STC4919-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4919-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00501-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instauraron Luz Angela Perdomo Rojas y Jos\u00e9 Daladier Osorio Pel\u00e1ez, quienes dicen obrar \u00aben calidad de agentes oficiosos\u00bb de Luis Enrique Castro Riveros y Helbert Antonio Jim\u00e9nez Ramos contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cundinamarca, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, \u00ablibertad individual\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Luis Enrique Castro Riveros y Helbert Antonio Jim\u00e9nez Ramos, que dicen vulneradas por las autoridades accionadas, por lo que pidieron ordenar al Consejo Superior de la Judicatura \u00abdar respuesta de fondo y en sentido positivo a las\u2026 peticiones\u2026 elevadas\u2026, en las cuales se ha solicitado\u2026 , se asigne o programe\u2026 audiencia preliminar con juez de control de garant\u00edas con el objetivo de lograr la libertad inmediata de los procesados\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Contra Luis Enrique Castro Riveros y Helbert Antonio Jim\u00e9nez Ramos se adelanta proceso penal por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n, o porte de estupefacientes\u00bb. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que Luis Enrique Castro Riveros y Helbert Antonio Jim\u00e9nez Ramos, \u00abse hallan actualmente privados de la libertad y recluidos en el establecimiento carcelario de la localidad de Fusagasug\u00e1, desde el\u2026 5 de octubre de 2022\u2026, superando de lejos y suficientemente los t\u00e9rminos para que la Fiscal\u00eda S\u00e9tima Especializada formulara la acusaci\u00f3n\u00bb; y que \u00abse ha solicitado en repetidas ocasiones\u2026, por medio electr\u00f3nico a reparto del Consejo Superior de la Judicatura, se\u2026 programe, audiencia preliminar con juez de control de garant\u00edas, para solicitar la libertad por el probado vencimiento de t\u00e9rminos, sin que el organismo judicial se digne responder\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agregaron que se formul\u00f3 \u00abh\u00e1beas corpus, con el objetivo que se materializara el derecho a la libertad individual\u00bb de los aqu\u00ed agenciados, pero que el Tribunal convocado, \u00abneg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional\u2026, soportado en el solo argumento de no haberse agotado el recurso procesal ante el juez de control de garant\u00edas, mismo que ha sido ignorado, negado t\u00e1citamente, de forma grosera e inexplicable\u2026 por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, por lo que la negativa de la citada sede judicial \u00abva en contrav\u00eda de la esencia de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, que al tener los mismos efectos jur\u00eddicos de la acci\u00f3n de tutela, se torna en residual o urgente para evitar que se siga cometiendo la vulneraci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Finalmente, precisaron que \u00abse [les] dio poder para actuar como apoderados de confianza dentro del proceso penal [criticado]\u00bb; y que \u00abante lo apremiante de los tiempos y la gravedad de los derechos consecutivamente vulnerados, [presentaron] la acci\u00f3n constitucional de forma oficiosa como\u2026 [les] est\u00e1 permitido, adem\u00e1s, por las dificultades para estar viajando hasta Fusagasug\u00e1 donde se hayan privados de su libertad [los agenciados] para hacer firmar el poder especial de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abal consultar en el sistema\u2026 [se] registra solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, elevada el 15 de febrero de 2023\u2026 a favor de Castro Riveros y Jim\u00e9nez Ramos\u00bb; y que, en virtud de esa petici\u00f3n se program\u00f3 audiencia \u00abpara el 2 de marzo de 2023 a las 09:00am\u00bb, pero que dicha diligencia no se adelant\u00f3 porque \u00aben el formato de solicitud de audiencia, no se aportaron todos los datos del Fiscal del caso, situaci\u00f3n que fue advertida por la defensora Luz \u00c1ngela Perdomo Rojas, quien manifest\u00f3 que radicar\u00eda una nueva solicitud aportando los datos completos del Fiscal\u00bb. Finalmente, destac\u00f3 que \u00aba la fecha no obra solicitud alguna pendiente de tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 39 de la Direcci\u00f3n Especializada Contra El Narcotr\u00e1fico \u2013 DECN rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasug\u00e1 precis\u00f3 que \u00abcualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n que haya presuntamente restringido de manera ilegal la libertad de\u2026 Luis Enrique Castro Riveros y Helbert Antonio Jim\u00e9nez Ramos, no puede ser endilgada a [ese] Despacho Judicial\u00bb; y que \u00abconsultado el sistema de registro, no se hall\u00f3 que la parte accionante haya presentado petici\u00f3n alguna\u2026 solicitando la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento o la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Penal del Circuito de esa localidad esgrimi\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados\u2026 en raz\u00f3n a que, por medio de sus abogados contractuales, firmaron acuerdo con la Fiscal\u00eda a cargo del caso, siendo aprobado por esa judicatura dentro de un t\u00e9rmino razonable\u00bb. <\/p>\n
5. El Consejo Superior de la Judicatura dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Fusagasug\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
7. La Fiscal\u00eda S\u00e9ptima Especializada de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Narcotr\u00e1fico defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
8. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que Luz Angela Perdomo Rojas y Jos\u00e9 Daladier Osorio Pel\u00e1ez carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio penal que criticaron, as\u00ed como tampoco para censurar las resultas de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus que se formul\u00f3 en favor de Luis Enrique Castro Riveros y Helbert Antonio Jim\u00e9nez Ramos, por no ser parte en dichas contiendas, ni aportar poder especial para actuar en la tutela. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, sobre el alcance del aludido art\u00edculo 10\u00ba la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de agencia oficiosa, especialmente, de las personas privadas de la libertad, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos penales que, por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes\u2026Esas investigaciones s\u00f3lo tuvieron como acusados a (i)\u2026 Duarte Prada\u2026 y a (ii) \u2026 Torres\u2026-. En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de las circunstancias f\u00e1cticas del caso no se infiere la dificultad o imposibilidad del condenado para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados. Por el contrario, las acciones ejecutadas de manera directa por el se\u00f1or Torres dan cuenta que, a pesar de estar recluido en la C\u00e1rcel La Picota de Bogot\u00e1, se le ha facilitado desplegar las gestiones necesarias para su defensa. Ejemplo de ello es que dos (2) meses antes, esto es, el 30 de agosto de 2016, interpuso la primera acci\u00f3n de tutela ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento de la misma ciudad, invocando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y la libertad. (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se advierte que Luz Angela Perdomo Rojas y Jos\u00e9 Daladier Osorio Pel\u00e1ez no son partes en los juicios acusados, as\u00ed como tampoco allegaron poder especial a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de Luis Enrique Castro Riveros y Helbert Antonio Jim\u00e9nez Ramos, ni demostraron los supuestos que validaran la condici\u00f3n de agentes oficiosos, es evidente que no pueden promover el resguardo para atacar las determinaciones adoptadas en tales asuntos, destacando que a pesar de que Castro Riveros y Jim\u00e9nez Ramos est\u00e1n privados de la libertad por la medida de aseguramiento dispuesta en el proceso penal fustigado, ello no es \u00f3bice para que ellos puedan acudir directamente a solicitar el amparo de sus prerrogativas, pues disponen de los servicios establecidos para la recepci\u00f3n de tutelas y cualquier tipo de documentaci\u00f3n al interior del centro carcelario, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 58 de la Ley 65 de 19931. <\/p>\n
3. Las anteriores consideraciones resultan suficientes para desestimar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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