STC4944-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4944-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00574-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 30 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Eli\u00e9cer V\u00e1squez Rodr\u00edguez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Manizales y el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad la Picale\u00f1a de Ibagu\u00e9 y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00b0 2009-00010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso, igualdad y dignidad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 en s\u00edntesis que fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales el 4 de agosto de 2009 a 47 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por el delito de secuestro extorsivo en concurso homog\u00e9neo, y actualmente se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento de Reclusi\u00f3n de Coiba \u2013 Picale\u00f1a, a disposici\u00f3n del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que solicit\u00f3 el permiso administrativo de 72 horas para salir del establecimiento de reclusi\u00f3n sin vigilancia, petici\u00f3n que, negada en octubre (sic) de 2022, confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (sic), seg\u00fan indic\u00f3. <\/p>\n
Adujo que las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales que reclama, al negarle el aludido permiso, pese a que ha estado cumpliendo su pena por 18 a\u00f1os, entre tiempo f\u00edsico y redimido, en fase de mediana seguridad, en los que ha superado el per\u00edodo de prueba, su conducta ha sido ejemplar, no tiene antecedentes de fuga y tampoco informes disciplinarios. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado solicit\u00f3 \u00abimpartir orden perentoria para que se conceda el permiso de 72 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 sostuvo que esa Corporaci\u00f3n no tramit\u00f3 apelaci\u00f3n alguna contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el permiso administrativo de 72 horas y, por el contrario, el mismo actor reconoce en el escrito de tutela que dicho mecanismo fue desatado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, sin que se conozcan los motivos por los que esa autoridad revis\u00f3 en esa instancia el auto proferido por el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, argumentando que no tiene injerencia alguna en los hechos frente a los cuales el peticionario predica la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, manifest\u00f3 que en auto de 13 de septiembre de 2022 neg\u00f3 el beneficio administrativo de permiso de 72 horas solicitado por Jorge Eliecer V\u00e1squez Rodr\u00edguez, teniendo en cuenta que el delito de secuestro extorsivo en concurso homog\u00e9neo por el que fue condenado tiene expresa prohibici\u00f3n en la Ley 1121 de 2006. Destac\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n se encuentra debidamente ejecutoriada en raz\u00f3n a que, ninguno de los intervinientes, pese a ser notificados, hicieron uso de los recursos de ley. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 02 Especializada, hizo referencia a las actuaciones surtidas en el proceso adelantado contra el Jorge Eliecer V\u00e1squez Rodr\u00edguez y se\u00f1al\u00f3 que las pretensiones del a trav\u00e9s de este mecanismo, no son competencia de esa delegatura. <\/p>\n
5. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC advirti\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y se\u00f1alo que la concesi\u00f3n del permiso administrativo de 72 horas corresponde a la Direcci\u00f3n del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 y la autoridad judicial que vigila la pena. <\/p>\n
6. La Procuradora 105 Judicial II pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, ante el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, debido el car\u00e1cter subsidiario y transitorio de la misma, adem\u00e1s, porque no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
7. La directora (E) del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad de Coiba-Picale\u00f1a, destac\u00f3 que esa entidad ha realizado las gestiones correspondientes para dar tr\u00e1mite oportuno a la solicitud de permiso administrativo de 72 horas elevado por el actor, sin embargo, determinar su procedencia recae en el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo, al observar el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, puesto que Jorge Eli\u00e9cer V\u00e1squez Rodr\u00edguez no present\u00f3 recursos de apelaci\u00f3n contra el auto de 13 de septiembre de 2022. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, sin exponer sus argumentos de disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jorge Eli\u00e9cer V\u00e1squez Rodr\u00edguez acude a este mecanismo excepcional, en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados por las autoridades accionadas, al negarle la solicitud de permiso administrativo de 72 de horas para salir del establecimiento de reclusi\u00f3n sin vigilancia. <\/p>\n
3. Sin embargo, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez revisadas las pruebas allegadas, as\u00ed como los informes rendidos por los accionados y vinculados, se evidenci\u00f3 que el interesado, en un acto constitutivo de incuria, no formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de 13 de septiembre de 2022, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 le neg\u00f3 el beneficio administrativo de permiso de 72 horas. <\/p>\n
Por tanto, tal omisi\u00f3n en el empleo de los mecanismos ordinarios de defensa imposibilita el uso de la acci\u00f3n tutela, si se tiene en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de la misma, sin que pueda ser utilizada como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de los recursos previstos. (CSJ. STC4031-2020 y, STC15492-2022, entre muchas). <\/p>\n
La Corte de tiempo atr\u00e1s, en relaci\u00f3n con este requisito de la subsidiariedad, ha determinado, que, <\/p>\n
\u00abel descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen [en] las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ. STC6663-2018, citada en STC6916-2020, STC762-2021, STC13928-2021 y STC2655-2022, entre otras). <\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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