Yovanny Duque Duque contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el juicio de responsabilidad civil 2020-00104. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado, el accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos supralegales \u00aba la igualdad ante la ley, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y cualquier otro que se haya vulnerado\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Luis Yovanny Duque Duque, en compa\u00f1\u00eda de su c\u00f3nyuge y sus hijos, formularon demanda verbal de responsabilidad civil contra Seguros del Estado S.A., Edison de Jes\u00fas Cuervo L\u00f3pez y Diana Mar\u00eda Ocampo Giraldo, buscando la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 21 de septiembre de 2017 en el que se vieron involucrados los veh\u00edculos de placa MPY71D (motocicleta) y CWP 464. <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, despacho que, luego de agotadas las etapas procesales respectivas, el 19 de agosto de 2022 profiri\u00f3 fallo parcialmente estimatorio en el que solo accedi\u00f3 al resarcimiento reclamado por los parientes del ac\u00e1 gestor, al encontrar que \u00e9ste desisti\u00f3 (a trav\u00e9s de un acta de intenci\u00f3n firmada el d\u00eda y en el lugar del siniestro) de acudir a acciones de naturaleza civil o penal para obtener la reparaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la parte demandante y confirmada, en lo esencial, por el Tribunal Superior de Cali con fallo del pasado 9 de marzo, en el sentido de mantener la declaraci\u00f3n arriba indicada y establecer que la compa\u00f1\u00eda aseguradora deb\u00eda sufragar de manera directa las condenas econ\u00f3micas irrogadas. <\/p>\n
El impugnante solicit\u00f3 la adici\u00f3n del anterior prove\u00eddo, pero tal petici\u00f3n fue denegada con auto del 24 de abril siguiente. <\/p>\n
3. Para el gestor, la colegiatura ad quem incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
En torno al primero, asegur\u00f3 que se valoraron de forma err\u00f3nea los medios de convicci\u00f3n que daban cuenta de que \u00abel acta de desistimiento\u00bb signada se encontraba viciada por error en el consentimiento, pues el tribunal atribuy\u00f3 inadecuadamente dicha circunstancia a una supuesta negligencia suya. <\/p>\n
En primer lugar, dice, le impuso la carga de conocer a priori y sin concepto m\u00e9dico alguno, la magnitud de las lesiones padecidas cuando dicha situaci\u00f3n ni siquiera pudo ser establecida de forma inmediata por los m\u00e9dicos que lo atendieron en urgencias, al punto que \u00absolo se [pudo] conocer varios d\u00edas despu\u00e9s del accidente y de la firma del \u201cacta\u2026\u201d, a ser calificado con p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 20%. <\/p>\n
Respecto del yerro material adujo que \u00abel tribunal acudi\u00f3 a la doctrina y jurisprudencia de forma parcializada, cuando solo aplic\u00f3 los criterios que, en su sentir, favorec\u00edan a la aseguradora, y desconoci\u00f3 los criterios que le indicaban que deb\u00eda analizar con mayor severidad la conducta de la aseguradora\u2026 y con mayor benevolencia y flexibilidad la conducta del lesionado\u2026\u00bb, al tiempo que desconoci\u00f3 el art\u00edculo 1508 del C\u00f3digo Civil y la Ley 1328 de 2009 \u00abque establece cargas de informaci\u00f3n por parte de las aseguradoras frente a los consumidores financieros\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abse deje sin efectos la sentencia de segunda instancia\u00bb para que, el su lugar, el tribunal accionado \u00abdicte una nueva decisi\u00f3n fundamentada en una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y aplicaci\u00f3n de las normas sustantivas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n cuestionada se opuso a la prosperidad del resguardo habida cuenta que aquella \u00abno es fruto de la arbitrariedad\u00bb y la acci\u00f3n supralegal no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico\u2026 es v\u00e1lido\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Octavo Civil del Circuito de Cali se limit\u00f3 a hacer un recuento de las principales actuaciones surtidas en el proceso objeto de escrutinio. <\/p>\n
3. Diana Mar\u00eda Ocampo y Edison de Jes\u00fas Cuervo L\u00f3pez, en su condici\u00f3n de demandados en el asunto ordinario y a trav\u00e9s de apoderado, solicitaron la desestimaci\u00f3n del ruego, b\u00e1sicamente porque lo pretendido por el gestor es \u00abtomar el recurso de amparo\u2026 como la tercera instancia de un proceso que fue valorado y fallado en derecho por los jueces de primera y segunda instancia\u00bb ante la no prosperidad de sus pretensiones. <\/p>\n
En su criterio, \u00abno es cierto que el tribunal accionado haya interpretado caprichosamente el acervo probatorio, al contrario, se valor\u00f3 cada elemento en su contexto desde la doctrina y la jurisprudencia\u00bb, de all\u00ed que resulte inexistente la incursi\u00f3n en los yerros atribuidos por el quejoso. <\/p>\n
4. Seguros del Estado S. A. tambi\u00e9n pidi\u00f3 no acceder al amparo toda vez que, a su juicio, \u00abno se han vulnerado los derechos aludidos por el accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Cali vulner\u00f3 las prerrogativas de Luis Yovanny Duque Duque al confirmar, con algunas modificaciones, el fallo parcialmente estimatorio proferido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de aquella ciudad, pues, a su juicio, tal prove\u00eddo tiene defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los argumentos en que se sustent\u00f3 la presente queja, es decir, al cuestionamiento sobre la negativa de declarar la invalidaci\u00f3n del \u00abacta de desistimiento\u00bb signada por el ac\u00e1 gestor en lugar del accidente instantes despu\u00e9s de haber ocurrido, no es posible derivar irregularidad alguna en el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cali, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia, la colegiatura convocada luego de compilar los antecedentes f\u00e1cticos y procesales se adentr\u00f3, al amparo del material probatorio recopilado, en el an\u00e1lisis del reproche advirtiendo, de entrada, la imprecisi\u00f3n de la demanda respecto a dicho t\u00f3pico: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De entrada, se impone destacar que el demandante Duque Duque frente al acto negocial celebrado con Seguros del Estado SA, acudi\u00f3 a un disperso esquema factual y argumentativo, planteando diversos y heterog\u00e9neos escenarios, incluso, algunos de ellos contradictorios y excluyentes, con el confesado prop\u00f3sito de anonadar, como fuera, los efectos jur\u00eddicos de lo pactado. <\/p>\n
Lo anterior salta a la vista cuando, de la lectura al escrito rector se observa que los basamentos enarbolados contra el mencionado acuerdo, abarcan un amplio espectro de sucesos variopintos, que van desde lo sustancial a lo procedimental. Se predica que el se\u00f1or Luis Yovanny Duque Duque: i) firm\u00f3 a partir de informaci\u00f3n errada suministrada por la abogada que acudi\u00f3 al lugar de los hechos en representaci\u00f3n de la entidad aseguradora (sin puntualizar a qu\u00e9 informaci\u00f3n se refiere, su vaguedad es evidente), ii) aduce que si bien suscribi\u00f3 el acto negocial (no pod\u00eda adoptar conducta distinta) para ese momento no estaba en uso pleno de todas sus facultades mentales, iii) deriva hac\u00eda un eventual error en el objeto cuando sostiene que entendi\u00f3 que lo convenido \u00fanicamente comprend\u00eda los da\u00f1os de su motocicleta (lo que presupone su validez), iv) no conoc\u00eda la magnitud de los da\u00f1os corporales sufridos y no contaba con la asesor\u00eda profesional necesaria para comprender los alcances (sustanciales y procesales) de lo negociado, y v) que el convenio, no cumple con los requisitos del desistimiento enlistados por el art. 314 del C.G.P, al no estar dirigido al juez y no implicar la renuncia de pretensiones (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ambig\u00fcedad que el convocante pretendi\u00f3 luego subsanar realizando un: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) giro argumental\u2026 en sus alegatos de conclusi\u00f3n, reparos concretos y ulterior sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, en lo atinente al argumento medular del presunto vicio en el consentimiento del se\u00f1or Luis Duque, donde, ahora s\u00ed, ensaya una holgada y espec\u00edfica disertaci\u00f3n teniendo como protagonista y verdadera g\u00e9nesis del vicio en su consentimiento, su ignorancia frente a la dimensi\u00f3n de las lesiones sufridas en el accidente, calific\u00e1ndola de \u201cirrefutable\u201d al tiempo que desecha lo que hasta esa altura eran los vagos fundamentos esgrimidos, incluso, refiri\u00e9ndose al dolo como una cuesti\u00f3n \u201ccontrovertida\u201d (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En torno a ello, destac\u00f3 que el reproche formulado en la apelaci\u00f3n \u00abse aparta del espec\u00edfico marco factual ensayado en [el] escrito genitor, puesto que surge incuestionable que el relato hist\u00f3rico que nos entrega el actor en la demanda s\u00ed habla de la p\u00e9rdida de conciencia y que el lesionado no estaba en uso pleno de sus facultades mentales\u00bb resultando impropio cuestionar que el fallo de instancia se apart\u00f3 de lo pretendido en el libelo inicial cuando precisamente \u00abel juzgado se ocup\u00f3 de la causa blandida por el demandante, a despecho de las injustas censuras que ahora se lanzan\u00bb; as\u00ed, recalc\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es irrecusable que el motejado fallo en l\u00edneas generales se ocup\u00f3 de los escenarios f\u00e1cticos planteados por el demandante respecto de la validez y eficacia del acto negocial, cuesti\u00f3n distinta es que se buscara enervarlo acudiendo a la m\u00e1s variada y heterog\u00e9nea gama de vicisitudes, que finalmente fueron desestimadas por el juzgador ante su evidente ausencia de acreditaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando encontr\u00f3 que el juzgador de primer nivel no profundiz\u00f3 \u00absobre el vicio del consentimiento\u00bb fundamentado en el \u00abdesconocimiento, para ese momento, de la gravedad y secuelas de las lesiones recibidas en el accidente\u00bb, con apoyo de los art\u00edculos 1502 y 1602 del C\u00f3digo Civil y en el precedente de esta Corporaci\u00f3n, reliev\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no basta con enunciar el error, sino que adem\u00e1s requiere acreditar que aquel, es de car\u00e1cter esencial, reconocible por la contraparte y que no es inexcusable, verificaci\u00f3n para la cual, en es este asunto, resulta indispensable el an\u00e1lisis del negocio jur\u00eddico recusado y la conducta del petente en la fase precontractual (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A partir de all\u00ed, destac\u00f3 que, aun cuando era indiscutible que el lesionado desconoc\u00eda las reales dimensiones y secuelas del siniestro, las cuales fueron determinadas posteriormente con una p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 20%, suscit\u00e1ndose as\u00ed un \u00aberror esencial\u00bb en la firma de la referida acta, lo cierto era que \u00abesta importante arista de la controversia no recibi\u00f3 acreditaci\u00f3n probatoria alguna y contamos entonces con las reglas de la experiencia y de la equidad\u00bb, agregando, a su vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en lo atinente a la inexcusabilidad del error, esto es, el cumplimiento del deber de autoinformaci\u00f3n, diligencia y prudencia en la celebraci\u00f3n del acuerdo, salta a la vista que el se\u00f1or Luis Duque asumi\u00f3 una dejadez y desidia inadmisibles en punto de llegar al acuerdo conciliatorio de marras, concurriendo con su voluntad y asintiendo sobre asuntos de los que no ten\u00eda suficiente informaci\u00f3n, pero no tuvo reparo alguno en concretar dicho acto negocial o acuerdo. As\u00ed lo confes\u00f3 en su declaraci\u00f3n vertida en audiencia del 26 de abril de 2022\u2026 <\/p>\n
De la reconstrucci\u00f3n hist\u00f3rica de la situaci\u00f3n, es palmario, c\u00f3mo la conducta desplegada por el demandante, daba lugar a pensar que las lesiones no eran de mayor gravedad, siendo que, el afectado, por obvias razones es quien siente en su corporeidad el da\u00f1o y, consecuentemente, quien deb\u00eda exteriorizar su menoscabo, pero, sin guardar un m\u00ednimo de diligencia y precauci\u00f3n y marginando cualquier conato de sagacidad8 , que impone a los contratantes un deber de autoinformaci\u00f3n, se precipit\u00f3 a celebrar una conciliaci\u00f3n bajo el entendido de una levedad en sus lesiones personales; ahora, pretende desconocer sus propios actos y de paso menospreciar la confianza leg\u00edtima depositada inveteradamente en los actos negociales y en la declaraci\u00f3n de su voluntad, contrariando aquel principio del nemo auditur propriam turpitudinem allegans, por lo cual no puede recibir abrigo dicha postura. <\/p>\n
Cabe agregar que las postulados de confianza leg\u00edtima y respeto por los actos propios, tienen reconocimiento Constitucional, al estar construidos a partir del principio de la buena fe, imperante en todas las actuaciones entre particulares y entre estos y el Estado, incluido el v\u00ednculo contractual, de ah\u00ed que, se considere leg\u00edtimo esperar un comportamiento acorde con la palabra dada y por tanto, igualmente confiar en el cumplimento de las expectativas rec\u00edprocas, en este caso, era leg\u00edtimo suponer que la aseguradora asumir\u00eda los da\u00f1os de todo orden ocasionados con el accidente y que el se\u00f1or Luis Duque se abstendr\u00eda de iniciar acciones civiles, penales y contravencionales contra la aseguradora, propietaria y conductor del veh\u00edculo implicado en el accidente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, en suma, que la conducta del apelante, \u00abnegligente o imprudente\u00bb en los precisos t\u00e9rminos del tribunal, se erig\u00eda como <\/p>\n
\u00ab(\u2026) obst\u00e1culo infranqueable en su cometido de restarle efectos vinculantes a lo convenido con la sociedad aseguradora, dado que, se reitera, su proceder no se acompasa con los principios del respeto por los actos propios y la confianza leg\u00edtima, siendo as\u00ed, en\u00e9rgicamente rechazada por la jurisprudencia y doctrina su infidelidad a la voluntad declarada en el acto negocial confutado. <\/p>\n
Es tan claro e insalvable el obst\u00e1culo que representa la discurrida cuesti\u00f3n que, el extremo demandante para pedir la anulaci\u00f3n del \u201cacta de desistimiento\u201d acude, se itera, a diversas y heterog\u00e9neas causas, incluso, afirmando con vehemencia que el crey\u00f3 que la misma versaba solamente sobre los da\u00f1os de la moto, nunca de sus lesiones personales, lo cual es abiertamente contraevidente con el acta misma, y el prop\u00f3sito buscado por la aseguradora y la misma v\u00edctima que en reiteradas ocasiones declar\u00f3 no haber prestado demasiada atenci\u00f3n al contenido del acuerdo y menos recordar con exactitud la conversaci\u00f3n sostenida con la profesional del derecho que acudi\u00f3 en representaci\u00f3n de Seguros del Estado, evidenciando la contradicci\u00f3n de sus planteamientos, que deja ver fu [sic] af\u00e1n por aniquilar a toda costa los efectos del acuerdo, lo que de paso dificulta el derecho de defensa y contradicci\u00f3n y la actividad probatoria que le es inherente, as\u00ed como la tarea del juez (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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