STC4982-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4982-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01927-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Leoncio Villa Pel\u00e1ez, quien dice actuar como representante legal de Agropecuaria Piedras Blancas S.A.S., contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013Territorial C\u00f3rdoba-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Agropecuaria Piedra Blanca S.A.S. y a Jos\u00e9 de las Mercedes Rojas L\u00f3pez. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de los derechos fundamentales de quien dice representar al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al trabajo y a la propiedad privada, presuntamente vulnerador en el proceso de radicado 23001312100220170014500 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 de las Mercedes Rojas L\u00f3pez present\u00f3 una solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras sobre el predio denominado \u00abLa Carajada\u00bb, ubicado en el municipio Tierralta, departamento de C\u00f3rdoba. <\/p>\n
2.2. Durante el tr\u00e1mite adelantado por el Juzgado accionado, se vincul\u00f3 a Agropecuaria Piedra Blanca S.A.S., como propietaria inscrita del mencionado inmueble, la cual present\u00f3 oposici\u00f3n, alegando que lo hab\u00eda adquirido de buena fe. <\/p>\n
2.3. Remitido el proceso a la Sala accionada, mediante sentencia del 13 de abril de 2023, protegi\u00f3 el derecho fundamental de la restituci\u00f3n de tierras del solicitante y su c\u00f3nyuge, declar\u00f3 no probada la oposici\u00f3n y no accedi\u00f3 a medida alguna de compensaci\u00f3n, ni al reconocimiento de mejoras en favor de la opositora, desvirtuando tambi\u00e9n su calidad de segundo ocupante y ordenando la entrega del predio. <\/p>\n
3. El tutelante se\u00f1al\u00f3 que Agropecuaria Piedra Blanca S.A.S. compr\u00f3, de buena fe y con justo precio, el bien objeto de litis en el 2010 a Ram\u00f3n Serna, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad por los hechos de despojo del reclamante, ocurridos mucho antes de esa adquisici\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que, desde la compra, esa sociedad ha sido la \u00fanica due\u00f1a y poseedora, pero los accionados desconocieron la prueba documental y testimonial que as\u00ed lo acreditaba. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se declare probada su oposici\u00f3n \u00abrespecto a 580 hect\u00e1reas de la finca la chivera englobada en las escrituras N 979 del 14 de noviembre de 2001, as\u00ed como la del predio llamado la carajada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala accionada se\u00f1al\u00f3 que se aten\u00eda a lo que constara en el expediente y destac\u00f3 que Agropecuaria Piedra Blanca S.A.S. no alleg\u00f3 prueba de que su actuar estuviera bajo los postulados de la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2. El Juzgado convocado indic\u00f3 que fueron garantizados los derechos de las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD \u2013 y el Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica solicitaron su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi inform\u00f3 que recibi\u00f3 notificaci\u00f3n de la sentencia cuestionada y le respondi\u00f3 al Tribunal que no le era posible realizar la actualizaci\u00f3n de los registros alfanum\u00e9ricos y cartogr\u00e1ficos. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional C\u00f3rdoba inform\u00f3 que se limit\u00f3 a acatar lo ordenado por el Tribunal accionado, y, la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda remiti\u00f3 el \u00abCertificado de libertad y tradici\u00f3n simple 140-113541\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Agropecuaria Piedra Blanca S.A.S. y que se declare la prosperidad de la oposici\u00f3n presentada en el proceso 2017-00145. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que el promotor no acredit\u00f3 la legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2.1. Referente a esta figura, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, la Corte Constitucional tiene decantado que las personas jur\u00eddicas tambi\u00e9n son titulares de algunos derechos fundamentales, los cuales pueden ser desconocidos por las autoridades o por particulares, lo que hace viable el escenario de la tutela para la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas, en forma independiente de quienes la integran y en su representaci\u00f3n. En esos t\u00e9rminos, en la sentencia SU-439 de 2017, la Corte precis\u00f3 que tutela promovida por persona jur\u00eddica puede presentarse por sus representantes legales \u00abo trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Agropecuaria Piedra Blanca S.A.S., aduciendo ser el representante legal de esa sociedad, no obstante, no alleg\u00f3 un certificado de la C\u00e1mara de Comercio de la sociedad vigente, que permita establecer la condici\u00f3n en la dice actuar, pues el aportado es del 26 de febrero de 20201, lo que impide verificar la vigencia de lo all\u00ed consignado. En ese sentido, esta Sala, al resolver un asunto similar, consider\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) se advierte la improcedencia de la salvaguarda, por falta de legitimaci\u00f3n del se\u00f1or (\u2026), en tanto no aport\u00f3 con la tutela el certificado vigente de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente asunto, como se indic\u00f3, el tutelante no aport\u00f3 un certificado actual que acredite la condici\u00f3n en la que concurri\u00f3 a esta instancia, para defender los derechos de la sociedad The Epica House (CSJ STC2277-2022. En similar sentido: CSJ STC8335-2022 y CSJ STC11859-2022). <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 189 de la demanda. <\/p>\n
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