STC4984-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4984-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00104-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 2 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Alberto Agudelo Sucerquia contra el Juzgado Doce de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito alimentario radicado bajo el n\u00b0 2004-00511. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada al no disponer la devoluci\u00f3n de dineros descontados por concepto de cuotas alimentarias para su hijo mayor. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que mediante acuerdo conciliatorio celebrado con Francy Teresa Zuluaga Orozco y aprobado por el Juzgado Doce de Familia de Medell\u00edn el 29 de noviembre de 2004, a favor de su hijo Santiago Agudelo Zuluaga -actualmente mayor de edad-, se estableci\u00f3 cuota alimentaria a su cargo, en la suma equivalente al \u00ab40% de mi salario mensual, prestaciones sociales y liquidaci\u00f3n parcial o definitiva de las cesant\u00edas que devengaba como suboficial del Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb. <\/p>\n
Que pese a que \u00abel 26 de agosto de 2016, el alimentario Santiago Agudelo Zuluaga cumpli\u00f3 los 18 a\u00f1os de edad, no estaba estudiando y gracias a Dios no tiene ning\u00fan impedimento f\u00edsico ni mental, [y] al menos desde el 12\/06\/2018 estaba trabajando (\u2026), el despacho continu\u00f3 autorizando el pago de los t\u00edtulos judiciales, sin exigirle que acreditara su condici\u00f3n de estudiante como requisito sine qua non para [ello]\u00bb; adicionalmente, dispuso \u00abel pago de los t\u00edtulos a favor de la se\u00f1ora Francy Teresa Zuluaga Orozco, siendo que ya Santiago era mayor de edad y pod\u00eda representarse s\u00f3lo\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abcon fecha 13 de junio de 2022\u00bb le solicit\u00f3 al juzgado copia de los documentos que dieran cuenta de que el alimentario se encontraba estudiando, de las autorizaciones emitidas para el cobro de las mesadas, una relaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos existentes a orden del referido asunto, y \u00abque autorizara el pago a [su] favor, de todos los t\u00edtulos judiciales constituidos y no pagados hasta esa fecha, pero el despacho neg\u00f3 el pago a mi favor\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 19-abr-2022, le solicit\u00e9 al Juzgado la devoluci\u00f3n de t\u00edtulos\u00bb, reiter\u00e1ndola \u00abel 24-may-2022 [y] 13-jun-2022\u00bb, recibiendo respuesta negativa \u00abel 12-jul-2022\u00bb, bajo el argumento de que \u00abno hab\u00eda t\u00edtulos a mi favor\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abel 18-jul-2022, se interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n contra el auto del 12 de julio que neg\u00f3 la devoluci\u00f3n. El 18-ago-2022, el juzgado se pronunci\u00f3 resolviendo algunas inquietudes (\u2026), neg\u00f3 la reposici\u00f3n y (\u2026) el recurso de apelaci\u00f3n por improcedente (\u2026)\u00bb, por lo que agot\u00f3 los recursos interponiendo el \u00abde queja en subsidio al de reposici\u00f3n contra el auto del 18 de agosto de 2022, pero el despacho no se pronunci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 30-mar-2023, basado en la relaci\u00f3n de t\u00edtulos que me alleg\u00f3 el Banco Agrario, en donde hay 23 t\u00edtulos sin orden de pago, le solicit\u00e9 nuevamente al despacho que ordenara la devoluci\u00f3n de los mismos a favor del suscrito, y el 31-mar-2023, el juzgado es un escueto mensaje me respondi\u00f3 lo siguiente: \u201cLe informo que en este proceso no existen t\u00edtulos a su favor\u201d\u00bb, por lo que se pregunta por la destinaci\u00f3n que habr\u00e1 de darse a \u00ab23 t\u00edtulos judiciales constituidos [y] pendientes de pagar\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse le ordene al despacho la devoluci\u00f3n a mi favor de la suma de $14.136.030 que corresponde a 6 t\u00edtulos del a\u00f1o 2020, 14 del a\u00f1o 2021 y 3 del a\u00f1o 2022\u00bb, y, \u00abla devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos que [pag\u00f3 a la parte demandante] de forma irregular, porque omiti\u00f3 exigir la acreditaci\u00f3n de estudiante, [los cuales] corresponden a los descuentos que me hicieron desde el mes de septiembre de 2016 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Doce de Familia de Medell\u00edn, inform\u00f3 que \u00abentreg\u00f3 a la se\u00f1ora Francy Teresa Zuluaga Orozco los respectivos dineros (\u2026), posteriormente al no existir restricci\u00f3n alguna, el 5 de julio del a\u00f1o 2019 el joven Santiago Agudelo Zuluaga autoriza expresamente para que sea su progenitora quien reclama en el juzgado y cobre en el Banco Agrario (\u2026), lo anterior, teniendo en cuenta que continuaba el derecho a los alimentos fijados y no exist\u00eda acuerdo o sentencia de exoneraci\u00f3n de alimentos que impidiera dicha entrega\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abpor el solo hecho de que Santiago Agudelo Zuluaga hubiese arribado a la mayor\u00eda de edad, no cesa para \u00e9l el derecho a recibir alimentos de su padre, pues no existe en nuestra codificaci\u00f3n, que el derecho termina por cumplimiento de la mayor\u00eda de edad del alimentario ni tampoco el deber del despacho de exigir la acreditaci\u00f3n de certificado de estudio del mismo, por el contrario, era carga exclusiva de su progenitor, iniciar un proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb, y que adelantado este, (rad. 2021-00503), con \u00absentencia emitida por esta funcionaria el 7 de abril de 2022 (\u2026), se acept\u00f3 el consentimiento entre [las partes], sobre la exoneraci\u00f3n (\u2026), y como consecuencia de ello, los dep\u00f3sitos judiciales consignados a partir de esa fecha en la cuenta de este despacho fueron devueltos [al se\u00f1or] Agudelo Sucerquia\u00bb. <\/p>\n
Frente a \u00abla devoluci\u00f3n [al accionante] de la suma de $14.136.036\u00bb, afirm\u00f3 que esta \u00abfue consignada en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales de este despacho y autorizada al alimentario antes que fuera exonerado por su progenitor\u00bb, no obstante, tales dineros \u00abno han sido cobrados por el beneficiario a [quien] le fueron debidamente autorizados\u00bb, puesto que el derecho a recibir alimentos \u00abces\u00f3 con la sentencia de exoneraci\u00f3n proferida por este mismo despacho en el mes de abril de 2022 y no antes, como parece entenderlo el padre\u00bb. <\/p>\n
2. Santiago Agudelo Zuluaga, solicit\u00f3 \u00abvaliden mis derechos y en consecuencia se proceda a entregar dineros a los que tenga derecho en el juzgado, de igual manera manifiesto no me encuentro estudiando debido a que no cuento con las condiciones econ\u00f3micas para estudiar, nunca eh tenido el apoyo de mis progenitores para hacer estudios superiores, por tal motivo solicito se me entreguen los dineros correspondientes a la cuota alimentaria en el juzgado 12 de familia\u00bb. Esta manifestaci\u00f3n la coadyuv\u00f3 Francy Teresa Zuluaga Orozco, madre del alimentario e inicial demandante en el litigio objeto de la actual cr\u00edtica. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la actuaci\u00f3n del accionado \u00abno se torna caprichosa ni arbitraria\u00bb, sino que la misma se ajusta a la normativa y jurisprudencia aplicable, en tanto que \u00abla cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliaci\u00f3n o en acuerdo privado no se extingue de plano por el mero hecho de que los alimentarios alcancen la mayor\u00eda de edad, no se encuentren estudiando ni laborando, como lo entiende el accionante, por el contrario se requiere que, el alimentario exonere al alimentante de dicha obligaci\u00f3n o se profiera sentencia judicial por el funcionario que la fij\u00f3 declar\u00e1ndola extinguida y, por ende, exoner\u00e1ndolo de seguir suministrando la misma, siempre y cuando en el juicio se acredite que han variado las circunstancias que sirvieron para su fijaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, asegur\u00f3 que como el accionante promovi\u00f3 la demanda de exoneraci\u00f3n y obtuvo fallo favorable el 7 de abril de 2022 \u00abno puede pretender ahora que a trav\u00e9s de la solicitud de amparo, se ordene la devoluci\u00f3n de los dineros causados a favor del alimentario a partir de agosto de 2016, cuando su hijo Santiago, lleg\u00f3 a la mayor\u00eda de edad, porque los efectos de la sentencia aludida se causan a partir del momento en que fue exonerado, luego, no procede la entrega de dineros consignados con anterioridad a esa fecha, porque le pertenecen a aqu\u00e9l\u00bb. Por lo dem\u00e1s, no advirti\u00f3 irregularidad alguna en el hecho de que la madre del alimentario hubiera cobrado algunas mesadas, porque para ello se hallaba debidamente autorizada por el beneficiario de tal prestaci\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del auxilio para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de inmediatez, y de superarse lo anterior, si al interior del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 2004-00511, si el Juzgado Doce de Familia de Medell\u00edn vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al no acceder a la entrega de dep\u00f3sitos a t\u00edtulo de \u00abdevoluci\u00f3n\u00bb de mesadas alimentarias. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, lo que implica actuar oportuna y adecuadamente. Ello, toda vez que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de protecci\u00f3n de sus derechos, pues esta no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo deprecado, precisando que lo ser\u00e1 en raz\u00f3n a su improcedencia porque incumple el requisito gen\u00e9rico de la inmediatez. <\/p>\n
Ciertamente, el expediente digital contentivo del pleito con radicaci\u00f3n n\u00b0 2004-00511, da cuenta de que, mediante prove\u00eddo del 12 de julio de 2022, el juzgado respondi\u00f3 negativamente a la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales consignados para dicho asunto, as\u00ed como a la \u00abdevoluci\u00f3n\u00bb de las cuotas pagadas a su hijo luego de que este rebasara su minor\u00eda de edad, porque, en suma, la obligaci\u00f3n alimentaria se mantuvo vigente hasta la ejecutoria del fallo que declar\u00f3 la exoneraci\u00f3n, lo cual aconteci\u00f3 el 7 de abril de 2022. <\/p>\n
Ahora, como la anterior decisi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume tras haberse resuelto el \u00fanico recurso ordinario de que era susceptible por tratarse de proceso tramitado en \u00fanica instancia, esto es, el de reposici\u00f3n, se establece que entre el 19 de agosto de 2022 -data en la que se notific\u00f3 por estado el auto que lo desat\u00f3-, y el 14 de abril de 2023 cuando se present\u00f3 esta salvaguarda, transcurri\u00f3 un lapso superior al de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para que el interesado promoviera la acci\u00f3n de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sala, acorde con la constitucional, ha reiterado que la procedencia del ruego tuitivo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales es esencial la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n calificada como como vulneradora de las prerrogativas superiores, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad frente a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC4040-2023, 27 abr., rad. 00121-01). Se subraya. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC2458-2023, 15 mar., rad. 00033-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Ahora, por cuanto el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el lapso fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al referido criterio temporal. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad del promotor que le hubieran impedido acudir oportunamente a este mecanismo. <\/p>\n
En el mismo sentido, se advierte que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no var\u00eda por el hecho de que el accionante extienda su ataque a la respuesta brindada por el despacho accionado el 31 de marzo de 2023, donde se ratific\u00f3 la informaci\u00f3n en el sentido de que a su favor no existen t\u00edtulos pendientes de pago, pues tal actuaci\u00f3n es consecuencia de lo que ya se hab\u00eda definido en la aludida providencia del 12 de julio de 2022, y por ello no habilita el t\u00e9rmino para refutar tal decisi\u00f3n en sede constitucional. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corte ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC, 27, may. 2011, exp. 00096-01, citada entre otras en STC2458-2023, 15 mar., rad. 00033-01). <\/p>\n
Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la desidia para hacer uso oportuno de la acci\u00f3n constitucional, la querellante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pero por desatender el esencial requisito de la inmediatez, advirtiendo que no se configura motivo que justifique la demora en su invocaci\u00f3n y tampoco las indispensables condiciones para otorgarlo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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