STC4957-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4957-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 47001-22-13-000-2023-00100-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de abril de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Juan Guillermo, como Coordinador del Grupo de Tesorer\u00eda de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional, contra el Juzgado Primero de Familia y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, ambos de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la secretaria del Juzgado accionado, a Mar\u00eda Margarita, Luis William Vladimir1, la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional -CASUR-, los directores general y financiero de esa entidad, el Defensor de Familia, el Agente del Ministerio P\u00fablico, la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial y a los auxiliares de servicios, los coordinadores de n\u00f3mina y embargos y de informaci\u00f3n documental y radicaci\u00f3n de documentos y al subdirector financiero de CASUR. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, buen nombre, habeas dada, m\u00ednimo vital y dignidad humana. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En el proceso ejecutivo de alimentos promovido por Mar\u00eda Margarita, en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, contra Luis William Vladimir, el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 el embargo del 37% de todo lo devengado por el accionado como pensionado de CASUR, para lo cual se libr\u00f3 el oficio 592 del 21 de agosto de 2020, radicado en la entidad. <\/p>\n
2.3. El 11 de noviembre de 2021, el Juzgado declar\u00f3 improcedente el recurso interpuesto, por extempor\u00e1neo. <\/p>\n
2.4. El 7 de julio de 2022, el Juzgado realiz\u00f3 un control de legalidad, precisando que la multa deb\u00eda consignarse a favor de la Naci\u00f3n -Rama Judicial -Consejo Superior de la Judicatura y otorgando nuevamente el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas para que realizara el pago respectivo en el Banco Agrario, decisi\u00f3n que se ratific\u00f3 el 5 de septiembre de 2022 y que se notific\u00f3 por estado electr\u00f3nico 149 del 6 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.5. Como la suma no fue pagada, el 13 de enero de 2023, el Juzgado comunic\u00f3 la sanci\u00f3n a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta, para el cobro coactivo correspondiente. <\/p>\n
2.6. Mediante oficio del 19 de enero de 2023, el abogado ejecutor de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta comunic\u00f3 al tutelante que ten\u00eda 10 d\u00edas para hacer el pago respectivo. <\/p>\n
3. El actor cuestiona la responsabilidad y la sanci\u00f3n impuesta, porque: i) no se tuvo en cuenta que la n\u00f3mina de la entidad representa m\u00e1s de 114.000 ex miembros de la Polic\u00eda Nacional y que cada actuaci\u00f3n debe estar precedida de un procedimiento que debe cumplirse antes de hacerse el descuento ordenado; ii) no estaba en sus funciones recibir el oficio de embargo del Juzgado, raz\u00f3n por la cual no lo conoci\u00f3 en la oportunidad necesaria; iii) no se prob\u00f3 el elemento subjetivo requerido para ser sancionado ni un actuar negligente u omisivo de su parte; iv) la sanci\u00f3n se sustent\u00f3 la incuria de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda y no en sus actuaciones personales. <\/p>\n
Aduce que, el 28 de marzo del a\u00f1o en curso, recibi\u00f3 un correo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva, anunciando el embargo y secuestro de sus bienes, el bloqueo de sus cuentas y el reporte en el bolet\u00edn de deudores morosos de la Naci\u00f3n, lo cual afecta sus derechos fundamentales. Afirma que es contador p\u00fablico y no abogado y por eso debi\u00f3 estudiar y asesorarse para acudir a la tutela, la cual formula en un tiempo razonable. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo narrado, que se dejen sin efectos los autos del 17 de septiembre de 2021 y del 5 de septiembre de 2022 y que se ordene no realizar su cobro coactivo. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia accionado afirm\u00f3 que respet\u00f3 el derecho de defensa del actor y que la tutela no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez ni con los requisitos de procedencia contra providencias judiciales. <\/p>\n
2. La Procuradora 158 Judicial II de Familia destac\u00f3 que este no era el escenario para discutir interpretaciones probatorias, menos cuando se trata de las actuaciones realizadas para evitar el menoscabo de los derechos de los menores de edad, como en este caso. <\/p>\n
3. El Defensor de Familia del Centro Zonal 2 de Santa Marta sostuvo que la decisi\u00f3n controvertida tuvo por objeto garantizar el derecho de los alimentos del ni\u00f1o, afectados con la omisi\u00f3n en la entrega de los dineros. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta precis\u00f3 que no ten\u00eda competencia para revocar la multa impuesta al tutelante y que su facultad legal se sujetaba al cobro coactivo de esta. <\/p>\n
5. La Oficina Jur\u00eddica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional resalt\u00f3 que el tutelante reconoci\u00f3 ante el Juzgado que se incurri\u00f3 en un yerro en el ejercicio de la radicaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n, pero que se realizaron las acciones necesarias para materializar la orden de embargo. Adujo que la sanci\u00f3n solidaria era inocua y no ten\u00eda una justa causa, puesto que pod\u00eda ordenarse la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, con inclusi\u00f3n de las dos mesadas que no alcanzaron a incorporarse, o modularse la orden de pago frente a la fecha de inicio dadas las circunstancias ajenas presentadas. <\/p>\n
6. El Subdirector Financiero de CASUR asever\u00f3 que no actu\u00f3 con mala fe ni negligencia, pues la orden judicial no fue radicada oportunamente en la dependencia, no obstante, tan pronto tuvieron conocimiento del embargo, procedieron a aplicarlo. <\/p>\n
8. La Coordinadora del Grupo de Informaci\u00f3n de CASUR manifest\u00f3 que la no radicaci\u00f3n del documento que ordenaba el embargo fue producto de un error humano involuntario, dados los cambios que debieron implementar para la atenci\u00f3n de la emergencia sanitaria. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la tutela, porque no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez frente a la sanci\u00f3n impuesta, pues, si bien hasta el 28 de marzo de 2023 la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial le inform\u00f3 que los bienes del actor ser\u00edan embargados, ello era un acto de comunicaci\u00f3n derivado de la decisi\u00f3n del Juzgado. <\/p>\n
De otro lado, consider\u00f3 que la tutela tampoco superaba el presupuesto de la subsidiariedad, porque no se acredit\u00f3 que el accionante hubiera ejercido su derecho de defensa en el proceso coactivo. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor adujo que no hab\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad para interponer la acci\u00f3n de tutela y que esta se hab\u00eda instaurado en un plazo razonable, destacando que hasta el pasado 13 de enero la Direcci\u00f3n Ejecutiva le \u00abpuso de presente la imposici\u00f3n de la multa\u00bb, actuaci\u00f3n que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos; adem\u00e1s, que los 10 d\u00edas otorgados para pagar la multa vencieron el 22 de septiembre de 2022, de manera que los 6 meses fenecieron el 22 de marzo de este a\u00f1o, sin que el hecho de haber radicado la tutela el 31 de marzo, es decir, 7 d\u00edas despu\u00e9s, pueda catalogarse como una omisi\u00f3n irrazonable. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor cuestiona los autos que lo declararon responsable por no descontar oportunamente las sumas que se hab\u00edan ordenado embargar y le impusieron una multa, los cuales dieron lugar al cobro coactivo que se adelanta en su contra. <\/p>\n
2. Revisado el expediente, observa la Sala que no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, pues es claro que la decisi\u00f3n que lo afect\u00f3 se profiri\u00f3 el 17 de septiembre de 2021 y la tutela se radic\u00f3 el 31 de marzo de 2023, esto es, superado el t\u00e9rmino de 6 meses que se ha considerado como razonable para promover esta acci\u00f3n2. <\/p>\n
Y, aunque por auto del 5 de septiembre de 2022, notificado por estado electr\u00f3nico 149 del 6 de septiembre siguiente, se hicieron unas precisiones sobre la forma de pago, lo cierto es que fue la decisi\u00f3n anterior la que declar\u00f3 su responsabilidad y le impuso la multa, de manera que lo cuestionado se consolid\u00f3 en el prove\u00eddo del 17 de septiembre de 2021. A ello se suma que, incluso si se tomara la fecha de esta \u00faltima providencia, lo cierto es que la tutela tampoco se interpuso en forma tempestiva, pues esta se radic\u00f3 despu\u00e9s del 6 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda, en tanto las notificaciones del tr\u00e1mite coactivo que hizo la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial en enero y en marzo del a\u00f1o en curso no son m\u00e1s que una consecuencia de la sanci\u00f3n impuesta, siendo las providencias del Juzgado las que presuntamente habr\u00edan vulnerado sus derechos fundamentales, pues el actor considera que no debi\u00f3 ser sancionado, debate que es ajeno al proceso coactivo adelantado por esa entidad, de manera que dichas actuaciones no afectan la firmeza de las determinaciones judiciales cuestionadas y, por tanto, no otorgan un periodo adicional para acudir a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia atacada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia CSJ STC3328-2023. <\/p>\n
3\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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