STC4958-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4958-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2023-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de abril de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la tutela que Lex Optima Abogados Consultores S.A.S. instaur\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Yarumal, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite ejecutivo 2012-00018. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo constitucional promovi\u00f3 juicio compulsivo en contra del Juzgado Civil del Circuito de Yarumal con el prop\u00f3sito de obtener la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo en menci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito en virtud de lo regulado en el numeral 1 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, pues dicha omisi\u00f3n vulnera su derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Agreg\u00f3 que la autoridad judicial que tramita el proceso tacado ha retardado su tr\u00e1mite, toda vez que se ha negado a fijar plazos perentorios y sanciones de cara a la desidia de la parte demandante, pese a las reiteradas solicitudes de impulso procesal realizadas, lo que ha generado que el tr\u00e1mite de las pretensiones lleven un lapso superior a 10 a\u00f1os. Manifiesta que, adem\u00e1s, inco\u00f3 solicitud de vigilancia judicial administrativa, asunto que adelanta el Consejo Seccional de la Judicatura, sin prosperidad alguna. <\/p>\n
3. En consecuencia, se duele la censora frente a la tardanza en la resoluci\u00f3n de su tr\u00e1mite ejecutivo, por lo que pide sea decretado el desistimiento t\u00e1cito, pues es que se cumple con lo estipulado en la norma adjetiva para su configuraci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS Y CONTESTACIONES <\/p>\n
1. Jos\u00e9 Alfredo Cardona Vel\u00e1squez, posterior a realizar una breve alusi\u00f3n a la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes perseguidos, manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era improcedente por cuanto esta no era un mecanismo sustituto de las v\u00edas legales de protecci\u00f3n de derechos fundamentales. Arguy\u00f3 adem\u00e1s que, lo que pretende la accionante es que se decrete el desistimiento t\u00e1cito aun cuando no se cumple con los requisitos establecidos en la ley, por cuanto en proceso ha estado en continuo tr\u00e1mite desde el a\u00f1o 2012. <\/p>\n
2. El estrado judicial cuestionado narr\u00f3 las actuaciones procesales desplegadas dentro del tr\u00e1mite atacado. Adujo que, si bien la accionante ha formulado varias solicitudes con el fin de dar impulso al proceso, estas han sido atendidas y resueltas conforme a derecho, indicando que el proceso se ha rituado con las formalidades legales que el C\u00f3digo General del Proceso consagra ara asuntos de esa naturaleza. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado tras considerar que no se cumpli\u00f3 con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Toda vez que, si bien del an\u00e1lisis del expediente se observ\u00f3 que existieron actuaciones que daban cuenta de demoras al interior del proceso referenciado en la acci\u00f3n tutelar, en realidad no se avizor\u00f3 una actuaci\u00f3n espec\u00edfica que lacerara en la actualidad los derechos de la actora, en tanto las mismas ya fueron superadas. Ademas de lo anterior, consider\u00f3 que no existieron elementos probatorios que permitieran endilgar una demora injustificada en el desarrollo del proceso y, por el contrario, se advirti\u00f3 que en el mismo se han desarrollado las etapas procesales pertinentes, siendo claro que la pretensi\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito no es procedente por v\u00eda de tutela, por cuanto al misma debe ser planteada ante el juez natural. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La quejosa reiter\u00f3 los argumentos esgrimidos en su escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de ayuda. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
2. Frente a la presunta \u00abmora judicial\u00bb manifestada por la impulsora, lo acreditado es que, las peticiones de impulso procesal incoadas por esta, fueron resueltas por la autoridad judicial accionada de manera oportuna, advirti\u00e9ndose que ha habido actuaciones de cara a integrar en debida forma a los sucesores procesales posterior a la muerte de la ejecutada y, adem\u00e1s, el esclarecimiento de los bienes a rematar, provenientes tanto de la parte demandante como del despacho atacado, lo cual ha extendido el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
De manera que, no se observa que el Juzgado fustigado haya incurrido en un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o arbitrario, que transgreda el \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb de la precursora, m\u00e1xime cuando el incumplimiento de los t\u00e9rminos \u00abprocesales\u00bb no constituye en s\u00ed mismo una violaci\u00f3n a dicho privilegio. <\/p>\n
Cabe recordar que esta Corte, en punto a la \u00abmora injustificada\u00bb, ha sostenido: <\/p>\n
[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00, citada en STC2000-2018, STC195-2021 y STC861-2022). <\/p>\n
3. De otro lado, en lo que respecta a la inconformidad de la accionante frente al decreto del desistimiento t\u00e1cito del proceso atacado, de entrada, advierte la Sala que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que del proceso ejecutivo, el cual esta en curso, no se advierte que la peticionaria hubiese realizado una solicitud encaminada a solicitar al juez de conocimiento la aplicaci\u00f3n de lo establecido en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por la promotora de la tutela, ya que la ley ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentos o inconformidades, sin que tales v\u00edas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos ser\u00e1n desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar la resoluci\u00f3n de esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
Y es que, de existir las anomal\u00edas denunciadas por la tutelante, pueden ser alegadas haciendo uso de los medios de defesa para preservar y recuperar los derechos amenazados, tal como se itera, lo es la solicitud, ante el juez de conocimiento, de la aplicaci\u00f3n de lo estipulado en el art\u00edculo 317 del estatuto procesal civil de cara con el desistimiento t\u00e1cito, mecanismo que a la postre, es eficaz para subsanar la situaci\u00f3n alegada por la actora, pues de prosperar dar\u00eda por terminado el proceso en atenci\u00f3n a la eventual inactividad procesal de las partes interesadas. <\/p>\n
As\u00ed pues, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
4. Lo discurrido conlleva a la ratificaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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