STC4954-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4954-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01920-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Su\u00e1rez Bar\u00f3n y Herlen Rodr\u00edguez N\u00fa\u00f1ez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del reivindicatorio que Gloria Patricia Cur\u00ed Osorio inici\u00f3 contra Carlos Su\u00e1rez Bar\u00f3n y Herlen Rodr\u00edguez N\u00fa\u00f1ez, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena dict\u00f3 sentencia estimatoria, decisi\u00f3n ratificada el 2 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad, tras colegir que se acreditaron los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n incoada y, por lo mismo, deb\u00eda devolverse el bien a su propietaria inscrita1. <\/p>\n
2.2. Inconformes, los integrantes de la pasiva y aqu\u00ed accionantes formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero el ad quem no lo concedi\u00f3 y esta Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria lo declar\u00f3 bien denegado, en sede de queja (CSJ AC4806-2022, 21 oct.), dado el incumplimiento del monto del inter\u00e9s para recurrir. <\/p>\n
2.3. En ese orden, los libelistas informaron que carecen de otros medios de defensa y que, en tal virtud, deben invalidarse las providencias dictadas en las instancias, ya que, a su juicio, son irregulares, por cuanto (i) no es clara la identidad del predio reclamado; (ii) existe falta de legitimaci\u00f3n por pasiva respecto de Rodr\u00edguez N\u00fa\u00f1ez, porque el \u00fanico \u00abposeedor\u00bb es Su\u00e1rez Bar\u00f3n; (iii) la all\u00ed demandante no prob\u00f3 ser la propietaria \u00abcon pleno dominio\u00bb del fundo; (iv) los fallos fueron extra y ultra petita; y (v) parte de la heredad carece de antecedente registral, por lo que ser\u00eda bald\u00eda, entre otros. <\/p>\n
3. En consecuencia pidieron, en compendio, (i) dejar sin efectos las determinaciones del juzgado y del tribunal; (ii) \u00abordenar al Jugado Octavo Civil del Circuito de Cartagena Bol\u00edvar proferir\u00e1 (sic) el fallo que corresponda, pero teniendo en cuenta los requisitos de la acci\u00f3n reivindicatoria y\/o acci\u00f3n de dominio en Colombia (\u2026) y adicionalmente, la legitimaci\u00f3n en la causa por cativa (sic) y por pasiva y cada una de las excepciones de fondo o de m\u00e9rito que propuso el se\u00f1or Carlos Su\u00e1rez Bar\u00f3n\u00bb; y, de forma subsidiaria, (iii) \u00abtutelar los derechos de la Naci\u00f3n y\/o de la Agencia Nacional de Tierras [y] ordene la no reivindicaci\u00f3n (sic) de los bienes bald\u00edos o de la Naci\u00f3n y en particular los 5.224.30 metros cuadrados adicionales y que no tienen un antecedente registral\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena reliev\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela interpuesta por los se\u00f1ores HERLEN RODR\u00cdGUEZ Y CARLOS BARON corresponde a hechos que fueron analizados en el recurso de apelaci\u00f3n conforme al material probatorio allegado, pretendiendo emplear el mecanismo constitucional como una instancia adicional o en su defecto, para imponer su propia tesis, lo que resulta totalmente contrario al fin propio de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad relat\u00f3 las actuaciones del proceso y solicit\u00f3 \u00abque se analicen detalladamente estos presupuestos para determinar la existencia de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n, pues en lo que corresponde a la actuaci\u00f3n desplegada por este Despacho afirmo la ausencia de tales causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n constitucional, pues no se ha materializado violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales invocados en especial el debido proceso y por cuanto claramente se tratan de revivir t\u00e9rminos para controvertir lo que ya se constituy\u00f3 cosa juzgada en sentencias de primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Tierras requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, aunado a que \u00abninguna de las facultades otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras se reaccionan con el objeto de la acci\u00f3n de tutela presentada, ya que la misma gira en torno a procedimientos de la jurisdicci\u00f3n civil ordinaria, que gira en torno a bienes de car\u00e1cter privado, que salieron del dominio del estado, mediante adjudicaci\u00f3n realizada por el extinto INCORA; seg\u00fan se evidencia en los hechos descritos. Debido a lo anterior, la Agencia no se pronunciar\u00e1 de fondo sobre la actuaci\u00f3n desplegada por el Despacho accionado en el ejercicio de funciones jurisdiccionales de su competencia, ni mucho menos determinar\u00e1 si \u00e9sta o alguna otra Autoridad han vulneraron alg\u00fan derecho fundamental que requiera protecci\u00f3n constitucional inmediata\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el reivindicatorio que se inici\u00f3 contra los aqu\u00ed gestores (rad. n.\u00ba 2012-00323), por confirmar, en segunda instancia, la providencia estimatoria del a quo, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ago.). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a trav\u00e9s de la cual ratific\u00f3 la decisi\u00f3n estimatoria de la reivindicaci\u00f3n, data del 2 de mayo de 2022; mientras que la tutela se radic\u00f3 el pasado 12 de mayo de 2023, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Lo anterior no var\u00eda, incluso, si se contabilizara el lapso desde la fecha de emisi\u00f3n y notificaci\u00f3n del prove\u00eddo con el cual se declar\u00f3 bien denegada la concesi\u00f3n del remedio extraordinario \u201321 de octubre de 2022, enterado por estado del 24 siguiente\u2013, raz\u00f3n por la cual tampoco encuentra fundamento la explicaci\u00f3n de los convocantes, tendiente a superar la tardanza, al sugerir que ese t\u00e9rmino se debe computar desde el auto de obedecimiento a lo resuelto. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los presuntamente afectados con la decisi\u00f3n que consideran vulneradora de sus derechos fundamentales debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a los pronunciamientos atacados, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10554-2018, 16 ago.). <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expusieron los actores como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quienes la promueven, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de los promotores, que indiquen que estuvieron en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, en lo que ata\u00f1e a la pretensi\u00f3n subsidiaria de los censores, consistente en que se tutelen las garant\u00edas de la Agencia Nacional de Tierras \u2013por cuanto, en su decir, una de las presuntas equivocaciones de las providencias atacadas es que ordenaron la reivindicaci\u00f3n de un predio que no est\u00e1 plenamente identificado y cuyas \u00e1reas podr\u00edan abarcar algunos territorios bald\u00edos\u2013, precisa la Sala que las prerrogativas de la citada entidad pueden ser agenciadas por ella misma, en caso de as\u00ed considerarlo pertinente y cumpliendo los presupuestos de la v\u00eda escogida, m\u00e1xime que ninguna raz\u00f3n se desprende para tener a los aqu\u00ed memorialistas como agentes oficiosos. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los accionantes tardaron en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, en las providencias de instancia se consign\u00f3 que pertenece el dominio pleno y absoluto a la se\u00f1ora Gloria Patricia Cur\u00ed Osorio, respecto del inmueble \u00abubicado en el corregimiento de Arroyo de Piedra, denominado Farallones Dos B, con un \u00e1rea total de 2 hect\u00e1reas con 6.347 m2, distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 060-267887, identificado con los linderos y medidas especificadas en la escritura p\u00fablica N\u00b0 1722 del 2 de junio de 2012 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, que se desprendi\u00f3 de otro de mayor extensi\u00f3n, identificado con el N\u00b0 060-143398\u00bb. <\/p>\n
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