STC4916-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4916-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01848-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Brito Jes\u00fas Camargo Herrera contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin valor y efecto el auto fechado 24 de noviembre de 2022\u2026, el cual confirm[\u00f3] el\u2026 [de] 21 de junio de 2022\u2026, que neg\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del procesos por desistimiento t\u00e1cito\u00bb y, adem\u00e1s, se declare \u00abla nulidad de la sentencia proferida por el juzgado [accionado]\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Banco Davivienda SA promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria contra Beatriz Helena Herrera de Camargo y Brito Jes\u00fas Camargo Herrera, libr\u00e1ndose orden de pago el 23 de julio de 2007. <\/p>\n
2.2. Enterados los demandados, Beatriz Helena Herrera de Camargo formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, de las cuales se corri\u00f3 traslado a la ejecutante. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 27 de octubre de 2014, se decretaron las pruebas del proceso y, recaudadas \u00e9stas, se corri\u00f3 traslado a las partes para que alegaran de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, la parte ejecutada deprec\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, solicitud negada con prove\u00eddo del 21 de junio de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la peticionaria, siendo confirmada por el Tribunal criticado con auto del 24 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.5. De otro lado, mediante sentencia del 21 de junio de 2022, se desecharon los mecanismos exceptivos propuestos y se orden\u00f3 \u00abla venta en p\u00fablica subasta del bien hipotecado\u00bb, determinaci\u00f3n que censuraron en apelaci\u00f3n los ejecutados, siendo confirmada con providencia del 21 de marzo de esta anualidad. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que se \u00absolicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito\u2026, ya que se daban todos los requisitos para que el juzgado as\u00ed lo declarara\u00bb, toda vez que \u00abel expediente se encontraba en la secretar\u00eda del despacho sin soluci\u00f3n de continuidad\u00bb, circunstancias que desconocieron los falladores accionados. <\/p>\n
2.7. Adicion\u00f3 que \u00absi bien es cierto que el despacho emiti\u00f3 auto avocando el conocimiento del proceso y orden\u00f3 que por secretar\u00eda se fijara en lista para sentencia, es tambi\u00e9n cierto que el proceso nunca fue enlistado para pasar al despacho como\u2026 lo indica el art\u00edculo 120 del CGP\u00bb, por lo que litigo \u00abs\u00ed estaba en la secretar\u00eda\u2026 inactivo por m\u00e1s de un a\u00f1o\u2026, sin que se realizara ninguna actuaci\u00f3n por parte del juzgado\u00bb, situaci\u00f3n que impon\u00eda su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.8. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que, al no haberse realizado la referida anotaci\u00f3n en lista, se debe anular el fallo de primera instancia, comoquiera que \u00abel proceso nunca pas\u00f3 al despacho para sentencia, tr\u00e1mite de gran importancia que fue omitido y al no haberse pasado el expediente al despacho\u2026, \u00e9ste se encontraba en la secretar\u00eda\u2026 y ese solo hecho le imped\u00eda al funcionario judicial dictar sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla manifest\u00f3 que \u00abde las providencias emitidas, se desprende haberse seguido los lineamientos constitucionales, procesales, sustanciales y legales, sin que se observe vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de las partes ni de terceros con inter\u00e9s en el asunto\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa localidad precis\u00f3 que \u00ab[l]as situaciones que considera irregulares\u2026 [el accionante], no constituye[n] per se una violaci\u00f3n constitucional por parte ese despacho, al no existir causal gen\u00e9rica o espec\u00edfica de procedibilidad debidamente acreditada\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. |Examinada la demanda de tutela, se extracta que el actor critic\u00f3: (i) los prove\u00eddos que, en ambas instancias, negaron la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito; y (ii) la sentencia de 21 de junio de 2022, que fue confirmada por el Tribunal convocado con providencia del 21 de marzo de 2023, al considerar que dicha determinaci\u00f3n est\u00e1 viciada de nulidad por no haberse, previamente, fijando en lista el asunto para sentencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sea lo primero advertir que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a las providencias que decidieron, en sede de apelaci\u00f3n, sobre las referidas cuestiones, pues fueron esas determinaciones las que clausuraron los debates suscitados en torno a esos aspectos. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las providencias de 24 de noviembre de 2022 (que confirm\u00f3 el auto de 21 de junio de 2022) y 21 de marzo de 2023 (que confirm\u00f3 el falo de 21 de junio de 2022), no lucen arbitrarias, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
4. En primer lugar, en lo que ata\u00f1e al prenotado prove\u00eddo de 24 de noviembre de 2022, que confirm\u00f3 el dictado el 21 de junio de 2022, a trav\u00e9s del que se neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, el Tribunal explic\u00f3 las razones por las que consideraba que no se reun\u00edan los presupuestos necesarios para acceder a solicitud en tal sentido, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Revisado el expediente, se observa que el 19 de septiembre de 2017, se avoc\u00f3 conocimiento del proceso, en cumplimiento del acuerdo No. CSJATA17-371 de enero 26 de 2017, por medio del cual se distribuyeron los procesos civiles a los Juzgados Segundo y Tercero Civiles del Circuito que quedaron en el sistema escritural. Adem\u00e1s, se orden\u00f3 que por secretaria se fijase en lista para sentencia. Posteriormente hubo otras actuaciones, terminando el 11 de febrero de 2019. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que posterior a esta fecha no hubo movimiento o impulso procesal alguno, no se debi\u00f3 de forma alguna, a desinter\u00e9s de las partes. El proceso, conforme lo indicado por la juez de instancia en su decisi\u00f3n, se encontraba a despacho para proferir decisi\u00f3n. Aducir, como lo recrimin\u00f3 la recurrente, que por no haberse incluido en lista por secretar\u00eda el proceso no se encontraba a despacho, se torna en un excesivo ritual manifiesto. <\/p>\n
No es posible que, aduciendo una inactividad del proceso, adem\u00e1s por la propia responsabilidad del Despacho, se hubiese apegado a las reglas procesales, para obstaculizar la materializaci\u00f3n de los <\/p>\n
derechos sustanciales del actor, la b\u00fasqueda de la verdad y la adopci\u00f3n de decisiones judiciales justas. Ha de recordarse que el e juez es el garante de la norma sustancial, y no podr\u00eda adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Adem\u00e1s, debe indicarse que el art\u00edculo 8 del C\u00f3digo General del Proceso, en su parte pertinente reza que \u201clos jueces deben adelantar los procesos por s\u00ed mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya\u201d. Es decir, no se le podr\u00eda atribuir a la parte inactividad, cuando, como bien lo sostuvo la juzgadora, el proceso se encontraba a Despacho para proferir decisi\u00f3n, a\u00fan sin haberse fijado en lista. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, valga anotar, que tal interpretaci\u00f3n se muestra acorde que la postura que ha asumido esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual \u00ab\u2026la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito\u2026 s\u00f3lo procede cuando el litigio permanece paralizado por causa atribuible a los extremos del litigio, m\u00e1s no cuando la inactividad proviene de una omisi\u00f3n del juzgado\u00bb (CSJ STC152-2023, sobre el particular ver tambi\u00e9n STC1646-2021, STC4720-2022 y STC4282-2022, entre otras). <\/p>\n
5. Respecto a la sentencia de 21 de marzo de 2023, que confirm\u00f3 la dictada el 21 de junio de 2022, advierte la Sala que en dicha providencia el Tribunal criticado desech\u00f3 los argumentos enfilados en invalidar el fallo de primera instancia por no haberse fijado en lista, aspecto sobre el que precis\u00f3: <\/p>\n
Respecto a los dos primeros reparos expuestos, es decir la ausencia de inscripci\u00f3n del proceso en el listado de expedientes para emitir sentencia, comprendida en la legislaci\u00f3n extinta en el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y condensada actualmente en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, basta decir que dicho despliegue secretarial cumple una funci\u00f3n informativa para los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, respecto del turno que pueda corresponderle a una actuaci\u00f3n frente a otra para emitir sentencia; prima facie, la omisi\u00f3n de este mecanismo puede decirse que no afecta con fuerza de nulidad la actuaci\u00f3n, pues no est\u00e1 taxativamente contenida como una causal para ello, otra cosa pueden ser las situaciones disciplinarias que se desprendan de dicha inobservancia. <\/p>\n
Ahora, con relaci\u00f3n a la etapa procesal que se surte, es sabido para los profesionales del derecho -que de suerte prohijaron al extremo pasivo durante la actuaci\u00f3n- que una vez vencido el t\u00e9rmino para que se practiquen los alegatos de conclusi\u00f3n, el proceso quedar\u00e1 a \u00f3rdenes del funcionario judicial para que este emita la sentencia; tal conocimiento de las etapas procesales puede verse evidenciado cuando los apoderados de ambos extremos, una vez vencido el termino para alegar, solicitaron la emisi\u00f3n de la respectiva decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Precisado lo anterior, valga decir que, para el 19 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito asumi\u00f3 la competencia y conocimiento del recaudo forzoso, adopt\u00e1ndola con el t\u00e9rmino para alegar vencido, por lo que consider\u00f3 necesario ordenar fijar dicho tr\u00e1mite en el listado correspondiente para dictar sentencia. Sin embargo, como se plasm\u00f3 en precedencia la omisi\u00f3n de dicha condici\u00f3n secretarial no influye directamente en el fallo, si no que su incidencia afectar\u00eda lo que oportunamente hubiera sido invocado como mora judicial y a pesar de que se emitieron dos autos antes que la sentencia estos emergieron necesarios; inicialmente para prorrogar el tiempo para emitir la decisi\u00f3n de fondo y posteriormente para dejar sin efectos la decisi\u00f3n tomada con base en una norma ulterior, no aplicable en virtud del tr\u00e1nsito <\/p>\n
de legislaci\u00f3n contenido en art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Bajo esta veta secuencial se colige que el proceso objeto del recurso desatado, se encontraba presto para emitir decisi\u00f3n de fondo desde por lo menos el 19 de septiembre de 2017, momento en que el Juzgado Tercero Civil del Circuito asumi\u00f3 su conocimiento. Sin embargo, ante la inoperancia judicial, el ejecutado elev\u00f3 una solicitud de desistimiento t\u00e1cito, sustent\u00e1ndola en la inactividad del expediente acaecida entre la fecha precitada y el 22 de junio de 2021, por lo que a su juicio se cumplen las condiciones necesarias para terminar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Ergo, debe indicarse al libelista, tal como acertadamente lo se\u00f1al\u00f3 el Despacho de primera instancia en decisi\u00f3n del 21 de junio de 2022, que desde la llegada del dossier contentivo de la actuaci\u00f3n judicial al conocimiento del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, este no ha permanecido en la secretaria del Juzgado pues todo el tr\u00e1mite ha sido agotado, sin cargas pendientes de evacuar para decidirlo, si no bajo conocimiento del funcionario judicial, persona encargada de emitir la sentencia que en derecho corresponda\u2026 <\/p>\n
5.1. Entonces, la citada determinaci\u00f3n tampoco luce caprichosa, al margen de que se comparta, pues se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan las nulidades procesales en el estatuto procesal civil, con fundamento en la cual concluy\u00f3 el fallador acusado, de un lado, que la omisi\u00f3n que denunci\u00f3 el actor no configuraba ninguna de las causales de invalidez que contempla el ordenamiento y, por otra parte, que la citada anomal\u00eda no ten\u00eda la virtualidad de afectar las garant\u00edas de los intervinientes, pues, en todo caso, ellos pod\u00edan deducir, por la etapa en la que se encontraba el proceso, que la siguiente actuaci\u00f3n era, precisamente, la emisi\u00f3n de la sentencia que dirimiera el litigio. <\/p>\n
6. Conforme a lo expuesto, se estima que las deducciones del ad quem acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
7. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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