STC4921-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC4921-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-21-000-2023-00011-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD- contra el fallo de 30 de marzo de 2023, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta en la acci\u00f3n de tutela que Ana Rosa Moreno Mendoza y El\u00edas Le\u00f3n Rivera instauraron contra el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta y la entidad impugnante, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras No.2015-0002-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes pretenden que se ordene al Juzgado accionado que d\u00e9 tr\u00e1mite al incidente de desacato y que disponga lo necesario con el fin que se cumpla la sentencia de restituci\u00f3n de tierras emitida en el proceso en comento. Tambi\u00e9n solicitaron que se le ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD- que d\u00e9 cumplimiento a la sentencia de restituci\u00f3n y les informe cu\u00e1ndo har\u00e1 entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento manifestaron que iniciaron proceso de restituci\u00f3n de tierras, asunto que le correspondi\u00f3 Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta. Precisaron que en dicho tr\u00e1mite obtuvieron sentencia favorable (30 noviembre 2016); sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguno de los beneficios que les fueron otorgados, situaci\u00f3n que no ha ocurrido con otras familias que tambi\u00e9n est\u00e1n en esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Luz Adriana Colmenares Ortega inform\u00f3 que es quien ejerce la defensa de los derechos de los accionantes dentro del proceso de restituci\u00f3n. Hizo un recuento de las acciones desplegadas tanto por el juzgado como por la UAEGRTD para el cumplimiento de la sentencia. Precis\u00f3 que luego de la emisi\u00f3n de la sentencia, se obtuvo un certificado del riesgo por amenaza de remoci\u00f3n en masa del predio restituido a aquellos, raz\u00f3n por la cual la orden de restituci\u00f3n fue modificada a la modalidad de equivalencia (29 marzo 2019); sin embargo, no fue posible ubicar un inmueble con las mismas caracter\u00edsticas \u2013precio-, a pesar de que visitaron 6 veredas, por lo que una vez el Juzgado fue enterado de tal situaci\u00f3n, ajust\u00f3 el valor de la compensaci\u00f3n al m\u00ednimo fijado para una VIS (5 febrero 2021). <\/p>\n
El Juzgado accionado hizo un recuento de las actuaciones que ha efectuado en el proceso en comento. Adujo que previa apertura del incidente de desacato, requiri\u00f3 al COJAI7, para que d\u00e9 cumplimiento a la compensaci\u00f3n ordenada (24 marzo 2023). <\/p>\n
3.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta concedi\u00f3 el resguardo por considerar que \u00abla titular del juzgado accionado ha desconocido su deber de velar por el cumplimiento de la sentencia de restituci\u00f3n, observ\u00e1ndose mora judicial, pues incluso han pasado a\u00f1os entre actuaciones sin que se observe un despliegue efectivo de decisiones que conlleven al acatamiento de las \u00f3rdenes\u00bb; adem\u00e1s, requiri\u00f3 a la autoridad judicial para que adopte los correctivos necesarios para velar por el cumplimiento de las disposiciones procesales, incluidas aquellas que aluden a la sistematizaci\u00f3n de los expedientes judiciales (Acuerdo N\u00b0PSAA14-10215 de 2014 del CSJ). <\/p>\n
Por lo anterior le orden\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito <\/p>\n
Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta que emita una decisi\u00f3n de fondo en la que se evidencie un impulso real en aras de lograr la materializaci\u00f3n de lo ordenado en la sentencia de restituci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n dispuso compulsar copias a la oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretar\u00eda General de la Unidad Administrativo Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, para que investigue la conducta de la abogada Luz Adriana Colmenares Ortega aqu\u00ed expuesta. <\/p>\n
4.- La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD -impugn\u00f3. Para tal fin se\u00f1al\u00f3 que el Juez de primera instancia no tuvo en cuenta la contestaci\u00f3n presentada por la entidad en la cual expuso cada una de las actuaciones realizadas en el caso concreto con las cuales se deja en evidencia su actuar diligente en el caso concreto. Tambi\u00e9n adujo que no motiv\u00f3 en debida forma las razones que motivaron a compulsarle copias a la abogada Luz Adriana Colmenares Ortega, ni mucho menos realiz\u00f3 una verificaci\u00f3n de la multiplicidad de acciones desplegadas por la profesional del derecho, tendientes a dar cumplimiento a la sentencia del 30 de noviembre de 2016, proferida por el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta. <\/p>\n
Acot\u00f3 que \u00abcausa desconcierto que el a quo, fije la responsabilidad de la debida diligencia procesal, dentro del aludido proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, en cabeza de la defensora Luz Adriana Colmenares Ortega, cuando ni siquiera est\u00e1n debidamente cargadas las piezas procesales en el portal de tierras por parte del Juzgado Primero Civil Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, hizo un recuento de los actos que la referida abogada desarroll\u00f3 en la etapa post fallo, tales como identificar la situaci\u00f3n en que se encontraban los solicitantes, pedir la modulaci\u00f3n del fallo con el fin que se adoptara una medida de compensaci\u00f3n; adem\u00e1s, ha realizado el acompa\u00f1amiento necesario para que los peticionarios dimensionen la nueva medida concedida e, incluso, los acompa\u00f1\u00f3 en la b\u00fasqueda del predio y le comunic\u00f3 al Juzgado sobre el deseo de ellos de solicitar que se incremente el valor de la compensaci\u00f3n con el fin que puedan comprar un predio en el que puedan vivir. <\/p>\n
De otro lado precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, realiz\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n del auto del 5 de febrero de 2021 [a trav\u00e9s del cual increment\u00f3 el valor de la compensaci\u00f3n], pues lo env\u00edo a un correo totalmente distinto al dispuesto por la apoderada judicial Luz Adriana Colmenares Ortega, circunstancia que conllev\u00f3 a que la orden dada por el mismo despacho quedara suspendida en el tiempo, sin poderse materializar, permaneciendo en vilo para su cumplimiento en raz\u00f3n a su falta de publicidad y oponibilidad para terceros, hasta que en sede tutela se surti\u00f3 dicha notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto solicit\u00f3 que se revoque el fallo censurado y que se niegue la compulsa de copias de la abogada mencionada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Sala a lo alegado en la impugnaci\u00f3n, delanteramente se anuncia que la decisi\u00f3n opugnada ser\u00e1 confirmada, toda vez que lo referente frente a la compulsa de copias debe ser dilucidado ante las autoridades disciplinarias respectivas. <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n presentada est\u00e1 fundada en las razones de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD para justificar que la labor de la abogada luz Adriana Colmenares, en el proceso de restituci\u00f3n referido y en representaci\u00f3n de la entidad mencionada, fue ajustada a sus deberes profesionales. Al respecto debe se\u00f1alarse que dicha argumentaci\u00f3n debe ser expuesta directamente ante las autoridades disciplinarias respectivas, quienes son las encargadas de determinar si hay lugar a imponer alguna sanci\u00f3n, ya que ellas no pueden ser analizadas por el juez de segunda instancia a fin de revocar la orden aludida, en tanto como se ha dicho en casos similares: <\/p>\n
\u00ab3. Esta Corporaci\u00f3n, mediante pronunciamientos CSJ AP2747\u20132014, CSJ ATP4913\u20132015, CSJ STP072\u20132017, AP1286-2017, CSJ ATP184-2018, ha se\u00f1alado sistem\u00e1ticamente la improcedencia de impugnar la compulsa de copias, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.1. No hace parte del decisum del fallo atacado, pues es una actuaci\u00f3n de mero impulso que no es susceptible de recursos; y <\/p>\n
3.2. No significa la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n de naturaleza disciplinaria, pues ser\u00e1 la autoridad correspondiente, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, la encargada de definir si adelanta o no investigaci\u00f3n alguna con fundamento en las copias compulsadas. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, sobre ese aspecto, en sentencia CSJ SP5200 \u2013 2014, se expres\u00f3: <\/p>\n
[C]uando en el tr\u00e1mite de los procesos los operadores judiciales encuentran hechos diferentes a los investigados o juzgados que en su criterio pueden configurar delitos o faltas disciplinarias investigables de oficio, resulta viable que informen tal situaci\u00f3n a la autoridad competente a trav\u00e9s de la compulsa de copias, decisi\u00f3n que no es recurrible, \u201cno s\u00f3lo por constituir un aspecto colateral, sino porque cualquier controversia sobre la viabilidad de iniciar o no la acci\u00f3n a que hubiere lugar, corresponde dirimirla al funcionario competente y no al que, en cumplimiento de su deber legal, se limita simplemente a informarlo\u201d (Cfr. CSJ AP del 6 de septiembre de 2000, Rad. No. 16725; 28 de abril de 1992, Rad. No. 3525; 11 de mayo de 1994, Rad. No. 8989; 17 de agosto de 2000, Rad. No. 15862, \u00e9nfasis agregado)\u00bb (CSJ STC9268-2020, STC5701-2021). <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, no est\u00e1 dem\u00e1s se\u00f1alar que en el fallo impugnado no hubo ordenes constitucionales a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD-, toda vez que el mandato judicial involucr\u00f3 \u00fanicamente al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta; adem\u00e1s, el Tribunal que resolvi\u00f3 la primera instancia ya declar\u00f3 cumplida la orden constitucional (9 mayo 2023), por lo que no hay lugar a emitir pronunciamiento adicional. <\/p>\n
En virtud de lo expuesto y comoquiera que no existen reparos adicionales contra la decisi\u00f3n de primer grado, se ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4921-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE STC4921-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-21-000-2023-00011-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73502","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73502"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73502\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}