STC5110-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5110-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01851-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Marino Leal Parra y Leonel Leal Parra instauraron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso divisorio con radicado n\u00b068001-31-03-008-2021-00206-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los accionantes pidieron que se deje sin efectos el auto que revoc\u00f3 la providencia que dio por terminado el proceso adelantado en su contra (31 ene. 2023). <\/p>\n
Del escrito de tutela y los dem\u00e1s documentos aportados se extrae que en dicho tr\u00e1mite se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito debido a que la parte activa no logr\u00f3 integrar el contradictorio en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas que le fue otorgado para ello (8 jul 2022); no obstante, en segunda instancia el Tribunal revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n al considerar que, pese a que los intentos para notificar a los demandados no fueron exitosos, la actuaci\u00f3n desplegada para ello \u00abinterrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino concedido\u00bb (31 ene. 2023). Despu\u00e9s de acatar la orden del superior, el juez de conocimiento determin\u00f3 que el enteramiento se surti\u00f3 por aviso el d\u00eda 21 de junio de 2022 y dict\u00f3 auto que decreta la divisi\u00f3n por venta (2 mar. 2023). <\/p>\n
Situaci\u00f3n de la que los gestores derivaron sus quejas, pues a su juicio, la decisi\u00f3n de finiquitar el litigio debi\u00f3 mantenerse ya que no se cumpli\u00f3 con la carga impuesta, por lo que consideran no haber sido apropiadamente notificados. Por \u00faltimo, Marino Leal Parra inform\u00f3 que remiti\u00f3 un derecho de petici\u00f3n solicitando nulidad, pero este fue despachado de manera desfavorable (11 may. 2023). <\/p>\n
2. El Tribunal y el juzgado convocados remitieron el link del expediente acusado, hicieron un recuento de sus actuaciones y defendieron la respectiva legalidad. La apoderada de los demandantes asegur\u00f3 que la intenci\u00f3n de los gestores es dilatar el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la magistratura accionada; adem\u00e1s, los precursores no han hecho uso de las herramientas dispuestas por el legislador para someter ante el juez natural de la causa las quejas respecto a la indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. De la providencia motivo de queja <\/p>\n
En primer lugar se encuentra que, al resolver la apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que termin\u00f3 el litigio, el Tribunal destac\u00f3 que no existi\u00f3 incuria de la parte demandante, ya que esta realiz\u00f3 m\u00faltiples intentos para lograr el enteramiento, \u00abcomo se observa en las constancias de notificaci\u00f3n enviadas los d\u00edas 9 de noviembre de 2021, 13, 26 de enero de 2022, 2, 22 de marzo, 20 de abril, 6 y 11 de mayo de 2022\u00bb, las cuales, pese a ser infructuosas, demostraban su inter\u00e9s para cumplir con la carga impuesta, \u00abpor lo que no se puede predicar desde\u00f1o o descuido en su actuaci\u00f3n, cuales[sic] son los presupuestos para imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 317 del C.G. del P\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, consider\u00f3 que, con los memoriales allegados al juzgado el 3 y 16 de junio de 2022, los impulsores interrumpieron el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas que le fue otorgado para cumplir con la referida carga, pues \u00abaunque no agot\u00f3 el acto de enteramiento, s\u00ed acredit\u00f3 la realizaci\u00f3n de actos que conducen a ese fin, motivo por el cual como ya se dijo, interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino concedido y en tal virtud, no se configur\u00f3 la hip\u00f3tesis que dar\u00eda lugar al desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese panorama, concluy\u00f3 que el a quo realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica de la normativa que rige el desistimiento t\u00e1cito y revoc\u00f3 la providencia examinada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Actuaciones desplegadas por los demandantes para lograr la notificaci\u00f3n <\/p>\n
Ciertamente, al examinar el expediente se encuentra que la parte activa remiti\u00f3 en varias ocasiones las constancias de las comunicaciones; sin embargo, la c\u00e9lula judicial enjuiciada las invalid\u00f3, porque en el encabezado de la citaci\u00f3n se hac\u00eda alusi\u00f3n al Decreto 806 de 2020 y no al canon 291 del estatuto procesal, adem\u00e1s, porque se indic\u00f3 de manera incorrecta la fecha del auto a notificar y el horario de atenci\u00f3n del Despacho.1 <\/p>\n
Incluso se evidencia que, una de las demandadas remiti\u00f3 dos correos electr\u00f3nicos2 en los que manifest\u00f3 que, como todos los sujetos pasivos viv\u00edan en el mismo lugar, ya hab\u00edan sido notificados; no obstante, el juzgador determin\u00f3 que esta no pod\u00eda darse por notificada por conducta concluyente porque \u00abla manifestaci\u00f3n realizada por la demanda[da] no se enmarca dentro de ninguno de los presupuestos establecidos, pues no determina la providencia de que dice haber sido notificada, m\u00e1xime que los documentos aportados con tal prop\u00f3sito ninguno se ha tenido en cuenta, raz\u00f3n suficiente para no tenerse por notificada esta demanda[da] y menos los dem\u00e1s demandados, que no han realizado alguna manifestaci\u00f3n directa o por medio de apoderado.\u00bb3 <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, adujo que el enteramiento era inv\u00e1lido porque \u00aben el citatorio se evidencia que lo titula como \u201cDILIGENCIA DE NOTIFICACI\u00d3N PERSONAL\u201d, lo cual es improcedente, atendiendo a que lo que se env\u00eda es una comunicaci\u00f3n a quien deba ser notificado\u00bb, misma providencia en la que adujo que tampoco podr\u00edan considerarse cumplidos los requisitos de enteramiento del Decreto 806 de 2020 \u00aben vista que no se utiliz\u00f3 un sistema de confirmaci\u00f3n de recibo del correo electr\u00f3nico, que corrobore la entrega efectiva del mensaje de datos\u00bb4. <\/p>\n
Finalmente, en providencia del 16 de mayo de 2022, se adujo que \u00abrevisadas la comunicaciones citatorio y aviso, no pueden tenerse en cuenta, por cuanto al llenarlos respecto de la naturaleza del proceso se indic\u00f3 que se trata de un proceso de divisi\u00f3n material, en tanto lo correcto es la divisi\u00f3n por venta como se indic\u00f3 en el auto que admiti\u00f3 la demanda del 9 de agosto de 2021, igualmente, conforme las reglas del CGP, el aviso deber\u00e1 contener la fecha de su creaci\u00f3n, informaci\u00f3n que no se plasm\u00f3 en el que se adjunta\u00bb, por lo que concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, so pena de terminar el decurso por desistimiento t\u00e1cito.5 <\/p>\n
Ante dicho escenario, la parte demandante remiti\u00f3 tres memoriales que denomin\u00f3 \u00abcertificaci\u00f3n de entrega de notificaci\u00f3n por aviso\u00bb los d\u00edas 3, 16 y 30 de junio; no obstante, se puso fin al decurso porque, a juicio del juzgador, la interesada \u00aballeg\u00f3 la constancia de entrega aparentemente del aviso remitido, sin que pueda evidenciarse el cumplimiento de los requisitos del Art. 292 del C.G.P.\u00bb (8 jul. 2022). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
El art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso autoriza a los jueces para hacer uso del desistimiento t\u00e1cito en los casos en los que los procesos se paralicen, ya sea porque una de las partes no realiz\u00f3 la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb de la que depend\u00eda su continuaci\u00f3n, o porque el \u00abproceso\u00bb \u00abpermanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el literal c del referido canon dispone que \u00abcualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u00bb; ante la incertidumbre respecto a los alcances de esta \u00faltima disposici\u00f3n, esta fue objeto an\u00e1lisis en la sentencia STC11191-2020, misma en la que Sala unific\u00f3 su criterio y determin\u00f3 que no es suficiente adelantar cualquier tipo de \u00abactuaci\u00f3n\u00bb para impedir la terminaci\u00f3n tras la inactividad procesal de las partes, por el contrario, la intervenci\u00f3n que tenga tal finalidad \u00abdebe ser apta y apropiada y para impulsar el proceso hacia su finalidad\u00bb, en ese sentido, en trat\u00e1ndose del supuesto normativo del numeral 1\u00b0 del canon ibidem, lo que evita la \u00abpar\u00e1lisis del proceso\u00bb es que \u00abla parte cumpla con la carga\u00bb para la cual fue requerida, por lo que solo \u00abinterrumpir\u00e1\u00bb el t\u00e9rmino aquel acto que sea \u00abid\u00f3neo y apropiado\u00bb para satisfacer lo pedido. <\/p>\n
De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, solo la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino. Asimismo, se estableci\u00f3 que, si bien la interpretaci\u00f3n del referido canon era restrictiva, ello no significaba que deb\u00eda ser literal, sino sistem\u00e1tica y con independencia de la materia que regule. <\/p>\n
(\u2026) la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal. <\/p>\n
Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb. (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01). <\/p>\n
Bajo estos derroteros se observa que, en el presente caso, la agencia querellada entendi\u00f3 que el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n no se llev\u00f3 a cabo de manera exitosa; sin embargo, consider\u00f3 que las actuaciones desplegadas para lograr el enteramiento resultaron suficientes para impedir la terminaci\u00f3n de la disputa y desvirtuaron cualquier incuria de la parte demandante. Cavilaciones que, independientemente de ser compartidas por la Sala, no representan yerro superlativo alguno que amerite la intervenci\u00f3n constitucional, pues de ninguna manera lesionan las prerrogativas de los gestores, ni desconocen lo dispuesto por el legislador, en especial, si se tiene en cuenta que lo decidido se acompasa con la jurisprudencia citada previamente. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De las quejas respecto al derecho de petici\u00f3n y la indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pese a que Marino Leal Parra se queja tambi\u00e9n de la ausencia de respuesta a su petici\u00f3n, se recuerda al gestor que el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb no es viable en los procedimientos jurisdiccionales porque las s\u00faplicas invocadas por las partes o terceros en un escenario de esta naturaleza est\u00e1n regladas por normas generales y especiales aplicables a cada tipo de proceso, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda invocar esa garant\u00eda fundamental para lograr que se declare una nulidad por indebida notificaci\u00f3n. Al respecto, reiteradamente se ha precisado que: <\/p>\n
(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01, CSJ STC7956-2020). <\/p>\n
De manera que esta acci\u00f3n constitucional tampoco es el medio para ventilar las inconformidades atenientes al tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n, en especial porque, como ya se destac\u00f3, se extra\u00f1a que el reproche de los gestores se expusiera ante el juez natural del asunto a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios de defensa judicial dispuestos por el legislador para tal fin, en concreto, a trav\u00e9s de la solicitud de nulidad regulada en los art\u00edculos 133 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, situaci\u00f3n que deja en evidencia adem\u00e1s que se desconoce el requisito de residualidad. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada por Marino Leal Parra y Leonel Leal Parra. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver expediente 68001-31-03-008-2021-00206-00, auto del 17 de noviembre de 2021; PDF \u00ab020AutoNiegaTenerEnCuentaNotificacion\u00bb; auto del 18 de enero de 2022; PDF \u00ab022AutoRequiereDteSoPenaDT\u00bb; auto del 9 de marzo de 2022, PDF \u00ab028AutoNiegaTenerEnCuentaNotificacionRequiereDT\u00bb <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, PDF \u00ab025DdaMariaAndreaSilvaComunicaRecibidoNotificacionTodosDemandados\u00bb y \u00ab029DdaMariaSilvaManifiestaRecibirNotificacionPorAviso\u00bb <\/p>\n
3\u0002 Ibidem, auto del 9 de marzo de 2022; PDF \u00ab028AutoNiegaTenerEnCuentaNotificacionRequiereDT\u00bb <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, auto del 6 de abril de 2022, PDF \u00ab039AutoNiegaTenerEnCuentaNotificacion\u00bb <\/p>\n
5\u0002 Ibidem, auto del 16 de mayo de 2022, PDF \u00ab043AutoNiegaTenerEnCuentaNotificacionRequiereSoPenaDT\u00bb <\/p>\n
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