STC4986-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4986-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2023-00041-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Flor Marina Ruiz Bedoya -quien dijo actuar como personera del municipio de Fredonia y agente oficiosa de Johan Stiven \u00c1lvarez \u00c1lvarez, Eduin David Jim\u00e9nez Piedrahita, Juan Jos\u00e9 Higuita Acevedo, Kevin Alexis Hern\u00e1ndez Granada, Jaime Alberto Fl\u00f3rez Zapata y Jaime Alonso Villa Mazuera- frente al fallo proferido el pasado 12 de abril por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella inco\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de sus agenciados al debido proceso y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada, por rechazar injustificadamente el tr\u00e1mite del reclamo tutelar que promovi\u00f3 en nombre de aquellos. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse anule la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado [accionado]\u2026, tramitando la acci[\u00f3]n en favor de [sus representados]\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. La accionante, como personera del municipio de Fredonia, inco\u00f3 una previa acci\u00f3n de tutela en nombre de sus agenciados contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y el Municipio de Fredonia, cuestionando que aquellos estaban detenidos y hacinados en la estaci\u00f3n de polic\u00eda de ese lugar, dependencias que \u00abno fueron concebidas para la reclusi\u00f3n de personas por periodos prolongados, est\u00e1 comprobado que ni siquiera les pueden garantizar el acceso efectivo a los servicios de agua potable, alimentaci\u00f3n, salud o los atinentes al aseo personal, circunstancias que limitan los derechos fundamentales de los PPL; cuyo ejercicio deber\u00eda mantenerse inc\u00f3lume en el marco de la relaci\u00f3n de especial sujeci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. El pasado 6 de febrero el Juzgado acusado inadmiti\u00f3 tal demanda de amparo se\u00f1alando que respecto de los agenciados, con excepci\u00f3n de Jaime Alonso Villa Mazuera, \u00abmediante la sentencia No. 01 de 2023[,] ampar\u00f3 sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a no ser sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de la acci\u00f3n de tutela con radicado 2022-00159-00, planteada por la Personera de Venecia, Antioquia, y orden\u00f3, entre otros, al\u2026 INPEC\u2026[,] que\u2026 procediera a asignar un cupo y a efectuar el traslado del se\u00f1or\u2026 \u00c1lvarez \u00c1lvarez en calidad de condenado; as\u00ed mismo, \u2026 [que] tramitara la consecuci\u00f3n de los cupos a un centro carcelario para los internos\u2026 Higuita Acevedo, \u2026Hern\u00e1ndez Granada, \u2026Fl\u00f3rez Zapata y\u2026 Jim\u00e9nez Piedrahita en calidad de sindicados\u00bb; por lo que, sostuvo, \u00aben lugar de plantear una nueva acci\u00f3n de tutela con similares pretensiones en favor de los se\u00f1ores\u2026 \u00c1lvarez \u00c1lvarez, \u2026Jim\u00e9nez Piedrahita, \u2026Higuita Acevedo, \u2026Hern\u00e1ndez Granada y\u2026 Fl\u00f3rez Zapata, lo que legalmente corresponde es presentar el incidente de desacato contenido en el art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, por presunto incumplimiento a las ordenes contenidas en el referido fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 15 de febrero \u00faltimo, ante el silencio de la quejosa, rechaz\u00f3 dicho reclamo tutelar, por no haber sido subsanado; determinaci\u00f3n que mantuvo el d\u00eda 22 siguiente al desatar la reposici\u00f3n propuesta por la accionante y orden\u00f3 remitir el asunto a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En esta oportunidad, por v\u00eda de tutela, en concreto, la censora se doli\u00f3 de que su anterior ruego del mismo linaje dejara de tramitarse bajo una causal de inadmisi\u00f3n planteada por el Juzgado acusado sin ning\u00fan fundamento legal ni jurisprudencial, aunado a que, por lo menos, el reclamo debi\u00f3 adelantarse a favor de Jaime Alonso Villa Mazuera, quien no fue beneficiario de la acci\u00f3n constitucional previa que refiri\u00f3 la autoridad encausada. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas en el tr\u00e1mite fustigado e indic\u00f3 que \u00abprocedi\u00f3 conforme a derecho\u00bb, por lo que deprec\u00f3 \u00abdenegar las pretensiones de esta tutela en tanto que no hubo vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Johan Stiven \u00c1lvarez \u00c1lvarez, Eduin David Jim\u00e9nez Piedrahita, Juan Jos\u00e9 Higuita Acevedo, Kevin Alexis Hern\u00e1ndez Granada, Jaime Alberto Fl\u00f3rez Zapata y Jaime Alonso Villa Mazuera, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 27 de marzo (ATC315-2023); deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abla accionante cont\u00f3 con un mecanismo id\u00f3neo para rebatir la decisi\u00f3n judicial cuestionada en el sub judice o bien lograr la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, del que no hizo uso, pues guard\u00f3 silencio en la oportunidad establecida para subsanar el libelo. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, adem\u00e1s, estaba insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abla decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 la tutela se encuentra surtiendo el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional[,] como fue explicado por la funcionaria judicial accionada[,] el cual debe agotarse igualmente cuando la tutela sea rechazada[,] como lo aclar\u00f3 el Alto Tribunal en sentencia T-313 de 2018\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00aben todo caso\u2026, la Personera Municipal de Fredonia mantiene a su alcance la posibilidad de activar nuevamente la jurisdicci\u00f3n constitucional mediante la promoci\u00f3n de una nueva tutela respecto de -Jaime Alonso Villa Mazuera- privado de la libertad en la estaci\u00f3n de polic\u00eda de esa localidad[,] de cara al cual no existe una sentencia que ampare sus derechos fundamentales. Y es que sin pretender adentrarse en un an\u00e1lisis de fondo del actual reclamo constitucional[,] por cuanto ello resulta incongruente con la anunciada improcedencia de la acci\u00f3n, debe considerarse c\u00f3mo en la postura asumida por la Juez Promiscuo de Familia de Fredonia subyace un prop\u00f3sito razonable de evitar la multiplicidad de sentencias de tutela sobre un mismo t\u00f3pico en coherencia con el principio de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, destacando que \u00abse vulnera el derecho a la tutela judicial, de al menos del (sic) se\u00f1or Mazuera, hasta la fecha no se le han tutelado los derechos (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, circunscrita a la impugnaci\u00f3n, observa la Corte que, en concreto, la actora se duele del rechazo injustificado de la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 en favor de sus agenciados, espec\u00edficamente de Jaime Alonso Villa Mazuera. <\/p>\n
3.1. Bajo tal derrotero, al auscultar la decisi\u00f3n criticada, se anticipa la prosperidad de la impugnaci\u00f3n propuesta y, por ende, la revocatoria del fallo dictado por el a-quo constitucional, comoquiera que el estrado judicial encartado, ciertamente, transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso del mentado agenciado, al rechazar, sin apoyo en ninguna causal v\u00e1lida, la acci\u00f3n de tutela incoada en su representaci\u00f3n por la Personera Municipal de Fredonia, desafuero que, dada su trascendencia, amerita la injerencia de este juzgador supralegal, m\u00e1xime cuando, el pasado 28 de abril, la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n el tr\u00e1mite fustigado (T9308125). <\/p>\n
En efecto, verificado el expediente del asunto cuestionado (radicado 05282-31-84-001-2023-00015-00), se tiene que el 6 de febrero de 2023 el estrado convocado, aduciendo apoyarse en el canon 17 del Decreto 2591 de 1991, inadmiti\u00f3 la demanda propuesta por la accionante para que fuese subsanada en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, so pena de rechazo, al considerar que: <\/p>\n
Del an\u00e1lisis realizado a la anterior ACCI\u00d3N DE TUTELA, planteada por la\u2026 Personera municipal de Fredonia, Antioquia, actuando como agente oficiosa de las PPL en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Fredonia, se\u00f1ores JOHAN STIVEN \u00c1LVAREZ \u00c1LVAREZ\u2026, EDWIN DAVID JIM\u00c9NEZ PIEDRAHITA\u2026, JUAN JOS\u00c9 HIGUITA ACEVEDO\u2026, KEVIN ALEXIS HERN\u00c1NDEZ GRANADA\u2026, JAIME ALBERTO FL\u00d3REZ ZAPATA\u2026 y JAIME ALONSO VILLA MAZUERA\u2026, en contra del INPEC y otros, se deduce que no se ajusta a los requisitos m\u00ednimos que establece el Decreto 2591 de 1991, debido a que, respecto de los se\u00f1ores\u2026 \u00c1LVAREZ \u00c1LVAREZ, \u2026JIM\u00c9NEZ PIEDRAHITA, \u2026HIGUITA ACEVEDO, \u2026HERN\u00c1NDEZ GRANADA y\u2026 FL\u00d3REZ ZAPATA, este juzgado[,] mediante la sentencia No. 01 de 2023[,] ampar\u00f3 sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a no ser sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes[,] dentro de la ACCI\u00d3N DE TUTELA con radicado 2022-00159-00, planteada por la Personera de Venecia, Antioquia, y orden\u00f3, entre otros, al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO \u2013 INPEC\u2026[,] que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de quince (15) d\u00edas procediera a asignar un cupo y a efectuar el traslado del se\u00f1or\u2026 \u00c1LVAREZ \u00c1LVAREZ en calidad de condenado; as\u00ed mismo, orden\u00f3 a la DIRECCI\u00d3N REGIONAL NOROESTE DEL INPEC\u2026[,] que en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 15 d\u00edas, tramitara la consecuci\u00f3n de los cupos a un centro carcelario para los internos\u2026 HIGUITA ACEVEDO, \u2026HERN\u00c1NDEZ GRANADA, \u2026FL\u00d3REZ ZAPATA y\u2026 JIM\u00c9NEZ PIEDRAHITA en calidad de sindicados. <\/p>\n
En consecuencia, y en lugar de plantear una nueva acci\u00f3n de tutela con similares pretensiones en favor de los se\u00f1ores\u2026 \u00c1LVAREZ \u00c1LVAREZ, \u2026JIM\u00c9NEZ PIEDRAHITA, \u2026HIGUITA ACEVEDO, \u2026HERN\u00c1NDEZ GRANADA y\u2026 FL\u00d3REZ ZAPATA, lo que legalmente corresponde es presentar el incidente de desacato contenido en el art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, por presunto incumplimiento a las [\u00f3]rdenes contenidas en el referido fallo de tutela. <\/p>\n
Seguidamente, el pasado 15 de febrero, tras consignar que la quejosa no corrigi\u00f3 el libelo dentro del t\u00e9rmino concedido, el Juzgado acusado resolvi\u00f3 \u00abrechazar la\u2026 acci\u00f3n de tutela\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo el d\u00eda 22 posterior, al resolver el recurso de reposici\u00f3n propuesto por aqu\u00e9lla, considerando que: <\/p>\n
En el caso a estudio, la recurrente aduce como principal motivo de inconformidad la falta de correspondencia entre las partes y, adicionalmente, que la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de las PPL\u2026 a\u00fan persiste[,] sin que se haya tomado una decisi\u00f3n al respecto, lo que justifica la presentaci\u00f3n de una nueva acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al primero (sic) motivo de inconformidad, es claro que tanto en la acci\u00f3n de tutela planteada por la Agente del Ministerio P\u00fablico de Venecia, Antioquia, con radicado 2022-000159-00 y la interpuesta por la se\u00f1ora Personera de Fredonia con radicado 2023-00015-00, existe identidad de partes, aunque es l\u00f3gico, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, est\u00e1n representadas por diferentes agentes oficiosas -Ministerio P\u00fablico de Venecia y Ministerio P\u00fablico de Fredonia, ambos de Antioquia-. <\/p>\n
Efectivamente, las tutelas fueron presentadas por diferentes personas en condici\u00f3n de agentes oficiosas, en favor de los se\u00f1ores\u2026 \u00c1LVAREZ \u00c1LVAREZ, \u2026JIM\u00c9NEZ PIEDRAHITA, \u2026HIGUITA ACEVEDO, \u2026HERN\u00c1NDEZ GRANADA, \u2026FL\u00d3REZ ZAPATA y\u2026 VILLA MAZUERA, quienes inicialmente estuvieron privados de la libertad en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda y la Subestaci\u00f3n de Polic\u00eda de Venecia, y, posteriormente, fueron trasladados a la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de este municipio, lo que en palabras sencillas significa que el INPEC y la DIRECCI\u00d3N REGIONAL del mismo instituto, en vez de trasladarlos a los centros carcelarios, como se les orden\u00f3 en la tutela, los enviaron a la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de esta localidad, donde, como se dijo, existe igual vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las PPL que all\u00ed se encuentran. <\/p>\n
Igual sucede con la parte pasiva, como quiera que en ambas tutelas, la acci\u00f3n se dirige contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO-INPEC, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, y el MUNICIPIO DE VENECIA, entre otras entidades que tambi\u00e9n se vincularon, ya fuera por petici\u00f3n de la se\u00f1ora Personera de Venecia, o, de oficio, por este juzgado. <\/p>\n
Y, respecto de que contin\u00faa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de estas personas, es cierto, como lo afirm\u00f3 la se\u00f1ora Personera de este municipio en el recurso de reposici\u00f3n, pero tambi\u00e9n lo es, como se advirti\u00f3 al inadmitir la tutela por ella presentada, que lo procedente era presentar un incidente de desacato, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, las accionadas INPEC y REGIONAL del mismo instituto, en lugar de dar soluci\u00f3n al problema, como se orden\u00f3 en la sentencia de la acci\u00f3n de tutela con radicado 2022-000159-00, lo traslad\u00f3 a este municipio, enviando a las citadas personas para la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda que ac\u00e1 funciona. Valga anotar que la sentencia dictada por este juzgado, si bien fue anulada por falta de integraci\u00f3n del contradictorio por pasiva, era de inmediato cumplimiento, como lo dispone el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Ahora bien, con base en la declaratoria de nulidad de la sentencia No. 001 proferida por este juzgado el 3 de enero de 2023, por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Familia, actuaci\u00f3n judicial que actualmente se encuentra en tr\u00e1mite de traslado a las entidades p\u00fablicas vinculadas, la se\u00f1ora Personera municipal de Fredonia, deber\u00e1 sujetarse a la decisi\u00f3n de primera instancia que oportunamente emitir\u00e1 el juzgado, como quiera que la parte demandante no tiene modificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Bajo los anteriores planteamientos, decide el juzgado no reponer la decisi\u00f3n contenida en el auto No. 009 del 15 de febrero de 2023, y en su lugar, se ordenar\u00e1 remitir la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, es claro que aunque lo atr\u00e1s dispuesto, al margen de que se comparta, halla sustento en un criterio razonable de cara a evitar la duplicidad en la proposici\u00f3n de acciones de esta misma naturaleza, ello es as\u00ed, exclusivamente, en cuanto al auxilio supralegal intentado por el Ministerio P\u00fablico respecto a los agenciados \u00c1lvarez \u00c1lvarez, Jim\u00e9nez Piedrahita, Higuita Acevedo, Hern\u00e1ndez Granada y Fl\u00f3rez Zapata, mas no en lo que tiene que ver con Jaime Alonso Villa Mazuera, en tanto que \u00e9ste, ciertamente, no fue agenciado en la demanda de tutela previamente instaurada por la Personera de Venecia, mucho menos beneficiario de las \u00f3rdenes constitucionales all\u00ed emitidas, por lo que el rechazo del reclamo constitucional instaurado en su favor no se ciment\u00f3 en ninguna causa v\u00e1lida, en tanto que, la planteada, en puridad, no se ciment\u00f3 en alguno de los supuestos consagrados en el canon 17 del Decreto 2591 de 1991, el que de manera concreta ense\u00f1a que su correcci\u00f3n s\u00f3lo ser\u00e1 exigible cuando \u00abno pudiere determinarse el hecho o la raz\u00f3n que motiva la solicitud de tutela\u00bb, requerimiento en el que, en todo caso, tales falencias \u00abdeber\u00e1n se\u00f1alarse concretamente\u00bb, lo que ac\u00e1 tampoco se dio. <\/p>\n
3.3. Bajo esa \u00f3ptica, indiscutible es que el estrado criticado, sin raz\u00f3n leg\u00edtima, rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela propuesta en favor de Jaime Alonso Villa Mazuera, con lo que incurri\u00f3 en claro defecto procedimental absoluto, lo cual impon\u00eda la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose del rechazo de acciones del mismo linaje bajo exigencias ajenas a las contempladas en el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991 e, incluso, cuando la misma deja de subsanarse, como sucedi\u00f3 en el caso ac\u00e1 auscultado, esta Corte ha dejado por sentado que: <\/p>\n
\u2026en lo que concierne al rechazo de la demanda de amparo la Sala observa que la Corporaci\u00f3n acusada transgredi\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la aqu\u00ed interesada. <\/p>\n
En efecto, sobre dicha tem\u00e1tica la jurisprudencia constitucional ha sido clara en se\u00f1alar, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abCon relaci\u00f3n a la segunda facultad del juez, esto es, la posibilidad de rechazar la demanda de tutela en el supuesto previsto en el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991, no corresponde a un deber categ\u00f3rico, sino a una opci\u00f3n que exige un juicio cr\u00edtico. En efecto, la Corte, al analizar la constitucionalidad de la disposici\u00f3n que le sirve de fundamento, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cPor lo tanto, a\u00fan (sic) cuando en un caso concreto concurran las condiciones enunciadas previamente, el rechazo de la acci\u00f3n de tutela no es un imperativo para el juez constitucional. (\u2026) [E]l juez cuenta con amplias atribuciones -facultades y poderes- para asumir un papel activo en el proceso en busca del conocimiento y claridad sobre los hechos materia de la actuaci\u00f3n judicial. As\u00ed, si \u00e9l considera que durante el tr\u00e1mite cuenta con la capacidad jur\u00eddica para establecer los hechos que originaron la presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo, debe dejar de lado la opci\u00f3n del rechazo de la misma y continuar el procedimiento, de tal forma, que la actuaci\u00f3n concluya con una decisi\u00f3n de fondo, en la que se protejan los derechos fundamentales del accionante que han sido vulnerados, o en caso de la denegatoria del amparo, con el se\u00f1alamiento de las razones que llevaron al fallador a negar la protecci\u00f3n de los mismos\u201d (negrillas propias). <\/p>\n
De lo expuesto por la Sala Plena se derivan, por lo menos, dos consecuencias procesales: de una parte, el car\u00e1cter excepcional y restrictivo del rechazo de la acci\u00f3n de tutela y, de la otra, su car\u00e1cter potestativo, esto es, la consecuencia que regula la disposici\u00f3n no es obligatoria para el juez de tutela. Lo primero tiene relaci\u00f3n con lo dicho en p\u00e1rrafos anteriores, en el sentido de que el rechazo tambi\u00e9n se encuentra limitado a las circunstancias precisas que consagra la disposici\u00f3n, esto es, solo se habilita la potestad en caso de que la demanda de tutela carezca del primero de los presupuestos fundamentales de la demanda de tutela (esto es, que no pueda determinarse los hechos o la raz\u00f3n que fundamenta la solicitud de tutela) y luego de que el accionante se hubiera negado a atender el llamado del juez para ampliar la informaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino legal. Lo segundo quiere decir que, a pesar de configurarse los supuestos para el ejercicio de la potestad, de todas formas, el juez de tutela puede, aun ante la omisi\u00f3n del interesado en contestar el requerimiento de informaci\u00f3n adicional, admitir la demanda tutela, adoptar todas las medidas apropiadas para establecer las bases de la litis y dictar el correspondiente fallo\u00bb (C.C. T-149\/2018)2 . <\/p>\n
5. Bajo tal hermen\u00e9utica, entonces, no cabe duda que el motivo de rechazo del libelo de tutela se\u00f1alado por la Colegiatura accionada\u2026 no corresponde al \u00fanico supuesto en el que se le permite al juez de tutela rechazar el amparo, esto es, cuando la demanda carece de los hechos o la raz\u00f3n que la fundamenta, ante la negativa del actor en ampliar o aclarar dicha informaci\u00f3n, lo cual deja en evidencia la vulneraci\u00f3n denunciada, en el entendido que la actuaci\u00f3n que incumb\u00eda realizar, pese a no ser atendido el aludido requerimiento, era dar tr\u00e1mite al reclamo y emitir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, m[a]s no su rechazo, como equivocadamente se hizo (se subray\u00f3 – CSJ STC4917-2020, 29 jul., rad. 2020-01461-00). <\/p>\n
4. La anotada contingencia, sin duda, compromete el derecho fundamental al debido proceso del agenciado Jaime Alonso Villa Mazuera, lo cual impone infirmar la sentencia opugnada para, en su lugar, acceder al resguardo, con alcance parcial, ordenando al Juzgado convocado que, tras dejar sin efectos su decisi\u00f3n 15 de febrero de 2023, junto con todas las actuaciones que de ella dependan, proceda a admitir y dar el curso debido a la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Personera de Fredonia en favor del citado ciudadano, atendiendo los razonamientos ac\u00e1 condensados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso del agenciado Jaime Alonso Villa Mazuera. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Promiscuo de Familia de Fredonia que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 en el asunto fustigado (rad. 05282-31-84-001-2023-00015) el 15 de febrero de 2023, junto con todas las actuaciones que de \u00e9l dependan, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que observe las consideraciones precedentes, espec\u00edficamente en cuanto a admitir y dar el curso debido a la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Personera Municipal de Fredonia en favor del citado Jaime Alonso Villa Mazuera. <\/p>\n
La autoridad encartada informar\u00e1 al a-quo Constitucional sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se confirma el veredicto opugnado. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CC C-483\/03. <\/p>\n
2\u0002 Ver en este mismo sentido: CC A-058\/99 y A-306\/13. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4986-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4986-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2023-00041-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Flor Marina Ruiz Bedoya -quien […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73553","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73553","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73553"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73553\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}