STC4976-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4968-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00531-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 29 de marzo de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Manuel \u00c1ngel Orozco Valencia contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Primera de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Quince Laboral de la misma ciudad y a Colpensiones S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante demand\u00f3 al ISS -Hoy Colpensiones S.A.-, para que le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de invalidez, a partir del 3 de septiembre de 2007, pretensiones que fueron negadas por el Juzgado Quince Laboral de Medell\u00edn, providencia que fue confirmada por la Sala Primera de Descongesti\u00f3n Laboral de esa ciudad el 16 de octubre de 2012, porque no se acredit\u00f3 que en los 3 a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez se hubieran cotizado las 50 semanas exigidas en la normativa aplicable. <\/p>\n
2.2. El 9 de septiembre de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el fallo del ad quem, porque no tuvo en cuenta que, al no ser presentada la novedad de terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral del afiliado a partir del 30 de julio de 2004, fecha hasta la cual el actor ten\u00eda cotizaciones, correspond\u00eda al ISS adelantar las acciones de cobro de los aportes de los ciclos siguientes, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 24 de la Ley 100 de 1993, pero no lo hizo, situaci\u00f3n que, en principio, permit\u00eda acreditar la mora en los pagos pertinentes. <\/p>\n
No obstante, como no hab\u00eda certeza de las cotizaciones realizadas en el respectivo periodo, orden\u00f3 a Colpensiones que allegara la constancia del retiro del servicio del trabajador o, en su defecto, las actuaciones de cobro realizadas; a la empresa Tierra Nueva Andina y\/o a Luz Gabriela Arango Su\u00e1rez, para que aportara certificaci\u00f3n de los contratos de trabajo del demandante, los comprobantes de n\u00f3mina y las liquidaciones; y al actor para que remitiera los soportes de las relaciones laborales alegadas, en las que sustent\u00f3 la mora del empleador en el pago de los aportes. <\/p>\n
2.3. El 27 de abril de 2022, la Sala accionada dict\u00f3 sentencia, confirmando el fallo de primera instancia, que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. El tutelante cuestiona que le hayan requerido una constancia que no pose\u00eda, para probar la relaci\u00f3n laboral que ten\u00eda despu\u00e9s del 30 de julio de 2004, imponi\u00e9ndole una carga que deb\u00eda cumplir el empleador y exigi\u00e9ndole una informaci\u00f3n que reposaba en el ISS. Asevera que es un sujeto de especial protecci\u00f3n, con 88 a\u00f1os y sin ingresos. <\/p>\n
4. Por lo anterior, pide que se revoque la sentencia CSJ SL1992-2022 y se conceda la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n e indic\u00f3 esta no era una instancia para controvertir asuntos resueltos por el juez natural. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Laboral de Medell\u00edn advirti\u00f3 que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela no se pueden desconocer las normas aplicables al asunto. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS afirm\u00f3 que no intervino en el proceso laboral censurado y que era Colpensiones la entidad responsable del r\u00e9gimen de prima media. <\/p>\n
4. Colpensiones sostuvo que la tutela no cumpl\u00eda con las causales de procedibilidad contra providencias judiciales, que no vulner\u00f3 derecho alguno y que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n se sustent\u00f3 razonadamente, destacando que, pese a las condiciones personales reportadas por el gestor, la tutela no estaba llamada a prosperar, porque no se acredit\u00f3 la relaci\u00f3n laboral necesaria para establecer la mora en el pago de los aportes que fue alegada en el juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor enfatiz\u00f3 que le correspond\u00eda al empleador y al fondo de pensiones desvirtuar la relaci\u00f3n laboral referida en la demanda y no al empleado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante censura la sentencia CSJ SL1922-2022, pues considera que se le exigi\u00f3 acreditar un requisito que debi\u00f3 demostrar el empleador y el fondo de pensiones. <\/p>\n
2. Revisada la decisi\u00f3n cuestionada, se advierte que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada precis\u00f3, en primer lugar, que no hab\u00eda discusi\u00f3n sobre que: i) el actor ten\u00eda una p\u00e9rdida en la capacidad laboral del 50.98%, dictaminada a partir del 3 de agosto de 2007; ii) el asunto se reg\u00eda por la Ley 860 de 2003, que exige haber cotizado 50 semanas en los 3 a\u00f1os anteriores a la p\u00e9rdida de la fuerza de trabajo; iii) la sociedad Tierra Nueva de los Andes Ltda. report\u00f3 la novedad de retiro del Sistema de Seguridad Social del demandante el 6 de diciembre de 1996; iv) la \u00faltima semana cotizada fue de julio de 2004; v) en la sentencia de casaci\u00f3n se estableci\u00f3 que la interrupci\u00f3n de pagos puede obedecer al retiro del servicio o al incumplimiento del empleador, en cuyo caso el fondo de pensiones deb\u00eda exigir que se hicieran los abonos pertinentes, pero, ante las dudas sobre la existencia de esa relaci\u00f3n, se decretaron las pruebas pertinentes. <\/p>\n
2.1. En torno a las evidencias allegadas por el accionante, la Sala determin\u00f3 que eran las mismas de la demanda inicial, esto es, las planillas de pago expedidas con el nombre de \u00abCULTIVOS TIERRA NUEVA ANDINA\u00bb a favor del demandante, fechadas entre el 2 de junio de 2007 y diciembre de 2008, destacando que, como la invalidez se estructur\u00f3 el 3 de agosto de 2007, estas no eran suficientes para acreditar las 50 semanas en los 3 a\u00f1os anteriores a esa fecha. <\/p>\n
2.2. En cuanto a la informaci\u00f3n allegada por Colpensiones, en el sentido de que no hab\u00eda registros de la relaci\u00f3n laboral de la aportante Luz Gabriela Arango Su\u00e1rez frente al accionante, que el \u00faltimo pago por ella realizado fue en julio de 2004 y que, por la falta de prueba de ese v\u00ednculo, no pod\u00eda requerirla por la mora, la Sala accionada determin\u00f3 que ese era un argumento nuevo de defensa que no exim\u00eda a la entidad de exigir el pago pendiente; no obstante, al no existir prueba alguna sobre la relaci\u00f3n laboral del accionante con posterioridad al 30 de julio de 2004 y no haberse esclarecido la duda razonable de la Sala, pese a que ejerci\u00f3 sus facultades oficiosas para encontrar la prueba echada de menos, mal pod\u00eda declarar la mora en el pago de los aportes, para poder tener por acreditada la cotizaci\u00f3n de las 50 semanas necesarias para acceder a la pensi\u00f3n pretendida. <\/p>\n
En ese sentido, record\u00f3 que el reconocimiento de la mora en el pago de los aportes debe estar soportado en los tiempos de servicio efectivamente laborados, para evitar la concesi\u00f3n de pensiones a las cuales no se tenga derecho, cuesti\u00f3n que no se demostr\u00f3 en ese caso. <\/p>\n
3. Analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en la normatividad y en la jurisprudencia de la Sala, as\u00ed como en un an\u00e1lisis motivado de las pruebas aportadas. <\/p>\n
En ese sentido se destaca que, con el fin de esclarecer las dudas sobre si realmente hubo alguna prestaci\u00f3n de servicios en los 3 a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral y la mora del empleador en el pago de los aportes, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ejerci\u00f3 sus facultades oficiosas y requiri\u00f3 pruebas al tutelante, al fondo de pensiones y al empleador, pero no logr\u00f3 establecer, siquiera bajo una inferencia plausible, el presunto v\u00ednculo laboral, presupuesto m\u00ednimo para poder reconocer la prestaci\u00f3n pretendida y la alegada mora, de manera que no es posible, v\u00eda tutela, subsanar esa omisi\u00f3n ni sustituir el an\u00e1lisis razonado que realiz\u00f3 el juez natural. <\/p>\n
En ese orden, no cabe duda de que, entre el fallo controvertido y lo argumentado por el accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como un \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del caso, mucho menos para imponer el criterio del actor sobre el tema y frente a la valoraci\u00f3n de las actuaciones surtidas y de las evidencias allegadas. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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