STC4946-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4946-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2023-00082-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de mayo de 2023 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Emmanuel Pe\u00f1a Toro contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablegalidad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al despacho encausado dejar sin efectos la sentencia de 3 de marzo de 2023, aclarada el 31 de marzo siguiente y, en consecuencia, i). \u00abse declare\u2026 el exceso de poder oficio del juez\u2026 en la transformaci\u00f3n de una excepci\u00f3n de m\u00e9rito que en principio no pod\u00eda proponerse por disposici\u00f3n expresa de la ley, para declararla prospera a su arbitrio y querer\u00bb; y, ii) \u00abemita un [nuevo fallo]\u2026 teniendo en cuenta las todas las pruebas, en especial la que aporta la DIAN con cada uno de los conceptos que conforman la entrada anual reportado, por tratarse de una cuota alimentaria variable y proveniente de un porcentaje de ingresos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Emmanuel Pe\u00f1a Toro present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en contra de Fredy Francisco Pe\u00f1a Salcedo, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3, con fundamento en una sentencia emitida por ese despacho el 13 de febrero de 2008, al interior del juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, donde se reconoci\u00f3 por cuota a favor de aqu\u00e9l, el 12.5% mensual de lo que el demandado perciba por honorarios profesionales, compensaciones y dividendos. <\/p>\n
2.2. El 3 de enero de 2020 el estrado judicial libr\u00f3 mandamiento de pago por $166\u00b4314.500 por cuotas alimentarias adeudadas desde diciembre de 2009 hasta julio de 2019; asimismo, decret\u00f3 el embargo y secuestro de un predio de propiedad de demandada y del 25% de los ingresos que aqu\u00e9l perciba como m\u00e9dico cirujano de la Cl\u00ednica Juan N. Corpas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 5 de noviembre de 2020 se da por notificado el demandado por conducta concluyente y, en t\u00e9rmino, formul\u00f3 como excepci\u00f3n \u00abcobro de lo no debido\u00bb, pues desde el a\u00f1o 2010 al 2018 se realizaron abonos a la cuenta de su hijo, adem\u00e1s, porque desde el 22 de febrero de 2013 aqu\u00e9l hab\u00eda cumplido la mayor\u00eda de edad y decidi\u00f3 no continuar con sus estudios superiores. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 3 de marzo de 2022 se decret\u00f3 como pruebas, entre otras, oficiar a algunas entidades con el fin de que informaran si el ejecutado labor\u00f3 all\u00ed, certificara la clase de salario y tipo de vinculaci\u00f3n; asimismo, a la DIAN para que certifique los ingresos que ha percibido el ejecutado desde el a\u00f1o 2009 hasta la actualidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Recaudada las probanzas, el 2 de marzo de 2023 el estrado judicial dispuso \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada cobro no lo no debido, propuesta por el ejecutado\u2026 en el entendido de que por su naturaleza y contenido se trata de una excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb; asimismo, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por $30\u00b4230.318, tras advertir que los meses y a\u00f1os de los cuales no se tiene prueba de lo percibido por Fredy Francisco, se tendr\u00e1 como cierto que deveng\u00f3 un salario m\u00ednimo, y sobre ese valor aplicar el 12.5% ordenado; decisi\u00f3n ante la cual el promotor solicit\u00f3 adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n, entre otros, porque nada dijo de la prueba recaudada a trav\u00e9s de la DIAN que demostraban los ingresos de su progenitor. <\/p>\n
3. El 31 de marzo siguiente, el estrado judicial adicion\u00f3 el referido fallo, en el sentido de indicar que la ejecuci\u00f3n deb\u00eda continuar por $32\u00b4781.273; de la misma manera, destac\u00f3 que es irrelevante la falta de valoraci\u00f3n de la documental emitida por la DIAN, comoquiera que, \u00aben dicha informaci\u00f3n no se ten\u00edan claramente determinados los ingresos percibidos por el ejecutado, ni se lograban discriminar de manera particular los honorarios o sueldos devengados, los cuales eran los datos que para el despacho resultaban ser importantes, y es que si bien es cierto la DIAN aport\u00f3 un documento en Excel en la que refleja una informaci\u00f3n de Honorarios y sueldos, esos valores son generales y no permiten extraer informaci\u00f3n particular\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, a su parecer, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que \u00abomiti\u00f3 el despacho darle alcance a la prueba de la DIAN al no sustentar su supuesta improcedencia, pues si la prueba arroja unos valores econ\u00f3micos, implicar\u00eda en un primer plano, un indicio fuerte a la capacidad econ\u00f3mica del alimentante que por supuesto, debi\u00f3 despertar, al menos, un inter\u00e9s o duda al juez, que no solo le implicara limitarse a creer sin ahondar, que eso no constitu\u00eda honorarios\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Anot\u00f3 que no era procedente asimilar que en las fechas donde no se ten\u00eda certeza de los honorarios percibidos, se asimilara a un salario m\u00ednimo legal mensual vigente, comoquiera que, insiste, \u00abla DIAN remiti\u00f3 unos valores exactos reportados como ingresos declarados por\u2026 Pe\u00f1a Salcedo que factiblemente pueden ser discriminados, por lo menos considerados en la facultad de escudri\u00f1amiento oficioso del juez como ser\u00eda en los casos en los que se aplican las reglas de la sana cr\u00edtica, que a la postre determinar\u00eda un valor de ingreso muy diferente sobre el que decidi\u00f3 en la sentencia complementaria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Indic\u00f3 que seg\u00fan lo informado por la DIAN, a simple vista por honorarios, comisiones, trabajos e ingresos brutos, su progenitor percibi\u00f3 para el a\u00f1o 2010: $127.000.000, para el 2011: $133.476.000, para el 2012 $73.887.000 y para el 2015 $57.691.000, por lo que, insiste, no se pod\u00eda tener como ingresos un salario m\u00ednimo legal mensual vigente para la \u00e9poca; resalt\u00f3 que \u00ablos reportes de la DIAN en nada intervienen con las fechas expuestas o los montos tomados en cuenta al momento de realizar el c\u00e1lculo de los reportes enviados por algunos de sus ex empleadores, pues bien puede observarse que no se tuvieron en cuenta para su c\u00e1lculo sin que existiera una motivaci\u00f3n del despacho que evidenciara argumentativamente por qu\u00e9 se abstuvo de un pronunciamiento expreso que disintiera m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, porque no era relevante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otra parte, manifest\u00f3 que se configur\u00f3 un exceso ritual manifest\u00f3 por el fallador, pues, adem\u00e1s de que la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido \u00abno es permitida por el estatuto procesal general para proceso provenientes de t\u00edtulos ejecutivos consistentes en sentencias, el deber ser no estaba en adecuarlo y modificarlo a su arbitrio pues de entrada est\u00e1 viciado, sino el de declararlo improcedente por no tratarse de excepciones de (n\u00fameros apertus) y en su lugar, si a su bien lo considera, declarar de oficio la que encuentre al hacer la respectiva valoraci\u00f3n probatoria, acertada a la realidad procesal y desde all\u00ed decidir si contin\u00faa con la ejecuci\u00f3n o no\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Agreg\u00f3 que se dio por probada parcialmente el pago de la obligaci\u00f3n, atendiendo los extractos allegados por Bancolombia donde \u00abse relacionan unas transacciones que no tienen ning\u00fan tipo de nexo causal con el cumplimiento de lo exigido en el t\u00edtulo ejecutivo y mucho menos por la persona que deb\u00eda cumplir\u2026\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fredy Pe\u00f1a Salcedo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; anot\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; que la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en una instancia adicional del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que, de un lado, conforme al art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso era procedente que de oficio declarara la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n; y, por otra parte, porque contrario a lo manifestado por el actor, en la solicitud de aclaraci\u00f3n dio valor probatorio a la documental aportada por la DIAN, sin embargo, le dio m\u00e1s valor probatorio a los pruebas derivadas de los hospitales y cl\u00ednicas donde labor\u00f3 el demandado; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, preliminarmente refiri\u00f3 que contrario a los indicado por el gestor, el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso habilita al fallador a declarar probadas las excepciones que resulten acreditadas, salvo de la prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, por lo que era procedente que declarara el pago parcial de la obligaci\u00f3n, as\u00ed no fuera incoada, relievando que, para el caso, la misma sali\u00f3 avante tras el material recaudado por Bancolombia, que daba cuenta de las operaciones realizadas por Margarita Rojas, las que reconoci\u00f3 el peticionario en el interrogatorio de parte. <\/p>\n
De otro lado, concedi\u00f3 el resguardo respecto a la valoraci\u00f3n probatoria dada a la documental allegada por la DIAN, pues su estudio fue superficial y carente de fundamentaci\u00f3n s\u00f3lida, siendo inadmisible sostener que la misma carece de relevancia, pues al evidenciarse que los ingresos superaban el salario m\u00ednimo legal mensual vigente, pudo interrogar al demando o solicitar informaci\u00f3n m\u00e1s precisa a la DIAN, por lo que orden\u00f3: <\/p>\n
\u2026DEJAR SIN VALOR la sentencia emitida el 2 de marzo de 2023, as\u00ed como la sentencia complementaria del 31 de marzo de 2023 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3 Ant., y en consecuencia se ORDENA al juzgado accionado que dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia dicte una nueva decisi\u00f3n en la que analice de forma detallada la informaci\u00f3n recibida de parte de la DIAN, y decida con el nuevo examen si la misma es apta o no para acreditar el monto por el cual se debe ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n; en cualquiera de los casos, tal decisi\u00f3n deber\u00e1 ser sustentada de manera amplia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 Fredy Pe\u00f1a Salcedo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, al considerar que el Tribunal \u00abest\u00e1 utilizando la Instituci\u00f3n Constitucional de la Acci\u00f3n de Tutela, para crear una segunda instancia en esta clase de procesos de \u00fanica instancia. Tambi\u00e9n es loable manifestar que dentro del transcurso de este proceso no se realizaron v\u00edas de hecho, que fragmente la recta impartici\u00f3n de justicia y equidad\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el Juzgado accionado dio un valor probatorio a todas las certificaciones aportadas por las diferentes cl\u00ednicas, sin embargo, la documental aportada por la DIAN no era clara y poco entendible, por lo que no tuvo el valor deseado por la parte ejecutante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Circunscrita a la impugnaci\u00f3n formulada, advierte la Corte que, tal y como lo sostuvo el a quo constitucional, el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, habida cuenta que para dictar el fallo criticado dej\u00f3 de valorar la respuesta emitida por la DIAN con el fin de tener claridad sobre los ingresos percibidos por el demandado, pese a haber sido una prueba debidamente decretada y recaudada. <\/p>\n
Ciertamente, el estrado acusado, previa solicitud de pronunciamiento sobre la referida probanza, en la providencia de 31 de marzo de 2023 que adicion\u00f3 el fallo criticado, consider\u00f3 que la prueba remitida por la DIAN era irrelevante, en la medida en que la misma no era clara para determinar los ingresos percibidos por el ejecutado, sin que se pudiera discriminar de manera particular los honorarios o sueldos devengados, toda vez que, refleja informaci\u00f3n de valores generales y no particulares; decisi\u00f3n que se considera, fue apresurada, habida cuenta que no efectu\u00f3 un estudio minucioso de la informaci\u00f3n all\u00ed contenida, que daban cuenta de ingresos anuales del ejecutado superiores al salario m\u00ednimo legal mensual vigente, situaci\u00f3n que demuestra en yerro endilgado. <\/p>\n
Ahora, si el fallador consideraba que los datos contenidos en la informaci\u00f3n remitida por la DIAN eran generales y no espec\u00edficos, raz\u00f3n por la que desecho tal medio suasorio, se resalta que dentro del deber poder en calidad del juez, pudo solicitar informaci\u00f3n adicional a dicha entidad para esclarecer tal informaci\u00f3n, incluso, interrogar al demandado con el fin de especificar lo declarado a\u00f1o a a\u00f1o ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales <\/p>\n
Lo anterior, permite concluir que el despacho judicial accionado incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, que impon\u00eda conceder el amparo. Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finalmente, si la autoridad judicial enjuiciada consideraba que carec\u00eda de las pruebas necesarias para su resoluci\u00f3n, especialmente, al verificar que lo consignado en la informaci\u00f3n remitida por la DIAN no le era espec\u00edfica, clara o suficiente, como qued\u00f3 visto, bien pudo adoptar las decisiones pertinentes para recaudarlas, en atenci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 42 (numeral 4\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, que establece como uno de los deberes del juez \u00ab[e]mplear los poderes que este C\u00f3digo le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes\u00bb. <\/p>\n
5. Lo anterior es suficiente para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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