STC4979-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4979-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01847-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Salazar Castillo, quien dice actuar como apoderado de Consultores RSIG Monta\u00f1a Ardila S.A.S., contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Consultores RSIG Monta\u00f1a Ardila S.A.S., el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Servi Industriales & Mercadeo S.A.S., Mar\u00eda Aleyda Rubio P\u00e9rez y Jorge Vargas Camacho. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quien dice representar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Aleyda Rubio P\u00e9rez y Jorge Vargas Camacho promovieron una demanda ejecutiva contra Consultores RSIG Monta\u00f1a Ardila S.A.S., para obtener el cumplimiento del pago del precio del contrato de cesi\u00f3n sobre el 60% de las acciones de Servi Industriales & Mercadeo S.A.S., celebrado entre los demandantes, como cedentes, y la sociedad ejecutada, en calidad de cesionaria. <\/p>\n
2.2. Librado el mandamiento de pago, la demandada propuso como excepci\u00f3n la \u00abexistencia de pacto arbitral entre las partes\u00bb y, por auto del 20 de mayo de 2022, el Juzgado convocado la declar\u00f3 probada, revoc\u00f3 la orden de apremio y rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
3. El tutelante se\u00f1ala que la Corporaci\u00f3n accionada cometi\u00f3 un error al declarar que la controversia no pod\u00eda adelantarse por la v\u00eda del arbitraje y \u00abdej\u00f3 de lado cualquier cuestionamiento de cara a la exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo base de la ejecuci\u00f3n\u00bb, pese a que el contrato no es exigible, dado que los demandantes no cumplieron con sus obligaciones, al omitir el pago de las acciones que pretendieron ceder. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretende que se revoque la providencia del 19 de diciembre de 2022 y se ordene a la Sala accionada confirmar el auto del 20 de mayo anterior. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala accionada se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada es producto de la aplicaci\u00f3n razonable de la jurisprudencia y de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado convocado indic\u00f3 que en el tr\u00e1mite del proceso no vulner\u00f3 prerrogativa alguna a las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Quien adujo ser el apoderado de los demandantes en el proceso cuestionado solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, por falta de relevancia constitucional e inexistencia de los defectos alegados. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Consultores RSIG Monta\u00f1a Ardila S.A.S., que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto del 19 de diciembre de 2022, que orden\u00f3 al a quo continuar con el tr\u00e1mite del proceso 2021-00170. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que el promotor no acredit\u00f3 la legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2.1. Referente a esta figura, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, la Corte Constitucional tiene decantado que las personas jur\u00eddicas tambi\u00e9n son titulares de algunos derechos fundamentales, los cuales pueden ser desconocidos por las autoridades o por particulares, lo que hace viable el escenario de la tutela para la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas, en forma independiente de quienes la integran y en su representaci\u00f3n. En esos t\u00e9rminos, en la sentencia SU-439 de 2017, la Corte precis\u00f3 que tutela promovida por persona jur\u00eddica puede presentarse por sus representantes legales \u00abo trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
2.3. Para el caso concreto, el tutelante, quien pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Consultores RSIG Monta\u00f1a Ardila S.A.S., si bien alleg\u00f3 poder especial para actuar en nombre de esa sociedad, otorgado por quien dice ser su representante legal, y adjunt\u00f3 un certificado actualizado de C\u00e1mara de Comercio, dicho documento no registra a la persona que ejerce la aludida representaci\u00f3n, lo que impide verificar que la poderdante est\u00e9 facultada para actuar en esa condici\u00f3n, de manera que el ruego es improcedente, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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