STC4925-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4925-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 30 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Franlei Yepes Valencia contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Yond\u00f3 y la abogada Clelia Judith Hurtado G\u00f3mez, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2019-00198. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa t\u00e9cnica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos, se extrae que, el Juzgado Promiscuo Municipal de Yond\u00f3, conden\u00f3 al aqu\u00ed accionante a la pena de 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb (sentencia de 19 de febrero de 2021). <\/p>\n
La defensa del procesado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, sin embargo, mediante prove\u00eddo del 20 de agosto de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia lo \u00abdeclar\u00f3 improcedente\u00bb por indebida sustentaci\u00f3n, tras considerar que el recurrente \u00abno cumpli\u00f3 con el deber que le asist\u00eda de exponer, de manera clara y espec\u00edfica, cu\u00e1les son las incorrecciones en que pudo incurrir el juez de primera instancia\u00bb1. <\/p>\n
Interpuesto el recurso de reposici\u00f3n (habilitado por orden de tutela) frente a la denegaci\u00f3n de la alzada, el 6 de septiembre de 2022 el tribunal mantuvo su postura, e indic\u00f3 que, \u00abel recurrente no discuti\u00f3 la improcedencia del recurso, sino que, en su lugar, present\u00f3 un nuevo escrito dirigido a cuestionar el fallo condenatorio dictado por el Juez Promiscuo Municipal de Yond\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Acudi\u00f3 Yepes Valencia nuevamente a la demanda constitucional, para cuestionar el tr\u00e1mite penal que se adelant\u00f3 en su contra, especialmente, porque careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica pues, la abogada adscrita a la Defensor\u00eda P\u00fablica \u2013 Clelia Judith Hurtado G\u00f3mez \u2013, quien lo represent\u00f3, no demostr\u00f3 idoneidad profesional pues, por ejemplo, no promovi\u00f3 la realizaci\u00f3n de audiencia de conciliaci\u00f3n previa ni judicial a fin de obtener el desistimiento de la acci\u00f3n, observ\u00f3 serias falencias en su proceder en el juicio oral y en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de la sentencia condenatoria, tanto as\u00ed, que el tribunal desestim\u00f3 el recurso porque no determin\u00f3 cu\u00e1les fueron los errores del juez, \u00abviol\u00e1ndose de forma indirecta la prerrogativa de la segunda instancia [\u2026] porque por su indebida actuaci\u00f3n profesional, no permiti\u00f3 que siquiera mi asunto fuera conocido de fondo por parte del superior jer\u00e1rquico del funcionario que emiti\u00f3 la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, critic\u00f3 el actor que el fallador desconociera el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n prejudicial, entendiendo que el il\u00edcito de violencia intrafamiliar es querellable, lo cual era relevante pues la v\u00edctima \u00abfue reparada integralmente\u00bb. Adem\u00e1s, sostuvo que la condena afecta igualmente a su hijo y a sus progenitores, quienes dependen econ\u00f3micamente de \u00e9l. <\/p>\n
Tambi\u00e9n discuti\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el juez de conocimiento, pues afirm\u00f3 que, no se examin\u00f3 adecuadamente el informe pericial de las lesiones de la v\u00edctima y algunos de los testimonios rendidos en juicio. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se ordene revocar \u00ablas decisiones judiciales adoptadas por el Juez Promiscuo Municipal de Yond\u00f3, Antioquia, de 19 de febrero de 2021 en primera instancia, y la declaratoria de improcedencia adoptada por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Penal, de 20 de agosto de 2021 en segunda instancia, por medio de la cual se neg\u00f3 el recurso [de apelaci\u00f3n] por indebida sustentaci\u00f3n (\u2026) consecuencia de la revocatoria de las decisiones judiciales adoptadas [\u2026] se ordene la libertad inmediata (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Yond\u00f3, hizo un recuento de la causa penal, y se\u00f1al\u00f3 que el procesado estuvo provisto de defensa t\u00e9cnica, por cuenta de una abogada de la Defensor\u00eda del Pueblo, que promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de condena. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, sin pronunciarse expresamente frente a las pretensiones del actor, alleg\u00f3 las copias digitales de las providencias atacadas. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n, centr\u00e1ndose en la determinaci\u00f3n del tribunal accionado que deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n por falta o indebida sustentaci\u00f3n pues, contrario a lo resuelto por esa colegiatura, \u00ab(\u2026) se verifica que los argumentos esgrimidos por la apoderada del accionante en soporte del recurso de apelaci\u00f3n son suficientes para concluir que realiz\u00f3 una sustentaci\u00f3n adecuada, pues englob\u00f3 una proposici\u00f3n jur\u00eddica coherente dirigida a atacar o controvertir la tesis de condena, y que en \u00faltimas pretende mostrar el desacierto de la misma\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, la argumentaci\u00f3n de los recursos de apelaci\u00f3n contra sentencias condenatorias \u00abmerecen un racero especial y cuidadoso [\u2026] pues, de sostenerse una postura restrictiva y demasiado rigurosa \u2013 como se verific\u00f3 en este caso \u2013 se estar\u00eda violentado caras garant\u00edas del procesado [como] la doble instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, resolvi\u00f3 dejar sin efectos los autos de 20 de agosto de 2021 y 6 de septiembre de 2022 y orden\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que \u00ab(\u2026) realice los tr\u00e1mites necesarios para obtener nuevamente el expediente penal y, una vez acopiado, le d\u00e9 tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n impetrado por el accionante en los t\u00e9rminos de ley\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. El actor, reiter\u00f3 las alegaciones en torno a la falta de defensa t\u00e9cnica y las fallas en la labor de la abogada que lo represent\u00f3 en el juicio. Para el precursor del amparo, el alcance del auxilio constitucional debe extenderse, pues no le resulta suficiente con la habilitaci\u00f3n del estudio del recurso de apelaci\u00f3n impetrado, sino que debe d\u00e1rsele una soluci\u00f3n definitiva a los yerros advertidos de la actuaci\u00f3n judicial. Asever\u00f3 que el resguardo ser\u00e1 nugatorio si el remedio concedido \u00abpresenta defectos de formulaci\u00f3n\u00bb; y, se mostr\u00f3 inconforme con que la a quo guardara silencio frente a los defectos denunciados de la profesional del derecho y las dem\u00e1s situaciones que reclam\u00f3 como vulneradoras de sus garant\u00edas, tales como, \u00abla supresi\u00f3n de etapas procesales como la conciliaci\u00f3n, la indebida formulaci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes e indebida adecuaci\u00f3n t\u00edpica del delito\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia manifest\u00f3 disentir de la sentencia de primer grado pues considera que, la Sala a quo en su an\u00e1lisis sustituy\u00f3 \u00ablos argumentos que no present\u00f3 la defensa t\u00e9cnica en el momento oportuno y dentro del tr\u00e1mite ordinario, sino que reemplaz\u00f3 la funci\u00f3n del tribunal quien de forma razonada le explic\u00f3 a la parte que sus argumentos no eran id\u00f3neos (\u2026)\u00bb, agreg\u00f3 que, los precedentes en que apoy\u00f3 la decisi\u00f3n, corresponden a contextos en los que \u00abla parte que apela no [ten\u00eda] la condici\u00f3n de abogado\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo adicionalmente que, la pr\u00e1ctica usual de dicho tribunal, que atiende zonas de provincia, es \u00abacudir al principio de caridad con el fin de no declarar desierto por indebida sustentaci\u00f3n y dar el mayor alcance posible a las inconformidades de las partes\u00bb. Finalmente, reiter\u00f3 que los reparos de la apelaci\u00f3n no fueron aptos, ni confrontaron \u00abde forma alguna las razones de la sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita a los t\u00e9rminos de las impugnaciones, corresponde a la Corte establecer si, (i) las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el gestor del amparo, concretamente, por no tener en cuenta que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea en el juicio penal que se le adelant\u00f3 (radicado n\u00ba 2019-00198 por violencia intrafamiliar), particularmente porque su abogada, defensora p\u00fablica, omiti\u00f3 asesorarlo acerca de la posibilidad de la conciliaci\u00f3n prejudicial y porque no cumpli\u00f3 con una adecuada sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n; y, (ii) si el tribunal accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al declarar la improcedencia de la alzada interpuesta contra la sentencia condenatoria por supuesta indebida sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la presunta falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
2.1. Sea lo primero precisar que, seg\u00fan se extrae del contenido de escrito introductorio y de la impugnaci\u00f3n, el actor, al margen de cuestionar la sentencia condenatoria u otras determinaciones adoptadas durante la causa penal, dirigi\u00f3 su inconformidad de manera espec\u00edfica a la presunta falta de defensa t\u00e9cnica de la que dijo adolecer en el juicio y que los accionados no corrigieron, pese a que se evidenciaron serias falencias en la actuaci\u00f3n de la profesional Hurtado G\u00f3mez a lo largo del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sostuvo el precursor del resguardo, entre las diversas cr\u00edticas que dirigi\u00f3 contra su abogada, defensora p\u00fablica, que omiti\u00f3 asesorarlo acerca de la posibilidad de la conciliaci\u00f3n prejudicial con la v\u00edctima a fin de evitar la iniciaci\u00f3n del proceso penal, sumado a que, no mostr\u00f3 estrategia defensiva alguna en la audiencia de juicio, por ejemplo, renunciando a contrainterrogar testigos claves presentados por la fiscal\u00eda, o no refutando pruebas relevantes como el dictamen pericial de lesiones de la afectada, entre otras; y, especialmente, por no cumplir con la carga de sustentar en debida forma el recurso de apelaci\u00f3n, lo que deriv\u00f3 en la declaratoria de improcedencia por parte del tribunal accionado. Sin embargo, acusaciones como las rese\u00f1adas no son suficientes para predicar el quebrantamiento de este derecho como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.2. Se ha dicho en anteriores oportunidades que, no basta con se\u00f1alar de ineficiente la labor del abogado desde hechos aislados tales como no discutir una espec\u00edfica postura jur\u00eddica, pedir una determinada prueba, o incluso no agotar un recurso, sin apuntar su grado de trascendencia desde un an\u00e1lisis integral de la gesti\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala en precedencia ha destacado que este tipo de reproches no corresponde dilucidarlos al juez de amparo; en un fallo de similares contornos se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional en la medida que la inadecuada defensa t\u00e9cnica, \u201cno conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas\u201d\u00bb (CSJ, STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01) Resalta la Corte. <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, sobre la misma tem\u00e1tica en sede de tutela, se precis\u00f3 que alegar \u00abfalta de diligencia\u00bb del apoderado tampoco sirve como, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) elemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; as\u00ed, en fallo de 15 de marzo de 2011, exp. 03093-01, se indic\u00f3: \u201cTampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de sus profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de (\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026), ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n. 2003-00157\u00bb (CSJ STC, 6 sep. 2011, rad. 01816-00, criterio reiterado en STC5012-2017) Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Por su parte, la Hom\u00f3loga Penal, cuando se cuestiona v\u00eda tutela la gesti\u00f3n de un defensor en un litigio penal, se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abLa violaci\u00f3n al derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n generada por la inactividad categ\u00f3rica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicci\u00f3n de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva var\u00eda seg\u00fan el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen f\u00f3rmulas uniformes o estereotipos de acci\u00f3n. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza de configurar una violaci\u00f3n al estudiado derecho\u00bb (STP154-2017, exp. 48128). <\/p>\n
Esa Sala Especializada, en otra oportunidad, sobre dicho t\u00f3pico apunt\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 dem\u00e1s reiterar lo se\u00f1alado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto que no siempre la inactividad del defensor puede conducir inevitablemente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que asiste a todo sindicado dentro del proceso penal, pues es en cada caso concreto donde se impone determinar la situaci\u00f3n real de la defensa, a fin de establecer de acuerdo a las circunstancias particulares si hubo actuaciones que a pesar de advertirse como indispensables para demostrar la inocencia o atenuar la responsabilidad del acusado, dejaron de llevarse a cabo, y si dicha ausencia puede atribuirse a la negligencia o descuido del abogado; pues no se trata de proponer transgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales sobre el escueto supuesto de que hubo inactividad del defensor, como que no se trata que por medio de acciones como la presente, puedan entrarse a postular mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho, parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva (\u2026)\u00bb (CSJ STP12286-2015, 8 sep. 2015, rad. 81699). <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, en este caso el tutelante no logr\u00f3 acreditar la influencia o el grado de trascendencia en las resultas del juicio o que pudo tener en \u00e9l, el desempe\u00f1o de quien asumi\u00f3 su defensa (profesional del derecho adscrita a la Defensor\u00eda P\u00fablica); es decir, explicitar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto en la labor defensiva, independiente del simple desacuerdo con la gesti\u00f3n o estrategia y la insatisfacci\u00f3n con el desenlace final. <\/p>\n
En consecuencia, por lo discurrido, la impugnaci\u00f3n formulada por el actor frente a este espec\u00edfico alegato no prospera. <\/p>\n
3. De la improcedencia del recurso de apelaci\u00f3n por falta o indebida sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, anticipa la Sala que ratificar\u00e1 el amparo en este punto, pero, lo ser\u00e1 en esta instancia porque la colegiatura convocada con la decisi\u00f3n adoptada \u2013 declaratoria de improcedencia de la apelaci\u00f3n por indebida sustentaci\u00f3n \u2013, incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto, vulneratorio del debido proceso del accionante, en su connotaci\u00f3n del derecho a la doble instancia, por lo que pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
3.2. En efecto, como lo se\u00f1al\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal, pese a que la defensora del accionante no fue profusa en sus alegaciones sustentatorias del recurso de cara a controvertir lo resuelto por el juez fallador, fue directa en cuanto a indicar que, la fiscal\u00eda \u00abno logr\u00f3 superar la duda razonable\u00bb pues las desavenencias presentadas entre la pareja no trascend\u00edan \u00aba la categor\u00eda de violencia intrafamiliar\u00bb; adicionalmente, disinti\u00f3 de la valoraci\u00f3n probatoria y, espec\u00edficamente, de la apreciaci\u00f3n de las declaraciones de los testigos de cargo \u2013 soporte de la decisi\u00f3n confutada \u2013, de quienes cuestion\u00f3 su idoneidad frente al conocimiento que pudieron tener de los supuestos hechos de violencia dom\u00e9stica; y, finaliz\u00f3, subsidiariamente, refiri\u00e9ndose a la pena impuesta, ya que entendi\u00f3 que se reun\u00edan las condiciones para fijarle a Yepes Valencia la m\u00ednima, en virtud de la ausencia de antecedentes criminales y teniendo en cuenta sus calidades personales. <\/p>\n
Empero, para la magistratura accionada \u2013 auto de 20 de agosto de 2021 \u2013, los reparos aludidos no fueron claros, por el contrario, los calific\u00f3 de abstractos e insuficientes, dado que no respondieron a la exigencia de se\u00f1alar, puntualmente, los yerros atribuidos a la determinaci\u00f3n impugnada. <\/p>\n
No obstante, refrendando lo dilucidado por la Sala a quo, el examen sobre la disertaci\u00f3n contenida en un recurso ordinario, interpuesto frente a una sentencia que acarrea una sanci\u00f3n penal, no debe comportar un excesivo rigorismo en su an\u00e1lisis. En materia penal, la Sala Especializada en dicha materia de esta Corporaci\u00f3n, ha precisado, <\/p>\n
(\u2026) la interposici\u00f3n del recurso vertical le exige al sujeto procesal, parte o intervinientes la carga de demostrar el yerro en que incurri\u00f3 la autoridad, para lo cual deber\u00e1 presentar los motivos jur\u00eddicos y probatorios encaminados a derruir la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Frente este t\u00f3pico en espec\u00edfico, la Corte ha sostenido lo siguiente:2 <\/p>\n
\u00abEn torno a este aspecto en particular, la Corte reitera que los fundamentos que nutren el medio de controversia vertical no han de ser planteados a trav\u00e9s de rigurosas f\u00f3rmulas sacramentales o espec\u00edficos derroteros formales de proposici\u00f3n. Basta que el apelante precise las razones concretas de insatisfacci\u00f3n con la decisi\u00f3n cuestionada, que necesariamente deben referirse a los motivos que la soportaron.\u00bb (Negrilla propia) <\/p>\n
De esta forma, pese a que no existen criterios t\u00e9cnicos para elaborar el discurso de apelaci\u00f3n, como s\u00ed los hay en otros medios de impugnaci\u00f3n extraordinarios, el recurso de alzada requiere exponer los motivos de inconformidad con la providencia recurrida, de tal manera que a la segunda instancia le sea viable confrontar la decisi\u00f3n de primer grado con los argumentos de las partes (\u2026) (CSJ STP10579-2022, 11 ag., rad. 125155). <\/p>\n
Si bien es cierto que, en este evento, la recurrente no fue amplia en su exposici\u00f3n, dej\u00f3 plasmada su inconformidad frente a la valoraci\u00f3n de los dichos de los declarantes en el juicio que, como lo coligi\u00f3 la primera instancia constitucional, bien pudo comprender un t\u00f3pico que ameritaba un pronunciamiento concreto por parte del ad quem. <\/p>\n
Esta Sala, en un debate similar, en proferimiento de tutela cuyo razonamiento resulta aplicable a la discusi\u00f3n actual, destac\u00f3 que, independientemente de que los planteamientos de la alzada se aprecien, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) acertado[s] o equivocado[s] en el entendido que logre[n] derruir o, por el contrario, deje[n] inc\u00f3lume la decisi\u00f3n cuestionada, es asunto a dilucidar por el Tribunal accionado al desatar ese mecanismo de defensa. <\/p>\n
No se trata, ni m\u00e1s faltaba, de desconocer las normas procesales que rigen el asunto, s\u00f3lo de hacer una interpretaci\u00f3n m\u00e1s amplia del significado del t\u00e9rmino \u201csustentar\u201d para de esta forma poder sopesar los argumentos expuestos y determinar si la apelaci\u00f3n fue o no realmente soportada. Es esa la \u00fanica manera con la que se lograr\u00e1 ser garante de los derechos fundamentales de las partes que es, al final, lo que se busca cuando se acude a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u00bb (sentencia de 22 de octubre de 2009, exp. T-01850-00, citada en STC 6 jun. 2012, rad. 01118-00). <\/p>\n
3.3 Ahora, en relaci\u00f3n con el defecto procedimental endilgado al tribunal \u2013 exceso ritual manifiesto \u2013, se ha se\u00f1alado que, se configura cuando el funcionario judicial, utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, de forma que, por esa v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia. En tal sentido la jurisprudencia constitucional ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales. Espec\u00edficamente, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el operador judicial concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, convirtiendo su actuar en un acto de denegaci\u00f3n de justicia por: (i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situaci\u00f3n que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CC T-201 de 2015). <\/p>\n
Y es que, bajo estos supuestos, no se puede perder de vista que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de las prerrogativas de los ciudadanos; por tanto, las decisiones no solo se convalidan a partir del cumplimiento de las formas, sino que dependen tambi\u00e9n de la garant\u00eda cierta de los derechos sustanciales. <\/p>\n
Es as\u00ed que, validando lo deducido por la a quo, como la corporaci\u00f3n acusada rest\u00f3 valor a la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n impetrada por la defensa del accionante, bajo la convicci\u00f3n de que se fund\u00f3 en planteamientos meramente enunciativos, pese a que los mismos, seg\u00fan se constat\u00f3, cumpl\u00edan un est\u00e1ndar m\u00ednimo de postulaci\u00f3n jur\u00eddica, es menester reafirmar la concesi\u00f3n del ruego tutelar, pues, se reitera, dicha postura evidencia un exceso ritual manifiesto en los t\u00e9rminos ya indicados. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se denegar\u00e1 la impugnaci\u00f3n propuesta por el actor, en la que demanda la ampliaci\u00f3n de la concesi\u00f3n del amparo a fin de que se tutele por la falta de defensa t\u00e9cnica, por cuanto, m\u00e1s all\u00e1 de manifestar su inconformidad con la gesti\u00f3n defensiva de la profesional del derecho que lo represent\u00f3, no acredit\u00f3 de forma concreta las razones que permitieran vislumbrar que la actuaci\u00f3n de aqu\u00e9lla fuera indudablemente perniciosa al punto que se evidenciara de manera notoria la afectaci\u00f3n de ese derecho. <\/p>\n
4.2. Se confirmar\u00e1 la salvaguarda al debido proceso del accionante, como lo dispuso la Hom\u00f3loga a quo, pero en esta instancia por advertirse que el accionado incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto, porque, teniendo elementos a su alcance para resolver el m\u00e9rito de la discusi\u00f3n, no los tuvo en consideraci\u00f3n al dar primac\u00eda a las formas de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por sobre el derecho sustancial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Frente a esa determinaci\u00f3n el actor present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, cuestionando el trasegar del proceso penal seguido en su contra, refut\u00f3 las labores ejercidas por la defensa t\u00e9cnica, tach\u00f3 de inadecuada la tipificaci\u00f3n del delito, la valoraci\u00f3n probatoria y apunt\u00f3 a la omisi\u00f3n de las autoridades implicadas en adelantar la conciliaci\u00f3n obligatoria en ese asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
Dicha acci\u00f3n fue resuelta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en STP3361-2022, de 17 de marzo, en la que no hubo pronunciamiento sobre el objeto de debate propuesto por el actor, porque se ampar\u00f3 su derecho al debido proceso en lo relacionado con el auto del 20 de agosto de 2021, al haberse pretermitido otorgarle al interesado la opci\u00f3n de promover recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 CSJ AP084-2021, rad. 55432, reiterado en AP4745-2021 6, oct. 2021, rad. 54379 <\/p>\n
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STC4925-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4925-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}