STC4929-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4929-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00551-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 30 de marzo 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados H\u00e9ctor Euclides Cabrera Palacios y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2016-00216. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
H\u00e9ctor Euclides Cabrera Palacios y otros, promovieron ordinario contra la UGPP, la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones -Mintic, Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A. (integrantes del Consorcio de Remanentes de Telecom), en procura de que: (i) se declarara que \u00ablas relaciones que los un\u00edan con la extinta (\u2026) (Telenari\u00f1o S.A. ESP), fueron terminadas sin justa causa\u00bb; y, (ii) se concediera el reajuste de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00abteniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, m\u00e1s los intereses moratorios y la indexaci\u00f3n\u00bb, toda vez que al momento de liquidar la misma \u00abno se tuvieron en cuenta (\u2026) sino solo el sueldo b\u00e1sico y los subsidios de transporte y alimentaci\u00f3n, con exclusi\u00f3n del subsidio familiar, y las primas de vacaciones, de servicios, de navidad, y de retiro\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien le orden\u00f3 a la entidad aqu\u00ed gestora pagar a favor del se\u00f1or Cabrera Palacios \u00abun mayor valor por concepto de pensi\u00f3n convencional establecida en (\u2026) la Convenci\u00f3n (\u2026) de Trabajo 2002-2003\u00bb; respecto de los dem\u00e1s convocantes decret\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada propuesto por los demandantes y la UGPP, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad adicion\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en el sentido de \u00abDECLARAR que la terminaci\u00f3n de los contratos de trabajo (\u2026) fue sin justa causa\u00bb; en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 la sentencia del a quo, en tanto advirti\u00f3 que \u00ablos actores cumplieron los requisitos del art\u00edculo 31 de la convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la referida sociedad recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n ad quem, pues no evidenci\u00f3 \u00abun yerro manifiesto o protuberante en la interpretaci\u00f3n dada por el Tribunal [al acuerdo extralegal], pues es v\u00e1lido comprender, (\u2026) que para acceder a las pensiones all\u00ed contempladas no era fatalmente imperativo que el trabajador ocupara alguno de los cargos que all\u00ed se relacionan\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la promotora, incurrieron en defecto f\u00e1ctico y material o sustantivo, puesto que \u00abse pas\u00f3 por alto que el causante (i) devengaba una pensi\u00f3n de vejez con CAPRECOM y que actualmente est\u00e1 a cargo de la UGPP, lo que hac\u00eda que fuera incompatible el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional a cargo tambi\u00e9n de la UGPP, ya que la primera prestaci\u00f3n ya tiene cubierto el riesgo de vejez, y por ser estar en cabeza de la misma entidad y no la pensi\u00f3n legal a cargo de COLPENSIONES no ser\u00eda procedente su compartibilidad\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos del 30 de noviembre de 2018, 27 de marzo de 2019 y 14 de septiembre de 2022; y, en consecuencia, que se ordene a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia que profiera una nueva determinaci\u00f3n \u00abajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abno ha incurrido en ninguna v\u00eda de hecho\u00bb, en tanto \u00abresolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la (\u2026) (UGPP) (\u2026) ci\u00f1\u00e9ndose a los argumentos planteados (\u2026) con sujeci\u00f3n a las reglas propias de la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de H\u00e9ctor Euclides Cabrera Palacios refiri\u00f3 que \u00ab[l]a cosa juzgada material est\u00e1 siendo atacada contundentemente con la presente acci\u00f3n, y se debe evitar a toda costa este tipo de actos contrarios a la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al advertir que la UGPP \u00abcuenta con la posibilidad de acudir a la acci\u00f3n especial de \u201crevisi\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
La impetr\u00f3 la entidad recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abno es de asidero la posici\u00f3n del a-quo, para indicar que esta tutela es improcedente por la existencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n ya que es evidente que ante el cumplimiento del fallo, ser\u00e1 imposible recuperar los dineros pagados en virtud del principio de buena fe que le est\u00e1 amparando con la ejecutoria de las sentencias, lo que hace que la materializaci\u00f3n del perjuicio est\u00e9 derivado del pago de cuantiosas sumas de dinero, lo que evidentemente faculta a esta entidad a solicitar la intervenci\u00f3n del juez tutelar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la entidad gestora (SL3339-2022, 14 sep.), por mantener en firme la decisi\u00f3n del tribunal, supuestamente, desconociendo los precedentes y la legislaci\u00f3n aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 30 de noviembre de 2018, 27 de marzo de 2019 y 14 de septiembre de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la [determinaci\u00f3n] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada ratific\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abes v\u00e1lido comprender, de [la] simple lectura [de la convenci\u00f3n], que para acceder a las pensiones all\u00ed contempladas no era fatalmente imperativo que el trabajador ocupara alguno de los cargos que all\u00ed se relacionan\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico formulado por la v\u00eda indirecta, por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de \u00ablos art\u00edculos 467, 468, 470 y 478 del CST; 27 y 28 del CC; en concordancia con los preceptos 164, 165, 167 y 176 del CGP; 16 del Decreto 1750 de 2003; \u00ablo que condujo a la violaci\u00f3n de medio del inciso 3\u00b0 y del par\u00e1grafo 2\u00b0, y de los par\u00e1grafos transitorios 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, y los art\u00edculos 25, 53, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Corte dilucidar si err\u00f3 el Tribunal al considerar que el demandante H\u00e9ctor Cabrera ten\u00eda derecho al pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a cargo de la UGPP\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, indic\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00ab(i) H\u00e9ctor Cabrera estuvo vinculado laboralmente a Telenari\u00f1o, ocupando el cargo de tecn\u00f3logo en control y desarrollo; (ii) prest\u00f3 sus servicios entre el 1\u00ba de junio de 1984 y el 31 de marzo de 2006, es decir, por 21 a\u00f1os y 10 meses; (iii) est\u00e1 disfrutando de una pensi\u00f3n de origen legal, otorgada mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1253-2009; y (iv) la terminaci\u00f3n de su relaci\u00f3n laboral se dio por una causa legal, mas no justa\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00ab[e]l Tribunal concluy\u00f3 que s\u00ed se cumpl\u00edan los requisitos para que la pensi\u00f3n del actor no fuera de car\u00e1cter ordinaria sino convencional, con base en lo dispuesto por el art\u00edculo 31 de la CCT 2002-2003, norma que, seg\u00fan la censura, solo contempla esa prestaci\u00f3n para quienes ocupaban uno de los cargos all\u00ed mencionados\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, de conformidad con la sentencia SL1945-2022, 25 may., record\u00f3 que \u00abla finalidad del recurso de casaci\u00f3n no es la de establecer el sentido de las normas convencionales, sino la de determinar si el juez de segunda instancia incurri\u00f3 en un error f\u00e1ctico o de derecho en su apreciaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, procedi\u00f3 a realizar el estudio del art\u00edculo 31 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2002-2003 y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se evidencia un yerro manifiesto o protuberante en la interpretaci\u00f3n dada por el Tribunal a dicho precepto, pues es v\u00e1lido comprender, de su simple lectura, que para acceder a las pensiones all\u00ed contempladas no era fatalmente imperativo que el trabajador ocupara alguno de los cargos que all\u00ed se relacionan\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, razon\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) salta a la vista que solo para los planteados en los literales b) y d) [del art\u00edculo 31 del texto extralegal] fue que se hizo referencia a unos cargos espec\u00edficos; a contrario sensu, para todos los dem\u00e1s, solo se exigieron unas condiciones de tiempo de servicios, y alg\u00fan requisito adicional dependiendo el caso expuesto en cada uno de los \u00edtems. Para el literal f), que es el que interesa al sub judice, la condici\u00f3n exigida consist\u00eda en que el trabajador hubiera sido despedido sin justa causa despu\u00e9s de haber cumplido 15 a\u00f1os de servicio a \u00abLA EMPRESA\u00bb, sin ninguna otra exigencia adicional. Es eso, y no otra cosa, lo que emerge de la literalidad del precepto convencional examinado. <\/p>\n
(\u2026) Pero, si lo anterior no fuera suficiente, el criterio l\u00f3gico de la hermen\u00e9utica judicial tambi\u00e9n conduce a respaldar la interpretaci\u00f3n del colegiado de instancia, habida cuenta de que en la norma convencional se detecta con claridad la distinci\u00f3n que hay en las pensiones de los trabajadores que detentan los cargos relacionados en los literales b) y d), en contraposici\u00f3n a la que se prev\u00e9 en el literal f). <\/p>\n
Prosigui\u00f3 informando que \u00ablejos de ser caprichosa o infundada, es perfectamente v\u00e1lida, y como ello es as\u00ed, se descarta que haya cometido un error protuberante y grosero en la apreciaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva, que es lo que finalmente dar\u00eda lugar al quiebre de la providencia criticada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, arguy\u00f3 que \u00aben cuanto al argumento referente a que la situaci\u00f3n pensional del se\u00f1or Cabrera Palacio se encontraba definida, (\u2026) [establece] la Corte que no ser\u00e1 estudiado, ya que, al analizar la sustentaci\u00f3n del recurso de alzada, se nota claramente que la inconformidad planteada se centr\u00f3 exclusivamente en que el actor no ocup\u00f3 ninguno de los cargos rese\u00f1ados en el art\u00edculo 31 convencional\u00bb. De esta manera desestim\u00f3 el cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad solicitante no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [disposiciones] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo confutado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 3 de mayo de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4929-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4929-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00551-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 30 de marzo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73510","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73510\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}