STC5129-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5129-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00196-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 21 de febrero de 2023 dictado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, en el amparo que promovi\u00f3 Porfirio Riveros Guti\u00e9rrez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso laboral 73268-31-05-001-2019-00127-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, se suspenda el cobro coactivo y el proceso disciplinario en su contra hasta que sea resuelto el incidente de nulidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia y la acci\u00f3n administrativa pertinente. <\/p>\n
Adujo, en esencia, que encontr\u00f3 publicado en la P\u00e1gina del Consejo Superior de la Judicatura un cobro persuasivo en su contra, el cual, seg\u00fan se enter\u00f3, inici\u00f3 debido a que la oficina de Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 DEAJ \u2013 y sus direcciones seccionales recibieron de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, una providencia (26 ene 2022) en la que se mult\u00f3 al gestor y se compuls\u00f3 copias al referido Consejo Superior para iniciar investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra. Al revisar las providencias, encontr\u00f3 que todo deriva de un recurso extraordinario de revisi\u00f3n laboral interpuesto por Yezid Navarro Cartagena contra las sentencias de primera (13 mar 2020) y segunda (4 feb 2021) instancia, en las que figura como apoderado del recurrente, lo cual, afirma, obedece a una suplantaci\u00f3n de su nombre e identificaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, la DEAJ, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n DEAJGCC22-3420 del 26 de mayo de 2022 libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra. El 12 de septiembre de 2022 acudi\u00f3 a la Fiscal\u00eda para generar la \u201cnoticia criminis\u201d. El 13 de septiembre de 2022 radic\u00f3 incidente de nulidad ante la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con la finalidad de suspender cobro coactivo y proceso disciplinario adelantados. El 4 de octubre de 2022 le fue notificado el mandamiento de pago antes identificado por sanci\u00f3n de $4.542.630, m\u00e1s intereses y a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n No. DEAJGCC22-8872 del 9 de diciembre de 2022 se rechaz\u00f3 la excepci\u00f3n propuesta y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. La Sala Laboral, a la fecha de formulaci\u00f3n del amparo no hab\u00eda resuelto el incidente propuesto. <\/p>\n
2.- El Juzgado Laboral del Circuito de Espinal Tolima afirm\u00f3 que escapa del conocimiento de su Despacho las circunstancias de la suplantaci\u00f3n alegada y solicit\u00f3 negar el amparo ya que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
Dagoberto Garz\u00f3n, demandante en el proceso laboral, se\u00f1al\u00f3 que en la actualidad est\u00e1 en curso proceso ejecutivo para cumplir con sentencias de primera y segunda instancia contra Yezid Navarro Cartagena, supuesto poderdante del gestor. Finaliz\u00f3 su intervenci\u00f3n aclarando que no afecta sus intereses esta acci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que, a trav\u00e9s de auto CSJ AL074-2022, reconoci\u00f3 personer\u00eda al accionante como apoderado de Yezid Navarro Cartagena, rechaz\u00f3 por improcedente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n e impuso multa al apoderado por 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de acuerdo con el art\u00edculo 34 de la Ley 712 de 2001. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2022, el apoderado judicial formul\u00f3 incidente de nulidad el cual no ha sido atendido y se resolver\u00e1 de acuerdo con el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, 63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el 16 de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial indic\u00f3 que recibi\u00f3 el oficio SSCL No. 14329 del 4 de marzo de 2022, al que se adjunt\u00f3 providencia ALO74-2022, en la que se impulso multa al gestor. Seg\u00fan el art\u00edculo 99 de la Ley 1437 de 2011, cumpli\u00f3 con los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, por lo que, a trav\u00e9s de oficio DEAJGCC22-3420 de 26 de mayo de 2022 se libr\u00f3 mandamiento de pago, que el 4 de noviembre de 2022 el ejecutado present\u00f3 excepciones al mandamiento de pago, las cuales fueron rechazadas mediante resoluci\u00f3n DEAJGCC22-8872 (9 dic. 2022). Solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo por subsidiariedad, as\u00ed como por no atacarse el procedimiento adelantado ante dicha entidad. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo, toda vez que no se demostr\u00f3 perjuicio irremediable que ameritara su procedencia como mecanismo transitorio, as\u00ed como que no utiliz\u00f3 los mecanismos que ten\u00eda a su alcance bajo el procedimiento administrativo de cobro coactivo y la nulidad solicitada ante la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n debe resolverse de acuerdo con el sistema de turnos fijados conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
4.- El gestor impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los argumentos de la tutela y a\u00f1adi\u00f3 que no hizo uso de los recursos frente al acto administrativo por medio del cual se realiz\u00f3 cobro persuasivo como aquel que rechaz\u00f3 la excepci\u00f3n que plante\u00f3 pues nunca fue notificado, as\u00ed como que extra\u00f1a a que la tutela no hace referencia a varias de las partes vinculadas y su papel en el caso que se estudia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora que el desenlace opugnado ser\u00e1 confirmado, toda vez que el accionante no cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, dado que no ha agotado los instrumentos procesales a su alcance, as\u00ed como tampoco demostr\u00f3 el perjuicio irremediable para alcanzar la protecci\u00f3n transitoria. <\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 principalmente la suspensi\u00f3n del proceso de cobro coactivo de la multa que le fue impuesta hasta tanto no se decida el incidente de nulidad formulado ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Este tr\u00e1mite administrativo sancionatorio, regulado en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1066 de 2006, que remite al procedimiento del Estatuto Tributario, cuenta con unas etapas que brindan a los ejecutados distintas herramientas para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
En el caso objeto de estudio, el accionante fue notificado en debida forma del mandamiento de pago1, frente al cual present\u00f3 escrito de excepciones, que fueron rechazadas mediante Resoluci\u00f3n DEAJGCC22-8872 del 9 de diciembre de 20222, la cual, a diferencia de lo anotado por el actor en su escrito de impugnaci\u00f3n, s\u00ed fue notificada v\u00eda correo electr\u00f3nico a su direcci\u00f3n electr\u00f3nica de notificaciones3. <\/p>\n
Destaca la Sala, de la revisi\u00f3n del expediente, as\u00ed como de la intervenci\u00f3n de la DEAJ en el tr\u00e1mite4, que se entiende bajo gravedad de juramento, que el gestor, dentro del proceso coactivo, no ha presentado la solicitud de suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite que pretende hacer valer en este escenario constitucional, as\u00ed como tampoco cuestion\u00f3, v\u00eda recursos, la decisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se negaron las excepciones propuestas y se orden\u00f3 continuar adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, adem\u00e1s de no elevar la solicitud correspondiente ante la autoridad, tampoco reproch\u00f3 la Resoluci\u00f3n DEAJGCC22-8872 del 9 de diciembre de 2022, que orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, pues contaba para el efecto con recurso de reposici\u00f3n, as\u00ed como con la posibilidad de demandar ante los jueces contenciosos administrativos su nulidad y restablecimiento del derecho, donde ten\u00eda la posibilidad de solicitar medidas cautelares para protegerse de efectos inmediatos. As\u00ed, los art\u00edculos 834 y 835 del Estatuto Tributario disponen: <\/p>\n
\u201cARTICULO 834. RECURSO CONTRA LA RESOLUCI\u00d3N QUE DECIDE LAS EXCEPCIONES. En la resoluci\u00f3n que rechace las excepciones propuestas, se ordenar\u00e1 adelantar la ejecuci\u00f3n y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resoluci\u00f3n procede \u00fanicamente el recurso de reposici\u00f3n ante el Jefe de la Divisi\u00f3n de Cobranzas, dentro del mes siguiente a su notificaci\u00f3n, quien tendr\u00e1 para resolver un mes, contado a partir de su interposici\u00f3n en debida forma. <\/p>\n
ARTICULO 835. INTERVENCI\u00d3N DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, s\u00f3lo ser\u00e1n demandables ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso – Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecuci\u00f3n; la admisi\u00f3n de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizar\u00e1 hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab[(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (STC3579-2020). En igual sentido, en casos similares, esta Corporaci\u00f3n ha sentado con suficiencia que: <\/p>\n
\u201cEn relaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial -Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo (impugnante), salta a la vista el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que gobierna este tipo de asuntos, comoquiera que la presunta vulneraci\u00f3n alegada por la se\u00f1ora Arguello Campo se predica de la actuaci\u00f3n desplegada por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial -Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, en virtud de las pretensiones de la peticionaria para restar validez a la orden de pago y la de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, dictadas con ocasi\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tras no sustentar un recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, por regla general se ha dicho que los actos administrativos son ajenos a ser examinados por aqu\u00e9l operador, pues \u00e9ste no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, ello, en tanto \u00abla decisi\u00f3n censurada es un acto administrativo cuya legalidad debe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados (CSJ STC8803-2021). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha reiterado: \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (ejusdem).\u201d (STC10506-2021) <\/p>\n
En otra oportunidad tambi\u00e9n se dijo que: <\/p>\n
\u00abIgualmente huelga memorar que la precursora tiene a su disposici\u00f3n el remedio id\u00f3neo para ventilar sus inquietudes contra el Consejo Superior de la Judicatura, que no es otra que \u00abla acci\u00f3n de acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la desigualdad que le enrostra a los actos administrativos; incluso est\u00e1 habilitada para deprecar como medida cautelar desde el comienzo la suspensi\u00f3n de los efectos de los mismos (num. 3), conforme lo contempla el canon 230 \u00eddem\u00bb (CSJ STC3449-2020, 19 may. 2020, rad. 00136-00, reiterada en STC8803-2021). <\/p>\n
Entonces, reiterando lo antedicho, el auxilio deprecado deviene improcedente de acuerdo con lo prevenido en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que la pretensi\u00f3n de la actora puede o pudo encontrar soluci\u00f3n tanto dentro del tr\u00e1mite administrativo, como ante la jurisdicci\u00f3n establecida para el efecto y a la cual no ha acudido. <\/p>\n
2. Tampoco resulta viable la salvaguarda de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable al gestor, comoquiera que no brind\u00f3 los elementos que permitieran determinar las circunstancias graves e inminentes que afecten su m\u00ednimo vital, as\u00ed como no arguy\u00f3 condici\u00f3n de vulnerabilidad que le impidiera hacer uso de los mecanismos ordinarios o esperar a la decisi\u00f3n del incidente de nulidad propuesto ante la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha aclarado que, para que resulte viable la salvaguarda transitoria, no basta la mera expresi\u00f3n de la existencia de un perjuicio grave, inminente y apremiante, pues debe, adicionalmente, demostrarlo: <\/p>\n
no se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional (CSJ STC2039-2020, reiterada hace poco en STC638-2023). <\/p>\n
As\u00ed, aunado lo anterior, el peticionario no prob\u00f3 perjuicio irremediable, pues para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC8803-2021). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital, archivo intitulado \u201c0017Memorial\u201d, p\u00e1gina 53 <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital, archivo intitulado \u201c0017Memorial\u201d, p\u00e1gina 75 <\/p>\n
3\u0002 Expediente digital, archivo intitulado \u201c0017Memorial\u201d, p\u00e1gina 81. <\/p>\n
4\u0002 Expediente digital, archivo intitulado \u201c0017Memorial\u201d <\/p>\n
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STC5129-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC5129-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00196-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 21 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73588","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73588","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73588"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73588\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73588"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73588"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73588"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}