STC4981-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4981-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01909-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Rafael Amaya Rodr\u00edguez contra la Sala de Conjueces de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de San Gil y Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Charal\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2020-00008. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor -a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2. Ante el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Charal\u00e1 se adelant\u00f3 el proceso compulsivo referido, promovido por Jorge Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez contra los herederos de Gerardo Amaya Amaya y Beatriz Rodr\u00edguez de Amaya, con fundamento en cinco letras de cambio giradas en blanco. El estrado judicial -con auto del 6 de marzo de 20201- libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2.1. Luego, la autoridad judicial atacada -con prove\u00eddo del 24 de junio de 20222- declar\u00f3 no probadas las excepciones de falsedad en documento privado, fraude procesal y prescripci\u00f3n. Y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Inconforme, la parte vencida interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La Sala de Conjueces de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de San Gil -con providencia del 14 de marzo del a\u00f1o en curso3- resolvi\u00f3 confirmar lo decidido por el a quo. <\/p>\n
2.3. El promotor aduce que las accionadas incurrieron en defectos f\u00e1ctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, por cuanto no tuvieron en cuenta que hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n el 27 de marzo de 2005 frente a la primera letra de cambio y el 17 de marzo de 2007 respecto de las cuatro restantes. Adem\u00e1s, reprocha que no verificaron el contrato de compraventa aportado que evidenciaba que la deuda hab\u00eda sido cancelada. Sostiene que, con lo decidido, se le caus\u00f3 un perjuicio irremediable y se afect\u00f3 su buen nombre. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se les ordene a las autoridades atacadas que dejen sin efecto las providencias proferidas dentro de la causa natural. Y, en este orden, que emitan un nuevo pronunciamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil4 se pronunci\u00f3 de cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acaecida dentro de la causa, manifestando que remit\u00eda copia de la sentencia confutada que contiene las razones por las cuales fue confirmado el prove\u00eddo atacado. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Charal\u00e15 apuntal\u00f3 que el promotor busca crear una tercera instancia, lo cual est\u00e1 prohibido por la jurisprudencia patria. De igual forma, enrostr\u00f3 que las determinaciones de instancia se basaron en las normas, doctrina y precedente aplicable. <\/p>\n
3. Jorge Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez6 se refiri\u00f3 a los hechos esbozados en el libelo genitor y solicit\u00f3 que fuera declarado improcedente el amparo, habida cuenta que no se le cercen\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulner\u00f3 la prebenda fundamental aducida por el actor, con ocasi\u00f3n de los presuntos defectos f\u00e1ctico, sustantivo y desconocimiento del precedente en que incurrieron los jueces naturales. Esto, debido a que no se tuvo en cuenta que hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de las acciones cambiarias y no verificaron el contrato de compraventa que establec\u00eda que la deuda hab\u00eda sido sufragada. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se observa que la autoridad judicial encartada -con auto del 14 de marzo de 2023-7 confirm\u00f3 lo decidido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Charal\u00e1. Para arribar a dicha determinaci\u00f3n, inici\u00f3 por indicar que el problema jur\u00eddico a resolver era si \u00ablos documentos aportados como base de la presente acci\u00f3n ejecutiva (\u2026) contienen una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible, a favor de la demandante y a cargo de la demandada, a la luz de lo dispuesto en los art\u00edculos 422 del CGP, 621 y 709 del C\u00f3digo de Comercio y adem\u00e1s analizar si las excepciones propuestas (\u2026) est\u00e1n llamadas a prosperar\u00bb. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, luego de resaltar lo estipulado por los art\u00edculos 619, 622, 625 y 626 del C\u00f3digo de Comercio en relaci\u00f3n con los elementos de los t\u00edtulos valores y las condiciones especiales que deben presentarse cuando el mismo se encuentra en blanco, enrostr\u00f3 que <\/p>\n
\u2026las letras de cambio base de la ejecuci\u00f3n\u2026 se puede concluir que en efecto, re\u00fanen los requisitos exigidos por la ley comercial, en raz\u00f3n a que dentro de los t\u00edtulos ejecutivos allegados se encuentra determinada la orden de pagar dichas sumas a favor de la parte demandante, as\u00ed mismo, tiene la fecha de vencimiento, y tiene la firma de quienes suscribieron el t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, analizando la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta, habiendo tra\u00eddo a colaci\u00f3n cierta jurisprudencia y doctrina, apuntal\u00f3 que: <\/p>\n
La demanda se interpuso el d\u00eda 20 de febrero de 2020, y el mandamiento de pago se libr\u00f3 el d\u00eda 06 de marzo de 2020, revisado el tr\u00e1mite procesal: La primera letra de cambio se suscribi\u00f3 el d\u00eda 26 de marzo de 2001 por valor de $25.000.000.oo con fecha de vencimiento 04 de abril de 2017, lo que permit\u00eda una ejecuci\u00f3n de 3 a\u00f1os posteriores al vencimiento, hecho que se extiende a los dem\u00e1s t\u00edtulos valores que fueron ejecutados dentro de los tres a\u00f1os que establece la ley que ten\u00edan fecha de exigibilidad: Los meses de julio de 2017, octubre de 2017, enero de 2018 y abril de 2018 respectivamente, por ende son estas fechas las que deb\u00edan tenerse en cuenta para alegarse la prescripci\u00f3n, la que tal como reza en la ley no operar\u00eda luego de que la parte demandante se notifica el 3 de mayo de 2021 y procede a la contestaci\u00f3n proponiendo excepciones de m\u00e9rito el d\u00eda 18 de mayo de 2021, fechas para las cuales estaba vigente la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abes claro que el recurso de alzada no prosperar\u00e1. As\u00ed las cosas, no se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, para esta Corporaci\u00f3n la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable8. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema debatido. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente la salvaguarda rogada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela reclamada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c005 AUTO LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-11, archivo \u201c030 SENTENCIA EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-20, archivo \u201c22SENTENCIA CONFIRMA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cOFICIO 2198\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020230190900-0012Oficio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-5, archivo \u201c11001020300020230190900-0014Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-20, archivo \u201c22SENTENCIA%20CONFIRMA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cvalido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128) <\/p>\n
1 <\/p>\n
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