STC4985-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4985-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00197-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 5 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lolita Tulia Bol\u00edvar Noguera contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00b0 2022-00245. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al no impulsar el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que instaur\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos contra su c\u00f3nyuge Jos\u00e9 \u00c1ngel De la Rosa Salas, \u00abtoda vez que me incumpli\u00f3 con los pagos mensuales de las obligaciones alimentarias que fueron pactadas por valor de $4.200.000, dentro del acta de conciliaci\u00f3n n\u00famero 769 de fecha 16 de marzo de 2022, suscrita ante la Fundaci\u00f3n Liborio Mej\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Que el 28 de octubre de 2022, \u00abel Juzgado Primero de Familia de Barranquilla, orden\u00f3 oficiar al cajero pagador de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a fin de remitir certificaci\u00f3n de lo que [el demandado] devenga como pensi\u00f3n y mesadas adicionales [as\u00ed] como cu\u00e1les son los descuentos de ley que se le realizan\u00bb, informaci\u00f3n que la referida alleg\u00f3 al juzgado \u00aben fecha 19 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 24 de enero de 2023, mi apoderado judicial radic\u00f3 memorial de impulso procesal (\u2026), solicitando celeridad para decretar el embargo y la retenci\u00f3n de dineros de la mesada pensional del [ejecutado], con el objeto de garantizar las cuotas de mis alimentos que se sigan causando, [y pese a] que en m\u00faltiples ocasiones me he acercado hasta la <\/p>\n
ventanilla de dicho juzgado, y sus funcionarios indican que \u201cla pr\u00f3xima semana le dan tramite a lo que est\u00e1 pendiente\u201d, [no ha dado curso a su pedimento] vulnerando mis derechos fundamentales\u00bb, pues \u00abmi c\u00f3nyuge incumpli\u00f3 ya hace m\u00e1s de un a\u00f1o (\u2026), no tengo trabajo [ni] ingresos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al accionado, \u00aboficiar al pagador de la pensi\u00f3n de vejez del se\u00f1or Jos\u00e9 \u00c1ngel De la Rosa Salas [para] practicar de inmediato el embargo y retenciones de dinero de su mesada pensional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez Primera de Familia de Barranquilla, inform\u00f3 que, en el proceso criticado, \u00abal momento de presentar la presente acci\u00f3n de tutela, el proceso se encontraba al despacho para resolver la solicitud impetrada por la parte accionante y mediante auto del d\u00eda 14 de abril del presente a\u00f1o se resolvi\u00f3 y se incluir\u00e1, a fin de notificarlo, en estado electr\u00f3nico del d\u00eda 25 de abril del 2023, [y que] al ser resuelto lo anterior, y publicado debidamente por estado, pierde su raz\u00f3n de ser la presente acci\u00f3n de tutela por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del ICBF \u2013 Centro Zonal Norte Centro Hist\u00f3rico, refiri\u00f3 lo dispuesto por el querellado mediante prove\u00eddo del 14 de abril de 2023, se\u00f1alando que como aconteci\u00f3 \u00abentre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo\u00bb, configuraba \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, y que, en lo relacionado con el ICBF, este \u00abno ha vulnerado derechos constitucionales [invocados]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al evidenciar que la \u00abafectaci\u00f3n del debido proceso por mora judicial injustificada\u00bb en que incurri\u00f3 el juzgado al no tramitar oportunamente la solicitud de decreto de medidas cautelares reiterada con \u00abmemoriales presentados el 27 de octubre de 2022 y 24 de enero de 2023\u00bb, se super\u00f3 \u00abmediante auto fechado 14 de abril de 2023\u00bb, advirtiendo que tal providencia \u00abdeb\u00eda salir notificada por estado en abril 17 [pero] s\u00f3lo fue notificada por estado electr\u00f3nico No. 058 del 25 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la quejosa para refutar que en este caso \u00abno existe hecho superado\u00bb, porque si bien el juzgado \u00abdecret\u00f3 el embargo y secuestro preventivo (\u2026), s\u00f3lo fue por el cinco por ciento (5%), toda vez que el demandado posee otros descuentos de su n\u00f3mina\u00bb, y con ello, no atendi\u00f3 su pretensi\u00f3n encaminada a que se disponga el pago efectivo su mesada alimentaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la accionante, en particular las derivadas de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, porque no ha resuelto lo atinente a las medidas cautelares solicitadas dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2022-00245. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC15055-2022, 9 nov., rad. 00773-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que la \u00abmora judicial\u00bb endilgada al juzgado de cara al curso de la solicitud de medidas cautelares deprecadas al interior de la ejecuci\u00f3n de alimentos incoada por la ac\u00e1 accionante, fue corregida durante el curso de la acci\u00f3n, espec\u00edficamente a trav\u00e9s del auto notificado por estado electr\u00f3nico del 25 de abril de 2023, mediante el cual se decret\u00f3 \u00abel embargo y secuestro preventivo del cinco por ciento (5%) de la mesada pensional y adicional que devenga [el demandado] como pensionado de Colpensiones\u00bb, y \u00abel embargo y secuestro de las sumas de dinero que tenga o llegase a tener (\u2026), en cuentas de ahorro y corrientes de los diferentes bancos y entidades financieras\u00bb, limitando la medida a \u00ab$18.900.000\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones descritas, sin perjuicio de que la interesada pueda disentir de la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado, para lo cual cuenta con los mecanismos ordinarios que consagra la ley, se establece que con dicha actuaci\u00f3n se otorg\u00f3 el impulso procesal echado de menos, y como tal pronunciamiento se produjo \u00abestando en curso la tutela\u00bb -pues la misma se present\u00f3 a tr\u00e1mite el 20 de abril de 2023 y se notific\u00f3 a la funcionaria acusada al d\u00eda siguiente-, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por constituir una carencia actual de objeto por hecho superado al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagog\u00eda constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que el hecho superado \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, tiene ocurrencia si en el curso del auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Sala ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC5118-2022, 27 abr., rad. 00198-01, y STC1903-2023, 2 mar., rad. 00017-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio, porque las circunstancias descritas como vulneradoras de las prerrogativas invocadas, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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