STC5150-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00072-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 25 de abril de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Helena Ordo\u00f1ez Guzm\u00e1n contra los Juzgados Tercero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Pitalito (Huila), tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas Luisa Fernanda y Laura Victoria Ordo\u00f1ez Delgado, como intervinientes en el litigio n.\u00ba 2021-00457. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, la accionante invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que Laura Victoria y Luisa Fernanda Ordo\u00f1ez Delgado promovieron en su contra proceso reivindicatorio, cuyo conocimiento fue avocado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pitalito, quien mediante sentencia accedi\u00f3 a lo pretendido, decisi\u00f3n que apelada, fue mantenida en todas sus partes por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma localidad, incurriendo en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues \u00abconcluyen los despachos mencionados estar la demandada en posesi\u00f3n de la cosa, pretermitiendo sus mismos argumentos y en particular omitiendo lo expresado por el apoderado judicial en su escrito demandatorio al expresar que la demandada no es poseedora, hecho y\/o situaci\u00f3n ratificada por las demandantes en interrogatorio a ellos efectuado, con lo cual se acredita la mera tenencia de la cosa y la carencia de posesi\u00f3n del inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, reprocha que en su decisi\u00f3n, el ad quem, \u00abtoma como referencia la demanda de reconvenci\u00f3n, la cual fue rechazada por no haber sido subsanada, e insistiendo en la no formulaci\u00f3n de un proceso de simulaci\u00f3n, que no se hab\u00eda incoado\u00bb, y \u00abse aparta de los reparos realizados a la sentencia de primera instancia y en particular ni siquiera los menciona, (\u2026) omitiendo [adem\u00e1s] lo dicho por el procurador judicial de las actoras y sus representadas en interrogatorio a ellas efectuado, quienes con su especial testigo, padre JESUS HERNANDO ORDO\u00d1EZ GUZMAN, ratificaron lo dicho por su mandatario convencional en su demanda, esto es, que la demandada, no estaba en posesi\u00f3n de la cosa y que expusieron, ser ellas quienes han ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o, situaci\u00f3n que imposibilita la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb, destacando tambi\u00e9n que \u00aba la fecha cursa proceso de simulaci\u00f3n de contrato adelantado por la se\u00f1ora MARTHA LILIANA ORDO\u00d1EZ, en contra de las se\u00f1oras LAURA VICTORIA Y LUISA FERNDA ORDO\u00d1EZ DELGADO\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende entonces a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, \u00abdejar sin efecto las sentencias de fecha agosto 4 de 2022 y enero 24 de 2023 (del 3 civil Municipal y 1 Civil del Circuito de Pitalito Huila)\u00bb, y en su lugar, dictar sentencia atendiendo lo previamente expuesto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Pitalito hizo un recuento de las actuaciones adelantadas a su cargo y pidi\u00f3 denegar el amparo, habida cuenta que \u00abla providencia dictada por este Despacho analiz\u00f3 todos y cada uno de los argumentos planteados a la luz de la jurisprudencia vigente, al escuchar los audios que contienen los testimonios, interrogatorios de parte y verificar las pruebas documentales aportadas por las partes, respondiendo a cada una de las inconformidades presentadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de esa misma urbe relacion\u00f3 el tr\u00e1mite adelantado y se remiti\u00f3 \u00aba la actuaci\u00f3n surtida, indicando que no es lo tutela una tercera instancia en un proceso ordinario\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que \u00abla providencia criticada por la senda constitucional, no es el resultado de una valoraci\u00f3n arbitraria, irracional o caprichosa de las pruebas incorporadas al plenario que conduzcan a la configuraci\u00f3n del defecto f\u00e1ctico enrostrado, en tanto el despacho dio valor a cada medio de prueba, para luego analizarlos en conjunto confrontando el dicho de los testigos con los documentos y el interrogatorio de parte de la demandada, quien con claridad manifest\u00f3 ser la \u201c\u00fanica due\u00f1a\u201d del inmueble; lo anterior, para deducir que el elemento de la posesi\u00f3n en cabeza de la convocada, se prob\u00f3 a partir del a\u00f1o 2020, siendo precisamente \u00e9ste, el punto central de la alzada. Adem\u00e1s, desat\u00f3 los restantes reproches presentados por el apelante, exponiendo con claridad el m\u00e9rito que otorg\u00f3 a cada medio de prueba para desestimar los motivos de desacuerdo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante sin exponer razones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada al acceder a las pretensiones de la acci\u00f3n de dominio que se adelant\u00f3 en contra de la aqu\u00ed accionante radicado n.\u00b0 2021-00457. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos al interior del asunto bajo estudio, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 24 de enero de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Aunque la aqu\u00ed interesada acude al presente mecanismo excepcional alegando, en lo fundamental, que la autoridades accionadas no valoraron en debida forma las pruebas que obran en el plenario, al revisar el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, mediante la cual se decidi\u00f3 \u00abCONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pitalito el 04 de agosto de 2022, dentro del proceso de la referencia\u00bb, que a su vez resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR QUE PERTENECE EN DOMINIO PLENO Y ABSOLUTO el predio urbano (\u2026) con matr\u00edcula inmobiliaria No. 206-526511 a las demandantes LAURA VICTORIA Y LUISA FERNANDA ORDO\u00d1EZ DELGADO (\u2026), [y] [e]n consecuencia se ordena a la demandada CARMEN ELENA ORDO\u00d1EZ GUZMAN, RESTITUIR LA TENENCIA y posesi\u00f3n material del inmueble (\u2026) a las demandantes\u00bb, no se avizora la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n a que el referido pronunciamiento se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
Ciertamente, advierte la Corte, que la juez cuestionada, empez\u00f3 por precisar, sobre la calidad de poseedora de la demandada -ahora accionante- que \u00abexplic\u00f3 la A quo, que la demandada fue primero tenedora y luego poseedora, concluyendo que la <\/p>\n
variaci\u00f3n (sic) se gener\u00f3 solo a partir de octubre de 2020, pues ni siquiera con la muerte de la madre del extremo pasivo, o la querella policiva por ella instaurada se reconoc\u00eda a s\u00ed misma como due\u00f1a, como si lo hizo al contestar la demanda y al responder al interrogatorio de parte, por lo que no existe contradicci\u00f3n en su argumentaci\u00f3n. El apoderado de la demandada, no puede ahora negar tal calidad de poseedora de su poderdante a la fecha de interposici\u00f3n de la demanda para desestimar el cumplimiento del requisito de la acci\u00f3n reivindicatoria, cuando en dicha calidad bas\u00f3 en gran medida las excepciones planteadas, solo porque no logr\u00f3 probar que la trasformaci\u00f3n tenedora-poseedora (sic) exclusiva se produjera por lo menos 10 a\u00f1os atr\u00e1s. As\u00ed por ejemplo al contestar el hecho 10 de la demanda dijo \u201ces cierto que es poseedora regular y de buena fe por m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u201d y en la demanda en reconvenci\u00f3n en el hecho primero expres\u00f3 \u201cLa se\u00f1ora CARMEN ELENA ORDO\u00d1EZ GUZMAN, se encuentra habitando el bien inmueble mencionado en el hecho No. 1 en calidad de poseedora desde el a\u00f1o de 1992,\u201d y en el interrogatorio de parte afirm\u00f3 \u201cSoy yo la \u00fanica due\u00f1a de la casa\u201d\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, frente a los testimonios recaudados por el extremo pasivo, concluy\u00f3 que los mismos se muestran contradictorios, pues \u00ab[d]e una parte los familiares de las partes mencionan que el predio era de los padres y de la demandada y que reconoc\u00edan a la demandada y a sus progenitores como propietarios del inmueble, y por otro la de los vecinos o quienes fueran empleados para realizar reparaciones al bien, que reconocieron al se\u00f1or Jes\u00fas Hernando Ordo\u00f1ez Guzm\u00e1n como propietario del inmueble. Sumado a lo anterior, si bien los familiares pueden conocer algunas de las condiciones propias de la convivencia y la relaci\u00f3n de las partes, es innegable que el reflejo y la exteriorizaci\u00f3n del corpus y animus dado por el reconocimiento de la comunidad como due\u00f1o de la cosa por prescripci\u00f3n y por ende de la prosperidad de la excepci\u00f3n extintiva por esta condici\u00f3n. Por otra parte, se avizora que ni la demandada ni los familiares que trajo como testigos han iniciado proceso alguno a pesar del paso del tiempo para logra se declare la simulaci\u00f3n que con ah\u00ednco manifiestan, ni el abuso de confianza en que presuntamente incurri\u00f3 del Jes\u00fas Hernando Ordo\u00f1ez al ejercer la representaci\u00f3n de la se\u00f1ora Martha Liliana por fuera del mandato y al firmar la escritura de venta a las hoy demandantes. Este \u00faltimo cap\u00edtulo se contradice con lo consignado en la promesa de compraventa fechado 30 de septiembre de 2009 en que la otrora copropietaria le venci\u00f3 al se\u00f1or Jes\u00fas Hernando el 50% de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, al analizar las declaraciones recepcionadas a petici\u00f3n de la parte demandante, la falladora puntualiz\u00f3 que diferente al reparo del apelante alusivo a una indebida valoraci\u00f3n probatoria, aparece que \u00ablas conclusiones de la juez y la mayor relevancia que dio a algunos de los testimonios est\u00e1n justificadas al revisar lo mencionada por la demandada en su interrogatorio de parte en que reconoci\u00f3 su calidad de poseedora, en principio luego de la muerte de sus progenitores, aunque luego corrigi\u00f3 que la posesi\u00f3n la ejerci\u00f3 en conjunto con la madre de aquella, y las pruebas documentales relacionadas a continuaci\u00f3n: 1. \u201cacuerdo de pago impuesto predial\u201d en donde se observa se deb\u00edan varios a\u00f1os por lo que se suscribi\u00f3 el mismo entre el ente municipal y el se\u00f1or Jes\u00fas Hernando Ordo\u00f1ez dicho acuerdo; 2. Contrato de promesa de compraventa de 50% entre Martha Liliana Ordo\u00f1ez y Jes\u00fas Hernando Ordo\u00f1ez de fecha 30 de septiembre de 2009. 3. Acta de audiencia 05 de octubre de 2021 dentro de la querella policiva en la que se lee que la se\u00f1ora Carmen Elena manifest\u00f3 \u201cyo vivo en la casa de mi mam\u00e1\u201d, que inducen a concluir que antes del a\u00f1o 2020 no se irrogaba aquella la calidad de propietaria por posesi\u00f3n del inmueble, haciendo ver que la posesi\u00f3n estaba en cabeza de su progenitora, al expresar v. gr \u201cellos me dejaron ah\u00ed\u201d y hacer referencia a la fecha de muerte de sus padres.\u00bb. <\/p>\n
Luego, sobre la posesi\u00f3n anterior al t\u00edtulo de propiedad de las demandantes, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Carmen Elena no puede sumar la posesi\u00f3n (sic) de quienes menciona son sus progenitores (al contestar la demanda no solicit\u00f3 tal sumatoria (sic), sino que se irrog\u00f3 directamente la posesi\u00f3n) pues (\u2026) de las declaraciones recaudadas no es posible extractar actos posesorios directos realizados por la se\u00f1ora Carmen Elena Ordo\u00f1ez antes del a\u00f1o 2020 fecha de muerte de la se\u00f1ora Tulia Judith Guzm\u00e1n de Ordo\u00f1ez, pues los arreglos y pago de servicios p\u00fablicos, seg\u00fan se extracta de lo manifestado, los hizo en calidad de habitante de la casa, por manera que no se encuentra acreditada la inversi\u00f3n del t\u00edtulo inicial de tenedora (sic) con que la citada entr\u00f3 al fundo, sino hasta el a\u00f1o 2020. (\u2026) Finalmente, (\u2026) sobre la antig\u00fcedad del t\u00edtulo de propiedad, (\u2026) si bien las demandantes adquirieron la propiedad del inmueble solo hasta el a\u00f1o 2018 mediante compraventa, la cadena de t\u00edtulos demostrados en esta ocasi\u00f3n data del a\u00f1o 1987 y es por lo tanto anterior a la posesi\u00f3n de la demanda que inici\u00f3 a partir del a\u00f1o 2020\u00bb, determinando finalmente que \u00ab[b]ien hizo la juez de instancia en darle el valor probatorio suficiente y evaluar en forma integral las pruebas documentales y testimoniales recolectadas a lo largo del debate judicial, por tanto se encuentra m\u00e1s que respaldadas con los medios de prueba allegadas al proceso sus conclusiones al respecto\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el juzgado del circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba recopilados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime que no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto, con independencia de si lo determinado satisface o no los intereses del querellante, comoquiera que, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa decisi\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Sobre el tema, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la ac\u00e1 gestora es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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