STC4930-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4930-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01929-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por International Trade Logistics S.A. y GP Activos S.A.S., contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las sociedades promotoras del amparo, a trav\u00e9s de su representante legal, reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulnerados por la acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se le ordene a la accionada que \u00aben un t\u00e9rmino no superior a 48 horas, d\u00e9 respuesta de fondo a la petici\u00f3n realizada el 27 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Jos\u00e9 de Jes\u00fas Vergara Otero y Rafael de Jes\u00fas Uribe Henr\u00edquez se sigue un proceso penal por \u00ablos delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, prevaricato por acci\u00f3n agravado y concusi\u00f3n\u00bb, donde el 6 de octubre de 2022 la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla resolvi\u00f3 sobre las solicitudes de pruebas y de exclusi\u00f3n probatoria elevadas por los sujetos procesales; decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n por los procesados. <\/p>\n
2.2. El 14 de octubre de ese a\u00f1o, el colegiado repuso parcialmente la referida decisi\u00f3n, al tiempo que, concedi\u00f3 la alzada, remitiendo las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, las cuales fueron asignadas a la Magistrada Ponente el 3 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 la parte actora que, en calidad de v\u00edctimas al interior del juicio penal, el 27 de marzo de 2023 formularon derecho de petici\u00f3n con el fin de solicitar impulso procesal a los recursos de apelaci\u00f3n, pues desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n \u00aba la fecha han transcurrido 7 a\u00f1os, 6 meses y 22 d\u00edas, siendo esto un t\u00e9rmino muy amplio que favorece a la prescripci\u00f3n\u00bb de los punibles endilgados; sin embargo, a la fecha no ha recibido respuesta a su solicitud. <\/p>\n
2.4. Manifest\u00f3 que la tardanza en dar respuesta a la solicitud quebranta sus garant\u00edas, m\u00e1xime si \u00abse tiene en cuenta que tras aproximadamente 9 a\u00f1os, la acci\u00f3n penal no superado la etapa de la audiencia preparatoria, y con ocasi\u00f3n de esto hay delitos actualmente prescritos y otros pr\u00f3ximos a prescribir\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que conforme al art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 2015 el t\u00e9rmino para dar respuesta a su petici\u00f3n est\u00e1 superado, \u00absin que haya obtenido respuesta por parte de la accionada, lo que lleva a la conclusi\u00f3n de que \u00e9sta se encuentra contrariando una norma imperativa del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite fustigado; destac\u00f3 que con auto de 19 de mayo de 2023 le orden\u00f3 a la secretar\u00eda informar a las sociedades accionadas que el asunto est\u00e1 en turno de decisi\u00f3n, el cual debe atender la disponibilidad, criterios de priorizaci\u00f3n de los asuntos por su naturaleza, importancia o riesgo de prescripci\u00f3n; que la resoluci\u00f3n est\u00e1 gobernado por las funciones judiciales al interior de una actuaci\u00f3n, por lo que debe acogerse a las reglas del proceso y no de petici\u00f3n; que la tardanza en emitir pronunciamiento est\u00e1 justificada, pues, como advirti\u00f3 depende de cada caso, el turno de llegada y su complejidad, que para el caso concreto, \u00abla definici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 las solicitudes probatorias est\u00e1 proyectada para registrarse en el mes de junio del a\u00f1o en curso, conforme a los cupos de la Sala Penal\u00bb; que el despacho cuenta con una alta carga laboral, toda vez que, en lo corrido del a\u00f1o 2023 y el \u00faltimo trimestre de 2022 ha recibido 184 asuntos penales y de este a\u00f1o 378 acciones constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n 2: Segunda Para la Casaci\u00f3n Penal asever\u00f3 que \u00abno exis[te] claridad\u2026 del regreso de la actuaci\u00f3n a la Sala Penal de la Corte para definir la impugnaci\u00f3n, [por lo que] no ser\u00eda esta Corporaci\u00f3n la llamada a actualizar la garant\u00eda procesal de car\u00e1cter fundamental presuntamente conculcada y en ese sentido la acci\u00f3n constitucional incoada no estar\u00eda llamada a prosperar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; destac\u00f3 que lo criticado es el actuar de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y no el de ese colegiado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, la parte accionante reprocha que la accionada no haya emitido una respuesta a la petici\u00f3n que impetr\u00f3 el 27 de marzo de 2023, encaminada a que se impulsara el proceso penal seguido en contra de Jos\u00e9 de Jes\u00fas Vergara Otero y Rafael de Jes\u00fas Uribe Henr\u00edquez, pues, es v\u00edctima reconocida en ese juicio y, a su parecer, es necesario emitir pronunciamiento de fondo, toda vez que, est\u00e1n corriendo los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento resulta preciso se\u00f1alar, acorde con la consistente jurisprudencia de esta Corte, que en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las peticiones de las promotoras no est\u00e1n encaminadas a obtener una respuesta sobre alg\u00fan tema administrativo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, sino por el contrario pretende una resoluci\u00f3n al interior de un tr\u00e1mite judicial, la solicitud de amparo deviene improcedente. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n, respecto a la demora que se ha suscitado en torno a la emisi\u00f3n de decisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n al interior del juicio penal fustigado. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u201cmora judicial\u201d que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u201d (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Pues bien, del informe allegado por la magistrada ponente del caso penal, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que, tal como lo indic\u00f3 con el prove\u00eddo del pasado 19 de mayo, la tardanza en resolver sobre la apelaci\u00f3n incoada frente a la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 las solicitudes probatorias, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de los turnos asignados al despacho atendiendo el orden de llegada, los criterios de priorizaci\u00f3n por su naturaleza, importancia o riesgo de prescripci\u00f3n, as\u00ed como, la complejidad del caso por cuenta de la cantidad de apelantes y de los problemas jur\u00eddicos a resolver; sin embargo, para el caso concreto, dicha alzada est\u00e1 proyectada para registrarse en el mes de junio de 2023, conforme a los turnos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Resalta la Sala que los estrados judiciales presentan congesti\u00f3n laboral, sumado a la obligaci\u00f3n de resolver asuntos que revisten cierta urgencia lo cuales se encontraban pr\u00f3ximos a prescribir, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es pac\u00edfico que el amparo por la demora en el acontecer jurisdiccional, s\u00f3lo se abre paso ante situaciones \u00abque sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando (\u2026) obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 00094-01). <\/p>\n
4. Lo dicho en precedencia resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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