STC5132.-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5132-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00544-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 11 de abril de 2023 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la tutela promovida por Ariel Palacios Calder\u00f3n y coadyuvada por Gissela Palacios Mosquera -en calidad de c\u00f3nyuge del censor- contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Ministerio del Interior y la Jefatura de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de dicha entidad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00b0 110016000102-2020-00144-08. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante pidi\u00f3, en esencia, que se deje sin efectos el auto emitido por el tribunal accionado el 28 de febrero pasado y la decisi\u00f3n proferida por el Ministerio encartado, ese mismo d\u00eda. <\/p>\n
En sustento, adujo que el Tribunal accionado le concedi\u00f3 libertad por vencimiento de t\u00e9rminos (22 feb. 2023). Relat\u00f3 que conforme a esa decisi\u00f3n pidi\u00f3 al Ministerio querellado que suspendiera el Decreto que lo suspendi\u00f3 del cargo de Gobernador de Choc\u00f3 y dispusiera el respectivo reintegro (23 feb. 2023); sin embargo, previo a responder, la entidad solicit\u00f3 al Tribunal que indicara si la orden de libertad proferida implicaba, adem\u00e1s, el levantamiento de la suspensi\u00f3n del cargo como gobernador (27 feb. 2023). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el tribunal atendi\u00f3 el requerimiento ministerial mediante prove\u00eddo en el que reiter\u00f3 que la liberaci\u00f3n no supon\u00eda el retorno al cargo (28 feb. 2023); con soporte en ese pronunciamiento, el Ministerio neg\u00f3 el anhelo del censor (28 feb. 2023). <\/p>\n
De esas decisiones se deriv\u00f3 la lesi\u00f3n ius fundamental, pues el promotor consider\u00f3 que el Tribunal err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa que rode\u00f3 el caso concreto. Lo mismo cuestion\u00f3 del Ministerio convocado. <\/p>\n
2.- La magistratura accionada hizo un relato de las actuaciones a su cargo y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. El Ministerio del Interior hizo lo propio y destac\u00f3 la improcedencia del resguardo porque el actor puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a cuestionar los Decretos que lo relevaron de su cargo y nombraron a su sucesora encargada. La Procuradora adscrita al proceso penal reprochado predic\u00f3 la viabilidad del amparo. La Fiscal\u00eda interviniente en la causa tambi\u00e9n relat\u00f3 lo acaecido en el litigio. La Gobernaci\u00f3n de Choc\u00f3 pidi\u00f3 la improcedencia del amparo. <\/p>\n
3.- La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar que la decisi\u00f3n del tribunal no lesiona las prerrogativas del censor y que se irrespet\u00f3 el requisito de subsidiariedad en lo que respecta al acto administrativo emitido por el Ministerio convocado. <\/p>\n
4.- El accionante y su coadyuvante impugnaron con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La denegaci\u00f3n del amparo ser\u00e1 confirmada porque la decisi\u00f3n del Tribunal, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la autoridad accionada, situaci\u00f3n que impide a esta sede constitucional invadir la \u00f3rbita del juez natural del asunto. Tambi\u00e9n porque no se satisface el presupuesto de subsidiariedad en lo que respecta a la decisi\u00f3n del Ministerio accionado. <\/p>\n
2.- Ciertamente, la primera queja se dirige contra los raciocinios desplegados por la magistratura en el prove\u00eddo de 28 de febrero pasado, en el cual atendi\u00f3 la misiva que el Ministerio accionado le extendi\u00f3. No obstante, revisado el expediente cuestionado pudo constatarse que en esa determinaci\u00f3n el Tribunal inici\u00f3 por remitirse al contenido del prove\u00eddo que otorg\u00f3 la libertad del accionante, para recordar que: <\/p>\n
\u00abla decisi\u00f3n, mediante la cual se otorg\u00f3 la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos al prenombrado es clara en se\u00f1alar en su p\u00e1rrafo final y, en atenci\u00f3n al fallo 19001233100020020032501 del 27 de noviembre de 2014, del Consejo de Estado, Secci\u00f3n Segunda, que solo se protegi\u00f3 el derecho fundamental a la libertad\u00bb <\/p>\n
Sobre ese raciocinio precis\u00f3 que su decisi\u00f3n no comport\u00f3 una \u00abmodific[aci\u00f3n de] la presunta responsabilidad del acusado ni de los presupuestos que sirvieron de base para la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento que a\u00fan sigue vigente\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abno resulta acertado interpretar de lo all\u00ed expuesto que la orden de libertad emitida por este Despacho implica, adem\u00e1s el reintegro a su cargo como Gobernador\u00bb <\/p>\n
F\u00edjese entonces que la decisi\u00f3n de reiterar lo dicho en el auto que dispuso la libertad no obedeci\u00f3 al capricho del juzgador, sino a la interpretaci\u00f3n razonable que esa autoridad despleg\u00f3 sobre las circunstancias f\u00e1cticas, probatorias y jur\u00eddicas que rodearon el caso concreto, en particular, porque consider\u00f3 que la liberaci\u00f3n no obedec\u00eda a una variaci\u00f3n de los presupuestos que sirvieron de base para ordenar el apresamiento, sino por el cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales relativos a la concesi\u00f3n de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos propios del proceso penal; raciocinios que, independientemente de que se compartan, no lucen irracionales o antojadizos. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
3.- Ahora, en lo que ata\u00f1e al anhelo de dejar sin efectos la decisi\u00f3n emitida por el Ministerio accionado, en la cual se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del Decreto que dispuso la suspensi\u00f3n del cargo del impulsor y design\u00f3 una Gobernadora encargada, pronto se advierte el fracaso del auxilio porque se extra\u00f1a el cumplimiento del requisito de subsidiaridad, por cuanto el reclamante no accedi\u00f3 o ha accedido a los medios de control de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo \u2013y las respectivas cautelas propias de esos procedimientos-, con el fin de solicitar la suspensi\u00f3n del acto administrativo cuestionado por esta senda constitucional. Al respecto esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018 reiterado en STC11272-2021, entre otros) <\/p>\n
4.- En definitiva, como quiera que la decisi\u00f3n proferida por el tribunal querellado descansa sobre un discernimiento razonable respecto del panorama conocido por la agencia judicial accionada, y en la medida que el actor tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a pedir la nulidad del acto que pretendi\u00f3 por esta v\u00eda, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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