STC5148-2023<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5148-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta el 27 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Favian y Miguel Ernesto Parra Jim\u00e9nez formularon contra el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de insolvencia de persona natural de radicado n\u00famero 54405-31-03-001-2017-00088-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifestaron, en s\u00edntesis, que iniciaron demanda ejecutiva contra Leonardo Ar\u00e9valo Galvis y Carolina C\u00e1ceres Correa, de la que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja (Rad. 2016-00152-00), proceso en el que el ejecutado Ar\u00e9valo Galvis propuso como excepciones el pago total de la obligaci\u00f3n, la inexistencia de esta \u00faltima y la alteraci\u00f3n del texto del t\u00edtulo aportado como base del recaudo, defensas que soport\u00f3 en una prueba pericial dirigida a determinar una supuesta falsedad o alteraci\u00f3n de la letra de cambio LC-21 3755467, \u00aben especial lo concerniente a las fechas de suscripci\u00f3n y vencimiento, como el porcentaje de la tasa de inter\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Agregaron, que el 15 de agosto de 2017, se conoci\u00f3 de la existencia de un proceso de insolvencia de persona natural con calidad de comerciante, promovido por Leonardo Ar\u00e9valo Galvis, ante el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, e identificado con el radicado 54405-31-03-001-2017-00088-00, lo que motivo que mediante auto de 12 de septiembre de2017 se ordenara la remisi\u00f3n de la referida ejecuci\u00f3n al juez que conoc\u00eda del concurso. <\/p>\n
Relataron, que, en audiencia de 27 de marzo de 2023, el Juzgado de conocimiento declar\u00f3 pr\u00f3speras las \u00abexcepciones (objeciones) planteadas\u00bb en el proceso inicial, orden\u00f3 la exclusi\u00f3n del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n presentado por la promotora designada, e imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a este \u00faltimo, decisiones por las que presentaron los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n que fueron posteriormente desestimados, y contra las cuales se\u00f1alaron su desacuerdo. <\/p>\n
Se\u00f1alaron, que la \u00abuniprocedencia\u00bb de las letras incorporadas en el t\u00edtulo valor, determinada por el perito que realiz\u00f3 el aludido trabajo, no le restaba credibilidad al documento base de su acci\u00f3n, puesto que la jurisprudencia ha considerado que su diligenciamiento, previa entrega a su tenedor con espacios en blanco, \u00abes v\u00e1lido, y goza de ser una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, siempre y cuando se haya llenado de acuerdo a las instrucciones verbales o escritas del deudor, hecho que corresponde a la realidad sustancial del presente asunto\u00bb. <\/p>\n
De tal manera, alegaron la incursi\u00f3n del Juzgado accionado en defectos \u00abfactico (\u2026) material o sustantivo\u00bb en sus decisiones, habida cuenta que, con la valoraci\u00f3n probatoria realizada, se omiti\u00f3 \u00abla validez del t\u00edtulo valor\u00bb y se invirti\u00f3 indebidamente la carga de la prueba porque no les correspond\u00eda demostrar que no hab\u00eda sido alterado, pues era el deudor el que deb\u00eda hacerlo de cara a sus alegaciones, adem\u00e1s que lo alegado en el sentido que se hab\u00edan desatendido sus instrucciones para dicho efecto, no se logr\u00f3 probar en el juicio, es decir, \u00abque la norma aplicada (\u2026) no se adecua a las circunstancias f\u00e1cticas\u00bb. <\/p>\n
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2. Con fundamento en lo anterior, solicitaron, \u00abdejar sin efectos el Auto de Decisi\u00f3n de Objeciones emitido en audiencia de fecha 27 de marzo de 2023, por el que resuelve declarar falso y alterado el t\u00edtulo valor LC-21 3755467\u00bb y, en su lugar, ordenar \u00abincluir la obligaci\u00f3n por valor de Ciento Veintiocho Millones de Pesos ($128.000.000) en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y derecho a voto presentado por la promotora\u00bb en el proceso de insolvencia de persona natural. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, relacion\u00f3 las actuaciones desde que admiti\u00f3 la demanda y declar\u00f3 abierto el tr\u00e1mite de insolvencia judicial aludido, y se\u00f1al\u00f3 que este, actualmente, se encuentra en etapa de traslado a la promotora para que presente el acuerdo de pago de acreedores. <\/p>\n
Sostuvo, que los accionantes debieron controvertir lo concerniente a la negaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que propusieron en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n objeto de su inconformidad, a trav\u00e9s de \u00abqueja\u00bb para que el superior la concediera, si fuere procedente, y adujo que \u00abno existen elementos probatorios de contradicci\u00f3n del dictamen pericial allegado por el demandado contra el acreedor demandante dentro de [ese] proceso, que conlleve a determinar que su alegaci\u00f3n ten\u00eda sustento legal\u00bb. <\/p>\n
2. Ana Milena Torres Sierra (promotora) destac\u00f3 que lo actuado por el Juzgado se hizo \u00abcon apego a la ley\u00bb. Adicion\u00f3, que \u00abdentro de la correspondiente etapa probatoria al aqu\u00ed accionante, se le brind\u00f3 la oportunidad de allegar un nuevo dictamen pericial, a efecto de controvertir el inicialmente aportado por el deudor (insolvente)\u2013ejecutado (acci\u00f3n ejecutiva), sin que hubiere hecho uso de tal prerrogativa\u00bb. Y se\u00f1al\u00f3, que se encontraba pendiente por resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por los accionantes en la audiencia, por lo que a\u00fan contaban con otro medio ordinario. <\/p>\n
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3. Almacenes \u00c9xito SA, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN y Banco Pichincha SA, alegaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de C\u00facuta, neg\u00f3 el amparo tras considerar razonable la decisi\u00f3n judicial cuestionada, por ausencia del \u00abdefecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria endilgado\u00bb, en la medida en que se encontraba debidamente fundamentada, habida cuenta que la parte, aqu\u00ed accionante, no hab\u00eda controvertido, de manera adecuada, el dictamen pericial presentado por el ejecutado (demandante) en el proceso de insolvencia discutido. <\/p>\n
Explic\u00f3, \u00abque la decisi\u00f3n (\u2026) por medio de la cual se declar\u00f3 no probada la objeci\u00f3n formulada por los acreedores en el proceso ejecutivo, se ciment\u00f3 en las pruebas aportadas y practicadas, que no fueron tachadas, las que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, fueron apreciadas en conjunto y valoradas \u201cde acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u201d (Sentencia T-790 de 2010, entre otras.), el que, como lo tiene dicho la jurisprudencia patria, consiste en un proceso hermen\u00e9utico de interpretaci\u00f3n de la informaci\u00f3n suministrada a la luz del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teor\u00edas e hip\u00f3tesis cient\u00edficas y los postulados de la t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC3021-2023). <\/p>\n
Solo en esa eventualidad se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. <\/p>\n
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2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, Favian y Miguel Ernesto Parra Jim\u00e9nez acudieron inconformes con las decisiones adoptadas por el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, en audiencia de 27 de marzo de 2023, celebrada en el proceso de insolvencia de persona natural promovido por Leonardo Ar\u00e9valo Galvis, bajo el radicado n\u00famero 54405-31-03-001-2017-00088-00, en las que, i) declar\u00f3 pr\u00f3speras las \u00abexcepciones (objeciones) planteadas\u00bb por el deudor en el proceso ejecutivo cuyo conocimiento inicial le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja (Rad. 2016-00152-00), ii) orden\u00f3 su exclusi\u00f3n del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n presentado por la promotora designada, iii) imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a este \u00faltimo y, iv) resolvi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n formulados por los actores al respecto. <\/p>\n
Como sustento de lo anterior, alegaron, que el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios hab\u00eda incurrido en defectos \u00abfactico (\u2026) material o sustantivo\u00bb en sus decisiones, toda vez que, con la valoraci\u00f3n probatoria que hab\u00eda realizado, omiti\u00f3 \u00abla validez del t\u00edtulo valor\u00bb letra de cambio LC-21 3755467 que soportaba la ejecuci\u00f3n que hab\u00edan empezado contra el se\u00f1or Ar\u00e9valo Galvis, y se hab\u00eda invertido indebidamente la carga probatoria, porque no les correspond\u00eda demostrar que el t\u00edtulo no hab\u00eda sido alterado, pues, era el deudor el que deb\u00eda probarlo, como tambi\u00e9n que se hab\u00edan diligenciado los espacios dejados en blanco en contra de sus instrucciones, lo que no se logr\u00f3 probar en el juicio, es decir, \u00abque la norma aplicada (\u2026) no se adecua a las circunstancias f\u00e1cticas\u00bb expuestas. <\/p>\n
Destacaron, que la \u00abuniprocedencia\u00bb de las letras incorporadas en el t\u00edtulo valor, determinada por un perito contratado por el deudor, no le restaba credibilidad al t\u00edtulo, puesto que la jurisprudencia ha considerado que su diligenciamiento, previa entrega a su tenedor con espacios en blanco, \u00abes v\u00e1lido, y goza de ser una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, siempre y cuando se haya llenado de acuerdo a las instrucciones verbales o escritas del deudor, hecho que corresponde a la realidad sustancial del presente asunto\u00bb. <\/p>\n
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3. Revisado el expediente objeto de queja constitucional, se observ\u00f3, con relevancia para lo que habr\u00e1 de decidirse, lo siguiente, <\/p>\n
3.1 El deudor Leonardo Ar\u00e9valo Galvis se opuso a la pretensi\u00f3n ejecutiva formulada en su contra por los aqu\u00ed accionantes, tras exponer, como medios exceptivos, pago y tacha en relaci\u00f3n al documento aportado al tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
Para respaldar la \u00faltima de las defensas, aport\u00f3 un \u00abEstudio T\u00e9cnico Grafol\u00f3gico\u00bb realizado sobre la letra de cambio LC-21 3755467, cuyo objetivo fue \u00abDeterminar si existe uniprocedencia en el lleno del texto mecanogr\u00e1fico que conforma el documento (\u2026) o si existe discrepancia o diferencia en el mismo, en lo que hace referencia a la fecha de suscripci\u00f3n, fecha del pago de la obligaci\u00f3n, porcentaje de inter\u00e9s y la cantidad en n\u00famero y letras y Determinar si existe alg\u00fan tipo de alteraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Las conclusiones a las que arrib\u00f3 el profesional que realiz\u00f3 el trabajo, se\u00f1alaron que exist\u00edan \u00abdos tipos de caracteres o letras, que difieren en tama\u00f1o, forma y conformaci\u00f3n de cada letra\u00bb, por lo que hab\u00edan \u00abnotorias disimilitudes entre la morfolog\u00eda y conformaci\u00f3n de las letras de los textos Fechas de elaboraci\u00f3n y fecha de cobro, respecto al texto del valor en n\u00fameros y en letras, as\u00ed como los nombres de los acreedores y deudores; lo que nos demuestra que este documento o t\u00edtulo de valor, fue elaborado en dos tiempos\u00bb, y extra\u00f1aba \u00abuniprocedencia (\u2026) en cuanto a la conformaci\u00f3n de sus caracteres o tipos, y en la tonalidad crom\u00e1tica, de la tinta; apreciaci\u00f3n que se hace evidente a la observaci\u00f3n directa y se comprueba tras utilizar diferentes elementos \u00f3pticos y fuente de luz\u00bb. <\/p>\n
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2. Los acreedores (aqu\u00ed accionantes) mostraron su desacuerdo y se\u00f1alaron que el deudor no hab\u00eda pagado la totalidad de la deuda, y solo hab\u00eda realizado una serie de abonos, que la obligaci\u00f3n exist\u00eda y estaba representada en un t\u00edtulo valor firmado por \u00e9ste, y que si bien fue diligenciado \u00absin uniprocedencia en cuanto a sus caracteres o tipos o tonalidades crom\u00e1ticas, esto no le resta(ba) m\u00e9rito ejecutivo\u00bb, porque se encontraban habilitados para llenar los espacios en blanco, conforme a las indicaciones verbales entregadas por el deudor, y en acatamiento a lo establecido en el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio, confirmado por la jurisprudencia. <\/p>\n
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2. El Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, en la audiencia de 27 de marzo de 2023, para sustentar la decisi\u00f3n cuestionada, record\u00f3 el tr\u00e1mite acaecido, as\u00ed como las excepciones y las pruebas aportadas por el concursado en el proceso ejecutivo, y tom\u00f3 en cuenta que los ejecutantes hab\u00edan manifestado su oposici\u00f3n sobre el dictamen aludido, bajo el argumento de que el t\u00edtulo valor hab\u00eda sido firmado por los obligados, y que, si bien estaba en blanco, fue diligenciado de acuerdo a lo pactado dentro de un negocio celebrado sobre ciertos bienes. <\/p>\n
Consider\u00f3, que \u00abel t\u00edtulo puede ser alterado (\u2026) si se modifica la fecha o se cambia el t\u00edtulo el valor de t\u00edtulos, se cambia el nombre de quienes figuran en el t\u00edtulo valor, se falsifica la firma y se cambian las correcciones o restricciones incrustadas en el t\u00edtulo valor\u00bb, que dicha falsedad pod\u00eda ser \u00abideol\u00f3gica\u00bb y \u00abmaterial\u00bb, y que \u00aben este caso, la totalidad del t\u00edtulo valor (\u2026) no fue declarado falso pero s\u00ed el contenido de alguna de las partes esenciales que configuran la existencia del t\u00edtulo valor\u00bb, asegur\u00f3, \u00abque el art\u00edculo 734 del C. Comercio contiene la excepci\u00f3n cambiaria espec\u00edfica de la alteraci\u00f3n del t\u00edtulo valor y si se prueba la falsedad material del t\u00edtulo, la acci\u00f3n cambiaria, como se sabe, fracasa, por cuanto no se puede ejecutar a quien ha demostrado no estar obligado y el t\u00edtulo valor se convierte en un documento sin valor alguno\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que, conforme a la ley, \u00abla parte a quien se atribuye un documento afirm\u00e1ndose que est\u00e1 suscrito por ella podr\u00e1 tacharlo de falso en la contestaci\u00f3n de la demanda, si la acompa\u00f1a en esta y en los dem\u00e1s casos en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba. (\u2026) deber\u00e1 expresar en qu\u00e9 consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostraci\u00f3n, no se tramitar\u00e1 la tacha que no re\u00fana estos requisitos, ya que los efectos de un t\u00edtulo valor alterado puede nacer alterado, en caso de falsedad material y puede alterarse en el camino, ya sea por no determinar las instrucciones espec\u00edficas que fueron se\u00f1aladas dentro de las partes dentro de una obligaci\u00f3n\u00bb, y, que, \u00abquien alega la tacha de falsedad debe acreditar que existe tal falsedad y debe probar en qu\u00e9 consisti\u00f3 esta alteraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que tanto el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio, como la jurisprudencia permit\u00edan \u00abde manera expresa la posibilidad de poder llenar los documentos en blanco siempre que llene el siguiente requisito m\u00ednimo de que se haya llenado con las instrucciones dadas estrictamente por quien manifest\u00f3 haber entregado el documento\u00bb. Tuvo en cuenta el principio de la carga de la prueba y afirm\u00f3 que \u00abcuando se excepciona en relaci\u00f3n a una solicitud de la parte demandante, el que excepciona o el demandado debe probar la existencia de que, efectivamente lo alegado por \u00e9l, ha sido lo que efectivamente se estableci\u00f3 dentro de las partes en contienda\u00bb. <\/p>\n
Trajo a colaci\u00f3n pronunciamientos de esta Corte y puntualiz\u00f3, que \u00abla excepci\u00f3n comprende cualquier defensa de fondo que no consiste en una simple negaci\u00f3n del hecho afirmado por el actor sino contra ponerle otro hecho impeditivo o impositivo que excluya los efectos jur\u00eddicos del primero y por lo mismo la acci\u00f3n de consiguiente la excepci\u00f3n perentoria cualquiera que sea su naturaleza presenta un verdadero contra derecho del demandado preexistente al proceso y susceptible de ser reclamada generalmente, a su vez, como acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido, cit\u00f3 a la Corte Constitucional y entendi\u00f3, que \u00absi el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente, corresponde probar las caracter\u00edsticas particulares del mismo y las consecuencias jur\u00eddicas que en raz\u00f3n de su grado e importancia tienen los estatutos suficientes para efectuar el car\u00e1cter aut\u00f3nomo y la exigibilidad propia del derecho de cliente incorporado en un t\u00edtulo valor y as\u00ed toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor al ejecutado que propone la excepci\u00f3n.\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, agreg\u00f3, que \u00ablos llenados en blanco pueden ser autorizados verbalmente al presentarse esta manifestaci\u00f3n, de que hab\u00eda un contrato anterior que daba lugar a la posibilidad y a la autorizaci\u00f3n para el lleno de la letra de cambio, la carga de la prueba se invierte a cargo de la parte demandante en el que debe demostrar la existencia del acuerdo, el no cumplimiento del acuerdo y la determinaci\u00f3n espec\u00edfica de ser o no llenado el t\u00edtulo valor en blanco\u00bb. <\/p>\n
Para resumir y finalizar, tras hablar sobre la confesi\u00f3n que pueden realizar las partes y que tambi\u00e9n debe tomar en cuenta el juzgador, dijo que \u00abla parte demandante acepta y confiesa que efectivamente el t\u00edtulo se encontraba en blanco, pero adem\u00e1s de haberse determinado que ella confiesa el hecho y lo acepta, como tal debe entenderse que el documento aprobado en esas condiciones, habiendo sido alterada la totalidad de lo incorporado al proceso, es decir, todo lo que es diferente a las firmas, se tiene por falso, por cuanto el mismo no anunci\u00f3, como hecho para atacar esta afirmaci\u00f3n, el que haya sido el resultado de una demostraci\u00f3n eficaz a trav\u00e9s de otro tr\u00e1mite ordinario de la existencia de un valor exacto, si fuese del caso, de querer probar la existencia de una deuda anterior\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3, que \u00abal no haberse determinado que el t\u00edtulo valor aportado al tr\u00e1mite re\u00fane los requisitos establecidos en la ley, es el caso determinar que siendo este falso no re\u00fanen los requisitos que la ley establece para dar el valor probatorio, es decir, que la menci\u00f3n del derecho que el t\u00edtulo incorpora no es cierto. As\u00ed, a pesar de que exista alguna firma que sea original o no dentro del mismo, no llen\u00e1ndose entonces los requisitos establecidos de conformidad como lo establece el art\u00edculo 619 y 621 del C\u00f3digo de Comercio, este juzgado declara que el t\u00edtulo es falso y en consecuencia la objeci\u00f3n presentada se tiene como demostrada a la luz de la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
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2. Ahora, al resolver los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que los ejecutantes plantearon, agreg\u00f3, que, <\/p>\n
i) el concepto grafol\u00f3gico aludido no hab\u00eda sido objetado ni controvertido por la parte contra la cual se adujo (ejecutantes) ya que \u00abno alleg\u00f3 un concepto diferente\u00bb, ii) conforme a la \u00abafirmaci\u00f3n y confesi\u00f3n hecha en la demanda en este recurso\u00bb y lo dicho por el perito \u00abque la fecha y los intereses fueron colocados en tiempos diferentes para este despacho debe entender que si el t\u00edtulo valor no re\u00fane los requisitos de ley por cuanto los elementos esenciales del mismo fueron colocados y fueron alterados este no re\u00fane lo establecido en el art\u00edculo 619 y 221 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb y, iii) \u00abdebe entenderse conforme el c\u00f3digo y conforme ha analizado este despacho que si no existe uniprocedencia1 en el lleno de los documentos en cuanto a la confrontaci\u00f3n de los caracteres de los tipos que integran el t\u00edtulo y que no fueron llenados seg\u00fan entiende el despacho por los valores que efectivamente manifiesta aparentemente haber debido el demandado se tiene que al no reunir los requisitos de ley tal t\u00edtulo valor como letra de Cambio no genera una obligaci\u00f3n contenida en el mismo\u00bb. <\/p>\n
Consolid\u00f3 lo dicho, se\u00f1alando que \u00absi se pretende la existencia de una obligaci\u00f3n ya no ser\u00eda a trav\u00e9s del cobro de la misma a trav\u00e9s de un t\u00edtulo valor e inexistente por falta de los requisitos legales sino que debe adelantarse un a trav\u00e9s de la declaratoria de otro procedimiento diferente al ejecutivo al aqu\u00ed cobrar\u00bb. Por ende, mantuvo la decisi\u00f3n, y neg\u00f3 la apelaci\u00f3n por improcedente. <\/p>\n
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4. Visto lo anterior, ha de anticiparse que el an\u00e1lisis realizado por el Juzgado accionado se apart\u00f3 de los lineamientos legales y jurisprudenciales establecidos sobre el tema, por lo que se present\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada por los accionantes, lo que significa que el juez constitucional debe intervenir a fin de que cese la afectaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El referido art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio es claro en establecer, que, si en un t\u00edtulo se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor leg\u00edtimo podr\u00e1 llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentarlo para el ejercicio del derecho que en \u00e9l se incorpore. Asimismo, \u00abuna firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un t\u00edtulo-valor, dar\u00e1 al tenedor el derecho de llenarlo\u00bb, de esa manera, para que el t\u00edtulo, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en \u00e9l han intervenido, deber\u00e1 ser llenado \u00abestrictamente de acuerdo con la autorizaci\u00f3n dada para ello\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo anterior, esta Corte ha admitido la posibilidad \u00abpor cierto habitualmente utilizada, de crear t\u00edtulos valores con espacios en blanco para que, antes de su exhibici\u00f3n tendiente a ejercer el derecho incorporado, se llenen o completen por el tenedor de conformidad con las \u00f3rdenes emitidas por el suscriptor. Ahora, si una vez presentado un t\u00edtulo valor, conforme a los requisitos m\u00ednimos de orden formal se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Comercio para cada especie, el deudor invoca una de las hip\u00f3tesis previstas en la norma mencionada le incumbe doble carga probatoria: en primer lugar, establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco; y, en segundo, evidenciar que se llen\u00f3 de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del t\u00edtulo.\u00bb (CSJ. Exp. No. 05001-22-03-000-2009-00629-01, 15 dic. 2009, reiterada, entre otras, en STC1115-2015 y STC16843-2016) (\u00c9nfasis no original). <\/p>\n
En similar decisi\u00f3n de 30 de junio de 2009, esta Corporaci\u00f3n ya ha hab\u00eda se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) conforme a principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto gen\u00e9rico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocaci\u00f3n de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante; de suerte que al ejercer este medio de defensa surge di\u00e1fano que el primero expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o impedir los efectos jur\u00eddicos que persigue este \u00faltimo (\u2026) adicionalmente le corresponder\u00eda al excepcionante explicar y probar c\u00f3mo fue que el documento se llen\u00f3 en contravenci\u00f3n a las instrucciones dadas\u201d (Exp. No. 1100102030002009-01044-00). <\/p>\n
Por ende, el hecho de que se hubiera demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de las referidas letras, era cuesti\u00f3n que por s\u00ed sola no les restaba m\u00e9rito ejecutivo a los referidos t\u00edtulos, pues tal circunstancia no imped\u00eda que se hubiesen acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el diligenciamiento del t\u00edtulo y su consiguiente exigibilidad. <\/p>\n
No pod\u00eda, entonces, invertirse la carga de la prueba para dejar a hombros del acreedor el deber de acreditar c\u00f3mo y porqu\u00e9 llen\u00f3 los t\u00edtulos, sino que a\u00fan en el evento de ausencia inicial de instrucciones, deb\u00edan los deudores demostrar que tampoco las hubo con posterioridad o que, en todo caso, el acreedor sobrepas\u00f3 las facultades que la ley le otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda atribuida a los ejecutados.\u00bb (CSJ 30 jun. 2009 proceso No. T-05001-22-03-000-2009-00273-01, reiterada, entre otras en Sentencia T-673 de 2010 por la Corte Constitucional) (\u00c9nfasis no original). <\/p>\n
<\/p>\n
6. De este modo, surge claro que, para el presente caso, al se\u00f1or Ar\u00e9valo Galvis no solo le incumb\u00eda la carga de probar que la letra de cambio que acept\u00f3 haber suscrito en original (LC-21 3755467) se hab\u00eda creado con espacios en blanco, sino, adem\u00e1s, que estos se hab\u00edan completado contrariando sus instrucciones (ya escritas, ora verbales) circunstancia \u00faltima sobre la cual, no se observ\u00f3 en las decisiones cuestionadas alguna anotaci\u00f3n o an\u00e1lisis puntual, pues el despacho solo se detuvo en lo dicho por el dictamen pericial, lo que -dicho sea de paso- no pod\u00eda conducir a la conclusi\u00f3n infalible a la que se arrib\u00f3, esto es, que la letra de cambio examinada por el referido profesional era \u00abfalsa\u00bb en su totalidad, pues, de dicha prueba no pod\u00eda extractarse tan definitiva percepci\u00f3n, y sin completar el estudio echado de menos en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, contrario a lo establecido por la jurisprudencia, se invirti\u00f3 la carga de la prueba y se les atribuy\u00f3 a los ejecutantes el deber de comprobar la supuesta existencia de instrucciones para dichos efectos, y si estas se hab\u00edan respetado, o no, al momento de diligenciar el t\u00edtulo suscrito y entregado en blanco por el obligado. <\/p>\n
Y es que de la anotada prueba solo pod\u00eda tenerse por acreditado lo que -de hecho- ya hab\u00edan aceptado las partes en relaci\u00f3n a que la letra de cambio hab\u00eda sido creada y entregada con espacios en blanco, disponibles para ser diligenciados en la oportunidad pertinente, as\u00ed como que, en efecto, no pod\u00eda existir \u00abuniprocedencia\u00bb entre los grafos o letras impuestos en esta de pu\u00f1o y letra de su creador (ejecutado) y los consignados posteriormente por sus acreedores o tenedores leg\u00edtimos a trav\u00e9s de un instrumento mec\u00e1nico (como pudo ser una m\u00e1quina de escribir o una impresora) y como a la simple vista se pod\u00eda notar de la revisi\u00f3n del documento. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Debe reiterarse, entonces, que, cuando un ejecutado alega que el t\u00edtulo por el que ha sido llamado a juicio, fue suscrito o creado con su firma y entregado con espacios en blanco, disponibles para diligenciar por su respectivo tenedor en la oportunidad pertinente, aqu\u00e9l debe acreditar, probatoriamente, i) que se dejaron instrucciones expresas para tal finalidad, a trav\u00e9s de alg\u00fan tipo de documento o, en su defecto, ii) que estas (las instrucciones) no existieron o se realizaron de manera verbal y, en cualquiera de estos escenarios, iii) que ninguna, o parte de estas se atendieron para llenar el titulo, caso \u00faltimo en el que solo, de comprobarse lo alegado, por cuenta del deudor, ciertamente, el referido cartular carecer\u00eda de autenticidad y, por lo tanto, ser\u00eda ineficaz para obligar a su suscriptor(es). <\/p>\n
<\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, se configuraron en el evento en estudio los defectos denominados por la jurisprudencia constitucional sustantivo y f\u00e1ctico, en la medida en que la motivaci\u00f3n realizada por el juzgado accionado en sus decisiones, result\u00f3 deficiente, a la luz de las normas y la jurisprudencia transcritas en l\u00edneas precedentes, lo que condujo, sin duda alguna, a la vulneraci\u00f3n de los derechos de fundamentales de la parte actora, lo que hace posible la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, escenarios sobre los que esta Corporaci\u00f3n ha manifestado, <\/p>\n
<\/p>\n
i. que el defecto sustantivo se registra \u00abcuando en desarrollo de la actividad judicial el juez se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo una determinaci\u00f3n que vulnera derechos fundamentales\u00bb (CSJ. STC de 31 de octubre de 2012, exp. 1800122140002012-02455-00, reiterada en STC 11060-2022. Entre muchas), <\/p>\n
<\/p>\n
ii. mientras \u00abel defecto f\u00e1ctico se configura cuando: i) existe una omisi\u00f3n en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una valoraci\u00f3n caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material probatorio\u00bb. (CSJ. STC12011-2019, Entre muchas, citando a la Corte Constitucional en Sentencia T-436 de 2009) <\/p>\n
<\/p>\n
9. Ahora bien, lo se\u00f1alado en esta decisi\u00f3n no implica que el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios deba, inexorablemente, acceder a lo pretendido por los accionantes, pues, en ello seguir\u00e1 manteniendo las facultades propias de su funci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, con soporte en el material probatorio recaudado, debe resolver nuevamente sobre el particular, sin dejar de lado los precedentes jurisprudenciales aludidos, para realizar una nueva construcci\u00f3n hermen\u00e9utica que no omita ninguno de los elementos que, para estos casos, debe probar quien alega la configuraci\u00f3n de una excepci\u00f3n al cobro ejecutivo. Lo expresado, por cuanto el juez constitucional no puede apropiarse de las funciones se\u00f1aladas por la ley a los falladores naturales. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas y, en consecuencia, DISPONE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso invocado por Favian y Miguel Ernesto Parra Jim\u00e9nez. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Civil del Circuito de Los Patios que, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, reprograme fecha y se constituya en audiencia p\u00fablica, con el fin de dejar sin valor ni efecto los autos dictados en audiencia de 27 de marzo de 2023, en el proceso de insolvencia de persona natural iniciado por Leonardo Ar\u00e9valo Galvis, bajo el radicado n\u00famero 54405-31-03-001-2017-00088-00, con los que, i) declar\u00f3 la prosperidad de las \u00abexcepciones (objeciones) planteadas\u00bb por el referido deudor, dentro del proceso ejecutivo cuyo conocimiento inicial le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, Santander (Rad. 2016-00152-00) adelantado por los se\u00f1ores Parra Jim\u00e9nez, ii) orden\u00f3 su exclusi\u00f3n del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n presentado por la promotora designada, iii) imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a este \u00faltimo y, iv) resolvi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n formulados por los actores al respecto, as\u00ed como todos aqu\u00e9llos que de estos se hubiesen desprendido. <\/p>\n
Asimismo, deber\u00e1 adoptar una nueva decisi\u00f3n sobre el particular, con apego a la ley, la jurisprudencia y lo considerado en esta sentencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad, y oportunamente enviar el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que proven\u00eda de un mismo individuo. <\/p>\n
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STC5148-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5148-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00102-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta el 27 de abril de 2023, en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73599","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73599\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}