STC5114-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5114-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01971-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante pidi\u00f3: <\/p>\n
\u00abi) conminar a Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia & Tribunal Superior de C\u00facuta a tomar decisiones en acciones de tutela por v\u00edas de derecho, ya que ni, si quiera exhortar a Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito & Fiscal\u00eda a en el RADICADO 54001220400020210068201, para no enga\u00f1ar a las v\u00edctimas con falsos juicios donde las noticias criminales est\u00e1n prescritas (\u2026); <\/p>\n
ii) requerir a la ESAP, para que proceda a reconocer[le] la pensi\u00f3n, ya que han transcurrido 25 a\u00f1os de 1996 a la fecha, sin dar el traslado correspondiente de [sus] aportes pensionales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que fue contratado como docente por la Escuela Superior de Administraci\u00f3n P\u00fablica ESAP C\u00facuta en los a\u00f1os 1997, 1998 y 1999, sin seguridad social y que le descontaban retenci\u00f3n en la fuente. Narr\u00f3 que su ex empleadora viol\u00f3 la sentencia C-006 de 1996 de la Corte Constitucional, los decretos 46 de 1997, 74 de 1998 y 52 de 1999 y solamente hasta el a\u00f1o 2000 reconoci\u00f3 el pago de la seguridad social y prestaciones econ\u00f3micas a los docentes contratados en ese a\u00f1o, raz\u00f3n por la que, asever\u00f3, instaur\u00f3 las correspondientes acusaciones ante la Contralor\u00eda y la Fiscal\u00eda, la primera entidad orden\u00f3 auditoria de urgencia, pero en el ente acusador no tuvo eco y por ello denunci\u00f3 tambi\u00e9n al funcionario que conoci\u00f3 del asunto (Noticia criminal 56073 – contratos sin requisitos de ley docentes c\u00e1tedra). <\/p>\n
Narr\u00f3 que elev\u00f3 peticiones a distintos estamentos para obtener el acceso al asunto sin obtener respuesta y por ello instaur\u00f3 el ruego antes rese\u00f1ado ante el Tribunal de C\u00facuta, pero en primera instancia no le exigen al Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de C\u00facuta que le entregue al promotor lo relacionado en el expediente 47373 & 47467 en pdf y sugiri\u00f3 que lo solicite a la Fiscal\u00eda, veredicto que fue confirmado por la hom\u00f3loga en lo penal. <\/p>\n
Cont\u00f3 que el 2 de noviembre de 2011 la Fiscal\u00eda le comunic\u00f3 sobre la resoluci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la noticia criminal 47467 peculado por apropiaci\u00f3n y contratos sin requisitos de ley, lo cual en su sentir le vulner\u00f3 las prerrogativas superiores porque no le reconocieron la calidad de v\u00edctima. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los falladores de instancia en el auxilio 2021-00682-01 pasaron por alto sus derechos como v\u00edctima porque tanto el ente acusador como el juzgado acusado adelantaron un juicio en el a\u00f1o 2014 y siguientes, cuando la noticia criminal en el a\u00f1o 2011 hab\u00eda prescrito y solamente le informaron en el a\u00f1o 2020, sin que se exhortara al juez de conocimiento para que se abstuviera de enga\u00f1ar a las v\u00edctimas con falsos juicios. <\/p>\n
2. La Escuela Superior de Administraci\u00f3n P\u00fablica se opuso a las pretensiones e inform\u00f3 que \u00abla vinculaci\u00f3n del accionante durante los a\u00f1os invocados, obedec[i\u00f3] a los par\u00e1metros establecidos en la Ley 80 de 1993, en la modalidad de selecci\u00f3n de contrataci\u00f3n directa (\u2026)\u00bb. La Fiscal\u00eda Novena Especializada de C\u00facuta inform\u00f3 los radicados 47.373 y 47.461 se conexaron al 47.467 y terminaron con sentencia absolutoria por duda, dictada por el Juzgado S\u00e9ptimo penal del Circuito de esa ciudad y el radicado 56.073, registra como \u00faltima actuaci\u00f3n decisi\u00f3n inhibitoria que data el 5 de mayo de 2004, con ejecutoria del 17 de mayo del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo penal del Circuito con Funciones Mixtas de la capital de Norte de Santander inform\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) el Juzgado Extinto Cuarto Penal del Circuito de Ley 600\/2000, conoci\u00f3 en primera instancia el proceso radicado 54001 31 04 004 2014 00265 00, radicado de la Fiscal\u00eda 47.467, contra los se\u00f1ores (\u2026), por las conductas punibles de Peculado por apropiaci\u00f3n y Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, diligencias en las que el ahora Juzgado S\u00e9ptimo Penal del circuito con funciones mixtas, emiti\u00f3 sentencia de primera instancia el d\u00eda 28 de junio de 2019, en la que se extingui\u00f3 la acci\u00f3n penal frente al procesado (\u2026) por muerte y frente al se\u00f1or (\u2026), se prescribi\u00f3 la acci\u00f3n por el delito de Contrato sin el Cumplimiento de Requisitos Legales y se le absolvi\u00f3 por la conducta punible de Peculado por apropiaci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue apelada y la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, en decisi\u00f3n del 13 de julio de 2020, la confirm\u00f3 en su integridad. Las diligencias actualmente se encuentran archivadas definitivamente (\u2026)\u00bb y remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente. <\/p>\n
El Procurador 283 Judicial II para el Ministerio P\u00fablico en Asuntos Penales de C\u00facuta resalt\u00f3 que el accionante \u00abno se constituy\u00f3 como parte civil y por lo tanto no fue reconocido como v\u00edctima al interior del proceso de marras, por lo cual no fue notificado ni tenido en cuenta como sujeto procesal (\u2026)\u00bb. Para el momento de la elaboraci\u00f3n del proyecto no se hab\u00edan recibido manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
En lo atinente con la queja frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n del veredicto de segunda instancia CSJ STP6626-2022 (24 may.), el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar habida cuenta que el mismo obedece a un asunto de aquellos denominados \u00abtutela contra tutela\u00bb, sin que se advierta configurada alguna causal que permita justificar su procedencia. <\/p>\n
Se afirma lo anterior por cuanto de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n solo es factible examinar los ruegos que se enfilan contra otra acci\u00f3n de tutela, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00). As\u00ed como tambi\u00e9n, est\u00e1 decantado que el resguardo resulta procedente en los casos en que la providencia definitoria sea producto de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, situaci\u00f3n que se predica cuando son cumplidas formalmente todas las etapas procesales, logrando materializar una soluci\u00f3n \u00abfraudulenta\u00bb que traduce un perjuicio il\u00edcito para terceros y la comunidad. <\/p>\n
De suerte que, como el contexto descrito por el impulsor no encuadra en las excepciones transcritas, esto es, falta de notificaci\u00f3n, indebida integraci\u00f3n del contradictorio o \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, de tajo resulta inadmisible estudiar los reproches enarbolados contra al fallo de tutela cuyo desenlace es inmune a cualquier consideraci\u00f3n en esta senda extraordinaria porque consisten en divergencias particulares ajenas a la esencia de las causales referenciadas. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la queja frente a la Escuela Superior de Administraci\u00f3n P\u00fablica ESAP C\u00facuta para que le reconozca los aportes pensionales, tal aspiraci\u00f3n lleva impl\u00edcita la existencia de un conflicto jur\u00eddico, el cual, dada la naturaleza residual y subsidiaria de esta acci\u00f3n, no puede ser dilucidado a trav\u00e9s de ella. Por lo tanto, debe el actor, si as\u00ed lo considera, acudir ante la jurisdicci\u00f3n competente, para que el juez natural decida si le asiste o no raz\u00f3n en sus peticiones. <\/p>\n
En este orden de ideas, no resulta acorde con la naturaleza de esta acci\u00f3n constitucional, declarar en cabeza de los ciudadanos derechos que s\u00f3lo se logran con pronunciamientos emitidos por la autoridad judicial competente, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que tales derechos se derivan de normas cuya aplicaci\u00f3n en el tiempo deben ser sometidas a discusi\u00f3n. Por lo tanto, tales pronunciamientos deben perseguirse por el interesado, haciendo uso de las herramientas judiciales que el legislador ha dise\u00f1ado como id\u00f3neas para tales fines. <\/p>\n
Al tenor de lo dispuesto por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, resulta improcedente acudir a ella cuando el interesado cuenta con la posibilidad de acudir a otros mecanismos de defensa judicial. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada, que <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, STC7904-2021, STC13787-2022, STC4667-2023 entre muchas otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el censor tiene la posibilidad, si as\u00ed lo desea, de acudir ante el funcionario competente a exponer la inquietud prestacional que por esta v\u00eda plantea y en ese orden de ideas no queda alternativa distinta sobre este espec\u00edfico t\u00f3pico de denegar el auxilio por ausencia del requisito de subsidiariedad que impera en esta sede supra legal. <\/p>\n
Entonces, como se anunci\u00f3, se negar\u00e1 el ruego. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Oscar Omar Moros Fern\u00e1ndez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC5114-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC5114-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01971-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73575","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73575","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73575"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73575\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73575"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73575"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73575"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}