STC5133-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5133-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00358-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 13 de abril de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que Luis Eduardo C\u00e9spedes De Los R\u00edos le promovi\u00f3 a la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista protest\u00f3 contra la Resoluci\u00f3n CSR23-0061 de 8 de febrero de 2023, mediante la cual la Unidad de Carrera public\u00f3 la lista de los aspirantes admitidos y rechazados al \u00abConcurso de M\u00e9ritos que adelanta para proveer los cargos de Jueces y Magistrados de la Rama Judicial\u00bb (Convocatoria 27). <\/p>\n
Adujo, en esencia, que aunque aprob\u00f3 las pruebas de aptitudes, conocimientos y psicot\u00e9cnicas para el cargo de Magistrado de Salas Administrativas de Consejos Seccionales de la Judicatura, al cual se postul\u00f3, fue rechazado para la siguiente etapa del proceso de selecci\u00f3n, bajo el argumento de que no acredit\u00f3 el requisito m\u00ednimo de experiencia profesional, contado a partir del 11 de octubre de 2017, cuando obtuvo el t\u00edtulo de abogado. <\/p>\n
Expuso que la apreciaci\u00f3n de la accionada lesiona sus derechos al trabajo, debido proceso, petici\u00f3n, acceso a cargos p\u00fablicos, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el principio de favorabilidad en material laboral, as\u00ed como la reglamentaci\u00f3n de la materia, ya que, el art\u00edculo 84 de la Ley 270 de 1996, el cual contempla los requisitos del empleo, no prev\u00e9 que la experiencia a evaluar deba ser obtenida con posterioridad al t\u00edtulo de abogado, raz\u00f3n por la cual debe comput\u00e1rsele la experiencia adquirida despu\u00e9s de que se gradu\u00f3 como Administrador P\u00fablico (1993) o de especialista en Gerencia Hospitalaria (2001). Anot\u00f3, finalmente, que cualquier duda al respecto de dichas exigencias debe resolverse en su beneficio, en virtud del principio de favorabilidad laboral. <\/p>\n
2.- La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial defendi\u00f3 su proceder y, adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el actor tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para ventilar sus discrepancias. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
3.- El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el auxilio, \u00abante la existencia de medios de defensa ordinarios para procurar la revisi\u00f3n del acto administrativo que se cuestiona y, la posibilidad de contener a trav\u00e9s de ellos, la alegada configuraci\u00f3n de un perjuicio de car\u00e1cter irremediable\u00bb. <\/p>\n
4.- Inconforme con lo resuelto, impugn\u00f3 el libelista; sostuvo que no puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo porque la Resoluci\u00f3n criticada es un acto de tr\u00e1mite, y no definitivo. Con todo, y si en gracia de discusi\u00f3n pudiera hacerlo, pidi\u00f3 que la acci\u00f3n se le conceda como un mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, pues, de un lado, la petici\u00f3n de medida provisional har\u00eda inoperante el Concurso, y de otro, la congesti\u00f3n del sistema de administraci\u00f3n de justicia le impedir\u00eda obtener una pronta soluci\u00f3n a su controversia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El veredicto se confirmar\u00e1, comoquiera que, en efecto, la tutela es improcedente para revisar el acto administrativo que expuls\u00f3 al accionante del Concurso de M\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Adem\u00e1s, no hay razones para conceder el amparo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
1.1.- Esta Corporaci\u00f3n, en m\u00faltiples oportunidades, ha dicho que la acci\u00f3n de tutela es inviable para controvertir los actos mediante los cuales aspirantes son excluidos durante el tr\u00e1mite de los concursos de m\u00e9rito p\u00fablicos. As\u00ed lo ha entendido, no porque haya olvidado la regla seg\u00fan la cual, los actos de tr\u00e1mites no son demandables ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, sino porque, precisamente, ha entendido, a tono con la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular, que tienen el car\u00e1cter de definitivos frente a sus destinatarios, al determinar que no podr\u00e1n continuar en el proceso de selecci\u00f3n (CSJ STC4136-2023, STC3911-2023, STC3615-2023, STC-3652-2023, STC3315-2023, STC638-2023). <\/p>\n
Sobre el particular en STC3315-2023 la Sala record\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) es clara la improcedencia del resguardo, porque si la tutelante se duele de la \u00abResoluci\u00f3n CJR23-0061\u00bb (8 feb. 2023), por medio de la cual (\u2026) fue \u00abRECHAZADA\u00bb, lo cierto es que, como de manera reiterada lo ha predicado esta Corte (STC11174-2022, STC15138-2022 y STC638-2023), ese es un debate que debe ser dilucidado por el juez de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora, aunque Guzm\u00e1n Lozano esgrime que por tratarse de un \u00abacto administrativo de tr\u00e1mite\u00bb no procede el control de legalidad mediante el comentado remedio, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en se\u00f1alar que: <\/p>\n
Por regla general son los actos definitivos lo \u00fanicos que son susceptibles de ser enjuiciados ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, dado que a trav\u00e9s de estos la administraci\u00f3n crea, modifica o extingue situaciones jur\u00eddicas a los asociados. Excepcionalmente tambi\u00e9n lo son los de tr\u00e1mite cuando impiden la continuaci\u00f3n de este. <\/p>\n
En los concursos de m\u00e9ritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y de tr\u00e1mite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo, tambi\u00e9n se ha dicho que cuando el acto de tr\u00e1mite le impide al aspirante continuar su participaci\u00f3n se convierte en el acto definitivo que defini\u00f3 su situaci\u00f3n jur\u00eddica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. (resalto intencional, C.E., S.C.A, Secci\u00f3n Segunda, Subsecci\u00f3n A, sentencia 5 nov. 2020, rad. 2012-00680-01). <\/p>\n
Por tanto, como se anot\u00f3, a la interesada corresponde agotar el mecanismo ordinario rese\u00f1ado antes de utilizar la acci\u00f3n de amparo (\u2026). <\/p>\n
Con todo, lo cierto es que si dicha decisi\u00f3n en el caso del libelista tiene o no el car\u00e1cter de definitiva, no es asunto que le competa definir al juez de tutela, sino al natural, al analizar la respectiva demanda que ante \u00e9l debe promoverse. <\/p>\n
1.2.- La suerte no es distinta si se analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al t\u00f3pico, pues, desde esa perspectiva, el auxilio tambi\u00e9n ser\u00eda inf\u00e9rtil, por falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n, el de la \u00abla vulneraci\u00f3n o amenaza real de un derecho constitucional fundamental\u00bb. <\/p>\n
En efecto, dicha Corporaci\u00f3n dijo que este remedio era viable, excepcionalmente, frente a los actos expedidos durante el Concurso analizado. Ello, al considerar que eran de tr\u00e1mite, y eran objeto de control judicial, \u00abnormalmente\u00bb, \u00abcon la revisi\u00f3n del acto que concluye la actuaci\u00f3n administrativa\u00bb. En esa direcci\u00f3n, precis\u00f3 que la procedencia del auxilio quedar\u00eda sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: \u00abi) que la actuaci\u00f3n administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto acusado defina una situaci\u00f3n especial y sustancial que se proyecte en la decisi\u00f3n final; y iii) que ocasione la vulneraci\u00f3n o amenaza real de un derecho constitucional fundamental\u00bb (SU167 de 20221). <\/p>\n
Pues bien, aunque en el caso, a la luz de esas directrices, pod\u00eda afirmarse que el Concurso de M\u00e9ritos no ha finalizado, y que por medio de la Resoluci\u00f3n CSR23-0061 de 8 de febrero de 2023 se defini\u00f3 la situaci\u00f3n del censor, en tanto fue excluido del procedimiento, lo cierto es que no se advierte, prima facie, la vulneraci\u00f3n o amenaza de sus garant\u00edas, que imponga desatar el fondo del problema planteado. <\/p>\n
Para ello, basta se\u00f1alar, que la exclusi\u00f3n objetada es el resultado de la aplicaci\u00f3n de los lineamientos de la respectiva Convocatoria, contemplados en Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, \u00ab[p]or medio del cual se adelanta el proceso de selecci\u00f3n y se convoca al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, en el art\u00edculo 1\u00b0, numeral 2.1., de dicha Reglamentaci\u00f3n se indic\u00f3: <\/p>\n
La experiencia profesional deber\u00e1 ser adquirida con posterioridad a la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de abogado en actividades jur\u00eddicas o en ciencias administrativas, econ\u00f3micas o financieras, seg\u00fan sea el caso, ya sea de manera independiente o en cargos p\u00fablicos o privados, o en el ejercicio de la funci\u00f3n judicial. En todo caso, respecto de los cargos de juez municipal, juez del circuito y magistrado de tribunal, para estos efectos se computar\u00e1 como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de abogado (el destacado es original del texto). <\/p>\n
Asimismo, el numeral 3.4. del art\u00edculo 3\u00b0 estableci\u00f3 como \u00abcausales de rechazo\u00bb, entre otras, \u00ab[n]o acreditar el requisito m\u00ednimo de experiencia\u00bb. Igualmente previ\u00f3 como fases de la \u00abEtapa de Selecci\u00f3n\u00bb del Concurso, la n\u00b0 \u00abII\u00bb, en la cual, \u00ab[l]a Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, verificar\u00e1 el cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos se\u00f1alados en la presente convocatoria respecto de quienes aprobaron las pruebas de aptitudes y conocimientos y decidir\u00e1 mediante Resoluci\u00f3n sobre la admisi\u00f3n o rechazo al concurso, indicando la causal o causales que dieron lugar a la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, ante ese panorama, que permite evidenciar, ab initio, que la resoluci\u00f3n combatida es consecuencia de la aplicaci\u00f3n de las reglas del proceso de selecci\u00f3n, es impertinente determinar, por esta v\u00eda, si la misma lesion\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el peticionario. <\/p>\n
1.3.- Por otra parte, como se anunci\u00f3, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues, no se advierte que el impugnante se encuentre en una situaci\u00f3n de perjuicio irremediable, grave e inminente, que le impida acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y all\u00e1, exponer y acreditar sus discrepancias. F\u00edjese que al superar la prueba de aptitudes, conocimientos y psicot\u00e9cnicas para el cargo de Magistrado de Salas Administrativas de Consejos Seccionales de la Judicatura apenas le otorg\u00f3 una expectativa de integrar el Registro de Elegibles, y no un derecho que lo faculte a exigir medidas de protecci\u00f3n inmediatas. <\/p>\n
As\u00ed que, bajo esas condiciones, le incumbe al interesado hacer valer sus reclamos ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, con todas las cargas y las consecuencias que ello apareja, incluidas las que podr\u00eda generar el decreto de una medida provisional, cuyos efectos, en todo caso, le corresponde determinarlos al juez de lo contencioso, y no al constitucional. Como lo dijo la Sala en un caso similar: <\/p>\n
Sostener cosa diversa implicar\u00eda, as\u00ed sin m\u00e1s, alterar las \u00abreglas del concurso\u00bb y emplear esta herramienta como un mecanismo adicional y suplementario a los conductos regulares se\u00f1alados por el \u00ablegislador\u00bb para hacer frente a la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n, en desmedro de los dem\u00e1s concursantes que s\u00ed se sometieron a las reglas propias del \u00abproceso de selecci\u00f3n\u00bb dadas a conocer con suficiente antelaci\u00f3n a trav\u00e9s de los canales informativos establecidos para tal efecto (STC3327-2019). <\/p>\n
2.- Bajo esos derroteros, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, la protecci\u00f3n implorada es improcedente porque el interesado puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a ventilar sus discrepancias frente a su exclusi\u00f3n del Concurso de M\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Por ende, la sentencia de primera instancia ser\u00e1 respaldada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En dicha sentencia, la Corte Constitucional analiz\u00f3 diversas acciones de tutela que se promovieron contra la Resoluci\u00f3n CJR20-0202, \u00ab[p]or medio de la cual se corrige una actuaci\u00f3n administrativa en el marco de la convocatoria 27\u00bb.La sentencia fue objeto de un salvamento de voto, en el que, entre otros aspectos, se expres\u00f3: Considero adem\u00e1s que, en el asunto tampoco resultaba pertinente aplicar la jurisprudencia constitucional vigente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra los actos expedidos dentro de los concursos de m\u00e9ritos. Lo anterior, encuentra respaldo en la jurisprudencia del juez natural de los actos administrativos, pues conforme el Consejo de Estado sobre las listas de elegibles, que ha se\u00f1alado que las mismas: \u201cpese a la pluralidad de personas que las integran, son actos administrativos de contenido \u00abparticular y concreto, en la medida que surte[n] un efecto inmediato, directo y subjetivo respecto de [sus] destinatario[s]\u00bb, por lo que pueden ser demandados ante esta jurisdicci\u00f3n\u201d[197]. En el mismo sentido, la Sala Plena no tuvo en cuenta que, el m\u00e1ximo tribunal de lo contencioso administrativo ha admitido que, las decisiones previas a la lista de elegibles son atacables a trav\u00e9s de los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC5133-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC5133-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00358-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73592","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73592","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73592"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73592\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73592"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73592"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73592"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}