STC4959-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4959-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-00864-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 26 de abril de 20231, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Construcciones Ibarguen S.A.S. contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Construcciones Ibarguen S.A.S. \u2013aqu\u00ed libelista\u2013 formul\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra Innovaci\u00f3n Orientada a los Negocios \u2013 Ion S.A.S., la cual se adelant\u00f3 ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, asunto en el que, en su decir, no se le notificaron en debida forma las decisiones proferidas, pues, seg\u00fan inform\u00f3, no se enviaron al correo electr\u00f3nico de la empresa, ni de su apoderado. <\/p>\n
2.2. En ese sentido, censur\u00f3, en especial, que no se haya efectuado el enteramiento de los autos a trav\u00e9s de los cuales: (i) se resolvieron las excepciones previas formuladas por su contraparte y se fij\u00f3 fecha para audiencia inicial (22 de marzo de 2022); (ii) se impuso sanci\u00f3n de cinco (5) SMMLV, tanto a la sociedad como a su mandatario, por la inasistencia (13 de julio siguiente); (iii) se cit\u00f3 a la diligencia de juzgamiento (en la misma data) \u2013en la que se declar\u00f3 la prosperidad de las defensas de la pasiva y se neg\u00f3 el petitum\u2013; (iv) se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas (21 de septiembre de ese a\u00f1o); y (v) se rechaz\u00f3 la reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra el auto que estableci\u00f3 la amonestaci\u00f3n (12 de diciembre posterior). <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que solo se enter\u00f3 de los enunciados pronunciamientos cuando la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial le envi\u00f3 el oficio contentivo del cobro persuasivo por la anotada multa. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, decretar \u00abla nulidad de todo lo actuado, con el objeto de que el representante legal de la sociedad Construcciones Ibarguen S.A.S. pueda acudir ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria y as\u00ed adelantar el respectivo proceso, por incumplimiento contractual, por un valor de $31.921.122.11 que a\u00fan le adeuda Ion Innovaci\u00f3n Orientada a los Negocios S.A.S., ya que la entidad accionada se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio relat\u00f3 las actuaciones del proceso y enfatiz\u00f3 en que \u00ablos tutelantes no presentaron escrito alguno por lo que se profiri\u00f3 el Auto No. 81797 de fecha 13 de julio de 2022, publicado en estado No. 126 del 14 de julio de 2022, mediante el cual se impuso sanci\u00f3n de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes equivalentes a cinco millones de pesos ($5.000.000), tanto la demandante CONSTRUCCIONES IBARGUEN S.A.S., como su apoderado JUAN DE DIOS PALACIO PEREZ, en el cual se destac\u00f3 que el t\u00e9rmino otorgado para allegar cualquier justificaci\u00f3n feneci\u00f3 en silencio y se impusieron las sanciones previstas en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla parte actora, pudo haber presentado alg\u00fan tipo de justificaci\u00f3n de su inasistencia a la audiencia o incluso impugnar la providencia que impuso la sanci\u00f3n e incluso de los autos que se emitieron con posterioridad, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, como lo se\u00f1ala los art\u00edculos 318 y 321 del C.G.P. Sin embargo, los tutelantes dejaron vencer los t\u00e9rminos procesales dispuestos en el C\u00f3digo General del Proceso, buscando as\u00ed, a trav\u00e9s del amparo constitucional revivir t\u00e9rminos sobre asuntos decididos y ejecutoriados\u00bb. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, adujo que \u00abla decisi\u00f3n que cit\u00f3 a audiencia y aquella que impuso la sanci\u00f3n por la inasistencia de la actora, fueron notificados en anotaci\u00f3n por estado No. 126 del 14 de julio de 2022, y s\u00f3lo hasta el 13 de octubre de 2022, luego de haberse emitido m\u00e1s de 6 autos con posterioridad, el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n, lo cual deja entrever un descuido del apoderado y la parte frente a las decisiones tomadas dentro del expediente, y lo que buscan es solventar esa propia desatenci\u00f3n bajo una acci\u00f3n de tutela que a todas luces improcedente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que \u00abhan trascurrido m\u00e1s de 9 meses desde que se profiri\u00f3 el auto mediante el cual se impuso sanci\u00f3n, siendo vulnerado el principio de inmediatez que requiere este tipo de acciones constitucionales. extra\u00f1a a esta defensa que la accionante mencione que existe una fragrante vulneraci\u00f3n al debido proceso al no conceder el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, pues recu\u00e9rdese que el recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n presentado el 13 de octubre de 2022, fue rechazado por extempor\u00e1neo y consecuencia de ello, el recurso de alzada, tendr\u00e1 la misma suerte\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo, porque \u00ablas \u201cirregularidades\u201d que denunci\u00f3 la accionante se habr\u00edan materializado (si es que en efecto merecen ese calificativo), con motivo de no hab\u00e9rsele notificado, por correo electr\u00f3nico, los autos de 2 de noviembre de 2021, 17 de enero de 2022 y 13 de julio de 2022, providencias que fueron dictadas y notificadas m\u00e1s de 6 meses antes de la fecha en que se formul\u00f3 la solicitud de amparo en estudio (20 de abril de 2023)\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, recrimin\u00f3 que \u00abno olvida la Sala que con la demanda de tutela tambi\u00e9n se reclam\u00f3 que se declarara la nulidad de lo actuado (no dijo desde que etapa procesal) en el proceso verbal del que conoce la autoridad accionada. Tal prop\u00f3sito resulta inatendible porque el primer llamado a pronunciarse sobre la invalidaci\u00f3n procesal, y previa invocaci\u00f3n de parte, es el juez natural accionado. Pese a ello, el expediente no refleja que la aqu\u00ed accionante hubiera hecho la respectiva solicitud de declaraci\u00f3n de nulidad procesal ante la Delegatura en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la sociedad accionante recurri\u00f3 la precitada providencia, porque \u00abes una sentencia que crea inseguridad jur\u00eddica en su parte resolutiva (vac\u00eda) no precisa lo contemplado en los art\u00edculos 30 y 31 del Decreto 2591 de 1991, e induce en error respecto al ejercicio de los mecanismos y recursos pertinentes (\u2026) [adem\u00e1s de que] no se realiza un an\u00e1lisis de fondo respecto al cumplimiento del proceso administrativo (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor que inici\u00f3 la sociedad actora (rad. n.\u00ba 21-317229), por, supuestamente, no efectuar la notificaci\u00f3n de los pronunciamientos dictados en esa causa, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC, C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las premisas que anteceden, advierte la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas por la entidad accionante, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Sin embargo, aun cuando ese embate no fue expuesto en esa causa \u2013pues, a pesar de haber comparecido, no solicit\u00f3 la invalidaci\u00f3n de ese proceso y ni siquiera esclareci\u00f3 desde qu\u00e9 etapa avizor\u00f3 la supuesta irregularidad, aspectos indicativos de la incuria y desatenci\u00f3n en el seguimiento del caso, suficientes para resolver negativamente la tutela\u2013, verificado el tr\u00e1mite, se pudo constatar que las decisiones se publicaron a trav\u00e9s de estados electr\u00f3nicos, de la siguiente manera: <\/p>\n
(i) La que resolvi\u00f3 las excepciones previas formuladas por su contraparte y fij\u00f3 fecha para audiencia inicial (22 de marzo de 2022), notificada por estado n.\u00ba 51 del d\u00eda siguiente2. <\/p>\n
(ii) La que impuso sanci\u00f3n de cinco (5) SMMLV, tanto a la sociedad como a su mandatario, por la inasistencia (13 de julio siguiente), notificada por estado n.\u00ba 126 posterior3. <\/p>\n
(iii) La que cit\u00f3 a la diligencia de juzgamiento (en la misma data) \u2013en la que se declar\u00f3 la prosperidad de las defensas de la pasiva y se neg\u00f3 el petitum\u2013, notificada en id\u00e9ntico estado4. <\/p>\n
(vi) La que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas (21 de septiembre de ese a\u00f1o); notificada por estado n.\u00ba 174 del d\u00eda consecutivo5. <\/p>\n
(vi) La que rechaz\u00f3 de plano la reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n que present\u00f3 la sociedad actora \u2013varios meses despu\u00e9s\u2013 contra el auto que estableci\u00f3 la amonestaci\u00f3n (12 de diciembre posterior); notificada por estado n.\u00ba 2286; entre otras. <\/p>\n
En ese orden, no es de recibo cuestionar a la autoridad convocada por no haber enviado la notificaci\u00f3n por estado a los correos electr\u00f3nicos de la sociedad demandante y\/o de su apoderado judicial, porque, como lo ha dicho y reiterado esta Corporaci\u00f3n, no es ese el entendimiento que se deriva de las disposiciones que regulan el tema, pues mientras la publicidad de tales actos se realice por los canales estatuidos para tal efecto, los funcionarios no desconocen las garant\u00edas superiores de defensa y contradicci\u00f3n que entra\u00f1an el debido proceso. <\/p>\n
Lo anterior, m\u00e1xime si, como en el sub-ex\u00e1mine, la entidad censora actu\u00f3, en un principio, en el proceso que ella misma promovi\u00f37, atendiendo los llamados enterados a trav\u00e9s de la misma modalidad \u2013estados electr\u00f3nicos, los que ahora denuncia por insuficientes\u2013, sin que para ese momento revelara inconformidad alguna, luego, lo que se evidenci\u00f3, fue el total desprendimiento del caso. <\/p>\n
3.2. Por ello, en situaciones como la del sub-lite, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun.). <\/p>\n
3.3. De otra parte, se proh\u00edja la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el tribunal a quo frente al reproche por la falta de concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n respecto al auto que impuso la multa por la inasistencia a la audiencia inicial, ya que tampoco present\u00f3 recurso. Recu\u00e9rdese que, acorde con el criterio de esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
3.4. Finalmente, sobre la solicitud de que se \u00absuspendan y\/o anulen\u00bb la multa e intereses que eventualmente se hubieren podido causar en el cobro persuasivo iniciado por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, la Sala precisa que cualquier requerimiento podr\u00e1 plantearse en debida forma \u2013y atendiendo las oportunidades de ley\u2013 ante esa autoridad, pues, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir actuaciones que competen a los interesados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela propuesta, ya que no se acredit\u00f3 la existencia de una amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Disponible en: https:\/\/www.sic.gov.co\/sites\/default\/files\/estados\/032022\/ESTADO%20051.pdf <\/A><\/p>\n 3\u0002 Disponible en: https:\/\/www.sic.gov.co\/sites\/default\/files\/estados\/072022\/ESTADO%20126.pdf <\/A><\/p>\n 4\u0002 \u00cfdem. <\/p>\n 5\u0002 Disponible en: https:\/\/www.sic.gov.co\/sites\/default\/files\/estados\/092022\/ESTADO%20174.pdf <\/A><\/p>\n