STC4952-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4952-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00097-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones instauradas por el Municipio de Ci\u00e9naga de Oro, el Concejo Municipal de Ceret\u00e9 y la Personer\u00eda de ese \u00faltimo lugar frente al fallo proferido el pasado 23 de marzo por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Feliberto Segundo S\u00e1enz Sierra, concejal del municipio de Ci\u00e9naga de Oro, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, los que dijo vulnerados por la sede judicial acusada al negar la imposici\u00f3n de sanciones por el desacato a la orden constitucional cuyo cumplimiento implor\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar \u00abproferir una nueva providencia o en su defecto se sanciones (sic) con desacato a los encartados[,] de no mostrar el cumplimiento de la sentencia aludida\u00bb. <\/p>\n
2.1. En la acci\u00f3n de tutela incoada por Andr\u00e9s Abelino N\u00fa\u00f1ez Morales y dem\u00e1s afiliados a la Asociaci\u00f3n de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ci\u00e9naga Grande de Lorica -ASPROCIG- contra la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica – CORELCA y la sociedad de econom\u00eda mixta, comercial e industrial del Estado Empresa Multiprop\u00f3sito Urr\u00e1 S.A., relacionada con \u00abla cuenca del r\u00edo Sin\u00fa\u00bb, el 25 de marzo de 1999, en sede revisi\u00f3n, la Corte Constitucional revoc\u00f3 parcialmente los fallos desestimatorios del Tribunal acusado (de 8 de septiembre de 1998) y de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte (de 3 de julio de ese a\u00f1o) para, en su lugar: <\/p>\n
\u2026tutelar los derechos de los afiliados a la Asociaci\u00f3n de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ci\u00e9naga Grande de Lorica -ASPROCIG-, a la participaci\u00f3n y a un medio ambiente sano; y confirmar la sentencia de segunda instancia, en cuanto neg\u00f3 el amparo de los derechos a la vida, la salud y el trabajo. <\/p>\n
Segundo. ORDENAR a los Personeros, Alcaldes y Concejales de Tierralta, Valencia, Monter\u00eda, Ceret\u00e9, Lorica, San Bernardo del Viento, Pur\u00edsima, Chim\u00e1, San Pelayo, Ci\u00e9naga de Oro, San Carlos, Momil, San Antero y Mo\u00f1itos, que procedan de inmediato a: 1) suspender toda obra de relleno y desecaci\u00f3n de pantanos, lagunas, charcas, ci\u00e9nagas y humedales en el territorio de esos municipios, salvedad hecha de las que sean indispensables para el saneamiento; 2) adelantar las actuaciones administrativas de su competencia e instaurar las acciones procedentes para recuperar el dominio p\u00fablico sobre las \u00e1reas de terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y apropiados por particulares; 3) regular la manera en que se har\u00e1 exigible en esos municipios cumplir con la funci\u00f3n ecol\u00f3gica que le es inherente a la propiedad (C.P. art. 58), establecer y cobrar las obligaciones que de tal funci\u00f3n se desprendan para los particulares y entes p\u00fablicos; y 4) revisar los planes y programas de desarrollo econ\u00f3mico y social, para dar prioridad a las necesidades que se derivan de : a) el tratamiento y vertimiento de las aguas negras, b) la recolecci\u00f3n y disposici\u00f3n de basuras, y c) la recuperaci\u00f3n de los cuerpos de agua. Se ordenar\u00e1 tambi\u00e9n a la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba que proceda de igual forma, y coordine el cumplimiento de tales tareas por parte de los municipios mencionados, someti\u00e9ndose a las pol\u00edticas del Ministerio del Medio Ambiente sobre la materia. El Gobernador informar\u00e1 sobre la manera en que se acaten estas \u00f3rdenes al Tribunal Superior de Monter\u00eda \u2013juez de tutela en primera instancia-, a la Procuradur\u00eda y a la Contralor\u00eda Departamentales, a fin de que \u00e9stas ejerzan los controles debidos. <\/p>\n
Tercero. ORDENAR al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria -INCORA-, que suspenda inmediatamente la pol\u00edtica irregular de adjudicar como bald\u00edos los terrenos p\u00fablicos ubicados en las m\u00e1rgenes de las ci\u00e9nagas de C\u00f3rdoba, y las \u00e1reas que resulten del relleno de los humedales, lagunas, pozos, lagos o ca\u00f1os de la hoya del Sin\u00fa. <\/p>\n
Cuarto. ORDENAR a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del R\u00edo Sin\u00fa y del San Jorge -CVS- y al Ministerio del Medio Ambiente que, en el marco de su participaci\u00f3n en la prevenci\u00f3n y mitigaci\u00f3n del impacto de la hidroel\u00e9ctrica, incluyan los estudios de factibilidad de un subprograma centrado en la formaci\u00f3n de los pescadores para que \u00e9stos asuman las responsabilidades que les corresponden en la protecci\u00f3n de la diversidad e integridad del ambiente y la conse[r]vaci\u00f3n ecol\u00f3gica del medio en el que habitan y laboran, y para que puedan mejorar su nivel de vida con actividades de doble prop\u00f3sito como los zoocriaderos de iguanas e hicoteas. <\/p>\n
Quinto. ORDENAR al Ministerio del Medio Ambiente, la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba y la CVS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, den cumplimiento al acuerdo por medio del cual esas entidades se comprometieron a ejecutar programas de limpieza de ca\u00f1os, empleando a los pescadores demandantes. <\/p>\n
Sexto. ORDENAR que el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba, la Empresa Multiprop\u00f3sito Urr\u00e1 S.A., y los entes territoriales que recibir\u00e1n regal\u00edas por la operaci\u00f3n de la hidroel\u00e9ctrica Urr\u00e1 I, concurran a financiar la asesor\u00eda que requieran las comunidades afectadas con la obra en el ejercicio del derecho a la participaci\u00f3n efectiva que les otorga la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
S\u00e9ptimo. ADVERTIR al Ministerio del Medio Ambiente que, dentro del marco general de lo decidido en la sentencia T-652\/98, deber\u00e1 prestar especial atenci\u00f3n al impacto previsible de las aguas del embalse Urr\u00e1 I sobre las especies reof\u00edlicas de la cuenca, y s\u00f3lo conceder la licencia para el llenado de la presa y funcionamiento de la hidroel\u00e9ctrica, cuando se garantice la adopci\u00f3n de las medidas necesarias para que el aprovechamiento del agua en la producci\u00f3n de energ\u00eda, no signifique la extinci\u00f3n del recurso ictiol\u00f3gico que aparece como gravemente amenazado (CC T-194\/99). <\/p>\n
2.2. Aduciendo incumplido tal veredicto, el ac\u00e1 actor impulso incidente de desacato, invocando su doble condici\u00f3n de ciudadano y concejal del municipio de Ci\u00e9naga de Oro. <\/p>\n
2.3. El 5 de septiembre de 2022 la Sala Penal del Tribunal acusado, a pesar de hallar legitimado en causa al incidentante, resolvi\u00f3 no imponer sanci\u00f3n alguna a los incidentados, dado que, de sus respuestas, se desprend\u00eda la satisfacci\u00f3n de las \u00f3rdenes constitucionales. Determinaci\u00f3n respecto de la cual, el 6 de octubre siguiente, no accedi\u00f3 a la solicitud de aclaraci\u00f3n impetrada por el quejoso. <\/p>\n
2.4. Con la demanda de amparo del ep\u00edgrafe, en concreto, el actor se doli\u00f3 de que el Tribunal encartado incurri\u00f3 en patente defecto f\u00e1ctico al dar por acatada la orden supralegal sin contar con prueba alguna que diera cuenta de ello, en tanto que fund\u00f3 tal aseveraci\u00f3n en las simples manifestaciones efectuadas por los incidentados en las respuestas brindadas ante esa colegiatura, carentes de soporte alguno que las validara, a m\u00e1s que los informes de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y del San Jorge, por el contrario, ratificaban la desatenci\u00f3n que denunci\u00f3 respecto a lo dispuesto por la Corte Constitucional en su veredicto, especialmente por parte del Municipio de Ci\u00e9naga de Oro. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Personer\u00eda Municipal de Momil indic\u00f3 que \u00able ha hecho seguimiento y acompa\u00f1amiento [al caso] en todas las etapas del proceso cuando ha sido notificado\u00bb y que cuando se emita sentencia en este asunto \u00abhar[\u00e1] el acompa\u00f1amiento para que se cumpla con el debido proceso para las partes accionadas\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deprec\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva porque \u00abla resoluci\u00f3n de la litis respecto de la conducta desplegada por la Sala Penal Del Tribunal Superior De Monter\u00eda no es del resorte de [esa] cartera\u2026, menos a\u00fan, lo es la resoluci\u00f3n del incidente de desacato propuesto por el accionante y que motiv\u00f3 la promulgaci\u00f3n de la sentencia que hoy ataca en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, pidi\u00f3 reconocer que la determinaci\u00f3n emitida por dicha sede judicial \u00abno present[\u00f3] vicio, menos a\u00fan, defecto material o sustantivo, toda vez que se profiri\u00f3 teniendo como soportes normas vigentes y constitucionales, y su fundamentaci\u00f3n y resoluci\u00f3n guardan estrecha relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de San Pelayo sostuvo que \u00abno se observa por [su] parte\u2026 una conducta de desidia, capricho o intenci\u00f3n manifiesta de no cumplir con la Acci\u00f3n de Tutela\u2026 por cuanto se han realizado gestiones administrativas tendientes a darle tr[\u00e1]mite y respuesta oportuna al Incidente de Desacato con su respectivo soporte probatorio anexado al tr\u00e1mite incidental ante el\u2026 Tribunal [accionado]\u00bb; por lo que rog\u00f3 denegar la salvaguarda. <\/p>\n
5. La Personer\u00eda de ese mismo municipio igualmente solicit\u00f3 el despacho adverso de la protecci\u00f3n porque ha desplegado las \u00abgestiones e intervenciones\u00bb pertinentes para \u00abdar cumplimiento a la sentencia T-194 de 1999, en aras de cuidar y proteger el medio ambiente\u00bb. <\/p>\n
6. La Alcald\u00eda de Pur\u00edsima indic\u00f3 que \u00abno existe un derecho fundamental transgredido al accionante, por [su] parte\u00bb, por lo que \u00abque las pretensiones no est\u00e1n llamadas a prosperar\u00bb, y en todo caso, \u00abla providencia de\u2026 (5) de septiembre de 2022\u2026 cumple con todas las formalidades exigidas legalmente\u00bb. <\/p>\n
7. La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha vulnerado [los] derechos fundamentales que hoy se reclama[n] como conculcados\u00bb; que \u00abha realizado todas las actuaciones para dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-194-99\u00bb y \u00abha conminado en el marco de sus funciones y competencias a las entidades y actores involucrados, con el fin de preservar los ecosistemas y los humedales\u00bb. <\/p>\n
8. La Personer\u00eda Municipal de San Antero manifest\u00f3 que \u00abse han realizado gestiones administrativas tendientes a acatar la orden judicial en los t\u00e9rminos ordenados\u00bb y que la decisi\u00f3n criticada al Tribunal \u00abse ajust\u00f3 a lo manifestado y probado\u00bb. <\/p>\n
9. El Municipio de Ci\u00e9naga de Oro se opuso a la prosperidad de la protecci\u00f3n porque aunque el fallo del incidente de desacato se ajust\u00f3 \u00aba derecho en cuanto al declarar que no es procedente imponerles sanci\u00f3n alguna a los obligados por tratarse de una orden de tutela compleja\u00bb, lo cierto es que all\u00ed se err\u00f3 al reconocer como incidentante al ac\u00e1 accionante, en tanto que \u00e9ste \u00abno tiene capacidad procesal que le otorgue legitimaci\u00f3n en la causa por activa para presenta[r] incidentes de desacato para el cumplimiento de la Sentencia T-194\/1999\u00bb, lo que impon\u00eda el rechazo de su intervenci\u00f3n y, consecuencialmente, ahora, la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n tutelar del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
10. La Alcald\u00eda de Momil adujo que la orden constitucional cuyo cumplimiento se demand\u00f3 impon\u00eda \u00abuna actuaci\u00f3n administrativa compleja\u00bb, relacionada con el trabajo coordinado con dependencias departamentales y nacionales, y que ha venido adelantando las actuaciones pertinentes acorde con sus competencias. <\/p>\n
11. El Concejo Municipal de Ceret\u00e9 solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo o, en su defecto, excluirlo del incidente de desacato por \u00abhaber dado cumplimiento al fallo\u2026 T 194 de 1999\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la salvaguarda insatisface los presupuestos para su viabilidad, dado que a) \u00ab[l]a controversia planteada no es constitucionalmente relevante debido a que: (i) versa sobre un asunto meramente legal, de connotaci\u00f3n patrimonial y privada, (ii) busca reabrir un debate y concluido en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en la que no se advierte a primera vista una actuaci\u00f3n arbitraria o ileg\u00edtima por parte de las autoridades judiciales, y (iii) el proceso de tutela tiene origen en una actuaci\u00f3n omisiva o negligente por parte de la sociedad (sic) accionante\u00bb; b) \u00abse surti\u00f3 el tr\u00e1mite del incidente de desacato y este fue convalidado por el jer\u00e1rquico superior al surtir el grado de consulta (sic)\u00bb; y c) se incumple el requisito de la inmediatez porque \u00abhan trascurrido varios a\u00f1os desde el aducido fallo que se pretende desacatar\u00bb, existiendo una responsabilidad compartida con todos los presidentes que ha tenido esa Corporaci\u00f3n desde hace 24 a\u00f1os. <\/p>\n
12. La Alcald\u00eda de San Antero histori\u00f3 m\u00faltiples actuaciones con las que adujo haber \u00abdado cumplimiento irrestricto a las \u00f3rdenes impartidas en la Sentencia T 194 de 1999 proferida por la Corte Constitucional\u00bb, de donde se desprend\u00eda que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales que hoy se reclama[n] como vulnerados\u00bb. <\/p>\n
13. La Personer\u00eda Municipal de Ceret\u00e9 se opuso a la prosperidad del reclamo tutelar en similares t\u00e9rminos a los expuestos por la Alcald\u00eda de ese lugar (numeral 11 precedente). <\/p>\n
14. La Personer\u00eda Municipal de Santa Cruz de Lorica inform\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento [ha] desacatado lo dicho por la corte en la sentencia T 194\/99[,] h[a] sido respetuos[a] y diligente en cuanto a las actuaciones que [l]e corresponden\u00bb, por lo que \u00abhay ausencia de negligencia o desobediencia en el cumplimiento de la orden judicial\u00bb. <\/p>\n
16. El Concejo Municipal de San Antero deprec\u00f3 declarar que \u00abno ha incumplido\u2026 la sentencia T-194 de 1999\u00bb. <\/p>\n
17. El Concejo Municipal de San Pelayo indic\u00f3 que el pasado 1\u00ba de septiembre solicit\u00f3 al Secretario de Planeaci\u00f3n de ese lugar informar las actuaciones realizadas en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional, ante lo cual se emiti\u00f3 un comunicado relacionando las mismas. <\/p>\n
18. La Alcald\u00eda de San Bernardo del Viento pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n porque \u00ablas providencias objetos (sic) de esta acci\u00f3n\u2026 se encuentran ajustadas a derecho, en el sentido de abstenerse de imponer sanci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
19. La Personer\u00eda Municipal de Pur\u00edsima deprec\u00f3 \u00abdeclarar que\u2026 no ha incurrido en vulneraci\u00f3n de derechos ni\u2026 en omisiones respecto al cumplimiento de la sentencia T-194 de 1999\u00bb. <\/p>\n
20. La Personer\u00eda de Tierralta rog\u00f3 su desvaluaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional y, adem\u00e1s, \u00abratificar el cumplimiento de las acciones que se han desplegado como prueba del acatamiento de la mencionada sentencia\u00bb. <\/p>\n
21. La Personer\u00eda Municipal de Ci\u00e9naga de Oro rog\u00f3 declarar la carencia actual de objeto por hecho superado porque de las actuaciones que ha desplegado se \u00abpuede inferir objetivamente que\u2026 no ha existido desacato ni desconocimiento alguno de la tutela en menci\u00f3n, toda vez que se han reali[zado] en debido forma y con responsabilidad la serie de seguimientos y acompa\u00f1amientos[,] protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n a las fuentes h\u00eddricas y antr\u00f3picas respecto a la protecci\u00f3n de los humedales de [su] jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
22. La Alcald\u00eda de Santa Cruz de Lorica defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones reprochadas al Tribunal convocado, por lo que pidi\u00f3 no acceder al resguardo, enfatizando que aquellas \u00abcarecen de defecto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
23. El Concejo Municipal de Momil adujo coadyuvar las actuaciones de la Alcald\u00eda de ese lugar para el acatamiento del fallo de la Corte Constitucional y estar presta a ejercer las \u00abacciones de control de manera activa, requiriendo al ente territorial sobre los avances en la actuaci\u00f3n administrativa\u00bb. <\/p>\n
24. La Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Chima solicitaron declarar su ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva por no ser los llamados a atender el ruego supralegal. <\/p>\n
25. El Concejo Municipal de Monter\u00eda anot\u00f3 que \u00abha cumplido cabalmente lo ordenado en sentencia T-194\/1999 de la Corte Constitucional\u00bb; pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo \u00abpor cuanto actualmente la providencia que resuelve el incidente de desacato\u2026 se encuentra pendiente de consulta\u00bb; y en todo caso, porque se presenta un hecho superado, \u00abpuesto que la sala penal del Tribunal\u2026 emiti\u00f3 el 01 de marzo de 2023 pronunciamiento sobre el asunto objeto de esta tutela, esta vez\u2026, analizando [el] caso y efectuando una debida sustentaci\u00f3n de la providencia\u00bb. <\/p>\n
26. El Concejo y la Personer\u00eda Municipales de Valencia sostuvo que el accionante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para impulsar el incidente de desacato, \u00abcuando en realidad es uno de los coobligados a cumplir tales \u00f3rdenes\u00bb; y que resulta necesario que esta Corte \u00abeval\u00fae la vigencia de las \u00f3rdenes de 1999, a 24 a\u00f1os despu\u00e9s de haberse emitido la Sentencia de la Corte Constitucional, y se pronuncie sobre la viabilidad de que se considere que tales \u00f3rdenes tengan una vigencia indefinida en el tiempo\u00bb. <\/p>\n
27. El Municipio de Ceret\u00e9 deprec\u00f3 desestimar la salvaguarda por \u00abel debido cumplimiento de la sentencia, en cuanto a lo que le concierne a la competencia de [esa] entidad\u00bb, en tanto que \u00ablas acciones ofrecidas y efectivamente realizadas\u2026 son las que se pod\u00edan dar dentro de la \u00f3rbita reglamentaria de sus acciones administrativas y capacidades que se limitan ante sus competencias legales y reglamentarias\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, tras vincular al tr\u00e1mite a \u00ablos afiliados a la Asociaci\u00f3n de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ci\u00e9naga Grande de Lorica -ASPROCIG-\u00bb, acorde con lo dispuesto por esta Sala en auto del 7 de marzo \u00faltimo (ATC224-2023), concedi\u00f3 la protecci\u00f3n, dej\u00f3 \u00absin efecto los autos de\u2026 5 de septiembre y 6 de octubre de 2022, dados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda\u00bb, y orden\u00f3 a dicha Colegiatura \u00abemitir una nueva decisi\u00f3n en virtud de la cual resuelva el incidente de desacato\u2026, esta vez efectuando una debida sustentaci\u00f3n que incluya la respectiva valoraci\u00f3n probatoria frente a cada uno de las autoridades implicadas en el cumplimiento de la orden dada en el ordinal segundo de la parte resolutiva del fallo de tutela T-194 de 1999\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n, tras destacar que: i) all\u00ed el Municipio de Ci\u00e9naga de Oro \u00abfund\u00f3 su defensa \u00fanicamente en cuestionar la falta de legitimidad que, por activa, tendr\u00eda Feliberto Segundo S\u00e1enz para promover el tr\u00e1mite incidental, ello teniendo en cuenta que es un miembro del Concejo Municipal de esa territorialidad y, por eso, sujeto pasivo de la orden de amparo cuyo cumplimiento se reclama\u00bb; y ii) \u00abel Tribunal accionado parti\u00f3 por validar la legitimaci\u00f3n por activa del se\u00f1or S\u00e1enz Sierra, bajo la consideraci\u00f3n de que se trata de un concejal que tiene dentro de sus obligaciones \u00abvelar por el cumplimiento de acciones tendientes a la protecci\u00f3n de la comunidad\u00bb, adem\u00e1s de reconocerle su condici\u00f3n de ciudadano, en virtud de la cual puede acudir ante las autoridades con el fin de lograr la efectiva protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb; en lo medular, hall\u00f3 que la Colegiatura convocada incurri\u00f3 en el defecto f\u00e1ctico que se le endilg\u00f3, \u00aben la medida que su motivaci\u00f3n es deficiente desde el punto de vista probatorio al momento de sustentar las razones por las cuales se puede concluir que el fallo de tutela T-194 de 1999, est\u00e1 siendo cumplido por las autoridades enunciadas en el ordinal segundo de su parte resolutiva\u00bb, porque: <\/p>\n
\u2026el fundamento probatorio al cual acude la Sala Penal de Monter\u00eda para asegurar que la mencionada decisi\u00f3n constitucional est\u00e1 siendo cumplida, no es otro distinto que los informes rendidos por la CVS, los alcaldes de los municipios de Tierralta, San Carlos, San Pelayo, Pur\u00edsima y Monter\u00eda, as\u00ed como las gestiones reportadas por las personer\u00edas de Monter\u00eda, San Pelayo, San Carlos y San Bernardo del Viento, el cual, sin embargo, a juicio de la Sala, no es suficiente para poder sostener que los alcaldes, personeros y concejales de los municipios de Valencia, Ceret\u00e9, Lorica, San Bernardo del Viento, Chim\u00e1, Ci\u00e9naga de Oro, Momil, San Antero y Mo\u00f1itos, tambi\u00e9n est\u00e1n cumpliendo con el referido mandato judicial, si en cuenta se tiene que cada uno tiene a su cargo cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional, seg\u00fan su jurisdicci\u00f3n territorial y las funciones de su cargo. <\/p>\n
Bajo ese entendido, evidente resulta que la decisi\u00f3n confutada no cuenta con un sustento probatorio en virtud del cual se pueda llegar a concluir que el segundo grupo de autoridades antes mencionadas, efectivamente han venido acatando la orden que les fuera impartida en el ordinal segundo del fallo T-194 de 1999. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formularon el Municipio de Ci\u00e9naga de Oro, el Concejo Municipal de Ceret\u00e9 y la Personer\u00eda de ese \u00faltimo lugar, insistiendo en los planteamientos que exteriorizaron al dar respuesta en este decurso constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u00abparticularmente por ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (Citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes, atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional y circunscrita la Sala a las opugnaciones propuestas, de entrada, advierte el fracaso de \u00e9stas y por ende la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el presente incidente de desacato fue incoado por\u2026 Feliberto Segundo S\u00e1enz Sierra, quien se desempe\u00f1a como Concejal del Municipio de Ci\u00e9naga de Oro, quien a su vez es accionado dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, considera la Sala, que en este caso particular el actor s\u00ed se encuentra legitimado en la causa por activa, teniendo en cuenta no s\u00f3lo que el mismo tambi\u00e9n es un ciudadano que puede reclamar el amparo de los derechos colectivos consagrados en la orden de tutela, sino tambi\u00e9n que en su condici\u00f3n de concejal tiene la obligaci\u00f3n de velar por el cumplimiento de acciones tendientes a la protecci\u00f3n de la comunidad, por lo que pese a que contra los Concejos municipales fueron emitidas \u00f3rdenes, en el evento que el mismo considere que el ente municipal e[,] incluso[,] la misma entidad que conforma, no ha cumplido, est\u00e1 en el deber de perseguir el cumplimiento efectivo, m\u00e1xime cuando el mismo decreto 2591 de 1991 incluso faculta al Juez para realizar acciones tendientes a lograr el cumplimiento de una orden de tutela. <\/p>\n
Aparte que, ciertamente, no se muestra antojadizo, caprichoso ni subjetivo, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho en \u00e9l, y que, de cara al caso concreto, acredita la legitimaci\u00f3n en la causa del accionante tanto en este tr\u00e1mite incidental como en el presente decurso constitucional, en tanto que derruye, de tajo, las alegaciones que all\u00ed propuso el incidentado Municipio de Ci\u00e9naga de Oro, las cuales replic\u00f3 en este actuaci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que el \u00faltimo plante\u00f3 al respecto no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de los motivos por los cuales el Tribunal acusado encontr\u00f3 legitimado en causa al reclamante, en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3.2. Ahora, desafortunadas resultan las alegaciones de los impugnantes en torno a que la solicitud de protecci\u00f3n no se abr\u00eda paso por insatisfacer el presupuesto de la inmediatez y que la actuaci\u00f3n del Tribunal acusado debi\u00f3 respaldarse por haber recibido, en sede de consulta, el benepl\u00e1cito del superior de esa autoridad judicial. <\/p>\n
Lo primero, porque el acudimiento a este ruego tutelar fue tempestivo, partiendo del hecho de que las decisiones refutadas datan del 5 de septiembre y del 6 de octubre de 2022, mientras que aqu\u00e9l fue propuesto el 17 de enero \u00faltimo, es decir, dentro del lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corte como adecuado y proporcional para su instauraci\u00f3n, siendo evidentemente errado pretender que su descuento se efect\u00fae desde el proferimiento del fallo constitucional que en el a\u00f1o 1999 resguard\u00f3 los derechos esenciales entonces invocados, m\u00e1xime cuando lo pretendido es obtener el cumplimiento de lo all\u00ed determinado que, a la postre, result\u00f3 frustrado por las determinaciones criticadas al Tribunal. <\/p>\n
Lo segundo, porque aquella afirmaci\u00f3n es contraria a la realidad, dado que el mentado prove\u00eddo del 5 de septiembre de 2022, adem\u00e1s de no haber sido consultado ante el Superior, ciertamente, no era pasible de ese grado de revisi\u00f3n, en tanto que el canon 52 del Decreto 2591 de 1991 lo reserva, exclusivamente, para el auto sancionatorio, el que en el asunto atacado no se emiti\u00f3 y, precisamente, de all\u00ed la queja del accionante; y en todo caso, porque la eventual ratificaci\u00f3n de tal determinaci\u00f3n por parte del ad-quem, de haberse presentado, por s\u00ed misma, no liberaba a aquella de las deficiencias que pudiese contener. <\/p>\n
3.3. Finalmente, se tiene que en el prove\u00eddo en comento surge patente el defecto f\u00e1ctico anunciado, el cual conllev\u00f3 a una evidente carencia de motivaci\u00f3n de cara a la determinaci\u00f3n de negar la imposici\u00f3n de sanciones, por cuanto el Tribunal recriminado, luego de acertadamente hallar acreditada la legitimaci\u00f3n en la causa del quejoso, se\u00f1al\u00f3 algunas generalidades en torno al incidente de desacato (con apoyo, especialmente, en lo reglado en el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia -CC T-527\/12- ) y, tras parafrasear algunas de las respuestas de los incidentados, concluy\u00f3 que \u00ab[e]xiste cumplimiento comprobado por varios de los entes territoriales, seg\u00fan los informes presentados por los Alcaldes, Personeros y Concejales municipales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, es evidente que la analizada decisi\u00f3n del Tribunal acusado, objeto de la petici\u00f3n de amparo, careci\u00f3 de un an\u00e1lisis probatorio adecuado, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, como se advirti\u00f3, los informes de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y del San Jorge denotaban algunas falencias en la adopci\u00f3n de medidas adecuadas para el acatamiento de la orden tutelar de la Corte Constitucional, implicando tambi\u00e9n una carencia de motivaci\u00f3n al respecto, al omitirse auscultar de fondo tales aspectos, indicando las razones puntuales y justificadas por las cuales se acog\u00edan o desechabas. <\/p>\n
En esa medida, se tornaba impostergable la intervenci\u00f3n del Juez constitucional, en tanto que tales desatenciones, sin duda, trasgredieron las garant\u00edas fundamentales invocadas, por cuanto \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00); aunado a que, en punto a su procedencia en trat\u00e1ndose de falencias en la apreciaci\u00f3n probatoria, se ha dejado dicho que: <\/p>\n
\u2026\u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso]), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (se destac\u00f3 – CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar el veredicto opugnado, en tanto que, por los motivos anotados de cara a los reparos tra\u00eddos a esta instancia, el resguardo fue acertadamente concedido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4952-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4952-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00097-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se deciden las impugnaciones instauradas por el Municipio de Ci\u00e9naga de Oro, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73531","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73531"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73531\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}